Deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva en España

No hay presupuestos destinados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos y las diferencias entre Comunidades Autónomas son enormes

Madrid, 15 dic. 16.AmecoPress

España cuenta con escasos presupuestos aplicados en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, para garantizar la implementación de la Ley de 2010. El crecimiento de las deficiencias y de la desigualdad, especialmente en lo referido a salud y educación sexual es constatable. Además, la angulación de las diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas es cada vez mayor.

Y es que la Ley de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo cumplida en el Estado español sólo en lo referente a la última parte: la del aborto. Ésta es una de las principales conclusiones del informe “Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas”, elaborado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) con el patrocinio de Bayer, y que ha contado con la colaboración de profesionales especialistas en anticoncepción que trabajan en las CC.AA. Durante su presentación el pasado 24 de noviembre, la FPFE denunció la ausencia de educación sexual en los colegios e institutos y recordó que la estrategia nacional de salud sexual y reproductiva todavía está por desarrollarse.

Unas semanas antes, el 3 de noviembre, se presentó el informe “Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España”. Elaborado por 13 organizaciones, el documento contiene contundentes datos sobre los efectos de los recortes sanitarios y de las políticas conservadoras en la salud sexual y reproductiva en el Estado español. España suspende.

Las organizaciones que realizaron el estudio comparten el objetivo de posicionar en la agenda pública y política las obligaciones pendientes en la materia por parte del Estado, y que han sido señaladas por diversos organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos. Y aclaran que “aunque el acercamiento al problema parte del impacto de la reforma sanitaria, el documento aborda diferentes ámbitos afectados por el conjunto de las políticas de austeridad aplicadas en los últimos años”. Entre otros, se analiza el acceso a la salud sexual y reproductiva en el Estado español.

Este informe, como que citábamos al comienzo, también destaca que la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en lo referido a la salud y la educación sexual, dado que no hay presupuesto específico asignado y hay deficiencias en su implantación.

Existen limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y en los últimos años se ha producido una descapitalización del presupuesto económico en materias relacionadas con la prevención del VIH.

Inequidad territorial

El informe “Acceso a la anticoncepción en las comunidades autónomas”, constata especialmente las desigualdades en el acceso, la financiación y la calidad de los servicios entre las distintas comunidades autónomas del Estado español.

También el trabajo realizado por las 13 organizaciones destaca que “no resulta siempre sencillo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo a través del sistema público sanitario español” y que “la inequidad territorial es uno de los hechos más significativos”. La mayoría de las interrupciones se realiza en centros privados y su coste puede recaer en gran medida en las propias mujeres.

Por otra parte, desde septiembre del 2015 un cambio en la legislación estableció más barreras al acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para las jóvenes de 16 y 17 años, obligándolas a buscar soluciones que ponen en riesgo su salud y desprotegiéndolas de cualquier garantía de derechos. Para esa edad, además, no se cuenta con programas específicos de prevención en materia de derechos y salud sexual y reproductiva.

En síntesis, a pesar de que existe una estrategia nacional y legislación específica sobre salud sexual y reproductiva, los servicios públicos cuentan con importantes deficiencias y su acceso y cobertura es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y de la situación administrativa individual. Esta situación está repercutiendo negativamente en los derechos y en la salud especialmente de las mujeres y las niñas.