Daniela Ortiz: El feminismo autónomo asume el discurso antirracista pero no lo prioriza

June Fernández 21.-09-2020 Pikara

Daniela Ortiz, activista y artista antirracista, ha tenido que regresar exiliada a Perú, su país natal, a raíz de una campaña de criminalización contra ella en un foro de extrema derecha. Se declara más libre y motivada que nunca para seguir denunciando la vigencia del orden colonial europeo.

Daniela Ortiz./Foto: Francesc Melcion Museu Benaki _ La Virreina. Tomada de Catalunya Plural.

Daniela Ortiz (1985, Cuzco, Perú), activista y artista antirracista afincada en Barcelona desde hace trece años, defendió el pasado junio en el magazine televisivo de Antena 3 Espejo Público la demolición de monumentos de colonizadores. Días después, un periodista que investiga a la extrema derecha la alertó de que estaba en el punto de mira de un grupo ultra de Telegram. Alguien escribió “hay que investigar quién es esa chica” y alguien con acceso a fuentes policiales publicó datos sobre su nacionalidad y su permiso de residencia proponiendo atribuirle un delito ligado a su proceso migratorio.

“Me vi en una situación de vulnerabilidad como migrante y madre sola que no tiene herramientas económicas o de protección para hacer frente a un proceso judicial. Era insostenible”. Asesorada y respaldada por la oenegé Front Line Defenders, el pasado julio voló con su hijo a Perú para iniciar una nueva vida en pleno confinamiento. “Estando ya acá supe aterrada que hablaban de reportar a servicios sociales el hecho de que haya dado charlas con mi hijo en brazos. Ya he decidido que no vamos a volver”, relata.

Ortiz enumera de carrerilla otros casos de criminalización emprendidos por el poder patriarcal, blanco, españolista: Infancias Libres, Caso Pandora, los 11 del Raval, Helena Maleno. La amenaza de cárcel y la de quita de custodia la han afectado mucho más que los tuits como “te vamos a empalar” o «tienes suerte de haber salido con vida”.

Hablamos por videollamada y le salta un tuit de una escritora con la que compartió plató y que, lejos de solidarizarse con ella, está alimentando en redes sociales el bulo de que Ortiz es una especie de duquesa de Alba peruana. Me cuenta historias personales por las que le resulta especialmente hiriente esa caricatura. Eso también es violencia, le digo; que además de ser perseguida tenga que dar explicaciones sobre su situación económica y la de su familia.

Has pasado de ser migrante a exiliada. ¿Cómo estás?

Hasta que no he llegado acá no me he dado cuenta del nivel de estrés, de ansiedad y de violencia que había soportado. Irme fue la decisión correcta: puedo dormir, puedo salir a la calle sin temor, no tengo miedo a que mañana me llegue una denuncia. He estado trece años viviendo en Europa, conozco perfectamente al enemigo, conozco el sistema de control migratorio, y no voy a dejar de hacer el trabajo de militancia que venía haciendo. Al contrario, ahora tengo más libertad para poder decir ciertas cosas.

Perú no es la panacea antipatriarcal ni antirracista, pero al menos soy una ciudadana de pleno derecho. El poder estatal es blanco y criollo pero yo vivo en Cuzco, un territorio muy reivindicativo en términos anticoloniales, donde el 80 por ciento de la población es indígena. Estoy retomando proyectos con compañeras feministas y antirracistas, aunque quiero mantener un perfil bajo porque ya tuve problemas con los fujimoristas cuando hice un proyecto artístico sobre empleadas domésticas de la clase alta y otro sobre minas.

¿Merece la pena participar en espacios mediáticos tan hostiles como Espejo Público?

Esas plataformas no solo son estratégicas para llegar a una audiencia española amplia sino también a la clase trabajadora migrante que tal vez no accede a medios independientes, pero ve ese programa en la tele del bar o del trabajo. En ese tipo de programas se construye y se difunde ideología de supremacía blanca. Es muy importante que las migrantes y racializadas disputemos la palabra para hablar de violencia sistémica, pero hacerlo tiene consecuencias. La agresividad que recibimos durante y después también es responsabilidad de la conductora y de los y las invitadas con las que compartí plató, que han reaccionado ante mi persecución con más ataques. Esa arrogancia y esa violencia con la que hablan en la tertulia genera un clima que luego se reproduce en las redes sociales.

Veo que, como también le ocurre a nuestra compañera Irantzu Varela, te culpabilizan diciendo que te lo has buscado por incendiaria o que exageras para llamar la atención.

La deslegitimación, diciendo que estás loca, que eres violenta o que eres millonaria, es una de las tantas estrategias, además del silenciamiento o la minimización, que emplean los defensores de estas maquinarias de violencia, también dentro de los entornos de izquierda. Buscan evitar el debate político ante las críticas que plantean los movimientos antipatriarcales, y antirracistas y dirigirlo a una cuestión personal. Me dicen: “Ya deja de hablar de ti”. Yo no hablo de mí, hablo de leyes, de políticas, de discursos. Son ellos los que están todo el rato “es que tú, es que tú”.

Yo me enteré de tu situación por una noticia en La Vanguardia en la que el periodista insistía mucho en que eres artista y tres hombres blancos de la élite cultural catalana te avalaban. Me pregunto qué habría pasado si fueras trabajadora del hogar.

Esto tiene un sentido práctico, lo mismo que para muchas migrantes casarse con españoles es una estrategia para tener un permiso de residencia. Obviamente, da cuenta de quiénes somos las personas migrantes y racializadas que podemos hablar. Hay compañeras que no se atreven porque no va a haber quien las respalde cuando sufran represalias. Por cierto, yo a ese periodista le pasé el contacto de compañeras migrantes y racializadas antirracistas dedicadas a la cultura, como Silvia Albert Sopale y Francisco Godoy, pero no las entrevistó.

Con Francisco Godoy compartí una mesa redonda en la que los argumentos del resto de ponentes y del público ante su discurso anticolonial daban para un bingo: que el imperio azteca fue más cruel que el español, que por qué tenemos que responsabilizarnos de lo que hicieron los españoles hace quinientos años…

No hay que olvidar que quienes han escrito la historia sobre los imperios en Abya Yala fueron historiadores españoles de la época colonial, los mismos que decían que había monstruos en los mares, y que después construyeron esa representación de las poblaciones indígenas basada en la bestialización.

Obviamente, en Abya Yala había relaciones de poder y organizaciones sociales imperiales. Pero el poder colonial europeo sigue vigente, algo que no ocurre con el imperio azteca o el incaico. Ni con el romano, que a veces también nos dicen eso de “entonces vamos a reclamar al imperio romano por habernos colonizado”.

El colonialismo europeo sigue vigente no solamente en forma de control económico o en cómo impone su manera de entender e interpretar el mundo, sino también a nivel militar. Recordemos su participación en la invasión de Irak y Afganistán. Está normalizado que España tenga una base militar en la frontera de Venezuela con Colombia y que crea que puede intervenir en la soberanía de cualquier país latinoamericano para imponer su sistema económico o sus lógicas políticas. El sistema de control migratorio es la forma en la que Europa reproduce al interior de sus fronteras toda esa violencia económica y militar que ejerce en el Sur global. En Perú, el castellano es la lengua oficial cuando tendrían que ser el quechua y el aymara.

Es violento que reivindiquen a sujetos que han tenido roles nefastos en los procesos coloniales. Yo siempre digo: si quieren reivindicar a españoles blancos, ¿por qué no reivindican a Julio Vizcarrondo, que era un abolicionista de la esclavitud? No tiene ni media calle en España. ¿Por qué reivindicar a Juan Prim o a Joan Güell, que estuvieron implicados en lobbys de defensa de la esclavitud?

En Euskal Herria el navegante Juan Sebastián Elcano es ensalzado de forma acrítica como un héroe nacional…

Otro ejemplo: fue en 1986, con el PSOE en el Gobierno español, cuando se impuso que la fiesta nacional fuera el 12 de octubre, prefirieron reivindicar el año 1492 que elegir el 6 de diciembre. No es solo una cuestión de sentimentalismo hacia la historia colonial, sino que mantener vivos esos símbolos refuerzan narrativas coloniales y les permite seguir ejerciendo violencia racista. Derribar el monumento a Colón [en Barcelona] es necesario porque afirma la supuesta inferioridad de los pueblos del Sur, y de Abya Yala en concreto, y la superioridad tecnológica, económica, social y cultural de Europa. ¿Eso en qué se traduce en lo cotidiano? En el discurso de la integración: estos salvajes de las excolonias tienen que aprender a comportarse, nos lo tienen que demostrar mediante exámenes, entrevistas y cursos, y luego vemos si les damos el permiso de residencia.

En ese bingo, otro clásico es que eres tú la descendiente de colonos porque eres blanca.

Lo primero es que yo no soy criolla, soy mestiza. Mi familia materna no es blanca. En todo caso, tengo un posicionamiento antirracista, aunque ser blanca-mestiza en Perú me haya beneficiado. Muchas personas blancas, de izquierda y feministas no se implican en la lucha antirracista porque no entienden que a veces tenemos que luchar en contra de un sistema que nos beneficia.

¿A qué atribuyes que la misma gente progre española que aplaude el Black Lives Matters estadounidense apenas reaccione cuando en España hay una víctima de la violencia policial racista?

Creo que es una estrategia clara por parte de aquellos defensores del racismo que están en la izquierda blanca. La persecución cotidiana de policías blancos a los vendedores inmigrantes es la forma en la que en las ciudades grandes de España se manifiesta esa violencia contra los cuerpos negros. Esa imagen sirve para criminalizar esa población y legitimar políticas como los centros de internamiento para extranjeros o los vuelos de deportación. Ya hay dos muertos de por medio, Mame Mbaye y Mor Sylla. Alcaldesas como Manuela Carmena y Ada Colau han defendido que continúe esa persecución. Partidos como Barcelona en Comú o Esquerra Republicana reclaman a España que cierre los CIE a la vez que pasan normativas locales que reproducen el racismo institucional.

Esta es una crítica que he planteado a los compañeros de la CUP, como grupo político que sí nos escucha: es necesario que aborden con mayor contundencia el racismo institucional más cercano a sus competencias. Por ejemplo, la exigencia de conocer la lengua catalana para obtener un informe favorable de arraigo es competencia de la Generalitat. El hecho de que las personas migrantes tengan una traba burocrática menos para renovar los papeles es clave, porque si de ocho requisitos no cumples uno, te bloquean todo el trámite.

En 2017 fue muy evidente el desigual seguimiento que hicimos las feministas blancas al juicio por la violación múltiple en Sanfermines y al juicio por los abusos sexuales a temporeras de la fresa marroquíes en Huelva…

El racismo implica una normalización de la violencia contra los cuerpos migrantes y racializados. Tú tienes una historia colonial en la que se ha esclavizado, asesinado, violado, explotado, encadenado a esos cuerpos… Tienes unos medios de comunicación que desde los años ochenta están hablando de muertos en la frontera. Estás acostumbrada a ver que en Latinoamérica se asesina a las defensoras [de derechos humanos]. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que tiene que haber un muerto de por medio para que la izquierda considere que hay un problema de racismo. Cuando yo denuncio que mi hijo, a pesar de haber nacido en el territorio español, no tiene derecho a la nacionalidad, me dicen que eso no es violencia.

De nuevo, escandaliza que Donald Trump está mandando deportar a niños y niñas migrantes, pero se obvia que aquí hay niños y niñas sin papeles.

Claro, o que en las zonas de frontera los niños y las niñas que llegan a los CETI son separados de sus padres y madres durante meses hasta que les hacen pruebas de ADN, con la misma excusa que se utiliza en el contexto estadounidense: que lo hacen para proteger a los menores de la trata. Es bien interesante porque enlaza con cómo el Ministerio del Interior usa el argumento de la trata para criminalizar a las compañeras trabajadoras sexuales. En el orden colonial siempre funciona un doble esquema: hay un discurso de criminalización directa y otro basado en el paternalismo. Esto también se aplica en los casos de quita de custodia por criterios racistas, clasistas y machistas, algo de lo que no se habla y que involucra a muchas personas que se consideran de izquierdas y feministas que trabajan en esas instituciones.

Hay voces que sostienen que cuando hay quitas de custodia es porque el niño o la niña está en una situación de desprotección y que habría que poner el foco ahí más que en las circunstancias de sus madres o padres. ¿Qué respondes?

La denuncia que hacemos se basa en que las instituciones de protección a la infancia utilizan lo que llaman factores de riesgo. Estos criterios son abiertamente clasistas, racistas y machistas, como la vulnerabilidad económica, el hecho de no tener papeles, de ser trabajadora sexual o de haber sido desahuciada. El resultado es que la mayoría de familias afectadas por quitas de custodia son migrantes, racializadas o familias españolas empobrecidas. En la mayoría de los casos son los servicios sociales los que dan la voz de alarma. Esto implica que el Estado no está detectando las situaciones de violencia física, psicológica o sexual que sufren los menores de clase media-alta por parte de sus padres, porque no tienen contacto con los servicios sociales. Cuando la denuncian, sus padres tienen a un equipo de abogados a su servicio.

Por otro lado, los menores migrantes no acompañados están viviendo una situación de violencia institucional brutal. Los centros de menores son un negocio para fundaciones privadas que los gestionan con una retórica paternalista y caritativa. Las condiciones que viven los menores en esos centros son terribles. El protocolo de contención que se utilizó para asesinar a Ilias Tahiri [el adolescente al que mataron varios agentes de seguridad en un centro de menores de Almería mientras lo inmovilizaban colocados sobre su cuerpo] era legal. En la lógica patriarcal, antes era el papá el que tenía potestad para maltratarte, ahora la tiene el Estado. Recordemos a Jesús Ánder, el chiquito colombiano de nueve añitos que se suicidó en un centro de menores. Los servicios sociales se lo llevaron con el argumento de la precariedad y que sus padres no estaban, ¡cuando es el propio Estado el que los había deportado!

El problema que vemos es integral, no es solo que los servicios de protección a la infancia quiten custodias por motivos injustos sino que no protegen a quien tienen que proteger. El 70% de las denuncias por abusos sexuales en la infancia son desestimadas por la justicia. A muchas madres que los denuncian se les aplica el síndrome de alienación parental y se da la custodia al padre, como le ocurrió a María, una compañera de origen uruguayo, a pesar de que había informes médicos de lesiones vaginales y anales. ¿Por qué a esos niños y niñas no les meten en centros de menores en vez de dar la custodia al presunto pederasta?

¿Qué piensas del rol de las familias adoptivas o de acogida?

El problema no es que uno, de buena voluntad, decida asumir la crianza de un niño que está en la necesidad. El problema es de dónde vienen esos niños. En Guatemala y en otros muchos contextos de conflicto armado ha habido robos sistemáticos de bebés y esto está ocurriendo en la actualidad con la población migrante. La responsabilidad de las familias de acogida que aman a esos niños también pasa por respetar su derecho a la verdad y a la reparación en caso de que fueran arrebatados de su madre biológica de forma injusta. Incluso si tu madre ha sido una irresponsable o tu padre te haya maltratado y necesitabas protección, es tu derecho conocer tu identidad y tu historia.

También me parece importante promover una lógica de implicación comunitaria de la protección de la infancia, para evitar que al menor se le aparte y se le encierre en un centro. Porque, sea cual sea la causa de la quita de custodia, a quien se está castigando es al menor.

Ahora que la extrema derecha es más visible e influyente en el Reino de España, los movimientos sociales nos desgastamos en conflictos internos o nos atacamos mutuamente.

El fascismo ha abonado un terreno muy hostil para la organización política. Me parece urgente generar alianzas entre el feminismo, el antirracismo y las izquierdas catalana, vasca y española, pero esas alianzas no van a funcionar sin unas bases ideológicas sólidas. Nuestra crítica es que el feminismo hegemónico y la izquierda española no asumen una lectura antirracista de la situación que está viviendo la población migrante y racializada.

¿No observas un compromiso antirracista en el feminismo autónomo?

Han asumido una posición de escucha, tienen mapeado el marco ideológico, pero aún no lo han traducido en prácticas políticas concretas. Por ejemplo, ¿por qué no apoyaron a María cuando le arrancaron a su hija si esa es una de las formas más terribles de violencia patriarcal? ¿Dónde está el rechazo a que el Ingreso Mínimo Vital excluya a las personas sin papeles? No basta con denunciar leyes injustas, hay que rechazar todas esas políticas racistas y pensar procesos de reparación de treinta años de control migratorio, deportaciones, brutalidad policial, quitas de custodia…

Sabemos que para la extrema derecha criminalizar la inmigración es una prioridad, no solo porque para canalizar la rabia de la gente y ganar poder, sino porque el orden colonial blanco extractivista sostiene el sistema capitalista. Entonces, ¿por qué no es una prioridad en la agenda de la izquierda? Siempre queda muy atrás: “Después de que hayamos solventado nuestra situación de bienestar y nuestros derechos, hablaremos de las muertes en las fronteras o de los centros de internamiento”. En Estados Unidos, en cambio, el antifascismo blanco ha brindado un apoyo importante al movimiento autónomo Black Lives Matters.

Una de mis obsesiones es lo que llamo las comparaciones odiosas, esa tendencia a pensar que la violencia que nos afecta debe ser la primera en la agenda…

Ese es el problema cuando las luchas se plantean como si fueran una competición y creo que tiene mucho que ver con una óptica individualista y egoísta muy instalada en las personas criadas en Europa. Es lo que explica que en las épocas de crisis el descontento se haya canalizado hacia el fascismo. La forma en la que se entienden la vida y lo colectivo en mi contexto de origen es diferente, no digo que sea la panacea. El antirracismo en el que yo milito es profundamente anticapitalista y antipatriarcal. Cuando hablamos de prioridad no es que estemos pensando sólo en nuestros derechos como personas migrantes y racializadas. El sistema actúa hibridando esos sistemas de poder, por lo que nuestras estrategias tienen que contemplar los tres ejes.