Convocada la Marcha de las Mujeres en Washington el próximo 21 de enero

Tribuna Feminista

Las mujeres estadounidenses se organizan para defender sus derechos frente a la administración Trump. La elección del vicepresidente Mike Pence y del fiscal general Jeff Sessions preocupan especialmente por su pobre historial en derechos reproductivos y ataques al colectivo LGBT.

El 21 de enero, un día después de que Donald Trump sea jurado presidente de Estados Unidos, mujeres y hombres de todo el país se unirán en una manifestación de protesta contra lo que consideran que será un asalto a los derechos de las mujeres en el país. La “Women´s March On Washington” [Manifestación de mujeres en Washington] cuenta ya con más de 200.000 personas confirmadas en su página de Facebook y se prevé que sea una de las mayores movilizaciones de los últimos años.

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En noviembre, la organización del evento publicaba un comunicado oficial detallando los motivos por los que se manifiestan: “La retórica de la última campaña ha insultado, demonizado, y amenazado a muchas de nosotras – mujeres, inmigrantes de todo tipo, quienes profesan creencias religiosas diversas, en particular musulmanes, personas identificadas con el LGBTQIA, Nativos e Indígenas, la población negra, discapacitados, pobres y supervivientes de agresiones sexuales. Nos enfrentamos a la pregunta sobre cómo continuar de cara a la preocupación y el miedo a nivel nacional e internacional”.

“La “Women´s March on Washington enviará un claro mensaje a la nueva administración en su primer día, y al mundo entero, de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Permanecemos juntas, reconociendo que defender a las más marginadas de entre nosotras es defendernos a todas”. El comunicado concluye diciendo que “trabajaremos de forma pacífica mientras declaramos que no hay una paz verdadera sin justicia e igualdad para todas. ESCUCHAD NUESTRA VOZ”.

Aborto

La protesta nace tras una campaña electoral, salpicada por los comentarios misóginos del presidente electo Trump y la inesperada derrota de Hillary Clinton, la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Una de las principales preocupaciones de los grupos que defienden los derechos de las mujeres es la postura de la administración Trump sobre el aborto. El presidente electo llegó a cambiar de opinión hasta en 5 ocasiones en tres días, concluyendo con un comunicado oficial de su campaña que prometía que “[Trump] cambiará la ley [Roe vs Wade] a través de sus nombramientos de jueces [para el Tribunal Supremo] y permitirá a los estados proteger a los nonatos”.

El fallo del Tribunal Supremo en 1973 en el caso Roe vs Wade supuso la despenalización del aborto en Estados Unidos, protegiendo la decisión de la mujer bajo el paraguas de la 14 Enmienda, que garantiza el derecho a la privacidad. De esta manera, el derecho al aborto queda a salvo de la legislación específica de cada estado y protegido por la constitución. Trump declaró en marzo de 2016 que “deberá haber alguna forma de castigo” a las mujeres que se sometan a un procedimiento para interrumpir el embarazo una vez revocada la ley.

Trump declaró en marzo de 2016 que “deberá haber alguna forma de castigo” a las mujeres que se sometan a un procedimiento para interrumpir el embarazo una vez revocada la ley.

“No se engañen: las políticas propuestas por Donald Trump presentan una amenaza directa a la protección constitucional garantizada por Roe vs Wade (…). Nuestro país se encuentra peligrosamente cerca del retorno a los días oscuros en los que se forzaba a las mujeres a arriesgar su vida para obtener tratamientos seguros y legales para abortar (…). Cuando una mujer decide terminar su embarazo, necesita atención sanitaria segura y de alta calidad, no una pena de prisión”, declaraba el día después de las elecciones Nancy Northup, Presidenta del Center for Reproductive Rights [Centro para el derecho reproductivo].

Trump podría cambiar el equilibrio del Tribunal Supremo con el nombramiento del juez que reemplace a Antonin Scalia, fallecido el febrero pasado, y otras vacantes adicionales que pudieran ocurrir durante su mandato debido a la avanzada edad de algunos de sus miembros, tres de los cuales tienen 77 ó más años. Si la ley fuera revocada, al menos cuatro estados ya están provistos de leyes que prohibirían automáticamente el aborto, otros 11 estados retornarían a legislación anti-aborto previa al fallo de Roe vs Wade, y solamente 7 poseen leyes que preservarían el derecho de las mujeres al acceso al aborto.

Si la ley fuera revocada, al menos cuatro estados ya están provistos de leyes que prohibirían automáticamente el aborto, otros 11 estados retornarían a legislación anti-aborto previa al fallo de Roe vs Wade, y solamente 7 poseen leyes que preservarían el derecho de las mujeres al acceso al aborto.

Otros miembros de la administración Trump han defendido posiciones abiertamente anti-abortistas. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos nombrado por Trump, bloqueó la financiación federal como gobernador del estado de Indiana a Planned Parenthood [Planificación familiar], una organización de derechos de las mujeres que provee de métodos anticonceptivos, servicios médicos y acceso al aborto a centenares de clínicas en todo el país. Además, legisló para restringir el aborto en casos de fetos con discapacidades, únicamente el segundo estado de EEUU en hacerlo, declarando: “Firmo esta ley enviando una plegaria para que Dios continúe bendiciendo a estos preciosos hijos, madres y familias”.

LGTB y agresiones sexuales

Sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, Pence también afirmó en 2006 como presidente del Republican Study Committee (Comité de Estudios Republicanos, organización de los 100 congresistas más conservadores) que “el colapso social siempre venía precedido de la degradación del matrimonio y la familia”, añadiendo que prohibir a gays y lesbianas el matrimonio no era discriminación, sino hacer cumplir la “idea de Dios”.

También ha generado controversia el nombramiento de Jeff Sessions como Fiscal General. Sessions, senador por Alabama desde 1997, presenta un largo historial de oposición a los derechos de la mujer y de LGBT.

Pence afirmaba en 2006 que “prohibir a gays y lesbianas el matrimonio no era discriminación, sino hacer cumplir la “idea de Dios”.

Sobre el polémico vídeo en el que Donald Trump declaraba: “Cuando eres una estrella, puedes hacer lo que quieras. Agarrarlas del coño. Cualquier cosa”, Sessions opinó que considerar esto un asalto sexual contra una mujer era una “exageración”. Además, en 2012 votó en contra del Violence Against Women Act [Ley sobre Violencia contra las Mujeres] debido a que extendía la protección a parejas del mismo sexo e inmigrantes que víctimas de violencia de género pero que hubieran entrado en el país ilegalmente. El recién nominado Fiscal General también se opuso a la política de “No preguntar, no decir” del ejército de EEUU y votó a favor de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2006. El nombramiento de Sessions aún tiene que ser ratificado por el Senado, donde la mayoría pertenece al Partido Republicano.

Janet Walsh, Directora de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch, describía recientemente en un artículo del New York Times, en respuesta a las declaraciones de Sessions, cómo fue agredida sexualmente en Granada, España, hace treinta años, cuando un hombre le agarró de la entrepierna y se marchó llamándola “guarra”: “Según estimaciones de 2014 del CDC [Centro para la Prevención y Control de la Enfermedad], el 19% de las mujeres han sido violadas y el 44% ha sufrido agresiones sexuales diferentes de la violación durante su vida. Según el U.S. Bureau of Justice Statistics [Oficina de EEUU de Estadísticas Judiciales], en 2014 solo el 34% de las violaciones o las agresiones terminaban en denuncia. Las razones esgrimidas por las mujeres en esa encuesta fueron el miedo a las represalias, que la policía no haría nada, o que era una cuestión personal (…). Sessions debería educarse sobre el crimen, y estar preparado para hacer cumplir la ley en su contra. Agarrar del coño no es normal. Es violento, degradante e ilegal. Soy una de las muchas mujeres que pueden decir, por experiencia personal, que está mal”.

El recién nominado Fiscal General también se opuso a la política de “No preguntar, no decir” del ejército de EEUU y votó a favor de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2006.

La reacción para defender los derechos de las mujeres frente a la administración Trump se materializará en la marcha del 21 de Enero en Washington. Linda Sarsour, directora ejecutiva de la Arab American Association de Nueva York [Asociación de Árabes Americanas], proclama que “la marcha enviará un gran mensaje visual para que la gente de nuestras comunidades se enfrente a este gobierno y decirles que las mujeres nos liderarán, y que las mujeres protegerán a nuestras comunidades. Esa es realmente la visión que tenemos para esta marcha