Condenan a 50 años de prisión a cuatro acusados por el asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras

La activista ambientalista Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en el oeste de Honduras; en 2018, la justicia hondureña declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados

Este lunes, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres han sido condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro

Cáceres se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), implicada en el crimen

EFE / eldiario.es Tegucigalpa (Honduras) 03/12/2019

Berta Cáceres fundó en 1993 el COPINH junto a una docena de compañeros y compañeras para defender los territorio indígenas / © Goldman Environmental Prize

La justicia de Honduras ha condenado este lunes a 50 años de cárcel a cuatro de los ocho hombres acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 en Intibucá, en el oeste del país centroamericano.

Según la sentencia, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres han sido condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen y fue el único testigo del hecho, además de resultar herido de bala en una oreja y ser retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.

La condena ha sido dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, que además sentenció a los otros tres acusados con 30 años de prisión.Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel como coautores del crimen, son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.

En la imagen, Óscar Aroldo Torres Velásquez (i) y Henry Javier Hernández Rodríguez (d), acusados del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. EFE

Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), implicada en el crimen. Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.

El octavo acusado por el crimen es Roberto David Castillo, también ligado a Desa, quien hasta ahora ha sido señalado como el único autor intelectual de la muerte de Berta Cáceres, lo que también han rechazado defensores de la empresa y el acusado.

Para la familia de Berta hay más "autores intelectuales"

El 30 de noviembre de 2018 la justicia de Honduras declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados. A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.

"No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia", dijo en noviembre de 2018 la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó: "Estos bandidos van a la cárcel a pudrirse, pero a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar".

El abogado de Desa, Robert Amsterdam, rechazó en un comunicado en noviembre del año pasado que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados, tuviera que ver con la muerte de Berta Cáceres. Según Amsterdam, "no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas".

Tanto la familia como la defensa de Berta Cáceres siguen exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, pues aseguran que que no solo se trata de David Castillo. Han reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los "autores intelectuales" del crimen de la activista.