Condena unánime de las organizaciones de derechos humanos al fallo de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente

El fallo de la Gran Sala del TEDH que ha levantado la condena de España sobre las devoluciones en caliente sorprende y preocupa a las organizaciones que defienden los derechos humanos, que insisten en que estas prácticas son ilegales El Tribunal de Estrasburgo cambia de criterio y avala las devoluciones en caliente

Icíar Gutiérrez 13/02/2020 eldiario.es

Imagen de archivo: Varios agentes de la Guardia Civil en el momento de la ejecución de una devolución en caliente el 15 de octubre de 2014 en la valla de Melilla / Foto: Robert Bonet Robert Bonet / Melilla

Sorpresa, preocupación y enfado. Han sido las palabras más repetidas durante la tarde de este jueves por quienes han llevado las devoluciones en caliente en la frontera española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras conocer que la Gran Sala ha anulado su condena a España de 2017 por estas prácticas. Más allá de los denunciantes, las principales organizaciones en defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas migrantes y refugiadas han lamentado la decisión de la Corte europea y han insistido en la ilegalidad de estas prácticas conforme al derecho internacional.

"Es difícil encontrar palabras. Es más difícil confrontar un texto jurídico escrito sin memoria histórica, sin imaginación y sin empatía", ha dicho en una rueda de prensa Wolfgang Kaleck, fundador del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que apoyado a los demandantes N.D y N.T en su batalla en Estrasburgo contra su expulsión en la valla de Melilla en 2014.

"Estamos realmente sorprendidos. Declarar que hubo otras posibilidades legales en la frontera va contra la realidad de la frontera entre España y Marruecos claramente", ha proseguido en referencia a una de las claves del fallo de la Corte, que ha concluido que "la falta de un estudio individualizado" de cada caso, como obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "podía atribuirse al hecho de que los solicitantes no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin, y que, por lo tanto, [la devolución] había sido una consecuencia de su propia conducta".

La reacción de Acnur y CEAR, intervinientes en el caso

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que ha intervenido en el caso como ’tercera parte’ desde el inicio, indican que el equipo en Ginebra se encuentra estudiando la decisión del TEDH en profundidad. En sus escritos durante el proceso, la Agencia puso el foco "en que devolver automáticamente a personas sin que se haya podido analizar las necesidades de protección que tiene, si tener en cuenta sus circunstancias, es una acción que es contraria a lo que estipula la prohibición de las expulsiones colectivas", explica su portavoz en España, María Jesús Vega, a eldiario.es.

"Devolver sin tener en cuenta esos derechos, sin saber las personas que tienes son refugiadas o sin abrir expediente es contrario al principio de devolución, lo conocemos todos", agrega Vega, antes de zanjar que la Convención de Ginebra de 1951 "establece que no se debe de penalizar a alguien que huye por haber entrado de manera irregular".

Lo mismo han defendido desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también ha participado en el proceso. Han expresado que la sentencia "es desalentadora" pero, dicen, "no debe entenderse como un respaldo legal general a las expulsiones colectivas". "Estas prácticas incumplen desde hace años de forma sistemática la normativa internacional, europea y española ya que no se puede intentar legalizar lo ilegal".

La secretaria general de la ONG, Estrella Galán, ha tachado el fallo de "desilusionante", pero ha indicado en que confían en que la decisión pendiente del Tribunal Constitucional español "establezca la inconstitucionalidad de estas prácticas que dejan en papel mojado la normativa internacional en materia de asilo".

Las ONG insisten: "Estas prácticas son ilegales"

En rueda de prensa, José Palazón, fundador de la ONG melillense Prodein y una de las principales voces en la frontera sur contra las devoluciones en caliente, ha mostrado su "enfado" con la decisión de la Gran Sala. "Los jueces no son conscientes de la trascendencia que va a tener esa decisión que han tomado hoy y que va a afectar a todos los inmigrantes y a todos nosotros", ha asegurado. Asimismo, ha insistido en su preocupación por el hecho, dice, de que el Tribunal de Estrasburgo "ha sido para muchas personas el único recurso fuera del país para sostener los derechos dentro de Europa".

"Nos han quitado una institución fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja de ser una referencia en derechos humanos. Ya no hay tribunal de derechos humanos, hay un tribunal de los derechos de los Gobiernos y corporaciones fascistas que crecen por Europa, que se deja influenciar políticamente y al que le da miedo defender los derechos humanos", ha apostillado Palazón.

Son varias las organizaciones que se han posicionado este jueves en contra la decisión de la Corte europea. Entre ellas Amnistía Internacional, que considera que la sentencia "sienta un precedente muy negativo porque avala las devoluciones en caliente, negándose así el derecho que tienen las personas migrantes y refugiadas a acceder a un procedimiento individualizado de asilo y también a un recurso efectivo". "Nos preocupa especialmente que esta sentencia pueda contribuir a que los Estados puedan llevar a cabo devoluciones sumarias y colectiva con total impunidad", ha apuntalado la ONG. No obstante, recuerdan que las devoluciones en caliente "son una práctica ilegal que contraviene" el derecho internacional.

"Una vez más, el poder de los Estados se impone sobre las personas", ha dicho Francisco Solans, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. "El máximo tribunal europeo de derechos humanos, contradiciéndose a sí mismo (...) ha cedido a la presión y ha traicionado al Derecho", ha afirmado en un comunicado en el sostiene que es un "día triste para los derechos humanos entendidos como derechos de los seres humanos por encima de su nacionalidad u origen".

Para Women’s Link, ONG que lucha por los derechos de las mujeres y las niñas es una sentencia "terrible" que, a su juicio, "sienta un precedente nefasto para otros países europeos". La organización considera que el fallo "va a tener un impacto específico en la vida de las mujeres migrantes, que no puede ser invisibilizado u olvidado", ya que "va a permitir devolver a un tercer país a presuntas víctimas de trata y a mujeres solicitantes de asilo, sin que tengan la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección". "Gracias a esta sentencia, las autoridades competentes podrán devolverlas sin hacer una evaluación del riesgo que ello conlleva para su seguridad y sus vidas", concluyen.

"El principio de no devolución y el derecho de asilo son dos piezas fundamentales del derecho internacional y de derechos humanos. Las devoluciones en caliente no respetan estos principios", ha criticado en Twitter la ONG de desarrollo Oxfam Intermón, que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que respete el principio de no devolución" a pesar del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Comisiones Obreras e IU se suman a la condena

Las críticas también al fallo han llegado desde el mundo de la política. "Estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras", ha dicho Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida en Unidas Podemos.

Por su parte, Comisiones Obreras ha mostrado "su más absoluto desacuerdo tanto con la forma como con el fondo" del fallo del Tribunal. "Para este sindicato, prácticas como las referidas en el fallo han sido insistentemente denunciadas por la sociedad civil española: no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos", ha dicho la organización sindical en un comunicado.

Organizaciones de policías y guardias civiles celebran el fallo

Muy diferente ha sido la reacción del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con mayor número de afiliados en el Cuerpo, que ha celebrado la sentencia "no solo como un aval jurídico" al trabajo de los agentes destinados en la frontera sino también "como el testimonio incontestable de que las actuaciones frente a las avalanchas de inmigrantes son proporcionadas, oportunas, jurídicamente impecables y respetuosas con la legalidad europea y el código de fronteras Schengen".

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) exige "disculpas públicas" a quienes, dice, han cuestionado las actuaciones de los agentes en la frontera. "¿Y ahora qué? ¿Qué nueva campaña de difamación van a dirigir las ONG de turno contra los guardias civiles de Ceuta y Melilla? ¿Qué otras organizaciones van a prestarse esta vez para bailarle el agua a quienes no hacen otra cosa que utilizar las subvenciones públicas para arremeter contra los guardias civiles?".

Los abogados del caso: "Hay errores y contradicciones"

Como el resto de los presentes en la rueda de prensa celebrada este jueves, Hanaa Hakiki, letrada de la asociación alemana ECCHR, ha dicho que es "falso" que los migrantes subsaharianos puedan acceder al puesto fronterizo de Beni Ensar, junto a la ciudad de Melilla, para solicitar asilo, uno de los pilares en los que se basa la sentencia del TEDH. También ha agregado que el fallo se ha elaborado desde una "perspectiva punitiva". "Es decir, si una persona entra de forma irregular no puede gozar de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este era uno de los principales argumentos del Gobierno español", ha indicado.

Gonzalo Boye, uno de los dos abogados que han representado a los demandantes, ha comentado que van a analizar con más detenimiento una sentencia que considera que contiene "errores" y "contradicciones". "Es peligroso y grave, porque hablamos de una doctrina que podría se resumir en que cualquier persona que se coloca fuera del marco legal deja de ser sujeto de los derechos de la Convención", ha dicho. "Confío en que la sentencia no pase a consolidar una doctrina, sería muy grave, me preocupa muchísimo que una persona que traspase una norma administrativa pierda sus derechos".

La sentencia es firme, ha recordado Boye, pero también ha adelantado que continuarán litigando contra las devoluciones en caliente en otros procedimientos. Con la misma idea ha zanjado Palazón su intervención: "La partida la han ganado ellos, los jueces, pero la lucha sigue".