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Comunitat Valencina: La delegada del Gobierno en Valencia mediará con Interior para revisar las multas al movimiento feminista

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Calero asegura que el Gobierno tiene "la firme intención" de derogar la ’Ley mordaza’ y recuerda que en 2020 no hubo ninguna sanción por el 8M

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En el centro, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

Laura Martínez Redondo 15 de septiembre de 2020 eldiario.es

La Delegación del Gobierno en Valencia pedirá un encuentro con el Ministerio de Interior para examinar las 20 sanciones al movimiento feminista valenciano durante las manifestaciones del 8M de 2018 y 2019. Así lo ha indicado la responsable de la delegación valenciana, Gloria Calero, en una rueda de prensa previa a la protesta de la Asamblea Feminista contra la ’Ley Mordaza’, convocada a las puertas de la sede de la Delegación.

El movimiento feminista valenciano protesta contra una veintena de sanciones recibidas en las manifestaciones amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, con importes entre los 200 y los 600 euros para las manifestantes, que suman un total de 11.000 euros que el movimiento asume de forma colectiva. En tres de estos procedimientos se ha agotado la vía administrativa, con una sanción firme por parte del Ministerio de Interior, por lo que la defensa de las manifestantes ha tenido que acudir a la vida judicial para continuar los recursos.

Las denuncias, expresaba Calero, siguieron su trámite y ahora están en manos del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska, la instancia superior a la delegación de Gobierno, que aceptó en su día la propuesta de sanción de la Policía Nacional. En el encuentro con el ministerio, la delegada quiere abordar la situación administrativa para buscar una solución, siempre dentro de los cauces legales. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se comprometió a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que introduce el artículo por el que las manifestantes fueron sancionadas -falta de respeto a un agente de la ley-, del mismo modo que el Gobierno del PSOE que surgió de la moción de censura en 2018 también abogaba por una revisión de esta norma. La delegada recuerda que en la última convocatoria de huelga feminista, el 8 de marzo de 2020, no se interpuso ninguna sanción. "No nos gusta la Ley mordaza", recordaba Calero.

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Protesta feminista frente a la Delegación del Gobierno en Valencia.

El colectivo feminista pide la derogación de una ley que se considera restrictiva de los derechos fundamentales. Según indican fuentes conocedoras del proceso, si se derogara la norma, se podrían anular las sanciones. Otra opción, comentan estas fuentes, es que el Ministerio no se defendiera en la cita judicial.

La Asamblea Feminista, en una protesta este martes, recordaba que “la represión política viene de diversos frentes, no solo del Estado”, en referencia a las denuncias de Hazte Oír por protestar y oponerse a entrada a Valencia del autobús con lemas misóginos de esta organización, la semana previa al 8M. A estas activistas se les reclaman 34.000 € por presuntos delitos de odio, que el movimiento incluye en el cómputo de la represión al movimiento feminista, que subiría a los 44.815.

El colectivo sigue señalando al exdelegado del Gobierno en Valencia Juan Carlos Fulgencio, como principal responsable de las sanciones, que se comprometió a revisarlas. "En todo este tiempo en el Gobierno, no solo ha mantenido la ley [mordaza], sino que ha continuado utilizándola como herramienta de represión política hacia los movimientos feministas autónomos”, denuncian.

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