Comunicado de la Plataforma “No Somos Vasijas” a los medios de comunicación

Tribuna Feminista

La plataforma “no somos vasijas” nace en junio de 2015 para frenar los intentos de que en este país se pueda regular la mal denominada ”gestación subrogada” o contrato por el que se acuerda la gestación a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante. En su corta trayectoria esta plataforma ha esgrimido poderosos argumentos, tanto éticos como jurídicos, para evitar la regulación de esta práctica. Por el contrario, asociaciones e individualidades favorables a su regulación esgrimen sólo argumentos emocionales basados en el deseo de “ser padres” o razones de carácter pragmático utilizando a los menores como excusa para justificar una decisión en origen irresponsable, acudir a otros países para acceder a un menor mediante esta modalidad contractual, ya que nuestra legislación vigente reconoce como nulo de pleno derecho el contrato de subrogación.

Siendo estos los antecedentes, en las últimas semanas asistimos a una campaña agresiva por parte de asociaciones favorables a su regulación en las redes sociales o medios de comunicación que pretenden “chantajear” a los distintos partidos políticos para que se muestren favorables a regular la “gestación subrogada” en nuestro país. Asistimos a una campaña de presión política aprovechando el momento de complejidad que vivimos y que claramente perciben como momento de “debilidad política” para alterar principios ideológicos o debilitar derechos consolidados. Por ello desde la plataforma “No somos Vasijas” nos dirigimos a la opinión pública para trasladarles algunas de las “razones ocultas” que pueden explicar la urgencia, agresividad e intensificación de los pronunciamientos favorables a la gestación subrogada:

a) Urgencias debido a modificaciones normativas. Algunos de los países que reconocen el contrato de gestación subrogada han modificado su legislación, caso de India, o están en vías de su modificación por la cual, explícitamente, excluyen de posibilidad de acceso a personas extranjeras si en su país de origen no existe una regulación favorable a la Gestación Subrogada, sea esta “altruista o comercial”. Los grupos favorables a la gestación subrogada en España afirman que trabajan por una regulación “garantista y altruista”: una ley en la que se garanticen los derechos de las mujeres gestantes y los menores y en la que no exista beneficio económico para la mujer que voluntariamente decida gestar a favor de terceros. Pero en realidad una aparente “regulación altruista” permite que España figure como país favorable a la gestación subrogada y así que cualquier persona o pareja pueda acceder a un hijo/a en aquellos países en los que se exige esta condición. A su vez, si en España se regula la gestación subrogada se intensificaría, sin traba legal alguna, el tráfico y turismo reproductivo, ya que con el tipo de “subrogación altruista” el número de posibles “mujeres gestantes altruistas” es significativamente menor que el número de demandantes o “padres intencionales”. La escasez de mujeres gestantes en su modalidad “altruista” suele llevar aparejado el “pago en negro” para estimular a aquellas mujeres que sí estarían dispuestas a llevar a término una gestación si media una compensación económica. Por otra parte cualquiera de las modalidades de gestación subrogada, altruista o comercial, suele generar una lamentable competencia comercial entre clínicas y agencias para abaratar los costes derivados del proceso reproductivo previo a la implantación del embrión en el útero de la gestante, abundando en riesgos de salud para las mujeres inmersas en todo el ciclo reproductivo, desde la donante de óvulos a la gestante. Podría, a su vez, suceder que pese a las “rebajas reproductivas” los costes derivados del proceso reproductivo en España fueran de cuantía mayor que los precios ofertados en países de Asía o África, por lo que se fomentaría el “tráfico reproductivo”.

b) urgencias debidas a conocimiento informativo. En un principio cuando surge la cuestión de la Gestación subrogada en este país y solo se trasladaban en los medios de comunicación las posiciones a favor del “deseo de ser padres”, la opinión pública nos disponía de argumentos en contra por lo que se declaraban receptivos a regular esta práctica. Cuando surge la plataforma “No somos Vasijas” aduciendo argumentos éticos y jurídicos en contra de la regulación se renueva el interés informativo por ofrecer las opiniones encontradas y a la vez se ofrecen reportajes que muestran claramente la “cara oculta” de la práctica de “los vientres de alquiler”. La opinión pública comienza a saber de las “granjas de mujeres”, de la resolución de conflictos a favor de los futuros padres contratantes obviando a las mujeres que finalizado el proceso de gestación expresan el deseo declarado de no poder ceder el hijo/a favor de terceros, de las cláusulas contractuales que impiden a la mujer gestante tomar decisión alguna una vez firmado el contrato, de los casos de abandono de menores por parte de los futuros “padres intencionales” cuando constatan que el menor ha nacido con una anomalía o discapacidad, de la implantación múltiple de embriones para garantizar en mayor porcentaje el éxito de embarazo, etc..

Poco a poco las personas y asociaciones favorables a la regulación de la gestación subrogada constatan que están perdiendo la batalla de la opinión: a mayor conocimiento informativo menor adhesión pública. Por ello la urgencia en que los parlamentos autonómicos o el Congreso se pronuncie favorablemente. El tiempo corre en su contra y lo saben.

c) Urgencias debidas a pronunciamientos internacionales en contra. No sólo existe una campaña internacional para “parar la subrogación ya”, sino que, además, son cada vez más las instituciones políticas europeas e internacionales las que emiten informes en contra de que los países regulen la práctica de “vientres de alquiler”. La última resolución en este sentido fue la expresada por el Comité de asuntos sociales y salud de Europa que el pasado 10 de marzo declaró un No rotundo a la subrogación. No es posible, pues, que el estado español o las autonomías caminen en sentido contrario a lo expresado en las instituciones políticas europeas o internacionales