"¿Cómo puede estar pasándonos esto?": cuando tienes que irte de España para abortar

La investigación periodística internacional ‘Exporting Abortion’ estudia las razones por las que, aún a día hoy, hay mujeres en España que viajan al extranjero para abortar. Los principales motivos: las malformaciones genéticas detectadas al final de la gestación y otros casos en los que las mujeres desconocían estar embarazadas.

Una mujer protesta en la manifestación por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto, a 28 de septiembre de 2023, en Madrid (España).Matias Chiofalo

Emilia G. Morales/Sergio Sangiao - Madrid-11/05/2025 Público

Si fuera el año 1984, el avión en el que Diana Dieste iba sentada no sería de turbina, sino de hélice. Los pasajeros fumarían y las azafatas les ofrecerían la prensa escrita del día, no perfumes de lujo dudosamente rebajados. Si fuera 1984, su vuelo aterrizaría en Londres, el destino más popular para las españolas que, hace 40 años, huían del artículo 413 del Código Penal, que castigaba a las mujeres que consintieran o provocaran su propio aborto. Pero no era 1984, sino 2024, y el artículo 413 llevaba años eliminado. Por eso, a Diana le parecía inverosímil ir en aquel avión en dirección a Bruselas, para interrumpir su embarazo. ¿No se supone que en España estaba permitido el aborto?

La investigación periodística internacional Exporting Abortion, coordinada por Público, ha demostrado que allí donde un país establece limitaciones en el acceso al aborto, las mujeres cruzan sus fronteras para interrumpir su embarazo. Quienes residen en España no son ajenos a este fenómeno. Entre 2021 y 2023, una media anual de 20 mujeres salieron de España para interrumpir su embarazo, según las cifras no oficiales cedidas a Público por la Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya y la empresa Travel Abortion, que tienden una mano a quienes necesitan abortar en el extranjero.

Viajan a Bélgica, a Países Bajos, Inglaterra, México y EEUU, en función de las razones por las que se les ha impedido el aborto en el territorio español. No es posible estimar exactamente cuántas mujeres han salido de España a estos países para abortar, ya que las organizaciones consultadas sólo poseen los datos de las mujeres a las que han acompañado. "Nos falta el dividendo", aclara a Público Jordi Baroja, director adjunto de la asociación catalana. Es decir, que desconocen qué porcentaje del total de mujeres que viajan al extranjero para abortar acuden a ellos.

Sus cifras son sólo el punto de partida con el que esta investigación ha rellenado los huecos de información que han dejado varios Estados al no responder ni informar adecuadamente a este periódico del número de interrupciones del embarazo llevadas a cabo en sus territorios. La falta de transparencia es sólo una muestra más de la invisibilización de este fenómeno en Europa. Por eso, no es de extrañar que quienes salen del país para abortar lo hagan ocultando a su entorno la verdadera motivación de su viaje.

De acuerdo a los testimonios y datos privados recopilados por Público, las mujeres que viajan desde España al extranjero para interrumpir su embarazo lo hacen principalmente por dos razones. La primera, porque no supieron que estaban embarazadas hasta el tercer trimestre de gestación, cuando ya no está permitido el aborto voluntario. La segunda, porque deseaban ser madres, pero descubrieron al final del embarazo que su feto sufría algún tipo de anomalía que los médicos españoles no consideraron lo suficientemente grave como para permitir a la mujer abortar. En ambos casos, era demasiado tarde para interrumpir el embarazo. Al menos, en España.

La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), actualmente vigente, establece tres plazos para abortar en el territorio español. El primero abarca hasta la semana 14 de gestación y permite hacerlo en total libertad, sin que la mujer tenga que argumentar ninguna razón para ello. El segundo plazo comprende entre la semana 15 y la 22. En estos casos, la interrupción del embarazo está permitida, excepcionalmente, cuando existe una anomalía fetal grave o algún riesgo para la vida o la salud de la gestante, incluida su salud mental. Dichas problemáticas deben estar certificadas por un médico especialista.

El tercer y último plazo transcurre desde la semana 23 de gestación hasta el final del embarazo. Durante estos meses, el aborto solo está permitido cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando el feto padece "una anomalía incompatible con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable" diagnosticada por un especialista y corroborada por un comité clínico compuesto por dos o más médicos. Es en este punto donde encallan muchos de los intentos de aborto de quienes residen en España.

Por supuesto, desde la semana 23 de gestación, el aborto no está permitido en los casos en los que la gestación avanza dentro de parámetros de normalidad. No importa aquí la edad de la gestante, su situación socioeconómica o cualquier otro criterio psicosocial.

Según los datos de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius y Travel Abortion, todas las mujeres a las que acompañaron en su proceso de aborto en el extranjero habían superado la barrera de las 23 semanas de gestación. Viajan quienes pueden costearlo y quienes, fortuitamente, han encontrado información sobre dónde y cómo abortar. Lo hacen quienes han sido diagnosticadas de una anomalía fetal pero también las que no. Las primeras van principalmente a Bélgica, EEUU y México. Las segundas, a Países Bajos, Londres o EEUU. Estas son sus historias.

La amarga espera

En sus 38 años de vida, Diana Dieste nunca se había planteado los pormenores de los plazos y las condiciones para abortar en España. No tenía por qué: el suyo era un embarazo deseado. Tanto ella como su marido querían darle un hermanito a su hija de tres años. Así que, cuando en la octava semana de gestación, los médicos detectaron un "engrosamiento del pliegue de la nuca" del embrión, hizo todo lo posible por mantener la esperanza.

Según le informaron, aquel indicador podía ser el preludio de algo negativo, pero también de un simple rasgo que volvería a los estándares habituales conforme avanzara la gestación. "Lo iremos viendo", fue el mantra que acompañó a Dieste desde aquella sala de ecografías del Centro de Atención Primaria de Sant Pere de Reus (Tarragona), hasta el hospital universitario CHU Brugmann de Bruselas, casi cuatro meses después.

Entre medias, le hicieron varias pruebas médicas. Algunos resultados eran alentadores , otros no tanto, pero nunca había nada definitivo. Según explica a Público la doctora Teresa Cos, médico y jefa del servicio de medicina fetal del CHU Brugmann, esto se debe a la propia naturaleza de la gestación, durante la cuál "el feto se está formando", por lo que "no es lo mismo ver un cerebro a las 20 semanas de embarazo que a las 30". Por poner un ejemplo, algunas malformaciones cerebrales o cardiacas sólo se pueden detectar a partir de la treintena.

Era la dicotomía entre la posibilidad de que su futuro hijo pudiera estar o no sano, o de que siquiera llegara a sobrevivir, lo que más torturaba a Diana. "¿Puedo querer a este bebé o no? ¿Le pongo nombre?¿Disfruto de las pataditas o intento no hacerlo?", se preguntaba. Mientras, su vientre crecía cada semana.

"En ningún momento", asegura su marido, Iván Alba, se les informó de "lo que podía acarrear que los resultados de que las pruebas médicas no fueran normales". Tampoco, de cuáles eran las opciones que tenían si la patología o malformación del feto era grave, como finalmente ocurrió.

El diagnóstico cayó como un jarro de agua fría sobre la pareja en la semana 22 de gestación. El feto tenía síndrome de Noonan, una condición genética que afecta al desarrollo físico y cognitivo del bebé. Como ocurre con muchas otras afecciones cromosómicas, la gravedad de los síntomas pueden ir desde lo leve hasta lo más grave.

Para Dieste, lo más sangrante fue que la prueba que le permitió saber que su bebé tenía dicho síndrome se realizó sobre una muestra que le tomaron en la decimocuarta semana de gestación. "Estábamos enfadados, no entendíamos por qué no se había hecho antes si había la opción. ¿Por qué esperamos 12 semanas más?".

Ella y su marido trataron de mantener la esperanza: hablaron con asociaciones de niños con este síndrome y bucearon en decenas de papers científicos. "Pensé que, bueno, quizá no era para tanto, que podía tener un poquito de hiperactividad, de retraso cognitivo, ser más pequeñito, pero nada demasiado grave", relata Dieste. Pero un par de semanas después supieron que "la mutación que nos tocó era jodida", lamenta su marido. El feto tenía una alta probabilidad de desarrollar en el futuro "tumores, leucemia, problemas cardíacos y linfáticos", enumera.

“No queríamos que nuestro hijo naciera y fuera directo a una mesa de operaciones a luchar por su vida”. Fue entonces cuando el aborto se hizo hueco entre el resto de las opciones. Lo que no sabían y, aseguran, nadie les explicó, era que abortar en el último trimestre del embarazo era una batalla burocrática a contra reloj en la que podrían terminar perdiendo. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió.

A contra reloj

"Tenía la sensación de que se había puesto en marcha una cuenta atrás", explica Dieste a Público. Al encontrarse en el tercer trimestre de gestación –semanas de la 24 a la 36–, la interrupción del embarazo estaba sujeta a determinadas condiciones. Según la ley, en los casos en los que el feto padece "una anomalía incompatible con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable". Algo que debe determinar un médico especialista y corroborar un comité clínico.

La mujer debe solicitar formalmente al comité que le corresponda –hay uno o varios en cada comunidad autónoma, en función de su tamaño– que revise su caso. Este tiene 15 días como máximo para notificar a la solicitante su resolución y, según denuncian mujeres y asociaciones, en no pocas ocasiones el comité apura hasta el último momento para comunicarla.

Durante ese impasse, el tiempo corre, el vientre crece y la angustia de la gestante aumenta. También lo hacen los riesgos a los que se ve expuesta durante el aborto. Una mañana de febrero, el día en el que se cumplía el plazo para obtener una respuesta del comité, Dieste recibió una escueta llamada de una administrativa del hospital Vall D’Hebrón: "No puedes abortar", escuchó al otro lado de la línea. El corazón le dio un vuelco. "Me quedé en shock", explica a Público, "pensaba, ¿cómo puede estar pasándonos esto?"

"En ningún momento tuvimos capacidad de decisión ni otra opción que no fuera la de esperar", relata dolido el marido de Diana. Eso es lo que le aconsejaban los médicos, ya que a veces las anomalías que aparecen en las pruebas se normalizan. "Esperamos y esperamos todo lo que nos pidieron y cuando tuvimos información, decidimos. Pero entonces nos dijeron que ya no podíamos decidir. Que Diana era una vasija, un contenedor. Que no tenía ni voz ni voto".

Según explican a este periódico varios agentes sociales proaborto, en no pocas ocasiones los comités se convierten en una suerte de dispositivo moral que impide a las mujeres abortar. En conversaciones con Público, Santiago Barambio, ginecólogo experto en interrupciones de embarazo que ha participado en varios comités, critica que estos "se han convertido en los árbitros de lo que es abortable o no", cuando su cometido realmente es corroborar el diagnóstico previo que el equipo médico de la mujer ya ha hecho sobre el feto. "Es una perversión absoluta del método", reprueba el médico.

Cómo deciden los comités qué es "abortable" es algo que ninguna de las fuentes sanitarias consultadas por Público ha podido explicar de forma clara. No existe un listado cerrado de anomalías susceptibles de permitir un aborto en el tercer trimestre de gestación, como demandan desde la Asociación Española de Clínicas de Interrupción del Embarazo (ACAI) o desde otras organizaciones sociales proaborto.

Tampoco se tienen en cuenta aspectos como la calidad de vida que tendrá el futuro niño o niña, ni otros factores como las consecuencias para la madre, la familia y otros cuestiones sociales, como recomendó la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en un informe publicado en 2011 tras la legalización del aborto en España. Entonces, ¿en base a qué criterios toman sus decisiones los comités?

Una interpretación laxa de la ley

Según explica Barambio, la legislación española es lo suficientemente "amplia" como para que los comités clínicos "estudien de forma individualizada cada uno de los casos" que les llegan. Al menos, esa fue la idea al incluir esta figura en la ley 2/2010, confirma Barambio. El doctor asegura que formó parte del equipo asesor de la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, durante la redacción del borrador de la ley.

Durante aquellos meses, describe, "flotaba en el ambiente la sensación de que podrían darse fraudes" si un único médico diagnosticaba a la mujer con una anomalía fetal lo suficientemente grave como para permitirle abortar después de la semana 22. "La ministra tenía miedo de que tumbaran la ley", abunda. Fue en ese momento cuando surgió la idea de que fueran varios "médicos públicos en un comité creado para tal fin" los que reevaluaran los diagnósticos de estas mujeres.

Pese a no existir un listado cerrado de anomalías consideradas incompatibles con la vida o extremadamente graves e incurables, sí que se produce el fenómeno contrario: algunas mutaciones, son, de facto, excluidas de este criterio. Ocurre con la trisomía 21 –síndrome de Down–. Así lo ha confirmado a Público la vicepresidenta de ACAI, Eva Rodríguez: "No conozco a ningún comité que los haya aceptado".

Está tan asentado que los comités clínicos rechazan un alto porcentaje de anomalías que muchas mujeres ni siquiera esperan su respuesta y se marchan a otro país a abortar antes de dilatar más la gestación. Al menos dos de las mujeres que han acudido a principios de este año a la Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya en busca de orientación, se encontraban en esta situación. Las dos abortaron en Bruselas porque sus médicos contestaron antes que los de Catalunya, que finalmente también dieron el visto bueno a sus abortos.

Quienes son rechazadas por el comité clínico de una región, tienen la posibilidad de pedir al de otra comunidad autónoma que revise su caso. Algunos tienen fama de tener una interpretación más conservadora que otros. Ana –nombre ficticio–, una mujer de 38 años residente en un municipio de Sevilla, sospecha que el quienes componían el comité que evaluó su caso en 2024, eran más reacios a permitir los abortos en un avanzado estado de gestación.

Pero ella sabía que algo en el feto iba mal. Como licenciada en biología, Ana tiene acceso a ese lenguaje propio de los sanitarios y pudo leer con facilidad los parámetros expresados en los informes de su embarazo. Por eso, cuando la ecografía que le hicieron en la semana 20 de gestación mostró un retraso en el desarrollo de los órganos del que sería su futuro hijo, supo que no debía esperar un mes hasta que le hicieran la próxima prueba. Asegura que logró que se la adelantaran porque se puso "muy pesada con los médicos".

Los resultados confirmaron que el feto tenía una condición genética rara que ponía en duda su propia supervivencia. Aquellas evidencias no fueron lo suficientemente graves como para que el comité médico de Andalucía que examinó su caso le permitiera interrumpir su embarazo. En cambio, sí lo fueron para el segundo comité que evaluó el diagnóstico de su feto. Esta vez envió los resultados a Catalunya, donde le dieron el visto bueno y concluyeron, de facto, que aquel era un caso en el que Ana tenía derecho a interrumpir su embarazo.

El Ministerio de Sanidad español es conocedor de la variabilidad de criterios que aplican unas comunidades autónomas respecto a otras. Para hacer frente a ello, han "impulsado recientemente dos herramientas clave: el protocolo para la creación del registro de objetores y la nueva guía del Sistema Nacional de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo". Con estas dos herramientas, explican a Público, esperan "avanzar hacia una mayor homogeneización de los criterios y garantizar que los derechos se ejerzan de forma efectiva, sin depender del lugar en el que se resida"

Hay mujeres que apenas tienen margen de maniobra y deciden marcharse directamente al extranjero sin solicitar a un comité español que revise el dianóstico de su feto . Es lo que hizo María –nombre ficticio–, de 32 años, residente en una provincia andaluza. Se lo advirtió uno de los muchos médicos a los que visitó durante su peregrinación por centros privados de toda España, tratando de dar respuesta a la extraña anomalía genética que habían diagnosticado a su feto: "Me dijeron que no merecía la pena intentarlo", explica a este periódico, "que no lo iban a aceptar".

Buscó ayuda y dió con Julie Samoyault, de Travel Abortion, que le señaló la luz al final del túnel: "Bélgica". María envió los resultados de sus pruebas a un hospital flamenco y, cuando preaprobaron su caso, cogió un vuelo dirección a Bruselas. Pisó la capital europea una mañana del verano de 2024. En la semana 33 de gestación, ante las pésimas perspectivas de salud del feto, interrumpió su embarazo.

En el momento de la conversación con Público, a principios de 2025, María estaba tratando de quedarse embarazada de nuevo y pidió a este periódico que no diera a conocer su nombre ni el municipio en el que vivía. Teme que si quienes componen el comité clínico de su zona conocen su historia, puedan perjudicarla durante un nuevo embarazo.

María, al igual que Ana y Diana, reconocen que, a lo largo de su periplo hospitalario, también han encontrado sanitarios comprensivos con su situación. Todos ellos les dejaron migas en el camino: una mirada cómplice, una recomendación en voz baja o una insinuación sobre la existencia de "otras opciones", iluminaron la sombría situación en la que se encontraban las mujeres. Pero fueron las organizaciones sociales las que les ayudaron a resolver el acertijo y encontrar un lugar seguro en el que poder abortar.

Una ventana se abre en Bélgica

El 73% de las mujeres que solicitaron acompañamiento a la Associació y a Travel Abortion entre los años 2021 y 2023 para abortar en el tercer trimestre del embarazo debido a una anomalía fetal acudieron a Bélgica.

Teresa Cos aclara a Público que Bélgica ofrece a las españolas lo que muchos comités clínicos les deniegan: "Ellas no vienen a abortar, sino a saber. Nosotros les damos respuestas cuando todavía no les han dado un diagnóstico certero". En Bélgica el plazo para abortar por libre decisión acaba a las 14 semanas de gestación, al igual que en España. Asimismo, posee un plazo excepcional que abarca hasta el final del embarazo y que permite la interrupción en los casos en los que el feto es diagnosticado con alguna enfermedad grave incurable.

Pero, a diferencia de España, el Estado belga destina un gran número de recursos sanitarios a diagnosticar estas anomalías, según explica Cos. "Aquí la ley nos apoya mucho y la objeción de conciencia, incluso en los hospitales católicos, prácticamente no existe", asegura la jefa de medicina fetal del Brugmann.

Cuando una mujer extranjera les envía su caso, revisan todos los resultados de los análisis que ya le han hecho y, en el caso de que vean en ellos algo potencialmente grave, le piden que vaya a Bruselas para repetirle todas las pruebas y realizar algunas nuevas. Con estos nuevos resultados, toman la decisión de aceptar o no el caso.

Según Cos, los equipos que evaluan las pruebas están compuestos por expertos en medicina fetal, cardiólocos y genetistas. Estos aceptan más anomalías que en España. La jefa de medicina fetal de Brugmann, estima que aceptan tres de cada cinco casos que llegan al hospital: "A partir de un 20% de retraso mental, lo aceptamos", si bien evalúan cada caso de forma pormenorizada.

De acuerdo a los cálculos del hospital belga, cada año llevan a cabo una media de 100 intervenciones a mujeres extranjeras, de las que en torno al 80% proceden de Italia y otro 20%, de España. Cos aclara que, aún así no existe un avalancha de abortos en Bélgica. "No aceptamos todo lo que nos llega", dice. Algunas de las mujeres con anomalías fetales rechazadas terminan viajando de España a EEUU e incluso a México para interrumpir su embarazo.

En el país latinoamericano, los abortos por anomalías fetales graves están permitidos hasta el final del embarazo en varios estados. La Asociación de Drets Sexuals i Reproductius confirma que, entre 2024 y marzo de 2025, ayudó a tres mujeres residentes en España a abortar en México por esta razón.

Las condiciones prestadas en estos países son radicalmente opuestas a las que encuentran quienes residen en otros países europeos, incluido España. Esto no significa que la legislación de Bélgica, o la de muchos estados de México o EEUU –en los que recientemente se ha producido un retroceso en esta materia–, sea el culmen de los avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De hecho, hay muchas belgas que cruzan la frontera con Países Bajos después de la semana 14 de gestación para someterse a un aborto por libre decisión. El Estado neerlandés permite el aborto voluntario hasta la semana 24 de gestación, siendo el país de todo el continente que tiene una legislación más garantista con las mujeres.

La existencia de normativas sumamente dispares en el territorio europeo hace que exista un flujo constante de mujeres que viajan a países vecinos para abortar. Exporting Abortion ha cuantificado por primera vez dicho flujo y estimó que unas 5.000 mujeres residentes en Europa se ven obligadas a desplazarse a otros países europeos para abortar cada año. Las mujeres españolas no son ajenas a este fenómeno. Diana, María, Alba y otras muchas son la prueba viviente de ello.

Ello, a pesar de que España sea uno de los principales destinos elegidos por mujeres extranjeras –especialmente portuguesas– para abortar cuando no pueden hacerlo en su país. Según los hallazgos de Exporting Abortion, el segundo mayor flujo de movilidad en Europa es el que se produce de Portugal a España. De media, entre 2019 y 2023, interrumpieron su embarazo en España unas 1.500 mujeres residentes en el extranjero.

Los datos de los abortos llevados a cabo en Catalunya, Andalucía y Baleares –las únicas comunidades autónomas que aportaron esta información pormenorizada– muestran que apenas se practicaron abortos a extranjeras en su territorio después de la vigesimosegunda semana de gestación. Entre 2019 y 2023, solo se registraron cinco casos –tres a mujeres que procedían de Andorra, una de Italia y otra de República Checa–. Todas ellas interrumpieron su embarazo en algún hospital catalán.

Los abortos en España se lleva a cabo, principalmente, dentro del primer y segundo plazo legal. El 99,8% de los abortos practicados en Catalunya, Andalucía y Balears entre 2019 y 2023 se dieron antes de la semana 23 de gestación, mientras que solo el 0,18% –un total de 359 mujeres– se practicaron después. Es en ese tercer plazo cuando los flujos de movilidad comienzan a invertirse y son las residentes en España las que viajan al extranjero para abortar.

Al ser preguntado sobre este fenómeno, el director general de Salud Pública y Equidad en la Salud el Ministerio de Sanidad español, Pedro Gullón, ha asegurado que están "recorriendo un camino importante para garantizar el derecho al aborto" en todo el país, si bien "en algunas comunidades autónomas no es tan sencillo" debido a la objeción de conciencia.

Abortar en el extranjero siendo menor de edad

Carmen –nombre ficticio– tenía una menstruación irregular, algo habitual en las chicas de 15 años. Así que pensó que no tenía que preocuparse porque no le viniera la regla después de unos meses. Había seguido todos los pasos que le indicaron cuando el preservativo que usó con su novio se rompió. Tomó la píldora del día después que le dieron en el centro de salud al que acudió con su madre. No sangró en los días siguientes, pero su doctora la tranquilizó, podía ser normal. Este mensaje la calmó durante los primeros meses, pero después de medio año sin menstruación, la inquietud volvió.

Cuando le dijeron que estaba embarazada, no entendía nada. No había tenido náuseas ni le dolía el pecho. Tampoco notó que su vientre se hinchara desmesuradamente. Sólo sentía una tristeza tenue pero constante y unos dolores estomacales que iban y venían. Y, de repente, allí estaba, frente a la ginecóloga de un centro médico privado de València, con la tripa todavía pegajosa del gel que le untaron para hacerle la ecografía.

"Si eres adulta para tener relaciones sexuales, ahora tienes que apechugar", le espetó una de las sanitarias del centro. Al revivir aquella frase, Carmen dice seguir "alucinando": "¿Cómo pudo decirle eso a una niña?".

Según la experiencia de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, el perfil de mujeres que viajan para abortar después de la semana 22 sin anomalías fetales coincide con el de Carmen. "Son adolescentes que tienen el ciclo hormonal muy irregular y cuando se dan cuenta de que están embarazadas ya se les ha pasado el plazo". Los datos aportados por la organización lo corroboran: cuatro de las seis mujeres residentes en España a las que ayudaron –no tenían anomalías fetales y abortaron más allá de la vigesimosegunda semana–, tenían menos de 24 años. Una de ellas, incluso, era menor de edad.

También hay mujeres que no desean ser madres y que no se dan cuenta de que se han quedado embarazadas hasta el último momento de la gestación debido a algún cambio del método anticonceptivo o en los que sufre algún tipo de dismenorrea debido a alguna patología o por acercarse a la menopausia. Tanto en estos casos como en el de Carmen, abortar en Europa ya es "casi imposible". En todo el continente, los plazos más largos para abortar son los legalizados en Países Bajos –hasta la semana 24 de gestación– y Reino Unido. En este último, la interrupción del embarazo también está permitida hasta la semana 24, pero para poder acceder a él, un médico debe certificar que la salud de la mujer, incluida la mental, se encuentra en riesgo.

Este pequeño margen es una vía de escape para algunas de las mujeres que se acercaron a Travel Abortion y a la Associació entre 2021 y 2023. Pero, en otras ocasiones, este margen no alcanza. Eso le ocurrió a Carmen, que fue consciente de su embarazo en la semana 30. En estos casos, explica Jordi Baroja, "hay que activar vías más complicadas", como es el caso de EEUU. Especialmente, "desde el punto de vista económico. Para estos casos, existen organizaciones que financian parcial o completamente los viajes de estas chicas.

Samoyault, de Travel Abortion, logró que varias organizaciones apoyaran económicamente a Carmen en su viaje. "Julie se nos apareció como un ángel", explica a Público el padre de Carmen. Además de la financiación, él y la madre de la menor sumaron sus ahorros para que su padre pudiera acompañarla hasta Washington DC a abortar. "Ahora puede seguir teniendo una vida normal", relata aliviado su padre.