Colectivos antirracistas piden la regularización de la población migrante

Mediante una carta dirigida al Gobierno, colectivos y organizaciones coordinados a nivel estatal exigen igualdad de derechos para los migrantes sin papeles

Gonzalo Sánchez valència 13.04.2020 Levante.emv

Protesta de las trabajadoras del hogar frente a la Delegación del Gobierno de València

Bajo el hastag #Regularizaciónya un total de 112 colectivos y organizaciones antirracistas han exigido hoy en una carta al Gobierno la regularización de las personas en situación administrativa irregular en todo el estado. Se calcula que en torno a 600.000 personas son migrantes sin papeles en España, un colectivo "que se ha quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto econónimo y social, lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida" alertan. La medida no es inédita, ya que, el Gobierno progresista de Portugal encabezado por Antonio Costa anunciaba el pasado 28 de marzo la inminente regularización de toda la población migrante

Desde la plataforma también han asegurado que la crisis provocada por el coronavirus "ha puesto en evidencia, por una parte los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, laborales, económicos, etc, y por otra el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles".

Además, desde el colectivo también han señalado su disconformidad con las propuestas del Gobierno como el Real Decreto Ley 13/2020 para incorporar mano de obra extranjera al sector agrario y evitar el desabastecimiento durante esta crisis. Según la plataforma esté decreto "responde a un caracter instrumentalista y mercantilista de regularización selectiva" y lo consideran "insolidario" ya que no da respuesta a la realidad que viven personas migrantes y refugiadas.

Desde València, Dolores Jacinto, representante de la Asociación Interculutral de Profesionales del Hogar y Cuidados (AIPHYC) ha señalado que "el 40 por ciento de las trabajadoras del hogar y los cuidados está empleada en la economía sumergida. Muchos de los empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente mantiene reconocido el sector, por lo tanto, prefieren contratar a alquien que esté sin documentación para poderse ahorrar una parte". Consideramos que la regularización de las personas migrantes es necesaria para que los derechos dejen de ser un privilegio de unos pocos y algo inalcanzable para otras" denuncia.

Plataformas como el Consell Local de Inmigración a Interculturalidad de València ya reclamaron al consistorio encabezado por Joan Ribó el pasado viernes la adopción de esta medida, además de una "atención específica a las situaciones de vulnerabilidad de este colectivo social ante la pandemia" debido a que "entre las personas migradas y refugiadas existe un alto riesgo de exclusión social y económica, especialmente para aquellas que carecen de documentación y redes familiares o sociales".