Chile da un paso para dejar de perseguir a las mujeres que abortan

Es uno de los pocos países en el mundo en los que la interrupción del embarazo es delito en cualquier circunstancia

El Congreso ha votado a favor de debatir la propuesta del Gobierno de permitir el aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y peligro para la vida de la mujer

Una campaña con instrucciones para abortar ha generado polémica, aunque las encuestas afirman que más del 70% de la población está de acuerdo con la despenalización

Natalia Chientaroli 05/08/2015 eldiario.es

La imagen de una joven explicando cómo tirarse por una escalera para que el aborto "parezca un accidente" causó hace unos meses una encendida polémica entre los chilenos, pero sirvió también para reavivar el debate sobre los derechos reproductivos en uno de los pocos países en el mundo en los que país interrumpir un embarazo es un delito en cualquier circunstancia. Este martes el Congreso ha dado el visto al proyecto de despenalización que Michelle Bachelet presentó en enero, y que se debatirá para su aprobación el mes próximo.

Bachelet, que ahora se enfrenta al menor grado de apoyo de un mandatario en la historia de Chile, incluyó entre sus promesas electorales que el aborto dejara de ser punible en tres supuestos: inviabilidad del feto, peligro para la vida de la mujer o violación. El proyecto se presentó, pero no lograba avanzar un ápice en el trámite parlamentario por la oposición de los sectores más conservadores.

El aborto terapéutico fue prohibido por la dictadura de Augusto Pinochet, pero desde la vuelta de la democracia ninguna iniciativa legal para restaurarlo consiguió prosperar. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más del 70% de la población chilena lo apoya en los casos previstos en el proyecto.

Aunque muy lejos de las leyes de plazos europeas, la propuesta que se debatirá en el congreso significa un enorme avance para los derechos de las mujeres en el país suramericano. Pese a que no existen cifras oficiales, el último informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, de 2012, calcula que en Chile se realizan unos 70.000 abortos clandestinos. Tampoco se sabe la cantidad de embarazos producto de violaciones.

De lo que sí hay datos oficiales es de las mujeres que ingresan en hospitales chilenos porque la gestación –de hasta 22 semanas- pone en peligro sus vidas: más de 16.500 cada año. A ellas se suman los 500 embarazos que acaban con la muerte del feto por malformaciones incompatibles con la vida.

Un camino difícil

El primer paso está dado, pero el camino de este proyecto legislativo no será fácil. Está previsto que se vote dentro de un mes, el 8 de septiembre. La derecha ha anticipado que cree que el texto vulnera la Constitución porque no garantiza el derecho a la vida de las personas no nacidas. Por eso es probable que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse sobre el tema a pedido de la oposición. "Vamos a recurrir al TC porque creemos que hoy perdió Chile. Se engañó al país porque es un proyecto que hoy legaliza el aborto libre. Las tres causales no tienen ningún argumento", ha asegurado el diputado Gustavo Hasbún (UDI).

La directora ejecutiva de Miles, la organización que lanzó la polémica campaña pro elección, hizo un llamado a los parlamentarios de la Democracia Cristiana (parte de la coalición de gobierno) para que "sean capaces de votar por un derecho que tenemos las mujeres". "Es una deuda que tiene el Parlamento y el Estado chileno", aseguró Claudia Dides.

Permiso para las menores de 14 años

De acuerdo con el proyecto, el límite para interrumpir el embarazo es de 12 semanas. Para menores de 14 años este límite se amplía a 18 semanas, ya que considera que "las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado".

Las menores necesitarán un permiso paterno. "No obstante, es importante darle un legítimo espacio de discernimiento y opinión a la menor. Por ello en caso de diferencias con sus representantes se establece la posibilidad de la menor de acceder al juez de familia para obtener su pronunciamiento".

En el caso de una violación se podrá prescindir de esa autorización. "El drama de la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes suele ejercerse dentro de su propio círculo familiar", explica el texto.

El proyecto también regula la objeción de conciencia, a la que puede acogerse cualquier profesional, pero con la obligación de derivar a la mujer a otro colega que no ejerza esa objeción.

En el marco de la campaña "Apoyamos#Abortoen3causales, una exministra chilena Laura Albornoz (DC) reveló que se había practicado un aborto. "Yo viví un aborto. No es justo, no es legítimo que voces que se creen superiores a las mujeres vengan a decirnos cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que pensar, cómo tenemos actuar", declaró Albornoz.