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Anatomía de un fracaso: las ordenanzas locales no eliminan la prostitución, sólo la alejan un poco

Miércoles 9 de julio de 2014

Patricia Rodríguez Pagés / 7 jul 201 eldiario.es

Valentín Marquéz lleva más de 20 años ayudando a mujeres víctimas de la prostitución. Trabaja en Médicos del Mundo Andalucía. Ha visto muchas cosas en estas dos décadas, pero al narrar la situación en la que viven las mujeres que ejercen la prostitución en Almería hace una mueca: “La explotación sexual de las subsaharianas es muy fuerte, porque se produce en el entorno de los invernaderos, en cortijos abandonados, se trata de prostitución entre los propios inmigrantes… con mucha violencia, muy denigrante. Es una realidad muy fuerte. Lo que sucede en Almería no tiene nada que ver con lo que sucede en el resto de Andalucía”. La prostitución, ese fenómeno alegal que condena a la clandestinidad y a la marginación a miles de mujeres y al que ningún gobierno se ha atrevido a hacerle frente, mueve en España más de 2.500 millones de euros al año, según un estudio de la Universidad de Valencia. España se plantea ahora incorporar la economía ilegal a la Contabilidad Nacional. Todos estos cambios podrían hacer que el PIB de España aumente entre un 1 y un 2%. La propia Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado presentaba hace unos días una propuesta de reforma fiscal que abogaba, entre otras cosas, por abrir un debate público para legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas y aumentar así la recaudación. Medidas, sólo para recaudar. Poco más.

Hace unos años, fueron varios ayuntamientos los que decidieron “regular” la prostitución. En Andalucía, los consistorios de Málaga, Granada y Sevilla se arremangaron para hacer algo por esas mujeres: la mayoría inmigrantes, muchas sin papeles, ninguna con recursos económicos. Sin embargo, sólo Sevilla dio el paso para tratar el fenómeno como un problema de derechos humanos y el ayuntamiento elaboró en 2010 un plan que tenía como eje apoyar a esas mujeres, sacarlas de la calle y ofrecerles una oportunidad. Málaga y Granada enmarcaron la prostitución como un problema de convivencia y optaron por multarlas, perseguirlas en definitiva. Cinco años después, ninguna de estas ordenanzas ha borrado la prostitución de las calles, y sí ha invisibilizando la ya de por sí complicada vida de estas mujeres.

Desde 2009, sólo estas tres capitales de provincia han intentado regular la prostitución. A ellas se han unido otros cinco municipios de más de 50.000 habitantes, como El Ejido, Marbella, Estepona, Algeciras y el Puerto, donde hace unas semanas un grupo de prostitutas se manifestaron frente al ayuntamiento. Presentaron alegaciones a las multas -de hasta 3.000 euros-, con la ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. “Han multado a 10 ó 15 mujeres de un colectivo que no llega a 25. En El Puerto la prostitución no es un problema social”, criticaba la portavoz de la ONG en la zona, Talía Ardana.

“Las ordenanzas que persiguen a las prostitutas tienen una finalidad cosmética para que una actividad así sea invisibilizada. Por eso no intervienen en los clubes y sí en la calle, cuando sabemos que hay clubes que tienen hasta 100 mujeres”, afirma rotundo Valentín Vázquez. Su organización, Médicos del Mundo Andalucía, es muy crítica con esta medida que sólo penaliza y revictimiza. Junto al Colegio de Abogados de Málaga, también han recurrido todas las multas que el ayuntamiento malagueño les impone desde 2010. No contentos, el consistorio también empezó a multarlas por desobediencia: “Cuando las veían dos veces, les advertían de que no habían obedecido a la autoridad y volvían a multarlas. Esto fue paralizado por la fiscalía”, explica Márquez. La La fiscal delegada de violencia contra la mujer y contra la discriminación de género en Andalucía, Flor de Torres, aseguró entonces que la ordenanza dificultaba la lucha contra la trata porque las mujeres dejaban de confiar en la policía y las mafias se aprovechan de ello.

En 2013, el Ayuntamiento decidió modificar la ordenanza e introdujo la posibilidad de que las prostitutas conmutaran la sanción participando en cursos de formación. Ninguna se acogió a esta opción el año pasado, según confirma el propio ayuntamiento, que no ha ofrecido a andalucesdiario.es información sobre qué tipo de cursos proponían. Tanto ésta como la ordenanza de Granada fueron recurridas por la asociación andaluza de abogados y juristas Grupo 17 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por considerar que estas normas eran “contraria” a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y vulneraban derechos fundamentales.

LOS DATOS

Según los datos remitidos por el Ayuntamiento de Málaga, durante 2013, la policía impuso un total de 1.348 actas de denuncia. De ellas, 139 fueron dirigidas a clientes por solicitar servicios sexuales en la calle, 306 por realizar sexo -el ayuntamiento no aclara si se multó por igual a prostituta y a cliente- y, finalmente, un total de 903 denuncias fueron a parar a las prostitutas por ofrecer servicios sexuales. “Es más sencillo multar el ofrecimiento que el acto de solicitar un servicio”, afirma una fuente del consistorio que minimiza el número de multas a mujeres insistiendo en que, al final, “no es un 50% cliente y un 50% prostituta, pero sí un 40-60″. “Si quisiéramos denunciarlas todos los días lo haríamos, porque siempre están ahí”, concluye.

En lo que va de 2014, las cifras ascienden a 586 denuncias: 169 por realizar sexo en la calle, 48 por solicitar sexto (multas a clientes) y 364 denuncias a mujeres que ofrecían servicios sexuales en la calle. “El objetivo no es perseguir a estas mujeres sino todo lo contrario”, insiste el consistorio malagueño.

Desde Médicos del Mundo aseguran que su organización atendió en las calles de Málaga a 339 personas en 2012 y a 268 en 2013, y confirman que la norma sí ha funcionado, sobre todo, a la hora de espantar a los clientes. Las multas a las mujeres, como reflejan los datos, siguen produciéndose y la ONG continúa recurriéndolas.

Respecto a los datos de Granada, tras varias peticiones de información, desde el gabinete de prensa del consistorio, se limitaron a asegurar que “el tema [la prostitución] está zanjado en la calle. No existe prostitución en la calle”, dijeron tras afirmar que durante 2014 sólo se habían producido dos denuncias. No aclaró si a clientes o prostitutas: “La delegada me ha traslado que son solo dos denuncias y que el tema está zanjado”. Esta fue la valoración que el ayuntamiento granadino daba al balance sobre el funcionamiento de la ordenanza puesta en marcha en 2009. Granada fue la primera ciudad andaluza que creaba una medida específica para la prostitución, pero poco más se conoce.

Para Valentín Márquez, este tipo de normas sólo perjudica a las mujeres: “Obviamente se tienen que esconder porque lo que hacen estas ordenanzas sancionadoras es clandestinizar la actividad y, por tanto, hacerla más insegura, porque la mujer tiene que negociar con el cliente en sitios más ocultos y puede ser más conflictivo”.

¿TAN POCO VALES QUE TIENES QUE PAGAR?

El impacto de aquella campaña cubrió las expectativas del Ayuntamiento de Sevilla. Una mujer adelanta a un hombre, que saca la cartera del bolsillo trasero del pantalón: “¿Tan poco vales que tienes que pagar? La prostitución existe porque tú pagas. El precio incluye: humillación, vejación y violencia”. La campaña contra la prostitución que impulsó el consistorio hispalense en 2008 no dejó indiferente a nadie. Por primera vez, el punto de mira era el cliente, al que se le interpelaba directamente. Sevilla iniciaba así una serie de medidas dirigidas a penalizar al cliente y a visibilizar a las prostitutas como mujeres víctimas.

Colectivos como la Comisión para la Investigación para los Malos Tratos -dedicada también a atender a estas mujeres en la calle- y Médicos del Mundo Andalucía han valorado muy positivamente el paso dado entonces por el Ayuntamiento, que culminó en 201o con la creación del Plan de Acción Integral para promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual (2010-2015). Este plan incluía una ordenanza que sancionaba sólo al cliente con entre 750 y 3.000 euros e incluía la revocación de licencias a los clubes de alterne.

Pero la realidad es que, desde la aprobación de la ordenanza en 2010, se impusieron 169 denuncias a clientes que sólo 72 acabaron en multa. De ellas, 35 personas finalizaron el pago de manera voluntaria. En 2013, se pusieron 52 denuncias, 13 acabaron multa y sólo se abonaron cinco.

“Sevilla persigue sólo a los clientes en la línea abolicionista de perseguir la demanda para reducir la oferta. El problema es que ojalá fuera así”, afirma Valentín Márquez, que asegura que en 2013 atendieron a unas 684 mujeres, 141 ejercían la prostitución en la calle. Márquez explica que en 2012 fueron 144 las mujeres que recibieron apoyo de la ONG, una diferencia ínfima que justifica su crítica: “El plan de Sevilla tiene iniciativas muy interesantes, pero al final, ¿cuál es el impacto sobre las mujeres? Las mujeres no lo notan. Hay mucho trabajo de sensibilización, se trabaja en institutos, están las multas a clientes -parte de ese dinero se ha destinado a programas para estas personas- pero, después, el fomento del empleo, el acceso a una vivienda… el hecho de cubrir las necesidades básicas no lo cubre el plan. Y las mujeres de lo que se quejan es de que si les quitan a los clientes de qué comen… porque mujeres a las que se le haya concedido una vivienda, un empleo y ayudas sociales se pueden contar con los dedos de una mano”.

El plan sevillano abarca todo tipo de medidas: desde formación a programas de atención integral que hacen especial hincapié en formación para el empleo, a través de convenios con diferentes colectivos. El año pasado destinaron casi 400.000 euros a este fin, según datos del consistorio. El Ayuntamiento atendió, además, a 222 mujeres drogodependientes y víctimas de trata , a través de un programa específico de reducción de daños, y puso en marcha diferentes iniciativas para evitar el riesgo de prostitución en mujeres de zonas deprimidas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla, que aportó este informe sobre el balance 2013, no respondió, sin embargo, a la petición de realizar una valoración del funcionamiento real del plan y de la actual situación de la prostitución en Sevilla.

“Se debe invertir en medidas que desarrollen una discriminación positiva hacia estas mujeres, que les facilite el acceso a medidas sociales, al empleo, lo que supondría, además, un cambio de legislación, por ejemplo de la Ley de Extranjería… y es muy complicado”, advierte Márquez. El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son inmigrantes y, según Médicos del Mundos, entorno al 20-30% no tienen papeles, por lo que es imposible que accedan a un empleo.

Para los colectivos es complicado que un fenómeno de tanto calado tenga solución a corto plazo y con medidas incipientes como las puestas en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla. “Esto no se va a solucionar porque es un tema estructural. Estamos dentro de un sistema capitalista, que sigue marginando a la mujer y donde, al final, la salida económica de muchas es esta porque existe la demanda de sexo entre los hombres”, dice Márquez. “Hay que cambiar a la sociedad, la cultura, y eso es difícil”.

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