Aborto: “Es como si te llevaran al matadero”

Lucía F. Vargas 29/12/2021 Pikara

Tres mujeres relatan cómo ha sido tener que enfrentarse a un comité clínico hospitalario para interrumpir su embarazo de más de 22 semanas.

Ilustración: Quan Zhou

Cuando a Maite Álvarez, de 32 años, el médico le dijo que el bebé que esperaba tenía una malformación grave, ella y su pareja no supieron qué hacer. El diagnóstico llegaba tarde. Muy tarde. Álvarez estaba ya de 31 semanas, lejos de las 14 que la ley vigente, de 2010, permite para la interrupción voluntaria del embarazo, y lejos también de las 22 semanas que marca como límite para la interrupción del embarazo en el caso de riesgo vital para la madre o anomalías en el feto. Pero la ecografía era clara y el pronóstico era grave. Nadie les había mencionado antes que hubiera algún problema con su bebé.

En estos casos deben darse “anomalías fetales incompatibles con la vida y que así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico hospitalario”, explica la abogada de la organización por los derechos de las mujeres Women’s Link y experta en restricciones al derecho del aborto, Estefanny Molina Martínez.

En las pruebas posteriores los médicos confirmaron a Maite Álvarez que su bebé tenía lisencefalia, una enfermedad rara que hace que el cerebro sea casi liso debido a una malformación severa del córtex cerebral, que es resultado de un fallo de la migración neuronal entre el tercer y cuarto mes de gestación. Un nombre enrevesado para explicar que el cerebro de la niña que esperaban carecía de cisuras y circunvoluciones, con lo que nacería con diversidad intelectual y padecería durante toda su vida severísimos problemas de epilepsia. Una patología grave en todos los casos.

La detección tardía no es una excepción. La mitad de las malformaciones en el feto se diagnostican pasadas las 22 semanas de gestación, según un estudio del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Quedan, por tanto, fuera del supuesto de aborto por malformaciones.

Si Álvarez quería interrumpir su embarazo, tenía que acudir a un comité clínico. Este tiene como función confirmar que el feto presenta anomalías graves, incurables o incompatibles con la vida. Molina dice que cada comunidad autónoma debe disponer de, al menos, uno de estos comités, que está formado por un equipo de dos profesionales especialistas en ginecología y obstetricia o en diagnóstico prenatal y alguien de pediatría. Además, los nombres del comité tienen que estar publicados en los boletines oficiales de cada comunidad. Women’s Link lleva tiempo denunciando que la normativa no siempre se cumple, pues a veces estos no aparecen publicados en estos documentos ni están convenientemente actualizados.

Existen, además, ciertos derechos que asisten a las mujeres en estos casos que en ocasiones se desconocen. “Nunca me manifestaron que yo podía escoger a un miembro del comité”, explica Álvarez, una potestad que asiste a todas las embarazadas que deben pasar por este tribunal. Tampoco supo nunca quién tomó la decisión sobre su embarazo, sobre su cuerpo. El veredicto, emitido por un tribunal secreto, se demoró cinco días. Finalmente, luz verde: el comité consideró que la malformación era lo suficientemente grave como para que Álvarez pudiera decidir sobre su propio proceso de gestación.

Este fue solo el comienzo de una verdadera odisea. Cuando el pasado mes de mayo llegó al Hospital de Málaga para practicarse el aborto, se topó con una noticia sorprendente: absolutamente todos los médicos del centro, de titularidad pública, se han declarado objetores de conciencia. Como consecuencia, aunque a Álvarez le asiste, como a todas las mujeres en España, el derecho al aborto, el hospital de su ciudad natal se lo negó. La derivaron a una clínica privada de Sevilla, a 200 kilómetros.

Álvarez tuvo que cubrir esta distancia en coche para personarse en la ciudad hispalense, que pararan el corazón de su bebé y, con el feto ya sin vida todavía dentro de ella, recorrer 200 kilómetros de vuelta para, esta vez sí, que el hospital público de Málaga lo sacara. Todos los gastos de los desplazamientos corrieron a cargo de ella, aunque por ley podría reclamar el dinero y le deberían haber informado de que es así. “Tuve que pasar un día con mi bebé muerto en el útero”, relata entre lágrimas. A día de hoy, cuando recuerda lo que vivió, le tiembla la voz: “A mí esto me pareció inhumano. Es como ir al matadero”, afirma.

El suyo no es un caso aislado. Las mujeres que quieren llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) están hoy, en algunas comunidades autónomas, condenadas a peregrinar por toda su comunidad en busca de una clínica que practique una intervención a la que tienen derecho pero de la que muchos profesionales prefieren no saber nada.

No todas corren con la misma suerte. A algunas, el comité clínico hospitalario les niega el derecho de interrumpir su embarazo y les toca viajar a países como Francia o Bélgica. Allí no existe límite de plazo en caso de malformaciones graves. Este fue el caso de Mar García, de 31 años. Hace un año se quedó embarazada. A las 24 semanas, su ginecóloga de la sanidad privada detectó una malformación en el cerebro del bebé. García fue derivada a la sanidad pública, en donde le dijeron que su hijo tenía hidrocefalia, acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro.

El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro haciendo que la esperanza de vida de una persona con esta enfermedad sea de menos de un año. Después supo que el pronóstico era incluso más grave de lo que le habían dicho inicialmente. En ese momento decidió que quería interrumpir su embarazo en Andalucía. Al tener más de 22 semanas de gestación, le tocó pasar por el comité clínico. Este denegó su petición. Sin explicaciones. “Solo me mandaron un correo declarándome rechazada”, relata García. Estaba desesperada.

Ante este panorama, empezó a llamar a todos los hospitales de España para ver si alguno podría darle una segunda opinión o le abría una puerta a algo parecido a una solución. En todas partes la misma respuesta: no era posible.

Siguiendo el consejo de una conocida, empezó a buscar hospitales en el exterior. En unos días, consiguió cita para interrumpir su embarazo en Bélgica. “Me tocó esconder mi barriga de 32 semanas, porque si no, no me dejaban subir al avión”, cuenta. “Me sentí una criminal, como si estuviera haciendo algo ilegal, fue una experiencia muy traumática”, recuerda.

La lista de mujeres perjudicadas por este sistema suma y sigue. Women’s Link demandó, en 2017 al Servicio Murciano de Salud por las vulneraciones de los derechos de Antonia, una mujer a la que durante casi cuatro semanas el servicio público de salud negó información sobre la grave incompatibilidad con la vida extrauterina que sufría su feto en el 2014.

Esta vulneración del derecho a la información, junto a la discriminación que sufrió en el hospital público Santa Lucía de Cartagena, impidió que pudiera abortar de forma digna y le ocasionó graves daños físicos y psicológicos. Además, Antonia tuvo que desplazarse a Madrid por sus propios medios para poder interrumpir su embarazo porque ningún hospital público de Murcia quiso realizarlo.

La organización, en representación de Antonia, interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Servicio Murciano de Salud. Con ella, buscaba conseguir que el Estado establezca medidas que garanticen el acceso al aborto digno para todas las mujeres en España para que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo mismo. Por ahora, el límite de plazo sigue vigente en España.