978 muertes en la frontera Sur: Caminando Fronteras presenta su primer balance de un 2022 marcado por la masacre de Melilla

De la negación de auxilio en el mar a la violencia letal ejercida en la valla de Melilla, el colectivo reporta casi mil muertes de personas migrantes en el primer semestre de 2022, en el contexto de la mejora de las relaciones entre España y Marruecos y las consecuencias de este entendimiento en las vidas de las personas migrantes.

Un hombre tratando de saltar. JAVIER BERNARD

Redacción El Salto 21 JUL 2022

La normalización de la muerte en el tránsito migratorio, tanto en la narrativa del control de fronteras como en las prácticas y políticas migratorias, es el proceso que el colectivo Caminando Fronteras pone en evidencia en su Monitoreo Derecho a la Vida, dedicado al primer semestre de 2022, seis meses que se han cerrado con la masacre de Melilla el pasado 24 de junio, a la que el documento le dedica un amplio y documentado espacio. El informe es un trabajo del Observatorio de la Frontera Occidental EuroAfricana, que Caminando Fronteras creó en 2015, y que año a año hace una fotografía de la mortalidad en las rutas que atraviesan tanto el Maditerráneo occidental (Estrecho, Alborán, Argelia) como del Atlántico (Canarias); incluyendo asimismo las víctimas en las vallas de Ceuta y Melilla.

“La militarización del control migratorio ha ido escalando en la aplicación de acciones que atacan de forma sistemática los derechos humanos de las personas migrantes”, señalan en el informe, las 978 víctimas registradas por el propio colectivo, dan muestra de ello. Una militarización que este año ha sido fortalecida por el contexto: la guerra en Ucrania, recuerdan, ha desatado un ánimo belicista en el que Europa, y una OTAN revitalizada se hallan inmersas, una atmósfera que tendrá efectos sobre el control de fronteras.

El monitoreo de Caminando Fronteras profundiza en las violencias ejercidas contra las personas en movimiento como un proceso continuado, y en el análisis de las diversas herramientas a través de las cuales se vulnera cotidianamente su derecho a la vida. “ Su memoria tiene que seguir presente e iluminar un camino que nos lleve a la verdad, reparación, justicia y no repetición”, expresa el colectivo.

De las casi mil muertes registradas, 118 corresponden a mujeres y 41 a niñas y niños. El informe trasciende las cifras y reconstruye, a través de testimonios de familiares o supervivientes que vieron morir a sus compañeros de camino, las historias de muchas de estas personas que vieron su vida truncada ante la Fortaleza Europa. Recoge sobre todo la angustia de los allegados de quienes desaparecieron en el mar, y buscan desesperadamente una pista que alimente su esperanza o les permita hacer su duelo.

Testimonios como el de la hermana de una mujer costamarfileña, que enferma de VIH decidió partir para curarse: “Decía si me curo os ayudaré mucho. Iba a Francia”, preguntando sobre la desaparición de su embarcación en el mar, y asumiendo que ha de comunicar a su madre la noticia. O como el del padre de un chico tras el naufragio de un grupo de jóvenes que procedían del mismo pequeño pueblo maliense. “Nos hemos quedado sin jóvenes, algunos padres han hecho una ceremonia, han comenzado el duelo”. Son algunos de los relatos que dan cuenta de cómo la necropolítica se ceba con quienes deciden partir y sus entornos.

El informe da la señal de alarma de cómo la violencia sexual es una amenaza que las mujeres en tránsito han de afrontar en múltiples formas y ejercida por múltiples actores, destacando cómo esta forma de violencia ha penetrado en las prácticas mismas del control migratorio: “se ha convertido en una de las herramientas para causar dolor, para castigar desde las instituciones a las mujeres que se mueven”. Muchas mujeres viajan con sus hijas e hijos. La necropolítica no es piadosa hacia la infancia, y el miedo a perder a sus niñas y niños atraviesa a estas madres. El colectivo denuncia cómo la infancia y adolescencia en movimiento se ve despojada de sus derechos tras ser etiquetada como migrante o como MENA: mientras chicas y chicos son estigmatizados, los más pequeños y pequeñas pueden ser separados de sus madres.

“No pude cruzar con ella, nos separaron a pie de playa, de noche, es como si me arrancaran una parte de mi”. Una madre es apartada de su hija en el tránsito a Canarias. La niña es embarcada y llega sana y salva al archipiélago, mientras que la madre no conseguirá cruzar hasta seis meses después. Una vez en territorio español la maquinaria del racismo institucional le pone todo tipo de trabas para recuperar a su hija, algo que logra con ayuda, ante un sistema que la considera, denuncia en su testimonio “una mala madre”.

Un chico camerunés de solo 15 años, ve a su mejor amigo, a su compañero de vida, morir en el océano. Habían partido juntos desde Duala, hijos de familias empobrecidas, condenados a buscarse la vida como pudieran. Un número más de las casi mil muertes documentadas durante un semestre que dejó 306 víctimas solo en enero, y que tras descender a 21 en febrero volvió a ascender, de manera no líneal, mes a mes, hasta llegar a 290 muertes el pasado mes.

“No hay meses sin muertes, pensarlo así da miedo. La frontera no da tregua, el riesgo está presente de forma permanente. Basta con moverse para que el derecho a la vida se ponga en jaque”, denuncia el colectivo en el informe, que un año más constata la peligrosidad de la ruta canaria en la que la gran mayoría, 800 personas, perdieron la vida. 101 personas murieron en la ruta desde Argelia, 35 en la ruta de Alborán, y dos intentando cruzar el estrecho.

No es solo la dureza del océano y sus corrientes la que hace de la ruta canaria la más letal: está la precariedad de las embarcaciones, pero también la complejidad de las relaciones entre los estados que dificulta una coordinación eficaz de los rescates. El informe incluye datos de varios naufragios que se produjeron después de que las víctimas esperaran ayuda durante horas en el océano, aún cuando se había reportado su situación ante las autoridades. Señala tanto “indolencia del rescate” por parte de Marruecos como por parte del servicio español con demoras en la reacción que tienen como consecuencia: “llegar demasiado tarde”.

En este “llegar demasiado tarde”, las personas mueren y sus cuerpos se pierden en el mar. En la ruta desde Argelia, la información es todavía menor, y la angustia a la que se enfrentan los familiares se encuentra con el silencio de las instituciones. “Son muy pocos los cuerpos que se recuperan: el 87,83% de las víctimas desaparecen en el mar. Esto deja a sus familias sin elementos para constatar su muerte”.

La desaparición de embarcaciones enteras, muriendo todas las personas en tránsito, hurta a las familias no solo de los cuerpos, si no también de saber qué pasó con sus seres queridos. “No tienen la información de personas supervivientes que en muchas ocasiones es clave para que los familiares puedan hacer el duelo aunque no esté el cuerpo”. La organización registró 28 naufragios en la ruta canaria, 11 en la ruta argelina, tres en el mar de Alborán, y dos en el Estrecho.

¿Qué motivó a estas personas a emprender ruta poniendo en riesgo sus vidas? es una de las preguntas fundamentales de Caminando Fronteras que intenta entender los factores de expulsión que empujaron a personas procedentes de 23 países, algunas desde el Magreb, otras desde lugares tan lejanos como Bangladesh, Etiopía, República Democrática del Congo, Sri Lanka o Yemen. Guerras, extractivismo neocolonial, subida del coste de la vida, desempleo, pérdida de medios de vida como consecuencia del cambio climático, carencia de perspectivas de futuro están entre las principales causas para estos desplazamientos. También las violencias que sufren las personas en su vida por su género o su orientación sexual, o por su actividad en política o en defensa de los derechos humanos, fueron la causa de que muchas de ellas decidieran dejar sus países.

Marruecos: un infierno para las personas migrantes

Conflictos en sus países de origen, persecución política, empobrecimiento, todas estas razones previamente enumeradas son las que llevaron a las cuarenta personas que murieron en Melilla el pasado 24 de junio, a intentar saltar la valla. No era la primera vez que morían personas en las fronteras terrestres como resultado de la violencia policial, las muertes en Melilla en el 2005, cuando las personas eran repelidas hasta con fuego real, o los hechos de El Tarajal en 2014 son los precedentes que señalan desde el colectivo.

Desde Caminado Fronteras argumentan que las buenas relaciones actuales entre Marruecos y España (rubricadas en un nuevo acuerdo este año) son fatales para el derecho a la vida de las personas migrantes. Avalan violencias que no solo se producen en las fronteras, como se pudo ver en la valla de Melilla aquel viernes de junio cuando los gendarmes marroquíes se emplearon a fondo para derribar a golpes o con gases lacrimógenos, a las personas que intentaban saltar la valla, prosiguiendo con sus violencias cuando ya estaban en el suelo, y dejándolas gravemente heridas, apiladas bajo el sol, durante horas: “Si llorabas, seguían pegándote. En cambio, si te hacías el muerto, te dejaban en paz”, explicaba un superviviente de la masacre.

Testigos indiferentes de los abusos al otro lado de la frontera, colaboradores necesarios que permitieron que la gendarmería marroquí se llevara a las personas migrantes de vuelta a Marruecos cuandon ya estaban en territorio español, agentes necesarios para la devolución en caliente de muchas de estas personas, las fuerzas de seguridad españolas también han sido señaladas en unos hechos que filmados y visibilizados han estremecido a la sociedad civil y motivado la denuncia de múltiples actores. Pero, ¿qué pasa del otro lado de la frontera, cómo trata Marruecos a las personas migrantes en ciudades como Nador, Tánger, Tetuán, Agadir, Rabat, Laayoune, Dakhla, Oujda, Beni Mellal y Taza.

“Respecto a estos seis meses del año, la militarización ha sido determinada por el nuevo acuerdo entre el estado español y Marruecos, donde se han intercambiado reconocimientos de intereses territoriales y dotaciones económicas en contraprestación al bloqueo y represión de las personas en movimiento”, denuncian desde el colectivo: detenciones arbitrarias e ilegales, detenciones forzosas en infraestructuras ajenas al Ministerio de Interior, con la consiguiente indefensión administrativa de las personas. Arrestos masivos, colaboración de personal de la administración pública en centros educativos, hospitales, etc en la persecución de las personas migrantes... El marco represivo migratorio se ha ampliado a cada vez más territorios implicando diversidad de actores.

Un marco represivo caracterizado por el uso sistemático de la violencia y la ausencia de límites en el daño ejercido por las fuerzas de seguridad. Una violencia especialmente intensa en las redadas en los asentamientos informales: “usando despliegues militares que utilizan el bloqueo al acceso al agua y a la comida como forma de tortura”, denuncian en el informe, señalando así mismo cómo, “las fuerzas de seguridad se acompañan de grupos criminales locales que terminan de robar y hacer tierra quemada cuando se retiran los militares con las personas migrantes detenidas”. Caminando fronteras apunta también a cómo el ejército hace uso de la violencia sexual contra las mujeres durante estas redadas, usando otras formas de violencia específica contra ellas, como exponerlas desnudas, o separarlas de sus hijas e hijos.

Un régimen de terror para las personas migrantes que se nutre de la discriminación racial y que afecta también a las personas negras que residen legalmente en el país, mientras para aquellos que se encuentran en situación irregular avala violaciones de los derechos humanos como las expulsiones colectivas a ciudades alejadas de la frontera, o incluso a la frontera con Argelia, en pleno conflicto con el país, exponiendo a las personas migrantes a violencias por parte de ambos ejércitos, y usando sus vidas como “moneda de cambio y presión en medio del conflicto territorial de ambos países”.

Mientras, defensoras de los derechos de las personas migrantes son criminalizadas, y el discurso a favor de la población en tránsito, así como las denuncias por las violencias que reciben, son vigilados y perseguidos. Una presión sobre las organizaciones y redes de ayuda que dejan más solas y expuestas a la violencia a las personas migrantes.

Este contexto violento y represivo se concreta en las vallas de Ceuta y Melilla donde la organización ha documentado en los últimos seis meses el uso sistemático de la fuerza. “El control migratorio en las vallas de Ceuta y Melilla se efectúa a través de instrumentos militares. Se ha constatado el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y balas de fuego real”. Las devoluciones en caliente —que implicaron la violación al derecho de asilo, afectando a personas susceptibles de recibir protección internacional—, o las expulsiones colectivas y los desplazamientos forzosos, fueron las distintas manifestaciones de la Europa Fortaleza con las que estas personas toparon al intentar superar la frontera sur a través de las vallas de Ceuta y Melilla.

La masacre de Melilla

Las personas que el 24 de junio corrieron hacia las vallas para jugársela y saltar a Europa escapaban también del marco de persecución en Marruecos descrito más arriba. Un marco que había adquirido especial virulencia en los dos meses previos, según denuncia Caminado Fronteras, en una situación calificada por el colectivo como “ratonera”. “Los asentamientos en el bosque se habían convertido en un espacio de guerra desde el mes de mayo. Las incursiones militares se repetían dos o tres veces por semana usando cada vez estrategias más agresivas y empleando más materiales bélicos que aumentaban el daño que se producía durante las redadas”, describen. Cercos militares, gases esparcidos por helicópteros, persecuciones y una política de tierra quemada tenían a las personas migrantes al límite antes de optar por el salto colectivo, según los testimonios que forman parte de la investigación, palabras que relacionaban los ataques de Marruecos con las guerras de las que muchos huían.

Redadas y persecuciones —apoyadas en el uso de drones— fueron desplazando a las personas migrantes hacia la ciudad de Melilla y sus alrededores, volviendo la situación “insostenible”. Una de estas redadas, el día 7 de junio, dejó a cuatro refugiados sudaneses heridos. “Les rompieron el cuerpo”, es el testimonio que recoge el colectivo. La semana previa a el salto fue especialmente violenta, con cientos de militares acosando a las personas migrantes, decenas de heridos y hasta un incendio en el bosque que puso en riesgo la vida de los refugiados. El día anterior, las personas migrantes recibieron un ultimátum para marcharse. Fue cuando colectivamente decidieron saltar la valla: eran unas 1800. El 80% eran sudaneses. También había personas procedentes de Sudán del Sur, Mali, Chad, Mali, Camerún, Nigeria, Níger, Senegal, Burkina, Guinea Conakry, Liberia o Yemen.

“Habían logrado hacerse con una sierra mecánica y unas tijeras para cortar metal y con ellas decidieron forzar una de las puertas de la valla y que nadie quedase atrás a merced de nuevo de los ataques militares. Eran conscientes de que muchos estaban al límite de sus fuerzas físicas y no tendrían la energía de superar saltando el muro de seis metros”, explica el informe. Durante toda la mañana se dieron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, bien armadas y equipadas, y los refugiados, llevando algunos de ellos piedras y palos. El intento de atravesar la valla cortándola solo sirvió para unas pocas personas, quedando el resto rodeadas por la policía marroquí, mientras intentaban desesperadamente trepar para llegar al otro lado. El encierro, las caídas desde lo alto, la denegación de ayuda y los golpes de la gendarmería marroquí dejaron 40 víctimas.

Tras horas bajo el sol, sin recibir asistencia médica, algunas personas heridas fueron trasladadas a hospitales en Nador y Oujda, impidiendo las autoridades el acceso a las instalaciones a familiares y organizaciones de derechos humanos. Las preguntas sin resolver sobre los hechos del 24J son muchas, y múltiples las demandas de una investigación que aporte claridad sobre lo sucedido aquel día, y señale a los responsables. A espera de que dichas investigaciones se concreten, recuerda el colectivo, quienes sí han tenido que responder ante la justicia son las propias personas migrantes: 75 personas fueron imputadas por los sucesos del 23 y 24 de junio, una parte de ellos, acusados de delitos graves, se enfrenta hasta 20 años de pena. A los demás se les acusa de facilitar el tránsito clandestino de personas migrantes.

Aunque son 40 (37 en la valla y tres posteriores en los hospitales) las víctimas confirmadas por el colectivo, los testimonios hablan de hasta 62 muertos. Las autoridades marroquíes no han permitido el acceso a las víctimas ni su identificación, tampoco hay constancia de pericias forenses que permitiesen conocer las causas de las muertes, violándose no solo el derecho a la vida de estas personas si no también “los derechos que asisten a las personas muertas y sus familias: ser identificadas, saber la verdad sobre las causas de las muertes, ser enterradas con dignidad”.

La deshumanización de estas personas se inscribe en un marco narrativo en el que autoridades y medios de comunicación han contribuido, denuncia el colectivo, a presentarlos como una masa, invisibilizando las causas de su movimiento y desdibujando su individualidad. Una estrategia discursiva mantenida a ambos lados de la frontera y que induce a Caminado Fronteras a plantear una posibilidad inquietante: “Nos preguntamos si la masacre de la frontera entre Nador y Melilla supone un paso importante de la normalización de estrategias militares violentas ejecutadas de forma conjunta por fuerzas marroquíes y del estado español”.