12.000 mujeres denuncian violencia machista al mes

El Consejo General del Poder Judicial ha registrado 38.400 denuncias, en las que aparecen 36.000 mujeres, entre junio y septiembre de este año

Los juzgados han concedido el 59% de las órdenes de protección solicitadas, han denegado el 37% y han inadmitido el 4%

Solo este fin de semana dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y se ha detenido a otro hombre como presunto autor de un tercer caso

Marta Borraz 19/12/2016 eldiario.es

12.000 mujeres cada mes denuncian sufrir violencia de género. Son los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que apuntan a que 36.000 han puesto en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los juzgados que son maltratadas por sus parejas o exparejas entre julio y septiembre de este año. Es el número de mujeres que aparece en las 38.400 denuncias registradas.

La cifra se ha incrementado con respecto al mismo periodo de 2015, cuando se interpusieron 33.700 denuncias. Un periodo en el que 32.400 mujeres aparecían como víctimas de violencia machista. Destacan por encima de la media nacional (15,2) Baleares (29,6) y Canarias (23,1) en cuanto a la tasa de víctimas por cada 10.000 habitantes. La ratio más baja se da en La Rioja (7).

Respecto a quién presentó la denuncia, en algo más de un 68% de las veces fue la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención de la policía se sitúan en el 17% y las presentadas por familiares representaron un 1,31%.

La mayoría de mujeres maltratadas no denuncian a sus agresores – solo lo hace un 28,6%, según la Macroencuesta de 2015 realizada por el Ministerio de Sanidad–. Es el mensaje más repetido por las instituciones, pero este año un 40% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor.

Los datos oficiales sitúan el número de casos desde el primer día de 2016 en 40, que podría incrementarse hasta los 48 de confirmarse los ocho casos que se encuentran en investigación. Solo este fin de semana un hombre ha confesado haber asesinado a su pareja en Tarragona, ha muerto una mujer en Santiago de Compostela a la que su expareja apuñaló el pasado viernes y han detenido a la expareja de una mujer en Vigo, asesinada al regresar de una cena de empresa.

Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ apuntan a que también se ha incrementado el número de sentencias condenatorias, por cuarto trimestre consecutivo. De cada diez juicios celebrados, siete acaban en condena, un 69,5% del total de sentencias dictadas (10.570) frente al 64,1% del año pasado. En estos tres meses se han dictado 7.344 sentencias condenatorias y 3.226 absolutorias.

Un 37% de órdenes de protección denegadas

Entre julio y septiembre de 2016, 4800 mujeres que habían denunciado renunciaron a declarar contra su maltratador y se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar. El porcentaje se sitúa en el 13% de los casos. Son cada vez más las voces que piden una reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma que permite esta dispensa para que no sean eximidas.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados, el 59% de las 11.500 solicitadas fueron adoptadas, pero los jueces y juezas denegaron el 37% y han inadmitido el 4% por no concurrir los requisitos formales para solicitarla. Los datos acumulados entre 2010 y 2015 dibujan un escenario desigual relativo a la concensión de órdenes de protección. En el partido judicial de Barcelona, por ejemplo, se ha denegado el 80% de las órdenes, mientras que en Cartagena solo se ha hecho con el 4%.

La cifra experimenta variaciones si nos referimos a otras medidas de protección contenidas en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como las órdenes de alejamiento impuestas al agresor. Este tipo de medidas se han adoptado en un 78% de los casos en los que se había solicitado, se han denegado en un 22% y se han inadmitido un 1% de las mismas.

En este periodo se han dictado 4.000 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 30,6% lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 24,5% resolvieron la atribución de la vivienda. En un 7% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 5% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.