IMPUTADOS
POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DENUNCIAN MONTAJE PARA INCRIMINAR
A MAPUCHE
Antecedentes
Angélica
Ñancupil y su pareja José Llanquileo, fueron detenidos el día
4 de diciembre del 2002, en la vivienda que arrendaban en el sector Pedro
de Valdivia de Temuco.
A ambos se les
acusó de pertenecer a una Asociación Ilícita Terrorista,
a raíz de la investigación que se sigue en contra de la Coordinadora
Mapuche Arauco Malleco y se les decretó la medida de prisión
preventiva.
Angélica
permaneció detenida durante cuatro meses en el Centro de Reclusión
Femenina de Temuco, egresando en el mes de abril, luego de mantener una huelga
de hambre por 35 días, momento en que se le cambió la medida
de prisión preventiva por arresto domiciliario, que hasta la fecha
debe resguardar en una comunidad mapuche de esta comuna.
Por su parte,
José Llanquileo, desde el día 4 de diciembre ha permanecido
en prisión preventiva, encontrándose actualmente en la Cárcel
de Angol.
RELATO
DE HECHO QUE EVIDENCIA MONTAJE EN CONTRA
Durante los
primeros días de diciembre del año 2002, un reportero del diario
El Mercurio llamó insistentemente a José Llanquileo a su teléfono
celular, para solicitarle una entrevista, argumentando que poseía una
información relevante que quería transmitirle, dado que José
solía ser entrevistado por diferentes medios de comunicación
a raíz de su trabajo público en defensa de los derechos humanos
mapuche. El día martes 3 de diciembre del 2002, Angélica Ñancupil
y José Llanquileo se encontraban en el sector céntrico de Temuco,
cuando José nuevamente recibió una llamada de esta persona y
acuerdan reunirse alrededor de las 13,00 horas. Si bien Angélica y
José realizaban juntos algunos trámites en el centro de Temuco,
sólo José concurre a la entrevista.
Es así
como alrededor de las 13,00 horas, José se reúne con Francisco
Palma, reportero en Temuco del diario El Mercurio, que es la persona que lo
llamó y quien, una vez reunidos, lo invita a un local de café
al cual se dirigen, ubicado en un segundo piso, al lado del edificio Campanario,
en la calle Claro Solar de Temuco.
Francisco Palma,
señaló a José Llanquileo que habría conseguido
una importante información referida a las comunidades mapuche en conflicto
que él quería entregárselas en una muestra de confianza.
Palma le señala que esta información provendría directamente
de la Gobernación Regional, puesto que de ahí se la habrían
entregado en calidad de “reservada” a su compañero de trabajo
Iván Fredes, y éste se la habría entregado a él.
Se trató
de una documentación que Francisco Palma entregó personalmente
a José Llanquileo, consistente en tres hojas impresas, que correspondían
a dos fotografías y un organigrama; también le hace entrega
de dos disquetes que supuestamente contenían mayor información,
además de la misma información impresa. Ambas fotografías
correspondían a Héctor Llaitul, otro de los imputados en la
causa por Asociación Ilícita Terrorista; y el organigrama mostraba
una supuesta ordenación de cargos y roles en la investigada Coordinadora
Mapuche Arauco Malleco, graficando una organización jerárquica
que sindicaban a Héctor Llaitul como “jefe” de la organización,
apareciendo como subalternos los imputados José Llanquileo y Angélica
Ñancupil, entre otras personas, incluyendo alrededor de tres líneas
jerárquicas. La mayoría de las personas que ahí figuraban
con fotografías y nombres, están siendo procesados por esta
misma causa; aparecían, además, personas desconocidas y otras
que no recuerdan.
Los dos disquetes
más las tres hojas impresas, entregadas por Francisco Palma fueron
recibidos por José Llanquileo, quien una vez en su casa, junto a Angélica
Ñancupil intentaron infructuosamente revisar los dos disquetes entregados
por Palma en el computador personal que Angélica mantenía en
la vivienda. Sin embargo, no fue posible revisar los archivos ya que, al parecer,
el PC no tenía incorporado en su disco duro el programa en el cual
habían sido grabados los supuestos archivos que contenían los
disquetes.
Alrededor de
las 7,30 horas del día siguiente (4 de diciembre del 2003), la vivienda
que habitaban Angélica y José fue violentamente allanada por
más de un centenar de carabineros, quien luego de botar la puerta de
entrada, procedieron a registrar, fotografiar y a detenerlos a ambos, únicas
personas que se encontraban en el lugar. Un operativo similar se realizó
a la misma hora en distintas zonas de la novena región, que arrojó
como resultado la detención de 15 personas, siendo formalizados el
día 6 de diciembre, por su supuesta participación en una Asociación
Ilícita Terrorista.
Según
consta en los antecedentes judiciales, en todos los operativos fueron incautadas
algunas pertenencias, documentación y materiales que burdamente han
sido considerados como elementos probatorios de su supuesta participación
en la Asociación Ilícita Terrorista, elementos que por supuesto
no se condicen con el carácter terrorista con que se les pretende calificar.
Entre las pertenencias incautadas a la vivienda de Angélica Ñancupil
y José Llanquileo, se encontrarían documentos, disquetes, discos
compactos, videos y el computador personal de Angélica Ñancupil.
Por otra parte,
el mismo día 4 de diciembre, alrededor de las 9,00 horas, personal
civil de carabineros, incautó dos computadores de la Fundación
de Desarrollo Campesino (FUNDECAM), institución en la cual Angélica
Ñancupil prestaba sus servicios profesionales como Profesora de Educación
Básica Intercultural, aludiendo a que serían computadores que
también eran utilizados por la ahora imputada.
ANTECEDENTES
DEL PROCESO JUDICIAL
El 4 de diciembre
del año 2002 fueron detenidas 15 personas en un operativo simultáneo
realizado en Temuco, Nueva Imperial, Ercilla y Collipulli a quienes se les
imputó ser miembros de la “Cordinadora de Comunidades en Conflicto
Arauco Malleco”. En esa ocasión se tomó conocimiento de
una investigación que habría realizado el Ministerio Público
de la novena región, durante los ocho meses previos a las detenciones.
El 6 de diciembre
los fiscales del Ministerio Público: Luis Chamorro Diaz, Francisco
Rojas Rubilar, Alberto Chiffele Márquez, Gloria Turra Lagos y Cristián
Paredes Valenzuela, dieron comienzo al proceso de formalización a 23
personas vinculadas a la mencionada organización, por su eventual participación
en calidad de autores en el ilícito de “Asociación Ilícita
Terrorista”.
Según
el Ministerio Público esta organización tiene como fin infundir
terror en la población y ser víctima de delitos de la misma
especie, razón por la cual se justifica la aplicación de la
Ley Antiterrorista Nº 18.314. Uno de los argumentos más recurrentes
de los fiscales para considerar a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco como
una organización terrorista, y a los individuos que supuestamente se
vinculan a ella, es su orden jerárquico. Es decir se trataría
de una organización con una estructura jerárquica y funcional,
como se sostiene en la audiencia de formalización:
“La investigación
desplegada hasta la fecha por el Ministerio Público ha podido determinar
que en la región la agrupación ha actuado bajo el amparo de
la autodenominada Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco,
orgánica que presenta una estructura jerarquizada funcional, en la
que sus miembros actúan en distintas zonas de la región...”
[1]
Más adelante
se afirma:
“(…)
los imputados presentes en esta audiencia junto a otras personas que se encuentran
con órdenes de detención, y a otros que seguramente serán
individualizados en el transcurso de la investigación, se han organizado
creando una estructura jerárquica funcional pues en ella claramente
se identifica una jerarquía cierta y una distribución de funciones
(…)”[2]
Esta estructura
jerárquica funcional contemplaría, según la fiscalía,
a dirigentes, líderes operativos, ejecutores materiales, provocadores,
instructores, jefes militares, voceros, operativos de base, etc. que se coordinarían
para efectuar diversos ilícitos en diferentes zonas de la región.
Las argumentaciones
del Ministerio Público se fundamentan en la investigación realizada
por parte de funcionarios policiales especializados, la que constó
de seguimientos, interceptaciones telefónicas, vigilancias discretas,
filmaciones, etc[3]. Además, el mismo día de las detenciones
fueron incautadas algunas especies en las viviendas allanadas. Estas especies
fueron consideradas como supuestas “pruebas o evidencias”, y entre
las más importantes se encuentran cuatro computadores que según
los fiscales, son la pieza fundamental en la investigación para determinar
las conexiones y/o vinculaciones con otros grupos subversivos tanto nacionales
como internacionales [4].
Con respecto
a ello, en la audiencia de formalización los fiscales sostienen:
(...) de los
computadores incautados se ha determinado la estructura de esta organización,
la cual cuenta con una página web en la cual se justifica el accionar
violento como único método de acción, hace presente que
se ha intentado trastocar el orden y la seguridad pública (…)”[5]
Es decir, dentro
del disco duro de los computadores incautados se encontraría información,
que según el Ministerio público daría cuenta de esta
“estructura jerárquica funcional”. Afirmación que
posteriormente es complementada en la audiencia de formalización del
imputado Héctor Llaitul, el día 22 de mayo, donde el Fiscal
Alberto Chiffelle señala:
“(…)se
encontró un organigrama de la Coordinadora en un computador de la vocera
de la organización, en el cual se sindica al imputado como uno de los
jefes máximos de la organización (…)” [6]
La fiscalía
informa sobre la supuesta existencia de un “organigrama” y que éste
se encontraría en el disco duro del computador de “la vocera”
de la organización. Hasta el momento la única persona individualizada
como “vocera” en este proceso es Angélica Ñancupil,
en la audiencia de formalización del 6 de diciembre cuando los fiscales
afirman que:
“José
Llanquileo y Angélica Ñancupil son identificados como voceros,
líderes, y provocadores del conjunto de actividades ilícitas
que desarrolla la asociación (...)”
Por lo tanto,
Angélica Ñancupil tendría en su computador un “organigrama”
que revelaría toda la “estructura jerárquica funcional”,
es decir, contendría información sobre las funciones de cada
uno de los imputados, las distintas relaciones entre ellos, vertical y horizontalmente.
Estas argumentaciones del Ministerio Público, resultaron convincentes
para que el Tribunal de Garantía encabezado por la Magistrada Isabel
Uribe Molina calificara la conducta de todos los imputados “como terrorista”[7]
.
El día
23 de mayo 2003, en la audiencia de Revisión de la Medida de Prisión
Preventiva del imputado José Llanquileo, José Cariqueo y Jaime
Marileo el Fiscal Francisco Rojas Rubilar sostiene que:
“En su
domicilio se encontró un organigrama donde se le identifica como líder
(…)”[8]
No se hace referencia
a que habría sido una información supuestamente encontrada en
el computador, y sólo se señala:
“(...)
la página web de la coordinadora Arauco Malleco, era nutrida por una
serie de vocerías y comunicados efectuados en los computadores de Llanquileo
y Angélica Ñancupil (...)”[9] .
Resulta confuso
que en esta audiencia no se señale al organigrama como prueba incautada
dentro de los computadores, sino que se afirme que “es encontrado en
el domicilio”, si el día anterior (22 mayo) en la formalización
de la detención de Hector Llaitul se sostiene claramente que el organigrama
se encontraría dentro del computador de la “vocera de la organización”.
No queremos ver esto como una simple “omisión” o “diferencia”
entre los fiscales, pues la presencia de un organigrama de la organización
que se sindica como “terrorista” es un punto crucial en la argumentación
del Ministerio Público contra todos los imputados para acusarlos de
Asociación Ilícita Terrorista.
El 11 de diciembre
del 2003, se decretó el cierre de la investigación, y el día
20 fueron “acusadas” un total de 18 personas por el supuesto delito
de participar “en calidad de autores en el delito de Asociación
Ilícita Terrorista”. Próximamente, se llevará a
cabo el Juicio Oral contra estas personas, ante el cual se exhibirán
213 supuestas pruebas viciadas, entre las que se incluyen las mencionadas,
y otras tan absurdas entre las que se pueden mencionar, a modo de ejemplo,
las siguientes: portada de “Diario Austral”, un certificado de matrimonio,
un escrito de recurso de apelación, dos planos reguladores de tierra
o un teléfono móvil.
ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN:
Preocupa a los
imputados la afirmación de los fiscales respecto de que el “organigrama”
se encontraría al interior de alguno de los computadores, entre esos
el computador de Angélica, pues nunca conocieron la existencia de un
organigrama, sino hasta el día anterior de su detención, cuando
este les fue traspasado en hoja impresa por el reportero en Temuco del diario
El Mercurio, Francisco Palma.
Existe, por
lo tanto, para los imputados por Asociación Ilícita Terrorista,
en particular, para Angélica Ñancupil y José Llanquileo,
importantes razones para creer que se trata de un montaje planificado, pues
se trata de pruebas inconsistentes y fabricadas de manera burda, ya que no
se puede afirmar que una organización ilícita, además
terrorista, construya un organigrama para definir las funciones de cada integrante,
y más aún las elabore y mantenga guardadas en un domicilio particular,
ubicado además, a escasos metros de una de las avenidas principales
de Temuco.
Es claro que
la acusación por Asociación Ilícita Terrorista se fundamenta
en la base de demostrar la existencia de una estructura organizativa funcional
y el orden jerárquico de la organización, pues los imputados
no están siendo imputados por haber cometido algún delito sino
que se les imputa haberse organizado para cometer ilícitos. Estos supuestos
“ilícitos” no han sido probados en las causas que se siguen
y de los cuales se presume participación, lo que afecta gravemente
la presunción de inocencia, fundando sus aprensiones para considerar
que no existe un “debido proceso”.
Existen además
otros comprobados antecedentes de la actuación organizada y planificada
de grupos serviles al empresariado y latifundistas que actúan fuera
del marco legal institucional, que probablemente se han coludido con funcionarios
policiales y/o judiciales para desarrollar acciones represivas y de amedrentamiento
que hasta la fecha han quedado en la más absoluta impunidad, como es
el caso del secuestro por parte de civiles no identificados de Daniela Ñancupil
(sobrina de la denunciante) de sólo 12 años, o la posterior
quema de vehículo del abogado defensor en esta causa, o las amenazas
de muerte a destacados dirigentes mapuche.
A RAIZ DE LO
EXPUESTO, es dable señalar que la actuación de Francisco Palma,
reportero del diario El Mercurio, es parte de un conjunto de maniobras que
tiene por fin inculpar a los imputados. Creemos que este hecho es parte de
una OPERACIÓN POLÍTICA desarrollada por grupos de derecha y
sectores empresariales forestales que han visto afectadas sus inversiones
en zonas mapuche, quienes apoyándose en los medios que tienen a su
disposición, como en este caso el consorcio periodístico El
Mercurio, han desarrollado una operación encubierta para incriminar
a los mapuche. Este montaje es aprovechado y avalado por el gobierno, carabineros
y el sistema judicial que se han valido de estas pruebas artificiosas, ante
la desesperación de los fiscales y jueces de no contar con antecedentes
y pruebas sólidas para incriminar a los comuneros mapuche por su supuesta
vinculación con esta organización calificada de “terrorista”.
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[1] Audiencia
de Formalización de la Investigación, 6 de diciembre del 2002.
[2] Op. Cit.
[3] Op.cit.
[4] Argumento
por el cual el 2 de octubre del 2003, solicitaron la ampliación del
cierre de investigación fijado, por el tribunal para el mes de octubre,
debido a que faltaba el informe pericial de la brigada del Cybercrimen.
[5] Op. Cit.
[6] Audiencia
de Formalización de la Investigación del imputado Héctor
Llaitul, 22 de mayo del 2003
[7] Audiencia
del Artículo 14 de la Ley 18.314, 20 de diciembre del 2002.
[8] Audiencia
de Revisión de Prisión Preventiva, 23 de mayo del 2003.
[9] Op. Cit.