Ante la cadena de acontecimientos que hemos atravesado con los casos de Sindoni, de los hermanos Faddoul y su chofer, el Sr. Rivas, se pone sobre la palestra de la discusión Nacional el tema de la inseguridad y la impunidad presentes en nuestro país, no desde ahora, sino desde que existe el Estado tal como lo conocemos.

En esta situación, no nos queda más que solidarizarnos con los dolientes de estas víctimas, y con los dolientes de los casi 200 dirigentes campesinos asesinados por los paracos recientemente, y con los dolientes de los cientos de miles que mueren de hambre en nuestro país y el mundo, y con los dolientes de los cientos de muertos que produce el imperialismo a diario. Los revolucionarios debemos indignarnos ante cualquier injusticia que se cometa en el mundo y no sólo con las que esta pequeño-burguesía hipócrita, a través de sus medios reaccionarios, nos pretender imponer en este momento.

Esa misma pequeño-burguesía reaccionaria que hoy dice sí tener sensibilidad ante estas recientes víctimas (sin incluir al Sr. Rivas, que era el trabajador humilde) y no ante las víctimas de ese capitalismo que ellos sustentan, igualmente es inmoral y descarada cuando luego de lograr otro muerto (el reportero Jorge Aguirre), utiliza estos acontecimientos como una simple herramienta de agitación de su desmovilizada Sociedad Sambil.

Esta no es una bandera de la pequeño-burguesía oportunista sino del pueblo y los oprimidos que históricamente son los que padecen día a día de la masacre del capital y del Estado que lo sustenta.

Pero esta situación tampoco debe ser un cheque en blanco para el gobierno. Los revolucionarios tenemos que hacer ejercicios de crítica, autocritica y denuncia, entendiendo que en el Estado aún existen sectores de derecha a los que les conviene que la situación de los organismos de seguridad y de la administración de justicia se mantenga tal cual está: sumida en la corrupción, impunidad, inoperancia, etc.

Por otra parte, es necesario hacer otra crítica al hecho de que, durante el gobierno del comandante Chávez no se ha hecho ningún cambio sustancial a esos órganos de seguridad (que incluso participaron en el golpe de estado de abril del 2002) más que trasladar algunos funcionarios y crear alguna comisión de investigación que se queda en el camino.

Este no es un problema de gerencia o de administración de las instituciones, más bien es una crisis de las estructuras existentes. Los tribunales tal y como los conocemos no van a dar la justicia que el pueblo requiere, ni los órganos de seguridad, tal como los conocemos, van a brindar la seguridad que el pueblo necesita.

La única salida para la administración de la seguridad y la justicia en nuestro país es que, los que históricamente han sido explotados y oprimidos, tomen el control de la justicia y la seguridad e impongan un nuevo orden socialista en el que el pueblo ejerza el poder verdaderamente.

¡Contra la manipulación de la pequeño-burguesía! ¡Por un poder popular que tome la justicia y la seguridad en sus manos!