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La agenda entre Estados Unidos y Colombia ya
no la diseñan los políticos, sino los militares. Así lo revela un estudio
realizado por tres de las instituciones más serias de Washington, que
monitorean las relaciones que mantiene EU con los militares de América Latina
y el Caribe.
Según el informe, los temas que afectan a
América Latina, especialmente a Colombia –país en donde la participación
militar de EU es más alta–, dejaron de ser un asunto del Departamento de
Estado y pasaron a ser tema del Pentágono y el Comando Sur, que son los que
definen el rol de Washington en la región.
Señala el estudio que, como América Latina
ha pasado a tener poca prioridad para los funcionarios del Poder Ejecutivo
dedicados a la política exterior, los militares estadounidenses –que tienen
los recursos, el personal y la influencia política para ocuparse hasta de
zonas relativamente relegadas– se están convirtiendo en los principales
intérpretes de los asuntos de la región. “Este hecho induce a los políticos
de otros niveles de gobierno a ver a América Latina desde una perspectiva
desproporcionadamente militar, basada en las amenazas a la seguridad”.
Esto, según analistas en Washington y Miami,
podría despejar las dudas que todos tenían sobre el porqué Latinoamérica no
estuvo presente en el debate entre George W. Bush y John Kerry, la semana
anterior. “Colombia y América Latina, en general, dejaron de ser un asunto
político para convertirse en un tema netamente militar. Dudo que sea tocado
en algún debate presidencial”, dice Malcom Seronal, de la U. de Miami.
El informe realizado por el Fondo para la
Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), el Centro para la
Política Internacional (CIP) y la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), apunta que es el Comando Sur el que establece las
prioridades entre EU y América Latina, y que debido a ello la participación
militar en la región es cada vez más alta. Los militares estadounidenses
entrenaron a 22.855 latinoamericanos en el último año, la mayoría de Colombia,
seguidos por Bolivia, Panamá, Perú y Ecuador. “Esto representa un aumento de
participación militar del 52%”.
La periodista del Washington Post Dana
Priest, aseguraba en un libro que el Comando Sur tiene más gente trabajando
sobre asuntos latinoamericanos –1.100– que la mayoría de los principales
organismos federales juntos”. Por eso los funcionarios del Comando Sur
visitan con más frecuencia la región de lo que lo hacen los miembros de otros
departamentos. El director del Comando Sur, el general James T. Hill, quien
estuvo de visita esta semana en Bogotá y Quito, realizó, entre agosto de 2002
y julio de 2004, 78 viajes a América Latina.
Esto, sumado a otros programas de asistencia
militar que tiene EU en la región y en Colombia específicamente está siendo
pagado en gran medida por el Departamento de Defensa. “Los dos tercios de ese
entrenamiento militar son pagados directamente a través del Departamento de
Defensa, y no por el presupuesto de asistencia exterior que administra el
Departamento de Estado, mediante partidas antinarcóticos y programas de
“intervención” de las Fuerzas Especiales, que operan con pocos límites y con
pocas oportunidades para el escrutinio público”, señala el informe.
“Esto es muy diciente, ya que
tradicionalmente el entrenamiento militar exterior ha sido financiado y
administrado por el Departamento de Estado, debido a las serias implicaciones
que tal asistencia tiene en materia de política exterior”, dice el estudio.
Con un agravante adicional, pues ese tipo de asistencia era condicionada al
cumplimiento de ciertos requisitos de derechos humanos, además de informes al
Congreso. El entrenamiento financiado directamente a través del Departamento
de Defensa no está sometido a prácticamente ninguna de estas restricciones.
Nuevas propuestas
Sobre Colombia, señala el estudio que, como
las Fuerzas Armadas colombianas tienen poca experiencia en operativos a gran
escala y a largo plazo, los militares y los contratistas privados de EU están
jugando un papel esencial en el Plan Patriota, dando información de
inteligencia a las tropas en el campo, ayudando a mantener el equipamiento, y
ofreciendo apoyo de planificación y logístico, por ejemplo, ayudando a las
tropas colombianas de avance a mantener sus líneas de combustible y
suministros.
“Desde enero de 2004, entre 15.000 y 20.000
militares colombianos, muchos de ellos dispuestos en unidades móviles que
acaban de crearse con el asesoramiento y entrenamiento de EU, han estado
operando en el sur de Colombia, Caquetá, Meta y Guaviare, bastión por mucho
tiempo de las Farc”, dice el estudio.
Lo más grave, según los realizadores del
informe –Adam Isacson, Joy Olson y Lisa Haugaard– es que el rol destacado del
Comando Sur en la región tiene importantes consecuencias políticas, pues “los
problemas sociales se están definiendo como amenazas militares emergentes y
se está corriendo el riesgo de justificar una respuesta militar”. Aseguran
que “consideramos particularmente inquietante identificar el ‘populismo
radical’ como una amenaza a la seguridad.
Tal como lo conciben actualmente los
políticos, el término parece estar destinado a dirigentes políticos y
movimientos sociales que promueven políticas sociales y económicas que
podrían no estar de acuerdo con las directrices de algunos políticos
estadounidenses, pero que están lejos de ser amenazas que justifiquen una
respuesta militar”.
Por eso, desde hace algún tiempo el gobierno
estadounidense está tratando de diseñar planes militares en la región, que no
han contado con el visto bueno de varios países latinoamericanos. El pasado
mes de septiembre, varios ministros de Defensa de siete naciones
suramericanas rechazaron la visión de EU de que a las fuerzas armadas de la
región les cabía una importante función en la lucha contra el terrorismo.
Esta negativa no fue suficiente, pues, dice el informe, que EU está
promoviendo una fuerza naval latinoamericana.
“Los funcionarios de defensa de la
administración Bush han estado elaborando una propuesta para la creación de
una fuerza marítima operativa multinacional de las Américas, denominada
‘Amistad Duradera’ consistente en una flotilla de naves dirigida por EU”.
Esta idea, a la que se llama “Fuerza Naval
Latinoamericana” fue vista como una forma de llenar el vacío de seguridad e
interdicción de drogas que se generó cuando las naves estadounidenses que
estaban apostadas en la región fueron retiradas de allí para asignarlas a la
defensa de las costas de EU después del 11 de septiembre. “El objetivo de
‘Amistad Duradera’ es crear una fuerza operativa que responda a amenazas
transnacionales en alta mar, como por ejemplo narcotráfico y contrabando de
armas, terrorismo, migración, pesca ilícita y otras amenazas a la vida
marina, peligros para la navegación y emergencias humanitarias”.
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