EL PETRÓLEO:
OTRO ESCENARIO
COLOMBIANO INCIERTO
Por: Luis Humberto Hernández[i]
Las cifras son más que
elocuentes. En la actualidad Colombia cuenta con unas reservas petroleras de 1.350
Millones de barriles (Mblds) las cuales se están extrayendo a un ritmo de explotación
diario y acelerado[ii] cercano a los 600
mil barriles (blds), lo que implica, que Colombia solo tiene reservas para seis
años más, es decir, hasta el año 2006; año a partir del cual Colombia, que hoy
aparece como país exportador, el cuarto país proveedor en América, después de
Canadá, México y Venezuela, de la necesidad petrolera de los Estados Unidos se
convertirá en un país importador neto de petróleo. Coincide esta situación de
incertidumbre petrolera del país con el fin del periodo presidencial, igualmente
incierto, del recién posesionado Dr. Alvaro Uribe Vélez.
Debe tenerse en cuenta,
al analizarse este escenario en sus causas y consecuencias, que de esos 600 mil
(blds) que se explotan en la actualidad, la empresa colombiana de petróleos: Ecopetrol
(ECP) solo produce directamente unos 100 mil (blds), es decir, el 16%, pues los
restantes 500 mil (blds) o sea el 84% , son producidos por las empresas multinacionales
extranjeras, que por efecto, tanto de los vigentes Contratos de Concesión como
de los Contratos de Asociación que rigen su explotación, se apropian de unos 200
mil (blds), en lo que va siendo una tendencia en crecimiento, dado que la política
petrolera en particular, y de la explotación de los recursos naturales en general,
apuntan a que sean las multinacionales las encargadas de la exploración y explotación
no solo de los hidrocarburos sino de sus otras reservas energéticas y biodiversas
del país, bajo la forma de los viejos contratos de Concesión en proceso de restauración.
Política franca de neo-privatización que, para el caso petrolero, conlleva la
desaparición de ECP como empresa industrial y comercial del Estado para convertirse
en una fronda burocrática administradora de contratos, y objeto de la competencia
clientelista entre los representantes de los consabidos partidos tradicionales.
El escenario también
señala que para el año 2003 la producción directa de ECP, más el 40% que le corresponde
por la participación en los contratos asociados, más el 20% que le corresponde
por regalías solo le alcanzará para abastecer la demanda interna de sus refinerías,
cercana a los 300 mil (blds), dándose la paradójica situación que en las estadísticas
Colombia aparecerá exportando un crudo que le es ajeno, el de las multinacionales,
al tiempo que abocada a partir del 2005-2006 a importarlo altos costos, dada la
tendencia mundial de finalizar la era del petróleo barato, para satisfacer la
demanda de sus refinerías, que es su consumo interno .
Pero esta experiencia
no es nueva para el país pues entre los años 1975 – 1985 el país, que venía igualmente
de ser exportador a bajos precios y de ocupar el tercer lugar en la producción
petrolífera de Sudamérica, se vio obligado a importar, para su abastecimiento,
crudo a altos precios por un monto cercano a los 5 mil Millones de dólares; cifra
que además de absorber la bonanza cafetera de entonces, conllevó el creciente
y constante proceso de endeudamiento al tiempo que la apertura a favor de la multinacionales;
proceso congruente con el de la privatización de los recursos naturales a través
de los Contratos de Asociación previamente establecidos a través del decreto2310
de 1974 por el entonces Presidente Alfonso López Michelsen. Este Decreto fue producto
de las exigencias hechas por las multinacionales, bajo el pretexto que no había
petróleo en el país y por tanto era muy riesgosa su inversión, conllevando en
1984 al “milagroso” hallazgo por parte de la Occidental de los ricos yacimientos
de Caño Limón en Arauca, en los Llanos orientales (límites con Venezuela), y que
se consideró entonces el descubrimiento más grande hecho en el hemisferio, y en
1992 a otro de igual proporción en Cusiana, en el Casanare, por parte de la
multinacional Inglesa Brithis Petroleum (B.P)
Curiosamente hoy, como
propio de una sociedad sin memoria nacional y de una clase dirigente realmente
irresponsable, por no decir irracional, en el manejo de la vida, el bienestar
y el patrimonio de los recursos naturales de sus gobernados, esta historia vuelve
a repetirse, pero con el agravante que sus costos económicos-financieros, políticos-militares,
socio-culturales y humano-ambientales para el país se hacen exponenciales[iii] y que, contrario
a aquella situación, no contamos con una bonanza cafetera para sufragarla por
el estado tan crítico que presenta en el mundo este mercado, o de cualquiera otra
bonanza legal, salvo alguna cocainera. Tampoco contamos como entonces con una
generosa prospectiva geológica. Situación más grave aún, por el escenario interno
de guerra, pobreza, corrupción y narcotráfico en que se debate el país, y por
las amenazas externas bastante agresivas tanto por parte de los EE.UU, urgido
de petróleo, como por el estado de fermentación política y social en que se debate
el resto de nuestra América Latina. Curiosamente hoy como ayer las Multinacionales
y la elite gubernamental ventilan los mismos argumentos para implementar políticas
aún mas radicales en el proceso de privatización y explotación de los recursos
como condición: “fuera de la cual no hay salvación”, para salir nuevamente de
la encrucijada
Ante esta situación
y experiencia vivida podía pensarse en sana lógica que al país le convendría comprarle
a las multinacionales el petróleo existente y que explotándolo racionalmente prolongara
su autosuficiencia por 10 años más, hasta el año 2016, mientras adelanta procesos
serios de exploración y/o desarrolla fuentes alternativas pero esta idea no solo
les resulta utópica sino descabellada a las autoridades petroleras y políticas
del país, prefieren jugársela a la suerte de la provincial fortuna y de la mano
bien visible del poder de las multinacionales y del ALCA, bajo el amparo de la
seguridad Nacional Norteamericana .
Situación que se justifica
si se tiene en cuenta que este asunto del petróleo no es solo un problema de la
autosuficiencia sino de la misma estabilidad económica del país y fiscal del Estado,
pues según el Banco de la República el solo sector representó el 36% de las exportaciones
del país y le generó en el año 2000, US$ 3.450 millones del valor agregado, equivalente
al 3.6% del PIB; reportándole ECP a las arcas del Estado ingresos superiores a
los de las demás empresas industriales y comerciales del país: “$ 1,9 billones
de utilidades operacionales y $1.6 billones de utilidades netas, lo que significó
dividendos por $ 862.5 mil millones y subsidios a los combustibles por $1.20 billones”.
Cifras todas, que en el escenario descrito, son puestas en entredicho y que agravarían la ya delicada situación política.
Así, en una franca condición
de necesidades estatales e incierto futuro petrolero se diseña la implementación
y continuidad de una política llamada realista pero que no es real, de corto y
no largo plazo; política “apaga fuego” no previsora de nuestra futura estabilidad
energética petrolera. Política que para atemperar los ánimos caldeados de la opinión
nacional proyecta sobre un futuro incierto dudosos escenarios exitosos.
Una política pensada
mas en la defensa de la seguridad nacional ajena, la de los EE.UU, que la propia;
bajo al amparo y la presión, como en los años 70, de la avidez de las multinacionales.
Esto porque las multinacionales, aprovechándose de la grave situación económica
que viven los países del tercer mundo, en particular los de América Latina, los
llevan a que se postren ante su poder financiero y chantajeándolos los pone en
el dramático plan de competir entre ellos para que les entreguen en las peores
condiciones la única tabla de salvación de su situación: sus recursos naturales,
para lo cual cuentan con la avenencia dócil de las burguesías locales de por sí
urgidas de esa tutela imperial para sostenerse en su frágil ejercicio gubernamental
Política plasmada en
el plan recién editado por ECP: Unidos por la excelencia. ECP Plan de
Negocios 2002-2006 que como veremos, se monta sobre la buena fortuna que nos
pueda deparar la naturaleza geológica y a unos altos costos económicos, sociales
políticos, culturales y ambientales.
Partiendo de la consideración
de la incapacidad financiera de Ecopetrol para hacer inversiones propias (Dado
el desangre fiscal ha que ha estado sometida la empresa) y con el fin de crear
el ambiente más atractivo para que las multinacionales vengan a invertir en el
sector, al Plan lo antecede y viabiliza una serie de reformas que, además de ser
demostrativas de la inestabilidad de la política petrolera en su sistema de contratación[iv], son atentatorias
de la soberanía nacional, del medio ambiente y de las identidades culturales indígenas,
como de la misma política de descentralización.
Para su efecto se reformó la carta
constitucional de 1991 en su artículo 58[v] que hace referencia
a la función social de la propiedad y su función ecológica, modificando lo relacionado
con la expropiación de las propiedades por motivos de utilidad pública o de interés
social ligando así los intereses de las multinacionales con los intereses de los
terratenientes, enemigos consuetudinarios de una reforma agraria en el país y
ligados al paramilitarismo. Se modifica también la normatividad ambiental existente
para el sector reduciendo el tiempo en días (de 240 a 120) para que el Ministerio
otorgue las licencias a la vez que reduce a una sola licencia el permiso para
el desarrollo de todo el proceso[vi]. Establece en los
nuevos contratos modificaciones que le permiten a las empresas apropiarse ahora
del 70% de la producción reemplazando el 50% que recibían antes y que conlleva
que tengan mayor incidencia en la conducción de la política petrolera y en la
administración de los campos; además de señalar que Ecopetrol empezará a hacer
efectiva la participación de su 30% una vez el inversionista recupere el 150%
de los costos, además de incluir una nueva fase en el proceso llamada de producción
temprana o prueba previa a la comercialización en la que Ecopetrol no recibe producción.
Y por último, la reforma y edición de la nueva ley 619 de 2000 o ley de regalías
que pasa de un régimen único del 20% de regalías, independientemente del tamaño
de la producción, a un régimen que oscila entre un 5%, para producciones pequeñas,
menores de 5 mil blds, y de un 25% para producciones de pozos gigantes, superiores
a 600 mil blds[vii].
El Plan se diseña sobre
un escenario geológico optimista según el cual en el país, que solo ha sido explorado
en un 20%, se supone cuenta en sus 18 cuencas sedimentarias necesariamente con
crudo, calculando la existencia entre unos 37 mil a 47 mil millones de barriles
potenciales. Optimismo que pasa por alto el criterio del eminente geólogo C.J.
Campbell[viii], conocedor de
la geología colombiana, para quien solo existen en el país reservas potenciales
de 5 mil millones de barriles, sugiriendo una programación racional de estricto
uso interno. Al decir de la Revista de Economía Colombiana y Coyuntura Política
“ Ecopetrol se está proyectando a diez
años sin tener en cuenta situaciones críticas que hoy no están alejadas de la
realidad. Por ejemplo, que no se encuentre un campo grande o que la cantidad de
crudo descubierta no supere los 5 millones de barriles por año (lo que coincide
con la trayectoria histórica de los últimos ocho años)” ( Diciembre del 2000.Pág.10-11)
Expectativas
de Producción
De esa manera montan el futuro petrolero
del país sobre el manejo de un ficción superavitaria pretendida realista, pues
suponen que se va a alcanzar como objetivo una producción superior a los 850.000
barriles por día en el año 2010, “en el escenario P80”, - dice el
Plan- que incluye el hallazgo casi inmediato de un campo gigante de 900 millones
de barriles y “la ejecución de la operación
directa”. Cuyo balance fiscal de la actividad
petrolera le va a reportar al país US$ 19.026 millones. La balanza comercial del
sector será igualmente “superavitaria” en niveles cercanos
a los U$ 2.000 Millones. Su cuenta corriente “superavitaria” pasara de 1.500
millones de dólares a casi US$2.700 millones en el 2010. La balanza comercial
de ECOPETROL “superavitaria” en todo el periodo
terminando con US$ 1.300 millones de saldo comercial positivo. Manteniendo el
país su condición de exportador más allá del periodo de proyección y el déficit
de la cuenta corriente del país, excluyendo el sector petrolero, será financiable
en niveles del 3.5% del PIB. “Niveles que le permitirán al país estabilizar
su relación deuda externa/PIB, colocándose en una posición adecuada en los mercados
internacionales y adicionalmente el gobierno tendría éxito en la reducción del
déficit fiscal consolidado por debajo del 2% del PIB en los próximos años”.
Un plan panacea para la difícil situación económica y social por la que atraviesa
el país.
Porque vista la situación
descrita por el Plan con perspectiva crítica las cuentas no resultan tan alentadoras,
así, si bien es cierto que el mismo ha conllevado la suscripción de unos 60 nuevos
contratos entre el año 2000 y 2001 muchos de ellos se han hecho con empresas de
dudosa capacidad financiera y administrativa[ix], empresas en busca
de fácil fortuna o que utilizan este medio para llevar a cabo otro tipo de acciones
financieras, incumpliendo muchas de ellas como -lo señala la Contraloría[x]- las obligaciones
contractuales contraídas. En otros casos negocios y políticas firmados por funcionarios
del gobierno inhabilitados para hacerlo como es el caso denunciado en el senado
de la “Ministra de Minas Luisa Fernanda Lafaourie
quien es casada con un accionista de Petronorte, empresa con intereses en el sector
petrolero”.[xi]
En cuanto a la reducción
de ECP al 30% de su participación, implica que pierda utilidades por US$ 1.570
millones en un potencial hallazgo gigante tipo Cusiana con unas reservas de unos
1.200 MBls al precio actual de US$20 barril.
Pero son las regalías
y las respectivas entidades territoriales por ellas beneficiadas las mas damnificada
por esa política[xii]. Primero porque
se parte del optimista criterio de encontrarse yacimientos gigantes cuando lo
cierto es que esto resulta ser una excepción y, que históricamente el 80% de nuestros
campos son catalogados como pequeños, es decir, que con alguna fortuna, se contará,
lo mas probable, con campos ubicados en el rango del 5% de regalías. De todas
maneras con el nuevo régimen para un contrato de gran tamaño y que por definición
es rentable se perderían regalías por un valor superior a los US$110 Millones
siendo obviamente mayor en los pequeños[xiii]. Segundo, en cuanto
a las entidades territoriales, -según simulaciones hechas por la Contraloría-
los tres municipios que hoy reciben el mayor porcentaje de regalías reportarían
disminuciones entre el 6% y el 15%, otros como Yopal en el Departamento del Casanare
y Neiva en Departamento del Huila los verían reducidos entre un 58% y 66%; y en
la gran mayoría de municipios como Villavicencio, Barrancabermeja, Orito y Mocoa
se reducirían entre un 72% y 75%. En cuanto a los Departamentos petroleros como
Arauca y Casanare tendrán reducciones de 6 % y 23% respectivamente y los restantes
Departamentos disminuciones entre el 73% y el 75%. En cuanto al Fondo Nacional
de Regalías (FNR) que recibe según la anterior ley el 32% del total de las regalías
disminuirían en un 29% sus ingresos.
Es así como ante este
panorama incierto, de un país que ya no solo no es un país petrolero sino también
un país sin petróleo, que nos resulte bastante sospechoso, desde el punto de vista
político, el interés de los EE:UU “en proteger la infraestructura petrolera
colombiana y otros 300 puntos del país”[xiv], enmarcada en la declarada defensa de su Seguridad
Nacional que pretende hacer responsables al resto de los países propietarios de
recursos energéticos de su cada vez mayor dependencia[xv], producto del despilfarro
a que sometió los propios y sobre los cuales montó la opulencia de su sociedad
de consumo. De ahí que en nuestro criterio son los abundantes crudos venezolanos,
de los cuales ya dependen, el real interés de los Estados Unidos y de las multinacionales
y que su preocupación sea el gobierno bolivariano del Presidente Hugo Chávez con
sus políticas nacionalistas, donde Colombia bajo la égida del Presidente Alvaro
Uribe Vélez juegue el papel proclive a ese interés, como va siendo de todo el
mundo conocido. De ahí que Colombia asista en su inmediato futuro a los efectos
desoladores de una doble incertidumbre.
[i] Profesor Escuela Superior de Administración Pública y Universidad Nacional de Colombia
[ii] Bajo el argumento que el petróleo va a ser muy pronto sustituido en el mundo como insumo energético
[iii] Según algunos expertos el costo por crudo ha importar ahora puede llegar a los US$ 30 mil millones.
[iv] “Colombia es el país de América Latina que más ajustes le ha introducido a los términos de los contratos desde 1970: cinco en total”. Economía Colombiana y Coyuntura política. Diciembre de 2002
[vi] Antes se necesitaba licencia ambiental para cada fase del proceso.
[vii] Estos cambios los recuerda la Revista Dinero de Abril 27 del 2001, “Ahora Ecopetrol no tiene que sentarse a esperar que lleguen compañías interesadas...ahora el presidente de Ecopetrol sale a vender el país”.
[viii] C.J. Campbell. La política petrolera
colombiana frente a la próxima crisis petrolera Mundial. Multiscience Publishing- Petroconsultans.
Londres. 1996.
[ix] “George W. Bush fue a trabajar en Harken Energy en 1986 cando la compañía compró Spectrum 7, una compañía que antes había comprado la compañía petrolera Arbusto la empresa fracasada de Bush. Harken le dio a Bush 2 millones de dólares en acciones, un puesto de consejero por 122.00 dólares anuales, y un asiento en su consejo de directores.
Mientras Bush trabajaba para Harken, Rodrigo Villamizar, - hoy convicto fugitivo de la justicia colombiana- amigo de Bush y quien le había conseguido un puesto en la Comisión de Desarrollo Económica del Senado del estado de Texas y de la comisión de Servicios públicos del mismo estado, cuando llegó a ser director de la oficina de minas de Colombia le devolvió el favor otorgándole a la Harken una serie de contratos en el magdalena medio. Región infectada por paramilitares y en donde la Harken aún sigue activa , gracia en parte al financiamiento de la corporación de Finanzas internacionales del Banco Mundial y los paramilitares continúan aterrorizando a todo el que amenace los intereses corporativos en la región”. Sean Donahue. El otro escándalo energético de Harken. Traducido para rebelión por Germán Leyens. 12 de julio de 2002
[x] Contraloría General
de la República. Comentarios a la ley de regalías. Ley 619de 200
[xi] Vía Alterna. Milton Rengifo.
[xii] “Así, de tajo, el Gobierno y sus áulicos le raparon a las regiones $614 mil millones por año para darlos a las multinacionales y, claro, para continuar pagando la deuda con la banca”. Ibid.
[xiii] Alvarez, Carlos Guillermo. Geopolítica y Política Petrolera en Colombia Universidad Nacional. Censat, Segundo Panel Internacional Energía para Sociedades Sustentables. Bogotá julio 25 al 27 de 2002
[xiv] Declaraciones de la embajadora de USA en Colombia, Anne Paterson, publicadas en el periódico El Tiempo el 11 de febrero del 2002
[xv] Esta dependencia es particularmente aguda en el caso del petróleo, que representa el 35% del consumo estadounidense de energía y es absolutamente indispensable para el transporte y aéreo. Al momento actual, los EE.UU recibe alrededor de 53% de sus requisitos energéticos de fuentes extranjeras y para el 2020 se prevé que esta cifra se elevará al 62 %: Michael T. Klare. Petropolíltica global: Implicaciones del plan energético de Bush en el extranjero. http//WWW. Rebelión.org