VOLVER
Declaración
de las ONG colombianas a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
60o período de sesiones, marzo-abril 2004
Durante el año
2003, la situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia
continuó agravándose. La política de "seguridad democrática"
del Gobierno desconoce el derecho internacional de derechos humanos y el derecho
humanitario, y se reduce a un concepto restringido y arbitrario de seguridad.
El Gobierno prioriza la búsqueda de una solución militar y de fuerza
antes que una negociación política. Persisten los altos niveles
de violencia sociopolítica y las políticas gubernamentales no se
dirigen a combatir todos los factores de violencia.
Adicionalmente, el
Presidente de la República ha manifestado repetidamente que no cree en
el principio de distinción, que todas las personas en Colombia están
obligadas a apoyar militarmente al Ejército y que en Colombia no hay combatientes,
únicamente terroristas. Los programas de soldados campesinos y red de informantes
continúan vigentes, generando ataques a las familias de los soldados y
detenciones arbitrarias.
El Gobierno está desmontando el Estado
Social y Democrático de Derecho, para establecer un Estado comunitario,
que pretende acentuar el poder presidencial, eliminando los controles judiciales
a su actuación y restringiendo la independencia de las otras ramas del
poder, y entregar a las comunidades las responsabilidades del Estado como seguridad,
satisfacción de necesidades básicas y justicia, sin dotarlas de
recursos para atenderlas. Los derechos económicos, sociales y culturales
no son objeto de una adecuada atención estatal.
A esta situación
se suma el recrudecimiento de la persecución contra la oposición
política; líderes de sectores políticos disidentes del Gobierno
han sido detenidos sin fundamento, y toda oposición ha sido estigmatizada.
Con todas estas actuaciones, el Gobierno desconoce su obligación
de garantizar seguridad humana. El "fundamento y razón de ser de la
seguridad es la protección de la persona humana. Las condiciones de seguridad
mejoran mediante el pleno respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del
desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación
y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre"[1].
1.
Cifras de violencia sociopolítica
Entre julio de 2002 y junio de
2003, más de 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas
o muertas en combate en razón de la violencia sociopolítica. El
promedio de los últimos tres años se mantiene en 7.000 personas
muertas y desaparecidas por violencia sociopolítica.
Aproximadamente
el 70% de los homicidios políticos y de personas socialmente marginadas
y de las desapariciones forzadas entre julio 2002 y julio de 2003 en los que se
conoce el autor genérico, se atribuyó a agentes estatales: directamente
8% (152 víctimas), e indirectamente, por omisión, tolerancia, aquiescencia
o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, 62% (1.220 víctimas).
A las guerrillas se atribuyó el 30% de los casos (600 víctimas).
Entre julio de 2002 y junio de 2003 fueron secuestradas 2.501 personas: presuntamente
1.498 (60%) por las guerrillas, 171 (7%) por los grupos paramilitares, 396 (16%)
por la delincuencia común, y 436 (17%) sin presunto autor identificado.
Hay pruebas de participación de agentes y ex agentes estatales en secuestros.
2. Desmonte del Estado Social y Democrático de Derecho
Las
propuestas gubernamentales de reforma a la justicia para impedir que la acción
de tutela proteja derechos económicos, sociales y culturales, y recortar
las facultades de la Corte Constitucional afectarán gravemente, entre otros,
el acceso a educación, salud y trabajo.
El Gobierno intentó,
vía referendo, modificar la Constitución con medidas contrarias
al Estado Social y Democrático de Derecho. Ante el fracaso del referendo,
intentó las reformas a través del Congreso, donde tampoco tuvo éxito.
Sin embargo, ha anunciado que persistirá en imponer sus propuestas.
Se han disminuido los recargos salariales, y se modificó el régimen
pensional. El Plan nacional de desarrollo disminuye el gasto de inversión
social y no erradicará la discriminación.
3. Facultades
judiciales a las fuerzas militares
El proyecto de reforma constitucional
que otorga facultades judiciales a las fuerzas militares, autorizando detenciones
y allanamientos sin orden judicial hasta por 36 horas, ha sido aprobado en 7 de
los 8 debates que debe surtir en el Congreso. El Gobierno insiste en esta iniciativa,
contra lo recomendado por el Alto Comisionado y por el Comité contra la
Tortura, y contra lo acordado en la Declaración de la Presidenta de la
Comisión en abril de 2003.
4. Impunidad
La situación
de impunidad en Colombia continúa, agravada porque la Fiscalía General
de la Nación no investiga adecuadamente a agentes estatales y miembros
de grupos paramilitares violadores de derechos humanos, en contraste con la judicialización
de personas capturadas masivamente, sindicadas de pertenecer a las guerrillas.
El Gobierno nacional presentó al Congreso en agosto de 2003 un
proyecto de ley que prevé que, a solicitud del Presidente de la República,
"el juez deberá conceder la suspensión de la pena" a "personas
pertenecientes a un grupo armado" que hayan cometido cualquier crimen[2].
La OACNUDH expresó, entre otras preocupaciones, que dicho proyecto "abre
la puerta a la impunidad" y vulnera "los principios democráticos
de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones penales"[3].
5. Detenciones masivas y arbitrarias
El Gobierno ha generalizado las
capturas masivas y arbitrarias, en muchos casos sin orden judicial, fundamentadas
principalmente en acusaciones de informantes y excombatientes, desconociendo los
derechos de presunción de inocencia y debido proceso.
No existe
certeza sobre esas acusaciones. El Fiscal General reconoció que "estos
operativos son extremos y es probable que algunas de las personas detenidas resulten
en libertad después de verificar sus antecedentes y no encontrar elementos
que las vinculen. Pero es una situación que la exige el país."[4]
Sin embargo, las autoridades buscan judicializar a las personas detenidas.
De 143 personas detenidas en agosto de 2003 en una operación en Sucre,
sindicadas de colaboradoras con la guerrilla, 128 fueron dejadas en libertad 3
meses después por falta de pruebas. El Fiscal General aseguró que
el Fiscal que había ordenado la libertad debía ser destituido, e
inició una investigación penal en su contra, por el delito de prevaricato.
Por su parte, la entonces Ministra de Defensa sostuvo que recapturarían
a los 128 liberados.
En vísperas de elecciones, el 21 de octubre
en Arauca, fueron capturadas 31 personas, muchas de ellas candidatas de oposición
a elecciones locales, también sindicadas de colaborar o pertenecer a las
guerrillas. En Cumaribo, Vichada, fueron capturadas 97 personas también
el 21 de octubre de 2003, señaladas por el Ejército de pertenecer
o apoyar a las Farc[5].
Entre septiembre de 2002 y noviembre de 2003 han
sido masivamente detenidas 5.657 personas.
6. Torturas
El Comité
contra la Tortura manifestó en sus recomendaciones sobre Colombia en noviembre
de 2003 que en el país se cometen torturas "de manera generalizada
y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (…) tanto en
operaciones armadas como fuera de ellas", y que las actuales políticas
de seguridad favorecen la práctica de torturas.
El Comité
expresó también preocupación por las torturas a personas
detenidas, y por el hacinamiento en los lugares de reclusión.
7.
Desplazamiento forzado
Entre enero y septiembre de 2003, 175.270 personas
fueron desplazadas forzadamente. La aparente disminución frente a años
anteriores se debe a varios factores que ocultan la realidad: aumento de los desplazamientos
dentro de un mismo municipio e intra-urbanos; impedimento a algunas poblaciones
de desplazarse, y problemas para el registro de población desplazada, como
el temor a registrarse.
El sistema de alertas tempranas no funciona adecuadamente;
cuando opera, su respuesta es tardía y prioritariamente militarista. La
política de retorno del Gobierno no ofrece garantías, y exige la
participación ciudadana en programas de soldados campesinos, red de informantes
y familias guardabosques, involucrando a la población desplazada en el
conflicto. Las comunidades que no desean participar han sido estigmatizadas. La
obtención de atención estatal se sujeta al retorno, y no hay una
partida presupuestal para atención al desplazamiento.
Las fumigaciones
indiscriminadas debido a la lucha antinarcóticos financiada por el Plan
Colombia han provocado, entre otros, enfermedades, crisis alimenticias y desplazamientos.
8. Desaparición forzada
Entre enero y agosto de 2003, 684 personas
fueron víctimas de desaparición forzada, cifra en aumento en relación
con el año anterior. Si bien este delito fue tipificado hace 3 años,
no hay avances significativos en las investigaciones.
9. Defensores de
derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas
En septiembre
de 2003, durante la semana nacional de los derechos humanos, el Presidente Álvaro
Uribe reaccionó frente a una publicación de varias ONG pronunciando,
en una ceremonia militar, un discurso televisado en el cual acusó a los
defensores de derechos humanos de ser "traficantes de derechos humanos"
y defender intereses terroristas.
Defensores, sindicalistas y líderes
sociales han sido víctimas de detenciones arbitrarias prolongadas y sin
pruebas. Muchos han debido exiliarse.
Entre enero y noviembre de 2003,
12 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 1 defensora desaparecida;
29 líderes comunales y 23 líderes campesinos fueron asesinados o
desaparecidos. Entre junio de 2002 y mayo de 2003, 126 sindicalistas fueron asesinados
o desaparecidos.
10. Sectores en condiciones de vulnerabilidad
La
situación de mujeres, niñez, jóvenes, personas ancianas,
homosexuales, población campesina y personas socialmente marginadas continúa
deteriorándose, debido a las políticas antidemocráticas del
Gobierno, al conflicto armado, a la violencia intrafamiliar y a la pobreza. El
reclutamiento y maltrato de niñas, niños y jóvenes por parte
de los grupos armados continúa. El proyecto de ley sobre servicio militar
obligatorio extendería esta obligación a mujeres e indígenas,
hasta hoy exentos, con lo cual se generarían nuevos factores de vulnerabilidad.
Las mujeres enfrentan violencia, discriminación, pobreza y exclusión,
que demuestran un alarmante retroceso en los escasos avances logrados en este
sentido. La guerra involucra con mayor fuerza y crueldad a las mujeres, principales
víctimas del desplazamiento forzado, de la violencia sexual y de manera
creciente, del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados.
Los
pueblos indígenas continúan siendo víctimas de violaciones
a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, que conducen al
genocidio y etnocidio. Se vulneran sus derechos al territorio, la cultura y la
autonomía. Sufren desplazamientos, asesinatos, señalamientos y el
control de los grupos armados en sus territorios, contra su voluntad.
Las
comunidades afrodescendientes, como lo constató el Relator Especial sobre
Racismo, son víctimas de discriminación racial y las principales
afectadas por los desplazamientos forzados. La titularización de tierras
está congelada y los territorios titulados colectivamente se encuentran
en su mayoría en poder de grupos armados.
11. Ausencia de un proceso
de paz
El Gobierno no ha iniciado un proceso serio de conversaciones
de paz, y mantiene una actitud de confrontación con los grupos guerrilleros
y de conciliación con los grupos paramilitares. Las medidas de la "política
de seguridad democrática" alejan las posibilidades de reconciliación,
pues involucran a la población en el conflicto, militarizan el país,
fomentan una política de delación y dejan en la impunidad graves
crímenes.
12. Negociación con los grupos paramilitares
El Gobierno adelanta, sin transparencia alguna, unas negociaciones confidenciales
con los grupos paramilitares, que condujeron a una primera desmovilización
seriamente cuestionada. Estas conversaciones no garantizan verdad, justicia y
reparación, no hay participación de la ciudadanía ni de las
víctimas, y los paramilitares no han cesado los ataques a la población
civil. A pesar de que adquirieron con el Gobierno el compromiso de cesar hostilidades,
entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 han sido presuntamente responsables
de 748 homicidios. Los paramilitares serían beneficiarios de la polémica
ley de "alternatividad penal". Como lo han constatado reiteradamente
organismos de Naciones Unidas, y recientemente el Comité contra la Tortura,
los nexos entre la fuerza pública y los grupos paramilitares persisten.
13. Falta de cooperación con Naciones Unidas
La Presidencia
de la República negó una petición de retirar el proyecto
de reforma constitucional de facultades judiciales a la fuerza pública,
argumentando que éste no desconoce los derechos humanos, y que "las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el respeto a la autodeterminación
de los pueblos y la soberanía nacional", y que por lo tanto el requerimiento
de Naciones Unidas no impone al Gobierno la obligación de retirarlo.
14. Infracciones al derecho humanitario
Las graves infracciones de
las partes al derecho internacional humanitario continúan, y son cometidas
por todos los grupos combatientes. Entre esas infracciones se encuentran la toma
de rehenes, en sus manifestaciones de secuestros y retención de civiles.
Entre muchas otras infracciones, se citan a manera de ejemplo las siguientes:
El 24 de febrero de 2003, tras un bombardeo aéreo indiscriminado perpetrado
presuntamente por el Ejército y la Fuerza Aérea durante una operación
militar en El Carmen (Norte de Santander), resultó muerta una niña
de nueve años y heridos su hermano de seis años de edad y una joven
de 18 años[6].
Miembros del Pueblo Embera manifestaron a la Relatoría
de Pueblos Indígenas de la CIDH que visitó el territorio en junio
de 2003, que deben desplazarse a Tierralta para comprar víveres y que en
muchas oportunidades la Fuerza Pública impide el paso de los mismos, argumentando
que son para la guerrilla[7].
El 8 de agosto de 2003, en el municipio
de Saravena (Arauca) murieron cinco personas, entre ellas dos niños, y
cinco más resultaron heridas. Presuntos milicianos de las Farc activaron
a control remoto un carro bomba cuando pasaba una camioneta con soldados del Ejército[8].
El Eln asesinó el 23 de abril de 2003, en Cocorná, la educadora
y sindicalista Ana Cecilia Duque, quien había sido secuestrada dos días
antes, para presionar a su padre a asesinar a un comandante paramilitar. El padre
se negó a hacerlo, razón por la cual su hija fue ejecutada.
PETICIONES
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
debe:
I. Instar al Gobierno colombiano a:
1. Cumplir inmediatamente
y sin excepción las recomendaciones del Alto Comisionado, los procedimientos
especiales y los Comités de vigilancia de los tratados.
2. Diseñar
e implementar de inmediato una política de derechos humanos que se ajuste
a la legislación internacional.
3. Retirar todo proyecto de ley
y de reforma constitucional u otra iniciativa que incorpore en la legislación
normas contrarias a los derechos humanos o al derecho humanitario. En particular,
dejar sin vigencia la reforma constitucional que otorgó facultades judiciales
y de policía judicial a las fuerzas militares, y garantizar que dichas
facultades sean ejercidas por autoridades judiciales y civiles. El Gobierno debe
retirar el proyecto de ley denominado de "alternatividad penal".
4. Desmontar programas como la red de informantes y los soldados campesinos,
por ser contrarios al derecho internacional de los derechos humanos.