Adhesión a la Marcha del 20 de Mayo por los Desaparecidos

La Corriente de Izquierda y los Desaparecidos

Se conmemora este 20 de mayo un nuevo aniversario de la trágica detención y asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz por la concertación represiva de las dictaduras argentina y uruguaya. Esta fecha y la marcha para la cual se convoca, constituyen un símbolo por todos los desaparecidos durante esa etapa vivida en el Cono Sur de destrucción de los derechos de la persona y de la libertad del ser humano.

La Corriente de Izquierda convoca a todos sus compañeros y simpatizantes para el día 20 a las 18 horas para la marcha en defensa de los Derechos Humanos violados y para el 19 a las 15 horas en el Cementerio Central en que los compañeros del 20 de Mayo, integrantes de la Corriente de Izquierda se reunirán en homenaje ante la tumba de Zelmar Michelini.

En un momento especial como el que se vive hoy sobre el tema de los desaparecidos, importa a la Corriente de Izquierda precisar ante nuestra opinión pública algunos conceptos sobre el tema.

1) La opinión pública ha recibido con beneplácito la conducta del nuevo Presidente Batlle recibiendo a los familiares de desaparecidos e impulsando objetivos puntuales, algunos de los cuales han sido logrados. Sin duda nos ha conmovido la identificación de la nieta de Gelman, la posibilidad de la realización después de tanta resistencia a nivel judicial, de la prueba del ADN en el caso de Simón y una primera sentencia judicial disponiendo la investigación por el Poder Ejecutivo de la desaparición forzada de Elena Quinteros en orden al artículo 4 de la Ley de Impunidad.

El marco de la satisfacción moral por esos hechos no nos oculta la contradicción que implica la declaración del Presidente Batlle en el Consejo Central de la Universidad de la República de que no llevará a la práctica la investigación dispuesta por el art. 4 de la ley 15848. Ni tampoco tiene coherencia el recurso de apelación interpuesto por el Poder Ejecutivo contra la referida sentencia de investigación de la desaparición de Elena Quinteros.

2) Si hoy, desde la cumbre máxima del poder político se ha demostrado sensibilidad en contraste con la actitud del Presidente saliente Sanguinetti, ha sido sin lugar a dudas porque en la sociedad uruguaya se mantuvo una conciencia ética activa, vigilante y sin desmayos para considerar que las violaciones a los Derechos Humanos no era un capítulo cerrado sino que era parte de una historia que era preciso esclarecer y juzgar. Los familiares de desaparecidos, los organismos de Derechos Humanos, la gente que desde los partidos políticos siguió apoyando esa lucha de familiares, los hombres comunes del Uruguay que no abandonaron su juicio adverso a la dictadura y que no ingresaron en el «no te metás» del neoliberalismo fueron una presencia permanente que explica hoy que un Ejecutivo nuevo entienda que no es posible continuar el camino del país sin encontrar una solución a esa temática. La lucha contra la impunidad no puede quedar compartimentada. Habría que agregar que esa lucha contra la impunidad no podría olvidar tampoco a ciertos casos de impunidad en la democracia como fue el asesinato de Morroni que no puede tampoco escapar a la memoria.

3) Tampoco aquellos resultados puntuales pueden servir para vestir una solución de fondo inadmisible que planteara el Presidente de la República en base a las ideas de perdón, indemnización, y declaración de muerte de los desaparecidos. Y alertamos esto porque el marketing, la propaganda, la intención de prestigio político, no pueden justificar que el Presidente solicite perdón en nombre del Estado por las violaciones a los Derechos Humanos porque no fue el Estado en su funcionamiento normal, sino los golpistas violando el Estado de Derecho los que lesionaron los sentimientos de la comunidad. No hay perdón por delegación de los no arrepentidos.

Más aún, el perdón funciona en el mundo moral pero no en el de la vida política donde la ley es la responsabilidad tanto por lo bueno como por lo de dañoso que se ejecuta. De ninguna manera el eje temático es una especie de doble perdón entre represores y reprimidos porque en la sociedad uruguaya fuera de esos dos bandos, vastos contingentes de la sociedad resistieron a la dictadura cívicamente, de mil maneras de modo tal que no es posible el revisionismo en base a perdones bilaterales.

La indemnización planteada no es seria ante los reclamos de verdad y la declaración de muerte de los desaparecidos constituye una falsificación histórica porque no fueron muertes naturales sino desapariciones forzadas y no puede haber exoneración de ese carácter.

4) Sin dejar de reconocer lo positivo de los episodios concretos logrados no es posible olvidar la solución general que esperan todos los que sufrieron los agravios concretos pero también toda la sociedad que ha sido lesionada por el atentado a la libertad y a la integridad del ser. Investigación, verdad, conocimiento, justicia y ética política están marcando el cumplimiento no sólo del artículo 4 de la ley 15848 por lo que ha luchado el movimiento popular. En 1995 el Uruguay asumió un compromiso internacional con la Convención Contra la Desaparición Forzada y la ley que la aprobó del gobierno de Sanguinetti que obliga también al Presidente actual a la indagación de las desapariciones forzadas, porque esa misma Convención califica a ese delito como un delito permanente.

Más allá de una consulta popular de plebiscito que respetamos, aunque se dio en circunstancias muy próximas al tiempo de facto, no podemos negar que ningún pueblo puede ahogar para siempre su necesidad de justicia.