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Nueva
operación policial contra proyectos a favor del euskara
PEPÍN
En la madrugada del 17 de octubre, un gran despliegue de agentes de la guardia civil llevó a cabo el arresto de ocho personas, siete en Gipuzkoa y una en Navarra, y les incomunicaba en aplicación de la legislación antiterrorista. Todos tenían en común su trabajo en empresas y organismos relacionados con el euskara y la cultura vasca. Además de las detenciones, se llevaron a cabo trece registros, tanto en domicilios como en lugares de trabajo. Estos registros afectaron a la sede que la distribuidora y editora Zabaltzen tiene en Donosti y a varias empresas con sede en el Parque Cultural Martín Ugalde, de Andoain, entre ellas EKT, impulsora del diario en euskara Berria. Los agentes se llevaron abundante documentación y ordenadores.
La operación policial fue ordenada por el juez de la audiencia nacional Juan del Olmo, magistrado que ya había clausurado, hace ocho meses, Egunon Egunkaria, el único –en ese momento- diario íntegramente escrito en euskara, y la detención y encarcelamiento de varios de sus responsables. Al respecto, el abogado de Egunkaria señaló que la actual operación policial iba dirigida, por un lado, contra las empresas que quedaban sin clausurar del grupo empresarial Egunkaria SA y, por otro, contra la empresa Buruntzape SL. Esta última es la titular de todo el Parque Cultural Martín Ugalde. Este parque es un complejo cultural que alberga las oficinas de 25 empresas y organismos relacionados con la lengua vasca y la sede de Kontseilua, consejo de organismos sociales del euskara. También están las sedes de los periódicos Egunkaria y Berria, que sustituyó al anterior.
Entre los detenidos se encontraban gestores, responsables de contabilidad y administradores de editoriales o imprentas relacionadas con el euskara. También estaban el director financiero del diario y el secretario del consejo de administración de EKT, que a su vez era el portavoz de los trabajadores del Egunon tras su clausura.
“Igual que hace ocho meses” era la frase más repetida por los trabajadores de las empresas con sede en el Martín Ugalde Kultur Parkea, recordando así el operativo policial que el pasado febrero acabó con el cierre de Egunkaria y la detención de diez de sus responsables. Por cierto, como resultado de esa operación, tres personas siguen encarceladas; el resto quedó en libertad.
A las pocas horas de producirse, las nuevas detenciones fueron justificadas por el ministro de interior español, que las relacionó con “la investigación de posibles irregularidades contables, desvío de subvenciones y blanqueo de dinero”. Sin embargo, no explicó cómo acusaciones de supuestos delitos fiscales justificaban el asalto nocturno de viviendas y de empresas, y la incomunicación de los detenidos.
Por su parte, Kontseilua calificó la redada de “agresión contra el movimiento en pro de la normalización del euskara” y convocaba concentraciones de protesta en todas las localidades de Euskal Herria, así como una manifestación en Donosti. La delegación del gobierno en Navarra prohibió todos los actos organizados en su comunidad por tratarse de una “protesta contra una actuación judicial”.
Las informaciones justificativas de los medios de comunicación oficiales (como la de ABC: “La guardia civil acaba con la red “Egunkaria”, la caja “B” de ETA”), que daban amplio respaldo a las acusaciones policiales, contrastaron con las abundantes y variadas muestras de rechazo ante la redada. Las concentraciones organizadas al día siguiente de las detenciones fueron masivas. Pero la demostración más clara de rechazo fue la riada humana –unas 25.000 personas- que participaron el 19 de octubre en Donosti en la manifestación que, bajo el lema “Gora euskal herri euskalduna, bai euskarari”, exigió el fin de los ataques contra el euskara y su cultura. Durante la protesta fueron constantes las referencias a la tortura ante el temor por el trato que podían estar recibiendo los detenidos.
El 20 de octubre, quinto y último día legal de incomunicación, pasaron a declarar ante Juan del Olmo los ocho detenidos. El magistrado sumó ese día nuevos despropósitos a su ya larga lista. Mandó desalojar la planta del edificio judicial, para evitar cualquier posible contacto de los arrestados antes de comparecer. Luego los detenidos empezaron a desfilar por el despacho del juez en unas comparecencias con abogado de oficio que se prolongaron durante 22 horas. Ya por la noche, Eneko Etxebarria, abogado defensor de uno de los acusados y representante legal de Egunkaria SA, era detenido en los pasillos de la audiencia cuando esperaba ver a su defendido. El juez comunicó a Etxebarria su detención personalmente y ordenó además su incomunicación. La sorpresa fue mayúscula, ya que este letrado, desde la clausura del periódico en euskara, estaba en constante contacto con el magistrado al que había aportado la documentación requerida y atendido en todas sus peticiones.
El 21, del Olmo decretó la puesta en libertad de todos los detenidos. Estos, tras recuperar su libertad –para lo que cinco de ellos tuvieron que hacer frente a un total de 96.000 euros en fianzas- se mostraron indignados por sus detenciones y negaron todas las acusaciones. Esta vez ninguno de ellos denunció malos tratos ni torturas.
En un auto de tres folios, el magistrado reconoció que habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario para lograr la “concreción de los elementos de incriminación”. El juez recogió los argumentos que le llevaron a ordenar la operación policial, situando ésta en “la instrucción judicial enmarcada en el entramado presuntamente delictivo relacionado con la instrumentalización del “proyecto Egunkaria” por parte de ETA”. Según del Olmo, existen una “pluralidad de indicios” que “perfilan un entramado delictivo de matriz económica”. Estos “indicios” estarían recogidos en los “detallados y rigurosos informes de la guardia civil”.
La información de la liberación de los arrestados pasó discretamente por los medios. Donde hubo portadas, editoriales y acusaciones, ahora había disimulo.
Varios de los detenidos, a su llegada a Euskal Herria, denunciaron que la actuación del juez había puesto al Parque Martín Ugalde al borde del cierre por el bloqueo de sus cuentas bancarias. En esa misma línea, la diputación de Gipuzkoa informó de la recepción de un auto de del Olmo que comunicaba el bloqueo de cuentas y embargos.
El 27 de octubre, finalmente, los representantes legales de Egunkaria recibieron un auto en el que el magistrado informaba de que levantaba el secreto de sumario. Después de dos años de investigaciones judiciales, y ocho meses desde el cierre del periódico, la defensa puede acceder por primera vez a los 30.000 folios de documentos e informes policiales que sirvieron de base al juez. Según el abogado defensor, “por fin podremos saber lo que se imputa a cada uno de los acusados”.
Sin embargo, las palabras de uno de los detenidos en esta última redada –“no debemos extrañarnos si continúan con la criminalización”- parecen proféticas. A primeros de noviembre, del Olmo hacía público un auto en el que afirmaba que el Martín Ugalde Kultur Parkea “es un proyecto que sirve a los fines para lo que se creó la práctica de acumulación de fuerzas diseñada por la banda terrorista ETA”. Esto puede indicar que las medidas judiciales no se van a parar solamente en el cierre del periódico Egunkaria. Por cierto, en el mismo auto, del Olmo prorrogaba otros seis meses la suspensión de actividades de ese diario.
En libertad los tres abertzales encarcelados por organizar una manifestación
PEPÍN
El 22 de octubre salían de la cárcel Juan Joxe Petrikorena, Iñigo Balda y Ainhoa Iñigo, tras depositar unas elevadísimas fianzas de 30.000 euros cada uno. La temporal ausencia de Baltazar Garzón permitió que otro juez de la audiencia nacional decretar su libertad.
Estas tres personas, miembros de la dirección de la disuelta Batasuna, un exconcejal de esa formación y una particular, respectivamente, fueron detenidas a mediados de septiembre por orden de Garzón, que les imputaba “colaboración con organización terrorista”, “desobediencia a la autoridad” y “ultrajes a España” por haber organizado en agosto una manifestación en Donosti bajo el lema “No al apartheid, autodeterminación” (ver MOLOTOV anterior). Según Garzón, la manifestación, a cuyo término dos personas quemaron una bandera española, había sido convocada por Batasuna, burlando así su auto de suspensión de actividades dictado contra esta formación. Al hacer responsables a estas tres personas de la organización de la protesta, Garzón no sólo ordenaba su encarcelamiento sino que añadía el cierre de tres herriko tabernas por ser los espacios desde donde se habrían desarrollado las iniciativas necesarias para la celebración de la protesta (pegada de carteles..). Obviaba el juez no sólo una sentencia del tribunal superior de justicia del País Vasco que había declarado legal la manifestación, sino la jurisprudencia de este tribunal, que afirmaba que los miembros de Batasuna no perdían sus derechos civiles -entre ellos el de convocar manifestaciones- por la citada suspensión.
Tras un mes de encarcelamiento, la fiscalía de la audiencia nacional rebajó las acusaciones a “enaltecimiento del terrorismo” y “ultraje a la bandera” por lo que la magistrada Teresa palacios dictó la excarcelación.
Como afirmaba uno de los detenidos al quedar libre: “ha sido un despropósito judicial con trasfondo de barbaridad política”.
PEPÍN
En la madrugada del 17 de octubre, un gran despliegue de agentes de la guardia civil llevó a cabo el arresto de ocho personas, siete en Gipuzkoa y una en Navarra, y les incomunicaba en aplicación de la legislación antiterrorista. Todos tenían en común su trabajo en empresas y organismos relacionados con el euskara y la cultura vasca. Además de las detenciones, se llevaron a cabo trece registros, tanto en domicilios como en lugares de trabajo. Estos registros afectaron a la sede que la distribuidora y editora Zabaltzen tiene en Donosti y a varias empresas con sede en el Parque Cultural Martín Ugalde, de Andoain, entre ellas EKT, impulsora del diario en euskara Berria. Los agentes se llevaron abundante documentación y ordenadores.
La operación policial fue ordenada por el juez de la audiencia nacional Juan del Olmo, magistrado que ya había clausurado, hace ocho meses, Egunon Egunkaria, el único –en ese momento- diario íntegramente escrito en euskara, y la detención y encarcelamiento de varios de sus responsables. Al respecto, el abogado de Egunkaria señaló que la actual operación policial iba dirigida, por un lado, contra las empresas que quedaban sin clausurar del grupo empresarial Egunkaria SA y, por otro, contra la empresa Buruntzape SL. Esta última es la titular de todo el Parque Cultural Martín Ugalde. Este parque es un complejo cultural que alberga las oficinas de 25 empresas y organismos relacionados con la lengua vasca y la sede de Kontseilua, consejo de organismos sociales del euskara. También están las sedes de los periódicos Egunkaria y Berria, que sustituyó al anterior.
Entre los detenidos se encontraban gestores, responsables de contabilidad y administradores de editoriales o imprentas relacionadas con el euskara. También estaban el director financiero del diario y el secretario del consejo de administración de EKT, que a su vez era el portavoz de los trabajadores del Egunon tras su clausura.
“Igual que hace ocho meses” era la frase más repetida por los trabajadores de las empresas con sede en el Martín Ugalde Kultur Parkea, recordando así el operativo policial que el pasado febrero acabó con el cierre de Egunkaria y la detención de diez de sus responsables. Por cierto, como resultado de esa operación, tres personas siguen encarceladas; el resto quedó en libertad.
A las pocas horas de producirse, las nuevas detenciones fueron justificadas por el ministro de interior español, que las relacionó con “la investigación de posibles irregularidades contables, desvío de subvenciones y blanqueo de dinero”. Sin embargo, no explicó cómo acusaciones de supuestos delitos fiscales justificaban el asalto nocturno de viviendas y de empresas, y la incomunicación de los detenidos.
Por su parte, Kontseilua calificó la redada de “agresión contra el movimiento en pro de la normalización del euskara” y convocaba concentraciones de protesta en todas las localidades de Euskal Herria, así como una manifestación en Donosti. La delegación del gobierno en Navarra prohibió todos los actos organizados en su comunidad por tratarse de una “protesta contra una actuación judicial”.
Las informaciones justificativas de los medios de comunicación oficiales (como la de ABC: “La guardia civil acaba con la red “Egunkaria”, la caja “B” de ETA”), que daban amplio respaldo a las acusaciones policiales, contrastaron con las abundantes y variadas muestras de rechazo ante la redada. Las concentraciones organizadas al día siguiente de las detenciones fueron masivas. Pero la demostración más clara de rechazo fue la riada humana –unas 25.000 personas- que participaron el 19 de octubre en Donosti en la manifestación que, bajo el lema “Gora euskal herri euskalduna, bai euskarari”, exigió el fin de los ataques contra el euskara y su cultura. Durante la protesta fueron constantes las referencias a la tortura ante el temor por el trato que podían estar recibiendo los detenidos.
El 20 de octubre, quinto y último día legal de incomunicación, pasaron a declarar ante Juan del Olmo los ocho detenidos. El magistrado sumó ese día nuevos despropósitos a su ya larga lista. Mandó desalojar la planta del edificio judicial, para evitar cualquier posible contacto de los arrestados antes de comparecer. Luego los detenidos empezaron a desfilar por el despacho del juez en unas comparecencias con abogado de oficio que se prolongaron durante 22 horas. Ya por la noche, Eneko Etxebarria, abogado defensor de uno de los acusados y representante legal de Egunkaria SA, era detenido en los pasillos de la audiencia cuando esperaba ver a su defendido. El juez comunicó a Etxebarria su detención personalmente y ordenó además su incomunicación. La sorpresa fue mayúscula, ya que este letrado, desde la clausura del periódico en euskara, estaba en constante contacto con el magistrado al que había aportado la documentación requerida y atendido en todas sus peticiones.
El 21, del Olmo decretó la puesta en libertad de todos los detenidos. Estos, tras recuperar su libertad –para lo que cinco de ellos tuvieron que hacer frente a un total de 96.000 euros en fianzas- se mostraron indignados por sus detenciones y negaron todas las acusaciones. Esta vez ninguno de ellos denunció malos tratos ni torturas.
En un auto de tres folios, el magistrado reconoció que habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario para lograr la “concreción de los elementos de incriminación”. El juez recogió los argumentos que le llevaron a ordenar la operación policial, situando ésta en “la instrucción judicial enmarcada en el entramado presuntamente delictivo relacionado con la instrumentalización del “proyecto Egunkaria” por parte de ETA”. Según del Olmo, existen una “pluralidad de indicios” que “perfilan un entramado delictivo de matriz económica”. Estos “indicios” estarían recogidos en los “detallados y rigurosos informes de la guardia civil”.
La información de la liberación de los arrestados pasó discretamente por los medios. Donde hubo portadas, editoriales y acusaciones, ahora había disimulo.
Varios de los detenidos, a su llegada a Euskal Herria, denunciaron que la actuación del juez había puesto al Parque Martín Ugalde al borde del cierre por el bloqueo de sus cuentas bancarias. En esa misma línea, la diputación de Gipuzkoa informó de la recepción de un auto de del Olmo que comunicaba el bloqueo de cuentas y embargos.
El 27 de octubre, finalmente, los representantes legales de Egunkaria recibieron un auto en el que el magistrado informaba de que levantaba el secreto de sumario. Después de dos años de investigaciones judiciales, y ocho meses desde el cierre del periódico, la defensa puede acceder por primera vez a los 30.000 folios de documentos e informes policiales que sirvieron de base al juez. Según el abogado defensor, “por fin podremos saber lo que se imputa a cada uno de los acusados”.
Sin embargo, las palabras de uno de los detenidos en esta última redada –“no debemos extrañarnos si continúan con la criminalización”- parecen proféticas. A primeros de noviembre, del Olmo hacía público un auto en el que afirmaba que el Martín Ugalde Kultur Parkea “es un proyecto que sirve a los fines para lo que se creó la práctica de acumulación de fuerzas diseñada por la banda terrorista ETA”. Esto puede indicar que las medidas judiciales no se van a parar solamente en el cierre del periódico Egunkaria. Por cierto, en el mismo auto, del Olmo prorrogaba otros seis meses la suspensión de actividades de ese diario.
En libertad los tres abertzales encarcelados por organizar una manifestación
PEPÍN
El 22 de octubre salían de la cárcel Juan Joxe Petrikorena, Iñigo Balda y Ainhoa Iñigo, tras depositar unas elevadísimas fianzas de 30.000 euros cada uno. La temporal ausencia de Baltazar Garzón permitió que otro juez de la audiencia nacional decretar su libertad.
Estas tres personas, miembros de la dirección de la disuelta Batasuna, un exconcejal de esa formación y una particular, respectivamente, fueron detenidas a mediados de septiembre por orden de Garzón, que les imputaba “colaboración con organización terrorista”, “desobediencia a la autoridad” y “ultrajes a España” por haber organizado en agosto una manifestación en Donosti bajo el lema “No al apartheid, autodeterminación” (ver MOLOTOV anterior). Según Garzón, la manifestación, a cuyo término dos personas quemaron una bandera española, había sido convocada por Batasuna, burlando así su auto de suspensión de actividades dictado contra esta formación. Al hacer responsables a estas tres personas de la organización de la protesta, Garzón no sólo ordenaba su encarcelamiento sino que añadía el cierre de tres herriko tabernas por ser los espacios desde donde se habrían desarrollado las iniciativas necesarias para la celebración de la protesta (pegada de carteles..). Obviaba el juez no sólo una sentencia del tribunal superior de justicia del País Vasco que había declarado legal la manifestación, sino la jurisprudencia de este tribunal, que afirmaba que los miembros de Batasuna no perdían sus derechos civiles -entre ellos el de convocar manifestaciones- por la citada suspensión.
Tras un mes de encarcelamiento, la fiscalía de la audiencia nacional rebajó las acusaciones a “enaltecimiento del terrorismo” y “ultraje a la bandera” por lo que la magistrada Teresa palacios dictó la excarcelación.
Como afirmaba uno de los detenidos al quedar libre: “ha sido un despropósito judicial con trasfondo de barbaridad política”.