DESIDERIO MARTÍN
>> El problema de la reforma de los sistemas de pensiones está situado en el terreno político. ¿Cuál es la opción que los estados quieren realizar en política social, en gasto social? ¿Seguimos hablando de necesidades sociales y no de servicios? ¿Cómo millones de personas, que han visto su capacidad adquisitiva (1) mermada, pueden ni siquiera pensar en generar algún ahorro para invertir en fondos privados? ¿Cuánto gasto público se está dispuesto a emplear por parte de los estados, en una economía monetarizada donde lo único que cuenta es controlar el déficit público, la deuda pública, y el precio del dinero?

Nos encontramos con estudios de simulación en todos los países (sobre todo en aquellos de la UE –Alemania, Francia, Austria, Italia, Portugal, etc.- donde sus gobiernos tienen problemas con el limite de déficit marcado en el Pacto de Estabilidad) con resultados o conclusiones que fijan mecanismos de salvación de los sistemas de pensiones, pero finalmente todos concluyen en un elemento clave: en tal año, el sistema quiebra sino se actúa.

Estos estudios trabajan con categorías económicas -supuestamente no políticas- sesgadas o con una visión limitada (orientada) por el mercado en los procesos de creación de valor. Por ejemplo, no se trabajan categorías como las tareas sociales, el cuidado de los mayores/hij@s, que no existen para la economía porque se realizan en el marco de la solidaridad familiar o personal.
La mayoría de estos estudios tienen la intención de potenciar los fondos de pensiones de gestión privada. El objetivo de dichos estudios es incrementar en el ciudadan@ medio el temor al futuro -en gran medida el terror a quedarse sin pensión o sin prestación suficiente-, con la simple mención de problemas catastrofistas, los cuales parece que no obedecen a unas causas ni tuvieran responsables y ante los cuales se instala socialmente, la inevitabilidad de unas determinadas actuaciones. (...) Este despliegue explicativo permite visualizar y construir un aspecto de la realidad a cambio de eclipsar otros.

Los Fondos Privados de Pensiones (FFPP)
Los planes privados de pensiones en el caso español, a finales del 2002, movían unos activos (patrimonios) de 48.000 millones de euros, con 6,5 millones de beneficiarios en sus tres modalidades: individual, asociado y de empleo.
Estos sistemas tuvieron un fuerte crecimiento como consecuencia del desarrollo de la Ley de Ordenación del Seguro Privado 30/95 -que obligaba a la externalización de los fondos internos de pensiones-, pero, sobre todo, desde la renovación del Pacto de Toledo en el 2003, cuando la Administración ha lanzado la creación del mayor fondo de pensiones privado (2).

¿Qué se hace con todos estos activos provenientes del ahorro privado? Financieramente, grandes cantidades de éstos se invierten en Fondos de Inversión, que son productos financieros propios que ofrecen altas rentabilidades y fiscalidad blanda.

La colocación de estos fondos de pensiones hiper millonarios, en productos financieros ligados fundamentalmente con la financiación de los Estados (deuda pública, pagarés del Tesoro, Obligaciones) y la renta variable (especulación a través de Bolsa), tienen una importancia vital, ya que el control de los mismos confiere un gran poder social.

Son fondos provenientes del ahorro, es decir, capital-dinero que sólo persiguen su incremento al margen de cualquier consideración social. Se utilizan para la especulación financiera pero no crean riqueza social.

El interés del ciudadano que coloca sus ahorros en un Fondo de Pensiones, o invierte en Fondos de Inversión, o compra acciones, o especula en renta variable, se verá directamente enfrentado con la sociedad. Las decisiones quedan fuera de este individuo, pero capas enteras de la población sufren las consecuencias sociales y políticas de dichas decisiones.

Las condiciones sociales de altas tasas de desempleo, altas tasas de precariedad (temporalidad), altas tasas de rotación y exclusión, acrecientan las desigualdades entre l@s ciudadan@s, siendo cada vez más minoritario el segmento de la población que pueda optar a generar un ahorro para así cubrir la exigua pensión pública a la fecha de la jubilación.

Aparecen elementos paradójicos, pues porciones importantes de la población (clase obrera media, sindicalizada) que viven la tensión de ser asalariad@s y explotad@s, al mismo tiempo participan de la lógica del sistema –compra acciones, especula en bolsa, invierte en fondos de inversión, etc.-, creándose una comunidad de intereses entre el individuo y la lógica mercantil. Estas identidades transversales son consecuencia, en alguna medida, de la falta de resistencia y negación de los propósitos del mercado.

Quienes sustentan que el problema financiero aparece como lo constitutivo del sistema de Seguridad Social, no pueden plantear otras soluciones que no vengan dadas de la mano de lo económico, y por lo tanto, las causas políticas del “problema” quedan nuevamente escondidas: ¿porqué no se necesita la misma cantidad de mano de obra y tan siquiera si ésta es deseable o necesaria desde un planteamiento de desarrollo armónico con la naturaleza?; ¿porqué no se dice que si el producto social no ha cesado de aumentar, qué necesidad existe de reducción, cuando la sociedad en su conjunto podría tener cubiertas sus necesidades sociales de vida?; ¿qué cantidad de producto social se está dispuesto a emplear para necesidades sociales? En definitiva, ¿porqué no se pregunta a la sociedad, ya que nos hallamos ante una opción social?
Esto plantearía un debate que llegase más allá de las simples e intencionadas reflexiones sobre el coste económico de los denominados inactivos ancianos respecto a otros inactivos, abordando otras consideraciones como: ¿qué pasa con el reparto de los históricos incrementos de la productividad registrados en los últimos 25 años?; ¿qué políticas de gasto social?; ¿es necesario considerar inactivos a las personas sin relación salarial obligatoria?; ¿es válido considerar que los incrementos de la productividad serán absorbidos por los incrementos de las aspiraciones y demandas de la población?; ¿y qué población, la del primer mundo consumista?

La redistribución para la equidad social
Abordado el problema desde el mundo de la voluntad y de la fuerza, es decir, desde la política, los Estados tienen que definir las necesidades existentes en la sociedad, fijar las prioridades sociales y adoptar decisiones a la inversa de lo que se está haciendo y de la tendencia del empeoramiento.

Hoy, con recursos suficientes, producto social suficiente, hay que redistribuirlos buscando siempre la equidad social. El equilibrio financiero de los sistemas de pensiones, esgrimido como argumento por la Comisión Europea, sólo busca que los estados cumplan con el Pacto de Estabilidad. Este equilibrio financiero no es aplicable y, mucho menos exigible, a otras partidas presupuestarias, tanto nos refiramos al Presupuesto de la UE como a los presupuestos de los estados.
En el estado español se dedicaron recursos ingentes a sanear la “crisis del sistema bancario“ (concentración de capitales), a financiar la reconversión industrial, etc. En los Presupuestos Generales del Estado no se requiere equilibrio financiero para partidas como ministerio de defensa, la casa real, ministerio del interior, etc. En la UE la aportación a la OTAN, al Ejército Europeo, los millones de euros dedicados a la represión de la inmigración, etc.

Es falso que se haga necesaria la racionalización de los sistemas de pensiones, cuando gran parte de las cuentas de los Estados no siguen criterios de equilibrio y las decisiones sobre los gastos que generan son absolutamente contrarias a las necesidades sociales existentes.

* Sindicalista, resumen de Demetrio Patocho

(1) La tasa de desempleo en los jóvenes se sitúa en porcentajes casi de ruptura social, sino fuera por el colchón que suponen las familias y la renuncia obligada a un proyecto de futuro autónomo. La cifra de precariedad laboral en el estado español es del 31,2%, pero en el caso de las personas menores de 30 años, más del 70% tienen un contrato temporal.

(2) El 7 de octubre la Administración anunciaba el pacto para poner en marcha el mayor plan de pensiones colectivo privado (complementario al sistema público) para los 500.000 funcionarios de la administración central. Inicialmente, sería un fondo dotado con 54,65 millones de euros y “su potencial futuro le confiere un especial atractivo para las entidades financieras”. El modelo servirá para desarrollar planes similares en comunidades autónomas y ayuntamientos, llegando a 2,2 millones de empleados. El objetivo ultimo es animar la implantación de planes de pensiones colectivos en la empresa privada, donde están escasamente desarrollados –no incluyen a más de 500.000 trabajadores de dos centenares de grandes compañías