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  nº 39 octubre 03

Plan Hidrológico Nacional: el agua como mercancía



OLMO
>> “El agua va ha significar en este nuevo siglo, lo que significó el petróleo en el siglo anterior”. Al leer esta frase podría pensarse que pertenece a algún ensayo sobre el agua de un especialista en el tema pero, actualmente, es algo que se puede encontrar también en artículos publicados en revistas de difusión generalizada, o en algunas tertulias radiofónicas. El agua potable es un recurso natural imprescindible para la vida, presente en la naturaleza de una forma abundante, pero, cada vez más, se encuentra contaminada en diferentes grados, convirtiéndola, progresivamente, en un recurso muy preciado debido a su escasez. Como todo recurso escaso es muy codiciado, sobre todo teniendo en cuenta que es vital para vivir y sobrevivir, por lo que, absorbido por el mercado, se ha convertido en una mercancía muy rentable económicamente hablando. Infinidad de ejemplos nos lo demuestran, como la progresiva privatización, en todo el mundo, de las empresas públicas del sector.

En el estado español, el Plan Hidrológico Nacional (PHN) promueve las grandes infraestructuras con el afán de beneficiar a los pujantes sectores empresariales de la vertiente mediterránea: turismo principalmente, seguido de la agricultura industrial. Por supuesto, no pueden obviarse los lucrativos contratos que, gracias al PHN, conseguirán las grandes empresas constructoras, segundas en facturación después del rentabilísimo sector turístico español.

Los dos ejes fundamentales en los que se basa el diseño final del PHN son: la construcción de grandes embalses (más de cien proyectados), y los trasvases del Ebro: el Trasvase Norte, destinado al área metropolitana de Barcelona, para usos urbanos; y el Trasvase Sur, destinado a las cuencas del Júcar y del Segura y a Almería, para usos urbanos y de regadío. La ejecución de tales proyectos de envergadura, seria costosísimo, y el impacto ambiental provocado, tanto por las obras necesarias, como por los trasvases en sí, tendría consecuencias irrevocables.

También son muy polémicos los descomunales proyectos que el PHN proyecta en Aragón a través del llamado Pacto del Agua, en el que se recoge la creación de más de 250 000 hectáreas de regadío. La consecución de lo dicho exigiría la construcción de polémicos embalses que inundarían valles habitados en el Pirineo Central.

Para poder llevar a cabo la totalidad del PHN, sería necesario sustraer del caudal del Ebro un total de 1050 hm3 para los trasvases Norte y Sur, y 2600 hm3 al año para el Pacto del Agua. Esto acabaría provocando una seria degradación del Delta del Ebro, porque, aunque desde el gobierno se defiende el PHN aduciendo que el Ebro vierte constantemente un gran caudal al mar, su débil argumento no tiene en cuenta que para la no degradación del Delta, es necesario un caudal abundante, y que la desembocadura del río Ebro en las saladas aguas del mar Mediterráneo, es necesaria para la conservación ecológica del ecosistema que se conforma entorno al Ebro. Y, si bien es cierto que se ha fijado un volumen mínimo para el caudal ecológico que debiera tener el río para que no se degradara su Delta, también lo es que éste muy inferior al necesario y que se calculó en base a datos erróneos, como que el agua aportada por el Ebro se ha mantenido estable en las últimas décadas, cuando realmente ha habido recesiones del 30 y del 40%.

Esto lleva a que en el PHN se considere como caudal ecológico un volumen de agua de 3.000 hm3 al año cuando, para evitar su degradación, son necesarios entre 9.000 y 12.500 hm3 al año. Las cifras pueden sernos indiferentes si no llegamos a comprender la importancia de las magnitudes con las que se trabajan, pero lo más importante es el comprender cómo desde las administraciones se intenta defender un Plan Hidrológico Nacional que tiene grandes contradicciones con la Directiva Marco sobre el Agua de la UE aprobada en Bruselas en el año 2000.

Prioridad a las estrategias “de ofertas”
Si bien la construcción de grandes infraestructuras y la sustracción desmesurada de agua del río Ebro son las principales críticas que se pueden hacer al PHN, también es muy importante la elección, por parte de las administraciones responsables, del clásico modelo “de ofertas”, por el que el sector privado puja, bajo una masiva subvención pública, para después ser los usuarios los que soporten la recuperación íntegra de costes.

Se trata de un modelo que ha provocado revueltas como la que protagonizaron cientos de miles de vecinos de la ciudad de Barcelona, cuando en 1991 observaron escandalizados cómo sus facturas por el consumo de agua se incrementaban exageradamente, y comenzaron una guerra de desgaste contra la administración y las empresas responsables, que duró hasta el año 2000. En el transcurso de esos años hicieron innumerables actividades, manifestaciones que congregaban hasta 50.000 personas, y una campaña de insumisión, consistente en no pagar las facturas del agua, que llegaron a secundar hasta 80.000 personas durante 1998.

Pero desde hace ya unos años se viene insistiendo, incluso desde la Unión Europea (UE), en promover un nuevo modelo de participación ciudadana en todo lo referente a la gestión ambiental y en particular a la gestión de aguas y, sobre todo, en reconocer los ríos, lagos y humedales como ecosistemas vivos y no como simples depósitos de agua. Además, durante el pasado mes de septiembre, la UE ha hecho público que no apoyará el PHN si conlleva un aumento de la producción agrícola, ya que existen unas cantidades de producción límite para cada país, algo que choca con la justificación de parte de los trasvases: el riego de cientos de miles de nuevas hectáreas.

Un futuro incierto
Las multitudinarias manifestaciones en Aragón contra el PHN, que llegaron a congregar a más de medio millón de personas, no parece que hayan influido demasiado en los planes del Gobierno, sobre todo cuando dos años después de la aprobación del PHN, cerca del 46% de los proyectos incluidos en el mismo, ya se encuentran terminados, en ejecución, o en fase de contratación (411 de 898). Además, dado el caso de que en las próximas elecciones saliese elegido el PSOE, cuyo líder ha participado en más de una manifestación contra el PHN sosteniendo pancartas -eso sí, de cabecera-, lo más probable es que no se produjese ningún cambio significativo. No hay que olvidar que fue José Borrell, ministro de Obras Públicas del Gobierno del PSOE quién, el 2 de noviembre de 1992, asumió en las Cortes de Aragón el Pacto del Agua (firmado por todos los grupos políticos de la Cámara Autonómica), que nacía con la intención de regular una de las cuencas más caudalosas de la Península Ibérica. Un año después dio a conocer un anteproyecto del PHN que conectaba todas las cuencas mediante trasvases. Pero el PHN no llegó a tramitarse porque el PSOE perdió las elecciones frente al PP.

Por otro lado, el PHN, no es más que una consecuencia de un modelo económico concreto y de una dinámica social muy específica: el modelo económico es el capitalismo, o Globalización, y la dinámica social es la de “sálvese quien pueda“. El PHN es un exponente de la política subyugada por un modelo económico más poderoso que cualquier estado, y su rechazo por tantos grupos, asociaciones e individualidades, un brillo de esperanza.

Reflexiones entorno al PHN
Haciendo un pequeño análisis de la forma en que se piensa poner en práctica el PHN, se puede constatar lo siguiente:

Los principales beneficiarios de la ejecución del PHN serán los grandes empresarios de la construcción, de la agricultura industrial y de la hostelería, que podrán especular con una riqueza tan real como ficticia, alimentada a través de tuberías y canales.

La rentabilidad política para el PP, impulsor del PHN, será muy grande en la vertiente mediterránea, ya que está sabiendo vender muy bien los supuestos beneficios que el PHN aportará a dicha vertiente.

Se repetirán situaciones como la vivida en el Pantano de Itoitz, ya que son más de cien los pantanos que se pretenden construir; grandes pantanos que inundaran pueblos y valles y que supondrán un potencial peligro constante para las zonas próximas a ellos.

La UE sólo se preocupará del PHN cuando su aplicación interfiera en la repartición de las cuotas de producción agrícola, siéndole indiferente todas las más que previsibles consecuencias negativas que ocasionará en todos los campos antes citados.

Ningún partido político puede eliminar el PHN, como mucho realizar pequeñas modificaciones sin importancia real.

* La información de este texto ha sido extraida de la exposición de Pedro Arrojo (Universidad de Zaragoza) en la cumbre sobre el agua celebrada en Sevilla y del libro Agua , ¿mercancía o bien común? (Alikornio)

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