Por séptimo año consecutivo presentamos aquí el informe de la ahora Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) sobre la situación de la tortura en el Estado español. Una vez más mantenemos los criterios de los informes precedentes para facilitar una perspectiva sobre la evolución de esta problemática, empezando por el de la propia definición de “TORTURA” que entendemos como aquellas situaciones que se vean recogidas dentro de la definición planteada por la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes, que dice:

"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".

DENUNCIAS FORMULADAS DURANTE EL AÑO 2010

En este informe se recogen 251 situaciones en que se produjeron agresiones y/o malos tratos contra 540 personas.

Es importante tener en cuenta que estas dos cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/ o malos tratos, pues una misma podrá dar lugar a una o a varias causas diferentes, dependiendo de las circunstancias.

Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todos aquellos casos denunciados de torturas y/o malos tratos de los que se tuvo conocimiento durante el año 2010. Algunos casos han sido excluidos por petición expresa de los agredidos, otros porque la información recibida es insuficiente o no está suficientemente contrastada. Además, también hay que tener en consideración que un número de casos de tortura o agresiones por parte de las FSEs o funcionarios de prisiones, cuya cantidad es difícil de valorar, no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas (si bien este año ha aumentado el número de estas denuncias respecto al de años anteriores). Por todo ello, hay que insistir en que este informe no recoge la totalidad de las denuncias por tortura y/o malos tratos, sino sólo aquellas que, cumpliendo los requisitos indicados. Con total seguridad, como ya ha ocurrido con los informes anteriores, las cifras que se indican aumentarán con el paso del tiempo.

La única diferencia reseñable de este informe con el de años anteriores es que, al final del mismo, se incluyen unas tablas compilatorias de la evolución de loa datos recogidos en los informes publicados por la CPDT desde el a año 2005 para valorar la evolución de los mismos.

A la hora de interpretar las tablas y gráficos incluidas en el informe deberá tenerse en cuenta que se refieren únicamente a los datos en poder de los colectivos que forman parte de la CPDT que son únicamente una parte de la realidad (creemos que significativa), aunque nos es imposible cuantificar que parte del total implica. En dichas tablas trataremos de explicar la práctica de la tortura en el Estado español atendiendo a diferentes criterios:

• En qué Comunidades Autónomas o Naciones se práctica la tortura.

• Qué cuerpos de la seguridad del Estado han practicado la tortura durante el año 2010.

• Cuáles son las características de las personas que han sido víctimas de la tortura.

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