La CPDT observa un significativo aumento de situaciones y víctimas de tortura durante 2011. Si bien, durante el año 2010 las situaciones conocidas y documentadas por la CPDT ascendieron a 251 y las personas afectadas a 540, las cifras conocidas actualmente en 2011 han superado ya a las del año anterior.

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. Por ello y a la vista de los últimos acontecimientos ocurridos como respuesta policial ante manifestaciones ciudadanas queremos manifestar lo siguiente:

   Rechazamos de plano la violencia y brutalidad policial. Manifestamos nuestra más contundente repulsa a los métodos policiales empleados para disolver concentraciones y manifestaciones de colectivos sociales (15-M, laicismo, sindicatos, etc.) a través de insultos, vejaciones, coacciones, amenazas o violencia injustificada. Ninguno de estos mecanismos puede valer para limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Por tanto, estas prácticas deben ser calificadas como delictivas y ser erradicadas de plano en la actuación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así mismo tampoco pueden tolerarse incitaciones públicas que amparen o animen a realizar estos comportamientos.

   Exigimos que se depuren las responsabilidades políticas y profesionales de los órganos competentes que ordenaron y permitieron las mismas a todos los niveles (Ministerio de Interior, Delegación del Gobierno, mandos y agentes policiales).

   Constatamos y denunciamos el incumplimiento sistemático y generalizado de lo dispuesto por las Instrucciones 12 y 13 de 2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad por cuanto se refiere a procedimientos de identificación, empleo de la fuerza, cacheos, oportunidad de la práctica de la detención e inmovilización, así como en lo tocante a la identificación de los funcionarios actuantes.

   Exigimos la intervención del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado a efecto de esclarecer las responsabilidades penales y disciplinarias en que hayan podido incurrir los participantes en los hechos.

   Denunciamos la pasividad y falta de respuesta del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), que en vez de realizar actividad preventiva de nuevo vuelve a demostrar su ineficacia y falta de idoneidad para cumplir su cometido.

   Repudiamos el contenido de los comunicados emitidos por las centrales sindicales policiales (CEP, SPP y UFP). Resulta sin duda bochornoso que al amparo del la libertad sindical y de expresión se viertan informaciones, comentarios y valoraciones inciertas a sabiendas de su falsedad. Con esta actitud solo se ampara a quien no cumple diligentemente sus funciones y se extralimita en el uso de la violencia y la fuerza sin justificación alguna. Se pretende de este modo justificar, sin razón alguna, a quien contraviene lo dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

   Por último, mostramos nuestra solidaridad con todas las personas (manifestantes, viandantes, periodistas, etc.) víctimas de estos abusos.

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