En un reciente acto electoral, uno de los posibles candidatos a la presidencia
de los Estados Unidos ha declarado cándidamente: "Estamos perdiendo
a mucha gente por culpa de internet, y debemos hacer algo. Tenemos que hablar
con Bill Gates y con otras personas que entiendan lo que de verdad está
sucediendo. Debemos hablar con ellos y, en ciertas áreas, tendremos
que cerrar de alguna manera este internet". La declaración ha
suscitado una oleada de comentarios, principalmente irónicos, ya que
el personaje en cuestión parece más un charlatán televisivo
de baja calidad que un político, olvidando que en los Estados Unidos
han llegado a ser gobernadores de Estado importantes charlatanes, e incluso
presidentes actores poco dotados. Pero, como se suele decir, esta es otra
historia, ya que hay peligros más consistentes y puede que más
cercanos acechando la libertad de comunicación que todavía,
al menos en parte, está garantizada por la Red.
No es precisamente la primera vez que la Comisión Europea, compuesta
de peligrosos burócrata-saurios, se despierta y lanza propuestas que
amenazan con convertirse en mucho más dañinas que las salidas
de tono de un aspirante a presidente. A finales del pasado mes de septiembre
se publicó en la Red un sondeo, de esos que se llaman "consultas",
para recabar la opinión del público a propósito de argumentos
que tienen que ver con el funcionamiento de las "plataformas", es
decir, de servicios usados comúnmente en internet (YouTube, Twitter,
etc.) y con los datos que transitan por ellos.
El cuestionario es bastante largo (más de cuarenta páginas)
y algunas de las preguntas no son fáciles ni siquiera para quien utiliza
diariamente la Red; leyéndolas, parecen encaminadas más a cuestiones
que tienen que ver con los derechos de autor y la responsabilidad de los diferentes
servicios ante los contenidos que se publican. Varios gobiernos están
pensando desde hace tiempo en culpabilizar a las sociedades que gestionan
servicios en la Red por los materiales que sus usuarios ponen online. Por
ejemplo, hacer de manera que, si se publica una película en un sitio
web, sea perseguido por la ley quien gestiona el servidor en el que está
situada la web, y no solo quien materialmente ha puesto a disposición
de todo el mundo material protegido por los derechos de autor.
La sección de la "consulta" dedicada a este género
de argumentos tiene un título que ya es todo un programa: "Contraste
entre contenidos ilegales y responsabilidad de los intermediarios online".
Lo primero que se pregunta es si la situación actual, regulada por
la Directiva sobre el Comercio Electrónico en la Unión Europea,
ha funcionado o influido de modo negativo en el mercado. Después, si
el concepto de "mero intermediario técnico" es bastante claro
e interpretado homogéneamente y si las últimas tendencias, como
la "nube", no requieren algún ajuste normativo. Y, finalmente,
qué relación debe existir entre quien pone a disposición
un contenido y quien proporciona la estructura técnica para hacerlo,
a la luz de la legalidad del material publicado. Parece evidente, incluso
sin continuar con la enumeración de las preguntas, cuál es el
objetivo final de este sondeo, es decir, conocer la opinión de quien
responde antes de proponer una normativa que prevea la responsabilidad solidaria
entre quien publica material ilegal y quien lo permite. Estas normas se traducirían,
por la fuerza de las cosas, en un control preventivo de todo lo que se quiere
publicar online por parte de quien facilita el servicio. Sin embargo, será
difícil aplicar de un día para otro una ley de este tipo a todos
los servicios y por eso, probablemente, serán castigados en primer
lugar los más controlables, y solo después los demás.
Lo que los bien pagados funcionarios de la Unión Europea no saben o
fingen no saber es que cierto contenido puede ser ilegal en un país
y legal en otro, pero que la Red se ve de igual manera en todo el mundo. Este
género de problemas ya se ha planteado cuando, siempre en el ámbito
europeo, han decidido que Google debía quitar de sus páginas,
por petición, los enlaces caídos en el olvido. El único
resultado de esta estúpida norma es que así hay que acordase
de usar la versión del motor de búsqueda internacional y no
la del propio país para seguir teniendo a mano todos los resultados
de la búsqueda sin omisiones de ningún tipo. Pero de este género
de contradicciones no hay que maravillarse, en el "cuestionario"
citado hay también una sección sobre la temporalidad de los
servicios online y otra sobre el copyright, argumentos que son objeto de una
proposición de ley, siempre de la misma Comisión, publicada
el 9 de diciembre, cuando todavía no se habían escrutado las
respuestas a las preguntas sobre estos temas.
El riesgo mayor es que en el futuro quienes proporcionan los servicios se
conviertan en jueces de cómo, cuándo y cuánto se pueda
ejercer la libertad de expresión. Un riesgo que sería peor que
la "clausura" de internet.
Pepsy 
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