RECUENTO DE LA DOCENCIA Y EL DOCENTE EN CHILE
En 1971, el sector docente representaba el 14.8 % de los trabajadores del sector terciario y el 20 % de los funcionarios de la administración pública, constituyendo por tanto uno de los grupos sociolaborales más numerosos del país.
Tenía además una importancia cualitativa que se basaba en: su afincamiento en la existencia de un sistema nacional de educación, en constante crecimiento y que prestaba uno de los servicios más demandados por la población; su formación profesional, producto de un antiguo y calificado sistema de formación docente ( por ejemplo, la fundación del Instituto Pedagógico data de 1889, y está adscrito a la Universidad de Chile; en 1892 se entregan los 29 primeros títulos de Profesor de Estado); su temprana formación como gremio organizado, uno de los más numerosos y activos dentro del movimiento sindical chileno; y su peso político, no sólo por su significación electoral, sino que por su actividad social, su influencia en las comunidades locales y su capacidad para generar miembros de las élites políticas ( regidores, parlamentarios, dirigentes locales, regionales y nacionales de los partidos).
Como gremio, desde sus inicios, a comienzos de siglo, aportó con su opinión a la elaboración de las políticas educacionales, no sólo comentando las propuestas, sino también generando las propias. ( En importante o principal medida, a ello se debe la expansión del sistema educativo, el relativo mejoramiento salarial del gremio, la democratización de las oportunidades educativas y muchas de las reformas e innovaciones en el campo de la educación).
De acuerdo con la función desempeñada en la estructura educacional, había distintos tipos de docentes, partiendo del nivel pre escolar hasta la educación media científico humanista, pasando por la general básica y la técnico profesional. Para cada uno de los niveles existía la formación ad hoc, aunque también, "junto con los profesores titulados, existía en cada nivel o rama una proporción variable de docentes egresados de los institutos formadores, pero sin título, personas con estudios pedagógicos incompletos, con otros estudios universitarios o simplemente egresados de la educación media.
Una estructura docente similar tenía la enseñanza particular. Pero el grueso del profesorado chileno pertenecía al sector público: en 1973, era 80 %; en 1979 todavía un 75 %: En el sector privado, fuera de los docentes de similar formación que los del sector público, había un 25 % de los profesores que eran religiosos. Los colegios gratuitos constituían el 70 % de los establecimientos privados, el resto se dividía entre los subvencionados por el Estado y los pagados.
Los profesores del sector público estaban - en su calidad de funcionarios públicos - adscritos al Estatuto Administrativo que regía la Administración Pública. Esta normatividad dotaba a los funcionarios - y por ende a los profesores - de una serie de derechos entre los que destacamos:
Además, los cargos docentes se proveían mediante concursos de antecedentes, dirimidos por comisiones de funcionarios de alto nivel, que proponían una terna, de la cual el Ministerio de Educación finalmente decidía el nombramiento. Esta era la norma general, ya que había algunas excepciones.
Dentro de su función docente, los profesores no podían ascender, salvo que optaran a cargos directivo docentes o administrativos. Pero en materia de remuneraciones si tenían posibilidades de mejorar, ya que tenían derecho a una asignación por antigüedad, que se traducía en un 40 % de aumento sobre el sueldo base al cumplir tres años de servicio, y sucesivos aumentos trienales. La condición de titulado significaba, además, una asignación de título de un 25 %.
También estaba normada la jornada de trabajo, considerando 30 horas pedagógicas semanales para los profesores de primaria y 36 horas para los de enseñanza media. Para éstos existía además el sistema de cátedras, que consistía en dividir el nombramiento en dos conjuntos de seis horas semanales; cuatro a desempeñar haciendo clases, y dos destinadas a actividades educativas y de planificación curricular.
Un estatuto similar regía el ejercicio docente de los profesores de enseñanza particular, salvo en el aspecto de la estabilidad en el empleo. Las remuneraciones de este sector, si bien se pactaban entre las partes, tenían un piso y reajustes por antigüedad regulados por la ley.
Las agrupaciones gremiales del magisterio nacen ya a comienzos de siglo, en la forma de mutuales y grupos de estudiantes educacionales. Vemos así que, desde muy temprano, se pone de manifiesto esta doble vertiente motivadora del profesorado chileno: por un lado el interés por mejorar sus condiciones de vida y obtener reconocimiento social y por el otro, el afán de mejoramiento de la educacional propiamente tal.
Cuando ya en la segunda década del siglo se desarrolla el gremialismo reivindicativo, su organización logra, en los años veinte, positivos avances en la condición social, profesional y educacional de los maestros, a la vez que impulsó una reforma educativa de carácter integral.
Es posible que este reconocimiento y valoración - por parte del magisterio como tal - de la función social de la educación, sea una de las causas por las cuales los profesores tuvieron siempre ingresos inferiores a los de sectores de funcionarios o profesionales con el mismo nivel de estudios. Los dineros fiscales asignados a la educación debían servir, no sólo para remuneraciones, sino también para ampliar y mejorar el sistema. Y esto era así comprendido por el magisterio en su conjunto. El esfuerzo del gremio lograba, apenas, compensar la pérdida producida del poder adquisitivo por la inflación.
LOS CAMBIOS
Una primera consecuencia del advenimiento dl régimen militar fue la intervención militar del sistema educativo, con exoneraciones que alcanzaron a varios miles de profesores, destinadas a "limpiar" el sistema y a erradicar las manifestaciones políticas y especialmente el marxismo, del cuerpo docente. ( Fuera de los miles de expulsados, muchos docentes fueron detenidos, algunos ejecutados, mientras que otros pasaron a la calidad de detenidos desaparecidos). Además de las exoneraciones directas, opero el decreto ley N° 6, dictado por la junta de gobierno, del 12 de septiembre de 1973, que dispuso "que a contar de esta fecha quedan en calidad de interinos los personales de los servicios, reparticiones, organismos y empresas y además instituciones de la administración del estado, tanto central como descentralizada".
Los nuevos nombramientos o designaciones, significaba automáticamente el término de los interinatos así dispuestos y la cesación automática de quienes los servían.
En los primeros años después del golpe militar, y hasta 1978, la cartera del Ministerio de Educación, así como algunos de los cargos más altos del ministerio estuvieron en manos de uniformados. La red educacional de Santiago se dividió en varios sectores, cada uno de los cuales era controlado por una unidad militar. El control superior de todo el aparato escolar del Gran Santiago quedó en manos del comando de Institutos Militares. El fuerte control ejercido - que significó desde allanamientos a los establecimientos educacionales hasta citaciones a los profesores a los recintos militares y que abarcó todo el país - tuvo un efecto amedrentador e impidió la manifestación de posturas u opiniones contestatarias por parte del magisterio.
También contribuyó a acallar al gremio, el desmantelamiento de su organización, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE) y de otras organizaciones gremiales - a los que se canceló la personería jurídica - además del cierre del Congreso, la disolución de los partidos políticos, y en general, las restricciones a los derechos de reunión y expresión.
Más tarde surge el Colegio de Profesores, cuyos dirigentes eran designados por las autoridades militares hasta el año 1986. En esas circunstancias había surgido la AGECH ( Asociación gremial de educadores de Chile), entidad fuertemente contestaria que prevalece hasta la llegada de la democracia.
En estos años, se estructuró la Carrera Docente (1978) la cual no satisfizo las aspiraciones de los profesores, ya que, por un lado, aumento la carga horaria y suprimió la propiedad del cargo, dejando a los profesores sujetos a destinaciones y por el otro, no significó mejoras salariales ni tampoco nivelación de los profesores respecto a otros profesionales del sector público. La Carrera Docente fue establecida sin dar participación al gremio en la discusión del proyecto y sin que se contemplará su participación en su aplicación.
LA PERDIDA
Entre 1972 y 1981 se produce una importante pérdida en el nivel de remuneraciones del profesorado.
En 1972, el profesor debía cumplir una jornada de 30 horas "pedagógicas" ( 45 minutos ), en 1981 se habla de 30 horas cronológicas.
En 1972, debía cumplir 36 horas pedagógicas; en 1981 30 horas cronológicas.
Posteriormente al producirse el paso de colegios y liceos a manos municipalizadas, una buena parte del profesorado quedó bajo el Código del Trabajo. Esta situación de ambivalencia se mantiene hasta el día de hoy, con un Estatuto Docente que prioriza en el sector municipalizado y un sector de colegios particulares subvencionados que deben usar la negociación colectiva para mejorar sus condiciones de remuneraciones.