La historia nos enseña que a través de milenios y décadas de injusticias, la única posibilidad y herramienta tanto social como jurídica, la constituyen las movilizaciones del pueblo y la unión de los gremios en busca de condiciones más humanas y justas de trabajo.

En tal sentido, conocida es por toda la comunidad del país la incansable lucha del profesorado nacional para obtener mejoras remunerativas, que nos permitan recuperar al menos los salarios reales existentes hasta antes de la voraz intervención militar en la educación pública, con la consabida perdida del rol fiscalizador del estado en beneficio de la empresa privada. En la última década de gobiernos concertacionistas, el profesorado liderado por el Colegio de Profesores de Chile, ha participado en diversas movilizaciones nacionales, buscando revertir la situación de injusticia salarial e indefensión laboral; la cual nos tiene sometidos a jurisprudencias distintas, dependiendo de quienes sean nuestros empleadores, léase: colegios particulares, particulares subvencionados o municipalizados.,

Durante el gobierno de Patricio Aylwyn, el año 1993, se realizó una de las tantas movilizaciones del profesorado, no obstante ella tuvo un componente distinto y sui generis, la cual creemos un deber e imperativo moral recordar, en los tiempos de la amnesia modernizante de la sociedad globalizada capitalista. En ella las autoridades dan como respuesta final a nuestras demandas, un reajuste, como siempre, insatisfactorio pero proponen, a modo de paliativo modificar la Ley de Subvenciones mediante la extensión del mecanismo del financiamiento compartido, la cual promovía el cobro de escolaridades a los alumnos de la educación particular subvencionado; y municipalizada, dineros que provenían, por cierto, de los ya escuálidos bolsillos de nuestros apoderados, integrantes de los sectores sociales más desprotegidos del país. Los periódicos de entonces así como las autoridades municipales y gubernamentales pregonaban a los cuatro vientos los beneficios del recaudo de estos "frescos" dineros, no sólo se hablaba de mejorar las remuneraciones del profesorado, sino también distribuirlos equitativamente en aspectos tales como infraestructuras, materiales didácticos y otros. Como era de esperarse esta moción fue aprobada el 15 de septiembre de 1993, mediante la dictacion de la Ley 19.247, que en la práctica demostraba la incapacidad gubernamental de dar soluciones reales a las legitimas demandas de los maestros.

El espíritu de esta ley planteaba que El privado debía a recaudar fondos, los cuales repartiría con un sentido de equidad, muchos Profesores en su ingenuidad creyeron ver en esta propuesta una ilusión de posibles mejoras económicas, pero el espejismo se reflejo en un cuerpo jurídico ambiguo y poco preciso, que sólo favoreció, una vez más, la acción lucrativa del tiburón en perjuicio de las ya alicaídas sardinas, las cuales, seguirían navegando en un mar de dudas e injusticias.

Era de esperarse que en una sociedad que de democrática y participativa tiene poco o nada, la suerte de esta ley pasara rápidamente al olvido de los maestros y, sus beneficios mayores ,a los bolsillos de los sostenedores . De hecho, en la mayoría de los colegios particulares subvencionados estos dineros se recaudan, administran y fiscalizan por los mismos sostenedores con una mínima transparencia, incluso en muchos casos ni siquiera se reparten estos dineros al profesorado y menos se invierten en infraestructura o materiales didácticos, es decir, los capitalistas manejan el capital a su "regalada" gana, no informando al profesorado de las recaudaciones obtenidas bajo su administración. Sin duda, una vez más siguen lucrando a costa de los bolsillos del pueblo y ante la mirada cómplice de las autoridades gubernamentales.

Lo curioso de la historia es que estos personajes, omnipotentes, portadores de la verdad absoluta, que cual lobo con disfraz de oveja lideran las escuelas del país, ignoran y olvidan la génesis de estos dineros, los cuales en propiedad no debieran pertenecerles, pues no lucharon por ellos y sólo estiraron la mano para solazarse con los beneficios de éstos, los que por cierto, nunca debieron provenir de los propios apoderados sino de otros aportes, pero una vez allí, debiesen haber sido efectivamente fiscalizados por las autoridades, mediante la participación de los profesores (organizados o no en sindicatos) en la administración transparente de estos fondos. Sin duda, esto demuestra una vez más, la incapacidad de los Gobiernos concertacionistas de ser un real contrapeso a la acción depredadora de la empresa privada, pues luego de 11 años de concen-traición y en el umbral del siglo XXI, los "sostenedores feudales" siguen administrando sus "feudos educacionales", como Latifundista decimonónico, sin que el estado fiscalice, regule, ni menos modifique o cree leyes que, sean una expresión de real participación democrática al interior de la educación chilena.