Declaración sobre Uruguay en la subcomisión
de DDHH de Naciones Unidas
Pretende esclarecer las desapariciones forzadas
de 168 ciudadanos uruguayos, entre prisioneros y/o refugiados
políticos
LA ASOCIACION "DÓNDE ESTÁN?"
DE URUGUAYOS EN GINEBRA PRESENTÓ EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO
EN LA SESION DE LA SUBCOMISION DE DDHH DE NACIONES UNIDAS:
1) El Uruguay, antes llamado la Suiza de América,
sufrió la dictadura militar como otros países del
sur de ese continente, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia,
durante el decenio de los años `70. La militarización
del Cono Sur fue implementada para la destrucción y la
aniquilación de la oposición política de
militantes de izquierda, y llegó hasta el asesinato, la
tortura y el robo de niños dados en adopción a militares.
2) En el Uruguay, a dos años de haber
sido creada, por decisión presidencial, la llamada Comisión
para la Paz que se propuso esclarecer las desapariciones forzadas
de 168 ciudadanos uruguayos-entre prisioneros y/o refugiados políticos,
todas ocurridas entre 1972 y 1984, antes y durante la dictadura
militar- ha defraudado las expectativas de avanzar en el rescate
de la verdad histórica y la memoria colectiva.
3) En un régimen de trabajo condicionado
por la reserva, sin potestades coercitivas para obligar a los
represores a revelar sus secretos, y con el compromiso expreso
de no identificar a los eventuales responsables, la Comisión
se propuso esclarecer las desapariciones, el destino de los desaparecidos
y ubicar los restos para que los familiares pudieran completar
el duelo. Expresamente, se excluyó de la labor cualquier
tipo de acción judicial que condujera al castigo de los
culpables.
4) La Comisión para la Paz ha anunciado,
hasta ahora, la solución de 15 casos de desapariciones
y presume que podrá aclarar otros 15. Aun no ha podido
ubicar los restos de ninguno de los desaparecidos, porque los
militares, que en su momento fueron identificados ante la justicia
como responsables, se han negado a brindar información,
ni siquiera con la garantía del secreto y de la impunidad.
La conducta de los militares que ocupan los más altos cargos
de mando en las Fuerzas Armadas, no fue recriminada ni por el
Presidente en su calidad de Comandante Supremo, ni por el Ministro
de Defensa.
5) La postura contradictoria del gobierno -que
por un lado instala una Comisión para determinar la verdad
y por otro lado respalda el obstruccionismo a esa labor- es considerada
como consecuente con la política de impunidad vigente.
6) El respaldo inalterado a los militares y policías
violadores de los derechos humanos durante la dictadura, se ha
visto últimamente confirmado con las decisiones oficiales
respecto de acciones judiciales de magistrados argentinos, que
han procesado a militares uruguayos responsables de crímenes
cometidos en aquel país, en el marco del Operativo Cóndor.
Operativo que está basado en la doctrina de seguridad del
Estado, que preveía acciones conjuntas contra Chile, Argentina,
Bolivia, Paraguay, Uruguay ; como las acciones propuestas en el
Plan Colombia, en el Plan Puebla -Panamá, lo cual significa
la continuación de una estrategia de control de América
Latina, se llame o no Cóndor.
7) El gobierno del Uruguay ha negado a dichos
jueces información sobre los militares requeridos en Argentina,
también se ha negado a ejecutar los pedidos de detención
preventiva contra cuatro oficiales procesados por la justicia
de aquel país y cuya extradición está pendiente
de resolución.
8) La ley de Caducidad ha conducido al archivo
de los expedientes de militares y policias, a pesar de que organismos
internacionales, como la Corte Interamericana, han conminado al
Estado Uruguayo a investigar y castigar los delitos de lesa humanidad.
9) Existen en la actualidad tres denuncias en
tribunales penales: una contra Juan Carlos Blanco, ex-canciller
del gobierno cívico-militar de Juan María Bordaberry,
por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida
en junio de 1976. El ex-canciller está sometido a proceso
porque, en tanto que civil, no está amparado por la ley
de Caducidad. Denunciado por varios senadores, después
de una investigación parlamentaria sobre su conducta en
el caso, el proceso judicial quedó "estancado"
durante más de 10 años por la "pérdida
de documentación".
10) El segundo caso involucra a tres juzgados
que deberán resolver 12 casos de desaparición forzada
ocurridos en 1976 en Argentina. Por primera vez, un magistrado
aceptó el criterio de que la desaparición forzada
es un delito continuado y como tal, no está amparado por
la ley de Caducidad en el período que va desde su aprobación
en 1986. Hay que exigir que los magistrados retomen las actuaciones
en el estado en que fueron archivados los expedientes.
11) El tercer caso, de reciente denuncia, se
refiere a la desaparición y asesinato de María Claudia
García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta argentino
Juan Gelman quien, en una investigación independiente,
logró demostrar que en octubre de 1976, la joven, de entonces
19 años y embarazada de ocho meses, fue clandestinamente
trasladada desde Buenos Aires hasta Montevideo, donde permaneció
cautiva en dos centros clandestinos de detención hasta
que dio a luz en el Hospital Militar. María Claudia fue
asesinada después de que su hija fuera entregada a un alto
funcionario policial.
Juan Gelman, cuya investigación le permitió,
hace dos años, ubicar a su nieta y restituirle su identidad,
sostiene en su denuncia que la ley de Caducidad no ampara a los
responsables -que identificó- porque el asesinato de su
nuera no tuvo connotaciones políticas, no fue un acto ejecutado
en aplicación de una orden superior, sino un delito ordinario
de homicidio para encubrir la sustracción de un bebé.
Por este caso, ha sido citado como principal testigo, el Presidente
de la República Doctor Jorge Batlle.
12) La prosecución de estos casos, supone
un salto cualitativo en el rescate de la independencia del Poder
Judicial y un avance en la lucha contra la impunidad expresada
en una amnistía encubierta a los violadores de derechos
humanos mediante una ley que confronta e ignora los convenios
internacionales firmados por el Estado uruguayo sobre la tortura,
la desaparición forzada y la imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad.
13) En el Parlamento uruguayo, la Alta comisionada
de la ONU para los DDHH y la Comisión para la Paz, Madame
Robinson, aseguro que la ley de Caducidad excluye la posibilidad
de investigar abusos con respecto a los derechos humanos llevados
a cabo en el pasado.
14) El gobierno Uruguayo, acatando las órdenes
recibidas por Washigton, presentó una moción de
resolución que fue adoptada en la 58ª Comisión
de Derechos Humanos, con el pretexto de la violación de
los mismos en Cuba. Dicha resolución sirve de respaldo
al bloqueo. La mayoría del pueblo uruguayo, una vez más
ha sido traicionado en su profunda amistad con el pueblo cubano.
Si se hubiera utilizado la misma ferviente voluntad política
para aclarar los secuestros de niños, asesinatos y crímenes
cometidos, antes y durante la dictadura, la impunidad no reinaría
en nuestras calles.
Elena Bonavita
Ex-exilada política y esposa de desaparecido
FUENTE: REPIQUE INTERNACIONAL