Los acontecimientos que tuvieron lugar en El Ejido durante los días 5, 6 y 7 de febrero de 2000 supusieron uno de los mayores brotes de violencia racista ejercida contra colectivos de inmigrantes en el Estado español. Durante los citados días, se atentó impunemente contra personas y bienes, de forma sistemática y organizada, contando con el beneplácito de la autoridad local y la pasividad de las fuerzas de orden público. Fue esta dinámica de limpieza étnica la que llevó a la localidad y a la zona en la que se inserta a ocupar los primeros planos de la información en todo el mundo, estableciéndose una clara sintonía entre la gravedad de los hechos y la repercusión mediática de los mismos.

Hace años que diversas voces vienen alertando sobre la situación que se vive en el Poniente almeriense. El modelo productivo de agricultura intensiva establecido en la comarca, especializado en productos hortícolas para los mercados europeos, además de ser fuertemente agresivo para el ecosistema ha dado lugar, como única opción para garantizar los beneficios de las explotaciones familiares, a una fuerte explotación laboral, hasta hace unos años principalmente de los miembros de las propias familias de los agricultores, y actualmente, sobre todo, de una mano de obra inserta en unos mercados de trabajo fuertemente desregularizados y étnicamente segmentados. Esto, unido a la falta total de políticas de integración social y a la creación de ilegales desde las sucesivas Leyes de Extranjería -todas ellas en flagrante violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos-, ha dado como resultado la expulsión, de hecho, de los inmigrantes del espacio público, consagrando el principio de desigualdad hasta el extremo de considerarse este estado de cosas como la normalidad. Se ha construido, así, una sociedad separada entre unos nosotros -los nacionales con derechos-, y unos ellos, al mismo tiempo necesarios y rechazados, que son los diversos colectivos de inmigrantes.

Transcurrido un año de los sucesos de 2000, la situación continúa siendo explosiva. Muchos inmigrantes que se consideraban asentados en el municipio abandonaron éste después de ver cómo todos sus intentos de convivencia habían resultado inútiles, y la gran mayoría de los que permanecen siguen expulsados del espacio urbano, malviviendo en chabolas, sin servicios, y en unas condiciones de habitabilidad que nos avergüenzan e indignan, sin que se vislumbren alternativas a corto plazo. La prueba más evidente de lo que afirmamos la constituye el hecho, para nosotros especialmente grave, de que ni siquiera hayan podido tramitarse las más de seiscientas denuncias realizadas por inmigrantes como consecuencia de las agresiones sufridas durante aquellos tres días de febrero de 2000. Junto a esto, gran parte de los acuerdos a los que se llegó entonces continúan sin concretarse y nada se ha avanzado en la eliminación de las fronteras residenciales. La reciente aprobación de la reforma de la Ley 4/2000 y el consiguiente nuevo recorte de los derechos de los inmigrantes apunta a la consolidación del modelo de segregación y discriminación.

Esta situación de consagración de la desigualdad, que hace recaer sobre los inmigrantes el estigma social, no ha sido suficientemente denunciada por una parte importante de las organizaciones que trabajan en la zona, con el argumento de que las denuncias acerca de los abusos existentes solo servirían para exacerbar la xenofobia y acentuar las situaciones de racismo. Frente a estos planteamientos, toda una serie de investigaciones, informes y documentos audiovisuales subrayan la tensión social existente y la necesidad de poner en marcha medidas urgentes que permitan y garanticen la convivencia intercultural.

La respuesta de gran parte de los agentes sociales de la zona a los planteamientos críticos hacia el modelo de desarrollo económico y la inexistencia de políticas de integración social ha sido y sigue siendo, con demasiada frecuencia, la de cerrar filas en torno a la defensa de la realidad existente, aduciendo que estas denuncias, muy diversas en cuanto a su procedencia y posicionamientos, responden a una " bien orquestada" campaña internacional de desprestigio basada en oscuros intereses económicos. Lejos de ser esto así, el señalar la existencia de supuestos complots internacionales tiene como objetivo el desviar la atención sobre los verdaderos problemas y responsabilidades y conseguir que la población autóctona identifique cualquier mirada crítica con su realidad como una agresión directa a sus intereses. Contrariamente a esto, afirmamos que no puede haber una sociedad realmente democrática y avanzada sin que se garantice y se proteja la libertad de expresión, es decir, el derecho a disentir del modelo social existente por sus efectos ecológicos, sociales y morales claramente negativos.

Los firmantes de este manifiesto expresan ante la opinión pública su denuncia ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación permanente de seres humanos, en una estratificación étnica totalmente inaceptable, y en la que se pretende silenciar las voces de denuncia y las discrepancias. Por otra parte, exigen a las autoridades políticas el cumplimiento de los acuerdos firmados y que se garantice la canalización de las denuncias de los inmigrantes, así como el urgente establecimiento de medidas en la zona destinadas a suprimir la sobreexplotación laboral y la segregación espacial. Y lo hacemos desde la firme creencia en que sólo puede lograrse una convivencia justa y pacífica desde la firme denuncia y repulsa de las repetidas violaciones de derechos humanos que se suceden cotidianamente aquí y en otros lugares. Construir esta convivencia, y una sociedad en la que todos seamos iguales en derechos, es una tarea de todos; y todos, por tanto, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad en ello, contribuyendo a la desaparición de situaciones como las que se dan hoy en el Poniente almeriense.

El 5 de febrero será hecho público en Sevilla, en un acto en el Paraninfo de la Universidad.