Nuestra Universitad ha sido solidaria con la situación de los inmigrantes "irregulares" que se encierran por el reconocimiento de sus derechos. Gracias a ello han pasado tres días en dos pasillos de la vieja escuela de Empresariales (y las aulas anejas), cedidos para alojar los 37 colchones en los que durmieron y que durante el día albergaron también a algunos más que les visitaron y acompañaron (por ejemplo, algunas de nuestras autoridades académicas en gesto que les honra) y donde recibieron la comida proporcionada por la Facultad y la Taula d'Entitats de Solidaritat.

Además, el Rector se dirigió en ese sentido al Presidente de la Generalitat, aprovechando su presencia en el acto institucional de commemoración de la bula fundacional. Finalmente, gracias al director del Colegio Mayor Rector Peset, los encerrados ahora en la iglesia del Pilar tienen garantizada la comida durante estos días.

Pero algunos de nosotros pensamos que no basta. Que la Universidad debe tomar posición en un debate emblemático y capital para la sociedad como el de la inmigración y que ese compromiso debe ser fruto de lo que se supone que hacemos aquí: discutir, criticar, proponer.

Y para empezar por lo urgente, es decir, por la situación que padecen varios centenares de miles de personas desde la entrada en vigor de la nueva ley 8/2000, pedimos, además que comience a manifestarse el compromiso y proponemos suscribir el siguiente manifiesto.

ANTE LA SITUACION DE LOS INMIGRANTES IRREGULARES.
MANIFIESTO POR UNA SOLIDARIDAD SIN PATERNALISMOS

Los abajo firmantes, miembros de la Universitat de Valencia, ante la siutación que padecen decenas de miles de inmigrantes "irregulares", mal llamados ilegales, a los que una vez estigmatizados como indeseables se trata ahora de arrojar como desecho, afirmamos.

1º. Los flujos migratorios son, sobre todo, la consecuencia de la injusticia de un proceso de globalización que ensancha a marchas forzadas la enorme desigualdad entre el Norte y el Sur, que hunde las expectativas mínimas de salud, de educación, simplemente, de vida, en los países de origen de la inmigración. Pero no sólo emigran los que huyen de la miseria, sino también -y en buena medida son los que consiguen llegar- los cuadros más formados, cuya inmigración es una sangría irreparable. Con esa pérdida, el Sur, es decir, las personas a las que la lotería genética no premió como a nosotros, se hunde ante nuestros ojos.

2º. La existencia de "irregulares" no puede explicarse en términos de una invasión de miles de delincuentes o aprovechados que quieren disfrutar de nuestro nivel de vida. La categoría de "irregulares" NO ES OBVIAMENTE UNA REALIDAD NATURAL, sino el resultado de una respuesta jurídica y política miope, torpemente egoísta y sobre todo injusta e ilegítima en términos constitucionales, a fortiori, morales. Es estatuto jurídico de los irregulares incoherente con el respeto a los derechos humanos y con los principios de la legalidad constitucional que proclamamos una y otra vez.

3º. Si hay irregulares es sobre todo porque una cierta política de inmigración y las leyes que son su instrumento, los crean, incluso entre los que eran legales. Si los hay es porque no se quiere perder esa bolsa de deseperados dispuestos a todo para sobrevivir. Es porque no se toma en serio la integración.

4º. La ley 8/2000 es inaceptable como marco jurídico de la inmigración, porque quiebra la Constitución y el respeto a instrumentos jurídicos internacionales básicos que nos obligan. Los derechos humanos negados en la ley 8/2000 no son una utopía deseable, ni aun siquiera una aspiración verosímil. Su reconocimiento es un deber impuesto por el artículo 10 de la Constitución vigente. Además, la ley no puede perseguir la integración, como dice su propio título, cuando su objetivo prioritario, incluso obsesivo, es el control de los flujos migratorios y el establecimiento de un grupo, los irregulares, en términos de fobotipo, origen de todos los males. El irregular, con esa ley, no sólo es sin papeles: es una no persona y por eso sin derechos, porque hay que hacerlo invisible: no debe existir.

5º. La primera condición para resolver el "problema", pues, sería modificar esa orientación política, esas leyes. Aceptar la necesidad de reconocer los derechos como condición de integración. Flexibilizar el estatuto de ciudadanía y su adquisición. Por eso, es prioritaria la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 8/2000 por violación de derechos fundamentales.

6º. Asimismo, es necesario hacer ver a la opinión pública la necesidad de conseguir que los decretos que han de desarrollar la Diposición transitoria cuarta de la ley (regularización de los que vieron denegada su solicitud) y la Disposición final segunda (Reglamento de la propia ley) sean suficientemente flexibles como para ofrecer soluciones a los que están en situación de irregularidad.

7º. La política de expulsiones o repatriaciones que pretende el gobierno, a más de costosa y difícil, es inaceptable para la opinión pública. Desde luego, es un castigo desmesurado para las miles de personas -y de familias- que han empeñado sus recursos en financiar el viaje a nuestro país. Tampoco es necesario el retorno si lo que se quiere es que soliciten permiso para volver a continuación y se garantiza públicamente que se admitirá a cuantos así procedan. Sería mejor para ellos y más barato para los contribuyentes españoles que pudieran hacer esas gestiones desde sus embajadas y consulados. Sin salir de aquí.

8º. En todo caso, ante la angustiosa situación que ya padecen miles de inmigrantes objeto de esta estigmatización y que comienzan a recurrir a medidas extremas como la huelga de hambre, hay que impulsar medidas excepcionales e inmediatas.

9º. Los Ayuntamientos y en especial los más directamente afectados, deberían abrir servicios especiales y campañas de empadronamiento para favorecer la inscripción que la propia ley habilita y que permite garantizar la cobertura de derechos elementales.

10º. El Gobierno debería utilizar la posibilidad que abren los artículos 1.c y 5.2 de la Orden de 19 de noviembre de 1997 para permisos de residencia por "circunstancias excepcionales" ("razones humanitarias" o de "interés nacional": estas que vivimos lo son), junto a la posibilidad de exención de visado prevista en el artículo 2.1.a) de la Orden de 11 de abril de 1996 (exención de visado para los extranjeros cuya presencia en España se considere de interés público). Que hay circunstancias excepcionales y que son de interés público, parece evidente: los empresarios así lo consideran y también los sindicatos y buena parte de la sociedad civil: las ONGs. Sí podría acogerse a un mayor número de inmigrantes y no sólo a los que puedan probar ese arraigo: lo posibilitan los apartados 4 y 7 del mismo artículo 31 de la ley 8/2000, al ofrecer un permiso de residencia temporal (por ejemplo, de un año) con exención de visado, por "razones humanitarias" o "circunstancias excepcionales". Esto permitiría a los inmigrantes que sostienen su protesta buscar las ofertas de empleo y les abriría una puerta a la legalidad.

Firman: Javier de Lucas, María José Añón, José García Añón, Angeles Solanes, Ruth Mestre, Mario Ruiz, Paco Torres, Alejandro Cortina.

Quien quiera adherirse a este manifiesto puede enviar su conformidad a nombre de Javier de Lucas a través de Fax. 96 3828134 Email: lucasfra@uv.es