El citado planteamiento, que consagra la desigualdad mediante la jerarquización de las diferencias culturales, y "convierte", esencializándolos, a unos colectivos en "libres y democráticos" y a otros en "fanáticos y autoritarios" no es, desgraciadamente, patrimonio exclusivo de esta obra ni de este autor. Podemos encontrar razonamientos similares en otros libros y autores de mayor prestigio intelectual, que forman parte de lo que muchos científicos sociales han denominado "racismo cultural" o "neorracismo", que es a la vez la versión modificada del viejo racismo del siglo XIX, que justificaba la desigualdad entre los grupos humanos como resultado de la supuesta existencia - hoy científicamente refutada - de razas superiores e inferiores. Este nuevo racismo sustituye el término "raza" por el término "cultura". En este sentido los antropólogos y antropólogas tenemos la responsabilidad de no haber denunciado suficientemente la incorrecta utilización del concepto de cultura que hacen estas teorías. Si algo pude caracterizar a nuestra disciplina es, precisamente, la aportación al conocimiento científico de un concepto de cultura que se encuentra en las antípodas de esta percepción, y que cualquiera puede encontrar en los numerosos manuales de introducción a la Antropología. Resumiendo, podríamos afirmar que cultura es el conjunto de respuestas que los seres humanos elaboran para hacer frente a las demandas y desafíos de la vida, siendo, por tanto, una realidad dinámica y cambiante, radicalmente alejada de esos supuestos valores eternos e inmutables que conformarían la "esencia" de un colectivo, y que lo capacitarían o incapacitarían para la convivencia democrática.

En un Estado de Derecho es evidente que la libertad de opinión es irrenunciable, por lo que el profesor Azurmendi, como cualquier otro ciudadano, puede exponer sus ideas en todos aquellos medios que se presten a difundirlas, independientemente de que sus opiniones dañen gravemente la dignidad de las personas y colectivos que difícilmente pueden hacer oír su voz en esos mismos medios. Pero los antropólogos tenemos el deber, dictado por el código ético de nuestra profesión, de denunciar los intentos de hacer recaer sobre las víctimas las culpas de una situación provocada por muchos y complejos factores, entre los cuales no se encuentran en absoluto la supuesta pertenencia a una(s) determinada(s) cultura(s) étnica(s). Desde esta perspectiva, consideramos que exaltar las bondades de un modelo económico como el de la agricultura intensiva almeriense, basado en la productividad y la competitividad y en la defensa del margen de beneficios, sin tener en cuenta los "efectos colaterales" sociales y ecológicos, puede ser legítimo, aunque sea totalmente equivocado, pero pierde toda su legitimidad cuando se intenta oponer una glorificada "cultura de trabajo" (sic), atribuida a los agricultores autóctonos, a una supuesta falta de disposición para el mismo de quienes provienen de las sociedades existentes "desde Marruecos hasta la costa guineana del África atlántica". Aún más graves resultan afirmaciones como las que atribuyen las humillantes condiciones de vida y la segregación social existente en el Poniente almeriense a la "capacidad de autodegradación de la dignidad personal" de los inmigrantes magrebíes. Y son inaceptables aquellas en las que se identifica al colectivo marroquí como un grupo de peligrosos delincuentes proclives a las peleas y altercados callejeros, a los robos y las violaciones, que tienen atemorizada a la población autóctona.

Según el autor, esta insostenible situación de temor fue la causante de los hechos que ocurrieron en febrero de 200, cuando se sucedieron los ataques contra las personas y propiedades de los inmigrantes. Sucesos que, nos dice, no tuvieron base racista alguna, porque si la hubieran tenido "el repentino desastre podía haber tomado otras formas diferentes, seguramente mucho peores" (¡). Si estas afirmaciones resultan, cuanto menos, sorprendentes por su contundencia, se convierten en inaceptables si tenemos en cuenta que Azurmendi sólo conoce los hechos a través de terceras personas. Consideramos que acusar a periodistas, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, profesionales del Derecho, ONG de ayuda al inmigrante, y hasta al Defensor del Pueblo andaluz, de poco menos que da haber inventado esos sucesos, en una especie de conspiración contra el "milagro" de la nueva agricultura almeriense, es demasiado en alguien que da clases de Antropología en una universidad. Cuando la ceguera ideológica - u otras causas menos inconscientes - impide realizar una investigación que cubra los mínimos necesarios de cientificidad que se exigen dentro de nuestra profesión, y cuando, sobre todo, se conculca la ética profesional utilizando aquélla como altavoz para difundir ideas acientíficas, socialmente peligrosas y al servicio de los poderes dominantes, como as que Azurmendi divulga, es necesario pedir, al menos que ni en libros ni en artículos de prensa se firme como antropólogo.

Si, como él afirma, la preocupación de todos debe ser cómo convertir al inmigrante en ciudadano, el camino no es el etnocida que él propone de "disolver las etnias", ni el de oponerse a toda discriminación positiva, aceptando de hecho todas las discriminaciones realmente existentes y planteando, por ejemplo, que "la integración sólo podrá iniciarse si el inmigrante alquila una casa como el resto de los españoles" (¡), sino el que propone, desde ya, un cambio en su estatus jurídico, reconociéndole, tanto a nivel individual como para sus diversos colectivos, el derecho a tener todos los derechos. Pero ello supondría avanzar en la dirección contraria a la nueva cruzada, ya en marcha, contra el pluriculturalismo, contra el reconocimiento de la diversidad cultural como derecho humano fundamental y contra toda intervención reequilibradora de las desigualdades por parte de las Administraciones públicas.

Los antropólogos y antropólogas del Estado español, obligados por nuestra profesión al respeto de las diferencias culturales, a la búsqueda de fórmulas que posibiliten el diálogo intercultural, y a la denuncia de las discriminaciones y violaciones de derechos que permanentemente sufren los inmigrantes extracomunitarios, especialmente los ilegalizados, queremos manifestar públicamente a la sociedad nuestro compromiso con estos valores y esta tarea. Es este empeño el que nos ha llevado a denunciar unos planteamientos que contribuyen a reforzar los conflictos interétnicos y que rozan la apología del racismo, contraviniendo los principios morales que definen la primera responsabilidad de nuestra disciplina: la que se contrae con los sujetos sociales cuyas vidas y problemas son el objeto de nuestra investigación.

Firman el presente escrito las siguientes personas, todas ellas antropólogos y antropólogas pertenecientes a departamentos de Antropología de las universidades del País Vasco, Tarragona, Barcelona, Girona, Valencia, La Laguna, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Almería, Granada, Jaén, Extremadura, Murcia, Zaragoza y UNED:

Jesús Azcona, Dolors Comas d'Argemir, Jesús Contreras, Alberto Galván, José Luis García, Marcial Gondar, Aurora González Echeverría, Ubaldo Martínez Veiga, Lourdes Méndez, Isidoro Moreno, Joan J. Pujadas, Teresa Sanromán, Verena Stolke, Ignasi Terradas, Enma Martín, Francisco Checa, Javier García Castaños, Rosario Otegui, Susana Narotzky, Paz Moreno, Juan Aranzadi, Joseph Mª Comelles, Aurora Marquina, Xoaquin Rodríguez Campos, Luis María Uriarte, Pablo Palenzuela, Javier Escalera, Oriol Romaní, Llorençs Prats, Adela García, Juan Agudo, Gonzalo Sanz, Manuel Delgado, Mercedes Guinea, Rafael Díaz Maderuelo, Cristina Cruces, Félix Talego, Carmen Mozo, Xavier Roigé, Gunter Dietz, Ángel Díaz de Rada, Ángel Montes del Castillo, Agustín Santana, Juan L. Alegret, Danielle Provanzal, Aurelio Díaz, Andreu Viola, Carles Serra, José Luis Solana, Javier Marcos Atrévalo, Carmen Gallego, Montserrat Boquera, Adela Franzé, Javier Hernández, Assumpta Sabuco, Liliana Suarez, Beatriz Pérez, Francisco Jiménez, David Florido, Albert Moncusi, María García-Cano, Nuria Romo, Fuensanta Plata, Concha Rioja, Consejo de la División de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Consejo de Departamento de Antropología Social de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, Asociación Andaluza de Antropología (ASANA)....