Los equipos negociadores de Chile y la Unión Europea (UE) han alcanzado, en Mayo de este año, un consenso en torno al texto definitivo de un Acuerdo Comercial que negocian desde 1990.
    La UE, de esta manera, está accediendo a efectuar negocios con un país que aún no cumple con los requisitos que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento Europeo y la Comisión de Desarrollo y Cooperación, también del Parlamento Europeo, en 1997, considerara imprescindibles para que Chile fuera un socio viable y tolerable para alcanzar un acuerdo comercial, como lo señala la Resolución A4-0023 / 97 del Parlamento Europeo de Enero de 1997.
    La UE hace caso omiso de las disposiciones contenidas en los Códigos de Conducta que ella misma impusiera a las empresas europeas en sus inversiones en países del Tercer Mundo, como nuestro país, y pareciera ignorar las graves violaciones a tales Códigos que cometen sus empresas en Chile.
    La UE quiere firmar un Acuerdo Comercial con un país gobernado por autoridades carentes de voluntad política para cumplir con los requisitos señalados por el Parlamento Europeo en 1997 y tolerantes a los abusos que las empresas extranjeras (entre ellas, las europeas) cometen contra los trabajadores chilenos y el medioambiente.
    La UE y el Gobierno chileno se han concertado para firmar un Acuerdo Comercial, además, con la total ausencia de la participación ciudadana en ambas partes, usando la desinformación como vehículo para ocultar las reales bases de sustentación que tiene este Pacto Comercial: los abusos cometidos por las empresas de una de las "partes" ante la tolerancia de las autoridades de la otra "parte".
    Las organizaciones chilenas que suscriben este llamamiento, pertenecientes a los ámbitos sindical, político y social en general, quieren antes que nada informar a los Pueblos de Europa cómo es que se enriquecen sus transnacionales gracias a los abusos que nuestros Gobiernos democráticos permiten, y solicitan a esos mismos Pueblos, a sus organizaciones sindicales, políticas, culturales y estudiantiles, a los grupos que se oponen a la globalización de los abusos formalizados en estos y otros instrumentos comerciales, que impidan que sus Parlamentos locales ratifiquen el Acuerdo ya consensuado por los tecnócratas chilenos y europeos, inmunes al sufrimiento de los pueblos.
    Las organizaciones chilenas firmantes de este llamamiento invitamos a los Pueblos de Europa y a sus organizaciones a ejercer las acciones de denuncia, boicot y resistencia que estimen convenientes a fin de bloquear este Acuerdo Comercial en su proceso de ratificación en cada uno de los Parlamentos de las naciones que integran la Unión Europea, para que ninguno de estos pueblos se vea involucrado en el historial de abusos que debidamente hemos registrado y documentado desde el fin de la Dictadura de Pinochet.
    Ponemos a disposición de las organizaciones e individuos de Europa, que son intolerantes ante la miseria, las violaciones a los derechos humanos y laborales y la destrucción de la Naturaleza, el documento "Los Zarpazos del Jaguar" para que observen como se generan las fabulosas ganancias que en Chile obtienen las transnacionales y firmas europeas y qué es lo que nos hace un país "apetecible" para ser socio comercial de la UE. Nuestro deseo, también, es que dicho documento sea una herramienta de trabajo para levantar la resistencia a la herramienta de explotación que es, en definitiva, el Acuerdo Comercial Chile - UE.
    Adjuntamos a este llamamiento la Introducción del documento "Los Zarpazos del Jaguar" a manera de preámbulo para que los Pueblos e Europa conozcan la realidad del "Jaguar" latinoamericano que nuestros gobernantes ocultan a toda la Humanidad.

    Chile se encuentra ubicado en el extremo sur del continente americano, entre los 18º y 56º de Latitud Sur, sin incluir el Territorio Antártico. Su territorio de dos millones de kilómetros cuadrados reúne los más variados climas y hábitats, desde el Desierto más árido del mundo hasta el clima polar en su extremo sur. Alrededor de 14 millones son los ciudadanos chilenos, un 60% de ellos reunidos en sólo tres centros urbanos, donde se desarrolla la actividad económica más intensa y se concentran los servicios y la burocracia.
    Por sus indicadores Macro- económicos (Tasas de Crecimiento Económico e Inflación) Chile ha sido catalogado económicamente como "País Jaguar" por la Banca Internacional.
    Políticamente, Chile es una República, con tres Poderes del Estado independientes entre sí: Legislativo (Congreso Nacional), Judicial (Tribunales de Justicia) y Ejecutivo (Gobierno) este último dirigido por el Presidente de la República. El Gobierno vigente pertenece, por tercera vez consecutiva, a la coalición Concertación de Partidos por la Democracia.
    Los Poderes Ejecutivo y Legislativo se renuevan periódicamente en elecciones universales semi-democráticas, reguladas por un sistema político "binominal" consagrado en la Constitución Política del Estado de 1980, generada y promulgada durante la Dictadura del General Pinochet y las Fuerzas Armadas (1973-1989) y ratificada en un Plebiscito fraudulento en el mismo año de su promulgación.
    Administrativamente, Chile se divide, de Norte a Sur, en 13 Regiones. Cada Región está subdividida en Provincias y estas en Comunas. Las máximas autoridades de las Regiones son los Intendentes Regionales, nombrados por el Presidente de la República, mientras que las Provincias están gobernadas por los Gobernadores Provinciales, también nombrados por el Presidente de la República. Las Comunas son gobernadas por los Alcaldes, elegidos por sufragio universal en elecciones periódicas y circunscritas al sistema binominal de la Dictadura de Pinochet, levemente reformado.
    Económicamente, Chile es una sociedad capitalista neo-liberal, donde el Estado tiene sólo un rol subsidiario. El Sector Privado tiene el control de todos los medios de Producción y de los Servicios, en virtud a una Política de privatizaciones de empresas estatales y servicios públicos iniciada bajo el régimen de Pinochet y profundizada en los años posteriores a la Dictadura. En todos los sectores de la Economía, la presencia de capitales extranjeros es mayoritaria y también es mayoritaria la propiedad privada sobre los medios de comunicación.
    A pesar de que el Estado se ha reservado las tareas de fiscalización de la gestión empresarial privada, no cuenta para ello con los instrumentos necesarios o bien estos son permeables a la corrupción, al tráfico de influencias y al lobby empresarial. Tampoco hay voluntad estatal por adquirir nuevos instrumentos o de perfeccionar los existentes, debiéndose entender en ése ámbito la negativa del Estado de Chile a suscribir Convenios y Pactos Internacionales sobre protección ambiental, derechos laborales, derechos de la Mujer, derechos Civiles y Políticos, derechos de los Pueblos Indígenas y recientemente la negativa del estado a integrar el grupo de naciones que formalizaron la creación del Tribunal Penal Internacional.
    La falta de derechos de su población es una de las "ventajas comparativas" que el Estado chileno ofrece a la inversión extranjera.
    Chile dista mucho de ser el país que la propaganda oficial (estatal-empresarial) ha logrado instalar en la comunidad internacional, amparándose en las tasas de Crecimiento Económico o de Inflación que ocultan un País donde los Derechos Humanos siguen siendo violentados, donde la explotación de hombres, mujeres y niños son el origen de parte importante de las fabulosas ganancias que obtienen las empresas de los Grupos Económicos chilenos y transnacionales.
    Chile es un país donde se registra una de las más desiguales Distribución del Ingreso Nacional , con numerosas comunas empobrecidas donde se instalan las industrias tóxicas o peligrosas, con localidades que se inscriben entre las ciudades o comunas más contaminadas del mundo y donde la mujer, el niño y el adolescente son permanentemente discriminados.
    Chile es, también, un país donde su Naturaleza es destruida minuto a minuto, que vive de la extracción de materias primas que se realiza bajo normas ambientales y tributarias que facilitan la depredación de los recursos naturales y la degradación del medioambiente . La inversión extranjera encuentra en Chile "ventajas comparativas" que son intolerables en sus países de origen, por ejemplo, en las relaciones laborales. Bajo el rótulo de la "flexibilización del empleo" y gracias a un Código Laboral heredado también de la Dictadura, los trabajadores chilenos tienen mínimos derechos sociales, sus sindicatos son perseguidos y deben constituirse en la clandestinidad para evitar que sus miembros sean despedidos. En el período de pos-Dictadura, numerosas movilizaciones y huelgas de trabajadores han sido violentamente reprimidas por la Policía de Carabineros y en ocasiones por las Fuerzas Armadas. Decenas de trabajadores detenidos por la Policía son procesados, actualmente, por Tribunales Militares bajo el cargo de "agresión a Carabineros". Varios trabajadores han muerto en los enfrentamientos con la Policía, cientos han sido víctimas de arrestos arbitrarios y golpizas.
    De toda la fuerza laboral existente en Chile, menos del 10% se encuentra sindicalizado, como resultado de la represión y persecución a la sindicalización que efectúan los empresarios bajo la tolerancia del Gobierno. En todas las áreas de la Economía, la "flexibilización del empleo" se ha traducido en la consagración del sub-empleo como una de las formas de atomizar e impedir la organización de los trabajadores y la principal estrategia empresarial usada para contar con mano de obra barata y sin protección de sus derechos.
    Empresas "contratistas" (intermediarias) proveen, a las empresas privadas y estatales, de trabajadores contratados a plazo fijo, con bajos salarios, sometidos a jornadas de trabajo muy superiores a las 8 horas diarias que indica la ley chilena, sin derecho a indemnización por despido y en un ambiente de trabajo inseguro, tóxico o peligroso en el que desenvuelven sin las debidas protecciones.
    En la agricultura, la industria forestal y en la actividad pesquera, la presencia de trabajadores "temporales" es una característica estacional. Unas 400.000 personas, de todas las edades, se trasladan entre la Cuarta y la Décima regiones para laborar, durante algunos meses del año, en los bosques artificiales, campos o empacadoras ("packings") para el embalaje de la fruta o del pescado de las empresas que exportan frutas o productos del mar.
    Tales trabajadores están gran parte del año desempleados, en las temporadas que ellos denominan "meses azules". Cuando trabajan, los "temporeros" lo hacen sin contrato de por medio, expuestos a los pesticidas que se usan en los campos de la fruta o en los monocultivos forestales, con salarios determinados por el régimen del "trato", que no considera la extensión de la jornada de trabajo sino la producción alcanzada. Especialmente en la agricultura de exportación, mujeres "temporeras" han denunciado acoso sexual de parte de los jefes de las "empacadoras", mientras que en el sector forestal las condiciones de trabajo se ven empeoradas por la insalubridad de los campamentos que instalan las empresas en los lugares más aislados del país.
    La exposición a pesticidas se ha transformado en el principal riesgo que deben enfrentar los trabajadores temporeros de la agricultura y del sector forestal. Numerosos trabajadores han resultado intoxicados por estos productos que han manipulado con total desconocimiento de los riesgos involucrados, sin la protección adecuada o porque los pesticidas han sido fumigados sobre áreas de trabajo a las que ingresan los temporeros sin respetar el tiempo necesario para que estos productos no les intoxiquen. Varios trabajadores, e incluso niños "temporeros", han muerto por intoxicación con pesticidas.
    En las regiones del país con mayor consumo de pesticidas se están registrando elevadas tasas de malformaciones congénitas en niños recién nacidos cuyos padres son temporeros y aunque los Gobiernos de pos-Dictadura han negado sistemáticamente la existencia del problema, se han habilitado algunos casinos en las empresas que usan temporeros para que estos sean alimentados mejor, con el propósito de que estos "resistan bien" las intoxicaciones con pesticidas.
    También en el sector "servicios'' la presencia de "trabajadores temporeros " es cada vez mayor, conociéndose a estas faenas como "trabajos part-time". En estos trabajos también los mínimos derechos laborales están ausentes. En la manufactura, especialmente en los talleres de confección de ropa, cientos de mujeres laboran encerradas bajo llave en recintos de trabajo estrechos y sin baños disponibles ni salas para alimentarse durante los descansos. Los niños que abandonan sus estudios para incorporarse al trabajo, laboran en empresas de servicios que ni siquiera les aseguran un sueldo, el que depende de la propina que les entrega el cliente del establecimiento que ha "contratado" a estos menores . Al menos en dos ocasiones en los últimos años, guardias Privados de supermercados han torturado con electricidad a niños trabajadores tras ser acusados de robar especies.
    La legislación laboral vigente, de represión al sindicalismo y de violentar los Tratados Internacionales de protección al trabajador, no ha sido modificado en lo sustancial, puesto que para ello se requiere, además de la voluntad del Poder Ejecutivo, de la aprobación de un Poder Legislativo donde cohabitan empresarios con representantes legales de transnacionales y un grupo de ex-oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros como Senadores Institucionales, electos al margen de la voluntad popular, que obstaculizan cualquier intento por reformas constitucionales y/o generación de leyes para democratizar el país y permitir a los chilenos acceder a mayores derechos.
    De igual manera, la legislación ambiental y los órganos fiscalizadores de la gestión empresarial, son absolutamente insuficientes. Los presupuestos estatales destinados a financiar los organismos con un rol fiscalizador sobre la explotación de los recursos naturales, la disposición de desechos y las externalidades, están calculadamente reducidos para hacer de estos organismos fiscalizadores unas entidades inoperantes. Por otra parte, a la dirección de estos servicios acceden funcionarios que responden a un cuoteo político en vez de a una carrera funcionaria donde se demuestre la capacidad técnica que el cargo requiere. Tanto los organismos fiscalizadores como sus directores deben responder a lo que ha sido la principal tesis de los tres Gobiernos de la Concertación: "Primero el Desarrollo ... después el medioambiente", refiriéndose como "desarrollo" al Crecimiento Económico, es decir, a la transformación de la Naturaleza en bienes para la exportación.
    De ésa manera y siendo todos los Directores de los organismos fiscalizadores funcionarios nombrados por el Presidente de la República, la labor de estos servicios con injerencia en materias ambientales están supeditados al control político que ejerce el Poder Ejecutivo, no pocas veces un control que se manifiesta como presiones abiertas para que tales organismos entreguen resultados acordes con los interese particulares del Presidente de la República. Especialmente bajo la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 - 1999) varios funcionarios públicos fueron destituidos por mostrarse contrarios a megaproyectos de inversión de alto impacto ambiental que eran de interés del Presidente Frei o de su Grupo Económico: Sigdo-Koppers.
    El máximo organismo estatal para la protección del medioambiente es la Comisión Nacional para el Medioambiente (CONAMA) creada durante la Administración del Presidente Aylwin con el propósito de centralizar las funciones de fiscalización ambiental hasta entonces repartidas en varias instituciones estatales y para implementar los mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para una óptima evaluación del impacto ambiental de grandes proyectos de explotación de recursos naturales. La CONAMA es el organismo estatal encargado de entregar los "permisos ambientales", en definitiva, para la materialización de tales proyectos. Sin embargo, su gestión está absolutamente controlada por el Poder Ejecutivo.
    La Dirección Ejecutiva de CONAMA es designada por el Presidente de la República; sus oficinas regionales (las COREMA, Comisiones Regionales para el Medioambiente) están presididas por el Intendente Regional (nombrado por el Presidente de la República) e integrada por los Gobernadores provinciales, todos ellos también nombrados por el Presidente. La CONAMA no es una entidad autónoma del Ejecutivo: ella depende jerárquicamente de un Ministerio y sus resoluciones pueden ser modificadas por un Consejo de Ministros, todos nombrados por el Presidente de la República.
    Tampoco la CONAMA tiene capacidad propia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión. Su función se limita a revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que las propias empresas interesadas le presentan. Tales EIA son ejecutados por empresas privadas ("Consultoras -Ambientales") contratadas por la empresa inversora y las organizaciones ambientalistas han denunciado que funcionarios de la CONAMA han participado en la ejecución de varios de esos estudios. En los EIA rara vez se identifica a los especialistas que los realizaron.
    El conjunto de estas particulares características de la CONAMA y de sus procedimientos, hacen del sistema fiscalizador ambiental chileno un campo expedito para la corrupción. Especialmente bajo la administración del Presidente Frei, varios proyectos de inversión que fueron rechazados inicialmente por la CONAMA y sus Comisiones Técnicas fueron, finalmente, aprobados ambientalmente tras fuertes presiones políticas del Ejecutivo, particularmente cuando en estos proyectos estaba involucrado, como ya lo mencionamos, el Grupo Sigdo-Koppers.
    La falta de personal o presupuestos en todos los servicios llamados a fiscalizar la gestión ambiental empresarial, la corrupción y el tráfico de influencias han generado un cuadro de destrucción ambiental y de contaminación con graves consecuencias para la salud humana. La prioridad de lo económico por sobre lo ambiental e incluso por sobre la salud humana que han establecido la Dictadura, primero, y los Gobiernos de la Concertación, después, ha permitido que los habitantes de la Capital de Chile, Santiago, respiren el aire más tóxico del mundo; que decenas de miles de habitantes del Norte de Chile estén contaminados con plomo, arsénico y otros metales pesados; que el Bosque Nativo sea exportado en la forma de astillas ("chips"); que las comunas de Talcahuano (VIII R) y Pudahuel (RM) estén consideradas entre las comunas más contaminadas del planeta.
    De Norte a Sur del país circulan productos tóxicos contenidos en los alimentos; de Norte a Sur las industrias descargan sus residuos líquidos y sólidos (sin tratamiento alguno) a los lagos, ríos y ambientes marinos, mientras el organismo fiscalizador correspondiente apenas cuenta con 5 funcionarios para actuar en todo el país y para controlar las emisiones de miles de empresas . De Norte a Sur circulan medicamentos mal envasados o mal rotulados ante la incapacidad de acción del organismo fiscalizador respectivo que apenas tiene 9 funcionarios para regular la producción y calidad de estos productos .
    El Desierto de Atacama (II R) es promovido, en catálogos de circulación mundial, como un "excelente lugar" para depositar desechos industriales tóxicos ; témperas, lápices de colores y juguetes que tienen a la población infantil como mercado contienen altos niveles de plomo y decenas de ríos y sitios de mar reciben las descargas de residuos de la minería.
    Esos son los Zarpazos del Jaguar chileno, que dejan profundas heridas en el pueblo y en la Naturaleza de Chile, muchas de ellas irreparables, muchas de ellas mortales.
    Con este informe nuestro propósito es desnudar el Mito Internacional sobre Chile ante la Unión Europea, para que la Unión (y los pueblos de las naciones que la integran) no se hagan parte de los delitos ambientales y sociales que aquí describiremos, para que no se hagan cómplices del genocidio a nuestros Pueblos Originarios ni colabore con los tecnócratas chilenos insensibles a los daños neurológicos o las malformaciones congénitas producidas por la contaminación en nuestros niños, la muerte prematura de nuestros ancianos, la desaparición de nuestras flora y fauna nativas, la explotación inmisericorde de nuestros trabajadores.
    De cada miembro del Parlamento Europeo, de cada ciudadano europeo que reciba este informe, depende que esto que está ocurriendo en Chile no perdure gracias a la indiferencia de la Unión Europea.
    Sólo Pedimos que nos escuchen, que lean este Informe y que consulten si la realidad chilena es la de la propaganda oficial o esta que les entregamos.