Manifiesta lo siguiente:
    Después de 20 años de cometido el asesinato de Tucapel Jiménez, el día 25 de febrero de 1982, por los servicios de seguridad de Pinochet y por orden directa de éste, recién el 5 de agosto se dictó condena, de primera instancia, en contra de 12  ex miembros de las Fuerzas Armadas y policía de Chile. En esta condena se reconoce que el crimen fue cometido por agentes del Estado, pero tenemos la convicción de que en este caso (como en la inmensa mayoría de procesos por violaciones de derechos humanos) no se ha condenado a todos los responsables y se conceden privilegios injustificables a los uniformados, ello sin perjuicio de la responsabilidad de los tribunales que demoraron más de 20 años en sentenciar a algunos culpables, demora que no pocas veces colindó con el encubrimiento.
            No nos engañamos, no es suficiente que se haya dictado sólo una condena a presidio perpetuo para un crimen tan alevoso y en el que participaron varios grupos operativos de los servicios de seguridad de Pinochet. También nos indigna que algunos de los condenados, como el ex Fiscal Militar Ad-Hoc Fernando Torres Silva, hayan sido sentenciados como encubridores a sólo 800 días de presidio remitido (o sea, ni siquiera deberán cumplirlos en prisión).
    Esta decisión judicial contrasta con las penas a las que han sido condenados muchos presos políticos chilenos, los que han sido sentenciados a  10 años y un día y más de prisión por el único hecho de militar en sus respectivas organizaciones. Creemos importante señalar que Torres Silva, en su calidad de Auditor General del Ejército, tuvo participación en la dictación de condenas en contra de muchos presos políticos, pese a que a esa fecha ya había encubierto el crimen de Tucapel Jiménez. Por esa razón, creemos que dichas sentencias deben ser impugnadas.
    Apoyamos total e irrestrictamente la lucha que diversas comunidades y organizaciones mapuche mantienen contra el Estado de Chile y grandes empresas en pos de sus legítimas reivindicaciones territoriales, económicas, sociales, culturales y de autodeterminación. Hoy ya transcurridos varios siglos de constante agresión, usurpación y genocidio por parte del Estado de Chile en contra de comunidades mapuche y otros grupos étnicos, un sinnúmero de miembros de los pueblos originarios han decidido luchar por su dignidad, derecho a la vida y libre determinación. En esta lucha el Gobierno ha usado de la violencia policial, judicial e institucional para acallar sus voces y las de quienes les apoyan. Para ello se ha valido, principalmente, de la misma legislación y de algunos métodos usados por la dictadura de Pinochet para silenciar y perseguir a sus opositores.
            Rechazamos esa persecución, que hoy mantiene a 8 presos políticos en prisión, a 127 en libertad esperando condena o cumpliendo penas alternativas a la prisión, al menos a 18 con orden de aprehensión pendiente y a decenas más de mapuche y chilenos que han pasado por las cárceles a causa de su compromiso con las legítimas demandas del pueblo mapuche. Denunciamos que en esta persecución agentes del Estado han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, especialmente torturas y otros malos tratos.
            Llamamos a solidarizar con las comunidades en conflicto de Traiguén, Collipulli y otras, quienes nos informaron que en estos momentos muchos se encuentran sin poder trabajar la tierra y en algunos casos con los jefes de hogar en prisión o en la clandestinidad con órdenes de detención pendiente. Para tal fin les solicitamos contactarse directamente con un grupo de apoyo al correo electrónico resistenciamapuche@hotmail.com para acordar con ellos la ayuda precisada  y la manera de hacerla llegar a las comunidades en cuestión.
    Finalmente, adherimos a la jornada de protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (C.U.T.), a la que se sumó la Asamblea Nacional por los Derecho Humanos, fijada para el día 21 de agosto. Esta actividad se enmarca en exigencias de trabajo, sueldos dignos, una legislación laboral justa y respeto a los derechos fundamentales por parte del gobierno de Chile.