Una transición bajo la impronta del neoliberalismo y el Estado policial. El año 92 llegaba a su fin y los grandes cauces por los que fluiría la política de la Concertación estaban ya claramente definidos. Atrás quedaban las promesas electorales de derogar la ley de amnistía, que hubiera permitido el enjuiciamiento de los violadores de los derechos humanos. Pinochet seguía a la cabeza del Ejército y el Informe Rettig enmarcaba las violaciones da los derechos humanos en los estrechos márgenes de la "justicia en la medida de lo posible", según Aylwin. El gobierno y la derecha unían sus fuerzas en aras de imponer la amnesia sobre nuestra historia reciente y de consolidar la impunidad para el trágico saldo que habían dejado los 17 años de la guerra desatada por la dictadura militar contra las organizaciones políticas y sociales populares: más de tres mil muertes y desapariciones forzadas, medio millón de torturados y decenas de miles de presos políticos.
    Las legítimas aspiraciones de justicia, democracia plena y bienestar económico de la sociedad chilena no contaban con los amarres negociados a espaldas de la sociedad chilena por políticos y militares, haciendo letra muerta del Programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Hoy, a más de una década de gobiernos de la Concertación, para todos está claro que la impunidad se ha institucionalizado, que se profundizó el modelo económico neoliberal y que, en el plano institucional, nos rige una Constitución espuria.
    La implementación por el gobierno de la política de Seguridad ciudadana significó un incremento de los recursos económicos y humanos destinados a reprimir un supuesto aumento de la delincuencia común y la creciente militarización de los cuerpos policiales. Tampoco se depuraron los organismos represivos ni se modificó la dependencia administrativa de las instituciones policiales al ministerio de defensa. El gobierno daba pasos importantes hacia el Estado Policial, no sólo justificando y respaldando las violaciones de los derechos humanos cometidas por los organismos policiales durante su administración, sino alentando y respaldando sus arbitrariedades y abusos. A
 coro con los políticos de derecha y los altos mandos de la policía, elogia sin reservas su "profesionalismo" y avala tácita y explícitamente las prácticas de intimidación y represión directa, con el consiguiente menoscabo del respeto a los derechos ciudadanos. Por lo demás, el clima de impunidad reinante refuerza las conductas policiales abusivas, que penetran todos los aspectos de la vida política de nuestro país y transforman en pura retórica las declaraciones sobre la existencia de un Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley en nuestro país.
     Esta situación no podía menos que suscitar resistencias en algunos sectores políticos y sociales. Abogados y organizaciones de derechos humanos han encabezado la lucha contra la impunidad. Al mismo tiempo, han denunciado persistentemente la militarización de los organismos policiales y las torturas en las cárceles y detenciones, especialmente por parte de Carabineros y gendarmería, como también la existencia y atribuciones excesivas de la Justicia militar. Las organizaciones políticas revolucionarias han sido el principal blanco de los organismos de inteligencia y seguridad del gobierno, desatando hacia ellas una represión selectiva. En su mira estaban el MIR (EGP), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Mapu Lautaro. Para esta nueva "guerra sucia" el gobierno creó la DISIP u "Oficina" (organismo de inteligencia), aumentó la dotación policial, ofreció delación compensada a los detenidos y captó a ex presos y militantes de organizaciones revolucionarias, murieron en enfrentamientos o falsos enfrentamientos 70 personas y fueron encarcelados centenares de militantes de organizaciones revolucionarias.
    En las cárceles de los gobiernos de la Concertación, ha sido frecuente la denuncia de maltratos, torturas, muertes y el hacinamiento de los presos comunes, para quienes no existe ninguna política de rehabilitación. Para los presos políticos, torturas, tribunales militares, condenas prolongadas, cárceles de alta seguridad y un régimen inhumano de aislamiento interno y externo. Estas cárceles son cárceles de las que "hay que puro irse", como decía un papelógrafo tras la fuga de diciembre de 1996.

    Para los rodriguistas encarcelados, la libertad es y ha sido siempre el objetivo principal de la lucha. Una libertad digna, ganada con mano propia. Esta convicción guió a ocho presos políticos, todos detenidos con posterioridad al 11 de marzo de 1990, a intentar una fuga  por la puerta de ingreso de visitas de la ex Penitenciaría de Santiago. A 9 años de ocurridos los hechos, las repercusiones de esta fuga, marcada a hierro candente por la traición y el crimen, siguen estando vigentes.
    Pedro Ortiz Montenegro, el único que portaba un arma de bajo calibre, había asumido la responsabilidad de cubrir la huida de sus compañeros. Fue el primero en caer herido bajo las balas de Gendarmería. Su hermano Patricio regresó para ayudarlo, siendo también herido y dado por muerto. Mauricio Gómez Lira y José Miguel Martínez Alvarado, ya heridos, corrieron a ocultarse en el jardín de unas casas de la calle.. , pero fueron alcanzados y brutalmente asesinados cuando se
 encontraban en el suelo: Mauricio había recibido 9 disparos y fue rematado de dos tiros en la cabeza; José Miguel, con 11 disparos en el cuerpo, fue rematado de dos tiros en la cabeza y Pedro, con 15 disparos en el cuerpo, fue rematado de 2 tiros en la cabeza. Sólo Pablo Muñoz y Patricio Ortiz fueron recapturados, en tanto que Francisco Díaz Trujillo (que moriría en La Legua en 1998), Manuel Venegas y Luis Moreno pudieron romper el cerco policial.
    El cielo de octubre se había oscurecido con la sangre de Pedro, José Miguel y Mauricio. La libertad, para ellos, era un derecho irrenunciable, un valor básico para vivir con dignidad, por el que estaban dispuestos a arriesgar la vida. Esta convicción, que habían adquirido en la exigente escuela de la lucha contra la dictadura, determinó siempre su conducta en las organizaciones sociales y
 políticas en las cuales participaron activamente desde muy jóvenes.  Quienes los conocieron no olvidan el compañerismo y la inteligencia de José Miguel, "Palito", la fuerza y dignidad de Mauricio, "Pun-Pun", y las condiciones de líder y la sencillez de Pedro. Su entusiasmo, compromiso y alegría de vivir dejaron huellas indelebes en la historia de la Feses, en el trabajo poblacional rodriguista y en la organización a la que tanto amaban, el FPMR.
     Habían sido detenidos y encarcelados gracias al paciente trabajo de los organismos de inteligencia de la Concertación y estaban siendo procesados en aplicación de leyes injustas y discriminatorias, heredadas de la dictadura: asociación ilícita terrorista, ley de control de armas, etc. Para los tribunales, comprometidos con la dictadura y la impunidad, era un delito militar en una organización como el FPMR, que rechazaba la impunidad a las violaciones de los derechos humanos, reivindicaba la soberanía nacional y aspiraba a un país con justicia social y democracia plena.

 Los organismos de seguridad del gobierno tenían, sin duda, conocimiento de la planificación de una fuga desde la ex Penitenciaría. Esto explica una serie de medidas que precedieron a la fuga, como el traslado de los Presos políticos desde la calle 5 a la 4, los numerosos allanamientos y la presencia de un furgón de Carabineros de la Tenencia de Quilicura frente al recinto carcelario. También
 lo demuestra la rápida acción coordinada de los distintos organismos de la policía civil, carabineros y gendarmería en un gigantesco operativo que incluyó un helicóptero de Carabineros.
    Según la prensa, ya a principios de septiembre la Moneda había recibido un informe de organismos especializados de Carabineros sobre la planificación de una fuga y hasta hoy persiste el rumor de la responsabilidad que le cabe a un detenido en la entrega de los preparativos de la fuga a Gendarmería.
     Un rol importante en la represión de la fuga le cupo a funcionarios de Gendarmería y de la Oficina, entre los cuales Isidro Solís, Hugo Espinoza, Claudio Martínez y Nelson Mery, especializados en la represión, tortura y trabajo de inteligencia hacia el FPMR, MIR (EGP) y el Mapu Lautaro. Todos ellos ocupan hoy cargos destacados en estos mismos organismos y a Espinoza y Mery se les vincula a labores represivas y desapariciones bajo la dictadura. De
 Belisario Velasco, en ese entonces ministro del Interior subrogante, dependían los servicios de inteligencia y seguridad del gobierno. A Velasco le correspondió entregar el respaldo del gobierno a Gendarmería y Carabineros por su actuación durante la fuga, en conferencia de Prensa realizada en La Moneda: "Estamos en un Estado de derecho, la ley debe ser respetada por todos, y Gendarmería y Carabineros sólo cumplieron en forma eficiente, con riesgo de sus vidas, con su deber". Se negó a nombrar un ministro en visita y hasta el día de hoy ninguno de los gendarmes y funcionarios de Carabineros que participaron en estos luctuosos hechos fue sometido a proceso judicial o institucional.
     Desde todos los sectores políticos del gobierno, hubo palabras para celebrar la muerte de los tres compañeros fugados y para exigir que se reprimiera sin contemplaciones a los "terroristas". El DC Jaime Ravinet se pronunció "a favor de la pena de muerte para estos terroristas insanos que quieren destruir el proceso de reconstrucción democrática". El diputado y secretario general del
 PPD, Jorge Schaulson, llamó a la "unidad nacional para luchar contra los grupos terroristas y combatirlos hasta terminar con ellos" y Luis Pareto, Intendente metropolitano, calificó la fuga como "un hecho delictual lamentable". Estas declaraciones retratan de cuerpo entero a quienes llegaron al poder "con mano ajena" y que no tuvieron reparos para convivir en el Congreso con un genocida
 como Pinochet.
    Sólo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, encabezada entonces por Eduardo Barrios, llamó a una marcha para solidarizar con los estudiantes de la Universidad de Chile asesinados y, junto con el Codeju, exigieron un ministro en visita.

    Cuatro años más tarde, el 30 de diciembre de 1996, la libertad con que soñaron Mauricio, José Miguel y Pedro, tocó nuevamente a las puertas  de la Cárcel de Alta Seguridad. Ese día, con sus nombres en la memoria, Mauricio, Pablo, Patricio y Ricardo emprendieron el vuelo victorioso hacia la vida y la libertad, rindiendo así un homenaje entrañable a sus compañeros inolvidables de luchas y sueños.
    Cada 10 de octubre encuentra a los rodriguistas empeñados en la construcción de una alternativa popular y revolucionaria para nuestra patria. En esta lucha cotidiana, honramos la memoria de Mauricio, José Miguel y Pedro, inolvidables compañeros asesinados por ejercer el legítimo derecho a la libertad. Al honrar su memoria, honramos la memoria de todos los caídos y presos por luchar durante los gobiernos de la Concertación.
    Porque "el aire es libre y ser libre es todo", como escribió José Miguel Martínez.