Combatimos contra el Estado Terrorista

..."Y como es con el Estado con quien estamos enfrentados en una lucha prolongada y que cada día
se profundiza más, al haber cancelado el primero todas las posibilidades de una salida política negociada,
entonces las FARC-EP han decidido en coherencia con su planteamiento político-militar y en reciprocidad a las
medidas adoptadas por el Estado contra ellas, exigir la renuncia a todos los mandatarios departamentales,
municipales y veredales, no por lo que ellos son como persona, sino por lo que representan al Estado.
De esta manera estamos explicando al pueblo y a los funcionarios afectados, las razones políticas de nuestra medida.":
FARC-EP

    Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) nacieron en 1964, como una Organización político-militar, con el claro objetivo de conquistar el poder político para el pueblo; y surgieron como consecuencia directa y de respuesta a la violencia institucional del Estado colombiano, el que representa y defiende los intereses de la oligarquía liberal-conservadora.
    Todo comenzó cuando el Estado colombiano con 16.000 hombres, desató la más grande operación militar de exterminio contra 46 hombres y dos mujeres bajo el mando del Comandante Manuel Marulanda Vélez, en Marquetalia. Fue el Congreso de la República, influenciado por Álvaro Gómez Hurtado, el que autorizo al Presidente Guillermo León Valencia agredir a Maquetalia, acusándola de ser una "República Independiente", porque en ella se habían quedado, gracias a la fertilidad de sus tierras, la mayoría de los amnistiados. Contando para esta agresión, con el apoyo irrestricto de los Altos Mandos Militares, asesorados estos, por oficiales del Pentágono y la CIA., respaldados en su cometido por la gran prensa, los Jefes de los dos partidos tradicionales, los latifundistas y los terratenientes. El Generalato pensó que tres semanas, era tiempo más que suficiente para acabar con el grupo de 48 valientes campesinos y entregar a los militaristas un parte de victoria. Los marquetalianos después de ser agredidos, decidieron en una asamblea, levantarse nuevamente en armas.
    Desde entonces Las FARC- EP vienen enfrentando al Estado, utilizando todas las formas de lucha, incluida los diálogos, para conquistar unas nuevas costumbres políticas y con ellas, lograr cambios fundamentales en la misma estructura del Estado, y que los distintos gobernantes burgueses de turno entiendan, que los factores generadores de la confrontación política, económica, social y armada que sacuden a Colombia, no los pueden superar con el desmesurado aumento de las Fuerzas militares y de Policía, amparadas bajo un manto de impunidad para su acción criminal contra el pueblo, financiadas con inmensos recursos del Presupuesto Nacional, pasando del recaudo normal de impuestos, al extorsivo, para financiar la guerra contra el propio pueblo.
    En el Gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), fue posible desarrollar los primeros diálogos: Gobierno-FARC-EP y las dos partes firmaron en la Mesa, los Acuerdos de la Uribe. Acuerdos que produjeron simpatía y esperanza en casi todos los sectores sociales de nuestro país, porque a pesar de las trabas puestas por los militaristas enemigos acérrimos de los diálogos y la salida política, se firmó el 28 de mayo de 1984, el primer Cese de Fuegos bilateral, anunciado simultáneamente al país por el Presidente de la República Belisario Betancourt y por el Comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez. Con posterioridad al Cese de Fuegos, nace como resultado de los Acuerdos de la Uribe, una nueva fuerza política en el país: La Unión Patriótica, Movimiento político pluralista, creado como una alternativa política diferente a los partidos tradicionales.
Los militaristas tanto de uniforme como de civil, desde los Tres Poderes del Estado y fuera de él, opusieron sus oligárquicos intereses en obstaculizar el cumplimiento por parte del Estado, de los Acuerdos firmados por las partes. Acudiendo para ello, a las amenazas, a las torturas, a las desapariciones, a los asesinatos selectivos y a las matanzas de los integrantes y dirigentes del Movimiento político Unión Patriótica, del Partido Comunista, de dirigentes sindicales y populares. Este plan de extermino contra el pueblo y sus dirigentes se llamó en los países del Cono Sur: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que también lo vivieron, "Guerra Sucia", para significar el terrorismo desatado por el propio Estado, dentro de una concepción contrainsurgente, diseñada por el Pentágono y la CIA norteamericana, con el fin de evitar que se repita en el Continente americano otra revolución socialista como la cubana.
    El Gobierno de Virgilio Barco mantuvo el proceso de diálogos iniciado por Betancourt, sin avances significativos, mientras se incrementaba la guerra sucia, hasta tal punto que su entonces Ministro de Gobierno Cesar Gaviria, denuncio ante el país la existencia de más de l50 grupos paramilitares, conformados todos por agentes de seguridad del Estado.
    En diciembre de 1990, el Presidente de la época Cesar Gaviria Trujillo terminó repentinamente con el proceso de diálogo iniciado por el Gobierno de Betancourt, al ordenarle al Alto Mando ejecutar la operación militar denominada "Centauro", contra el Secretariado de las FARC-EP en "Casa Verde", al mismo tiempo decretó la Conmoción Interior y la "Guerra Integral", para acabar con las FARC-EP.
    El Gobierno de Ernesto Samper, ofreció a las FARC-EP diálogos, pero en medio de la guerra. Las FARC-EP expresaron su disposición de dialogar con el nuevo Presidente, siempre y cuando se desmilitarizara el municipio de la Uribe, en el Departamento del Meta. Pero las Fuerzas Militares, en cabeza del entonces General Harold Bedoya Pizarro, se opusieron y amenazaron con dar Golpe de Estado, si el Presidente aceptaba la petición de las FARC.
    Durante la campaña electoral a la presidencia de la República de 1998, donde los mas opcionados eran Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe, las FARC-EP pusieron como condición a quien saliera electo de los dos antes mencionados, el despeje de cinco municipios: San Vicente del Caguán (Caquetá), La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista hermosa en el Meta; así como el desmonte de los grupos paramilitares organizados por el Estado. El señor Andrés Pastrana Arango durante su campana proselitista asumió el compromiso con quienes votaran por el, de liderar en persona los diálogos, y ofreció desmilitarizar los cinco municipios exigidos por las FARC-EP. Una vez elegido Pastrana como nuevo Jefe del Estado, aun sin posesionarse tuvo una entrevista con el Jefe de las FARC-EP, para definir detalles sobre las dos condiciones: desmilitarización de los cinco municipios y el desmonte de los grupos paramilitares organizados por el Estado. En esta ocasión el Presidente le contaba al Comandante Marulanda, de como pensaba resolver los problemas sociales y económicos que afectaban al país. Entonces el Comandante Marulanda le dice:" Señor Presidente, nosotros le creemos todo lo que usted esta diciendo, pero hay una dificultad: "Cómo piensa resolver usted el problema del paramilitarismo, ya que ahí están vinculados Oficiales y Suboficiales?". A lo que el Presidente respondió: "Utilizaré para ello todos los instrumentos, del Estado".
    El señor Presidente Pastrana, lo mismo que los gobernantes que le antecedieron, exigió desarrollar los diálogos en medio de la guerra, sin embargo, el 20 de febrero del año en curso, de forma unilateral determinó la ruptura definitiva de las conversaciones y la cancelación de la Zona Desmilitarizada convenida por las dos partes, tomando como motivo el desvío de un avión y la retención de un congresista, por la Columna Teófilo Forero de las FARC-EP.
    Todos los esfuerzos anteriores han sido en vano: los espacios políticos que se han logrado abrir (como fue el caso de la Unión Patriótica, donde selectivamente cayeron asesinados bajo las balas del terrorismo de Estado más de 4.500 líderes de ese Movimiento) han sido barridos a plomo, por la intransigencia y el miedo que le tiene la corrupta casta dominante, a los cambios sociales que favorezcan a los sectores populares, porque son conscientes, que esos cambios implicarán para ella, pérdida de privilegios de clase.
    En todos los intentos que hasta ahora han hecho las FARC para encontrar una salida política al conflicto social y armado que padece Colombia, siempre se han encontrado con la misma actitud del Estado y sus representantes: ausencia total de un verdadero proyecto de paz con justicia social, y una negativa casi instintiva, a cualquier propuesta de cambio que haga la Insurgencia, por insignificante que sea. Solamente llevan a la Mesa una bien definida estrategia de guerra, para imponerle a la guerrilla la paz del Estado y a empellones reinsertarla a la vida civil, a cambio de nada.
    Mientras tanto, en la medida que se agudiza la lucha de clases dentro del Estado, éste, cada día más fortalece el Poder Público con más soldados profesionales, más policías, más paramilitares, más leyes antipopulares y más sapos, para reprimir con más crueldad y eficiencia la progresiva inconformidad popular, contra las actuales políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos, por medio del Fondo Monetario Internacional.
    Para reprimir más, es precisamente el mal llamado "Plan Colombia", donde el Estado aplicará su política de sangre y fuego en todo el territorio nacional, por medio de las administraciones departamentales, municipales y veredales: gobernadores, alcaldes, inspectores de Policía,... quienes, a pesar de haber salido del seno del pueblo y haber sido elegidos popularmente, no tienen otra alternativa sino cumplir con el papel represivo que les asigna el Estado, en cabeza del Presidente de la República. Además de lo anterior, las elecciones recientes fueron desvergonzadamente fraudulentas y viciadas de corrupción y violencia; donde los grandes medios de comunicación, como siempre, manipularon a los electores. Todo lo anterior, ilegitima sus resultados.
    Y como es con el Estado con quien estamos enfrentados en una lucha prolongada y que cada día se profundiza más, al haber cancelado el primero todas las posibilidades de una salida política negociada, entonces las FARC-EP han decidido en coherencia con su planteamiento político-militar y en reciprocidad a las medidas adoptadas por el Estado contra ellas, exigir la renuncia a todos los mandatarios departamentales, municipales y veredales, no por lo que ellos son como persona, sino por lo que representan al Estado. De esta manera estamos explicando al pueblo y a los funcionarios afectados, las razones políticas de nuestra medida.