Corrupción en la Empresa Privada: El Caso ENDESA
Por Héctor Kol
FETRACOMA-Chile
Febrero del 2.003
El Estado chileno entrega numerosas garantías
para asegurar el éxito de la inversión privada, especialmente
de capitales extranjeros. Entre estas garantías existen varias que,
con seguridad, serían consideradas "delitos" en los países
de origen de las numerosas transnacionales que operan en el país.
En otras palabras, el Estado chileno permite la corrupción como
herramienta de generación de proyectos y para asegurar la rentabilidad
de los mismos a la empresa privada extranjera. Y es desde el Poder Ejecutivo,
principalmente, que emanan los lineamientos que permiten que, recurriendo
a toda clase de irregularidades, las empresas extranjeras obtengan fabulosas
utilidades incapaces de conseguir en otras naciones.
En efecto, en Chile una empresa privada puede evadir
impuestos sin correr riesgo alguno dada la escasa fiscalización
estatal a estas irregularidades . Más aún, puede quedar eximida
del pago de impuestos durante 50 años si se acoge a leyes especiales
creadas por el Estado chileno para incentivar la inversión en regiones
aisladas del país e incluso no pagar impuestos jamás si se
acoge a leyes de tributación que fueron creadas para favorecer el
desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional, como ciertas
leyes del cobre y que las transnacionales usan en su favor. Para mantener
este status quo, la inversión privada cuenta con numerosos parlamentarios
(entre miembros de la gobernante "Concertación de Partidos por la
Democracia" y la oposición de Derecha) para bloquear todo intento
de reforma tributaria que aumente la capacidad de los organismos del estado
para investigar los delitos tributarios que cometen las empresas .
La empresa privada, nacional y extranjera, cuenta
con la policía chilena para amedrentar a sus eventuales rivales
comerciales, a los trabajadores que demandan mejores condiciones laborales
o salariales y para reprimir las protestas que organizan las uniones de
trabajadores ante los abusos empresariales. Las huelgas en Chile siempre
son vigiladas por vehículos policiales blindados, los que se encargan
de protegerlos vehículos con "rompehuelgas" con los que los empresarios
neutralizan las movilizaciones de los trabajadores y sus huelgas legales.
La Ley Laboral chilena permite la existencia de rompehuelgas.
En Chile se puede despedir a una mujer embarazada
a pesar de la existencia del "fuero maternal" que garantiza la estabilidad
laboral a la madre durante su embarazo y los primeros meses post-parto.
También puede despedir a los dirigentes de los sindicatos, que también
cuentan con un "fuero sindical" aprovechando la inexistencia de Tribunales
del Trabajo, clausurados por la Dictadura Militar tras el Golpe de Estado
de Septiembre de 1973. La empresa privada en Chile puede contratar niños
para efectuar labores en la agricultura de exportación, haciéndoles
manipular pesticidas prohibidos en todo el mundo... excepto en Chile. Los
supermercados en Chile, con fuerte presencia de capitales extranjeros,
pueden emplear niños y hacerles trabajar sin cancelarles siquiera
un sueldo, haciéndoles vivir de las propinas voluntarias que les
entregan los clientes de tales establecimientos .
Todos estos abusos están permitidos en Chile
porque la empresa privada cuenta, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
del Estado, con Ministros, Subsecretarios (Vice-Ministros) y congresistas
permeables a la corrupción, a los sobornos y al "tráfico
de influencias", que tras desempeñarse en algún cargo estatal
siempre arriban a un cargo ejecutivo en una empresa privada que fue favorecida
con algunas de sus decisiones. También el sistema funciona a la
inversa: la empresa privada provee de un número considerable de
funcionarios a los gobiernos de turno para desempeñarse en el área
estatal.
La inexistencia de una ley que regule el financiamiento
de los Partidos Políticos permite que los candidatos a ocupar un
escaño en el Congreso (o la misma Presidencia de la República)
puedan recibir ilimitadamente dineros de la empresa privada, los que son
devueltos con creces cuando el candidato alcanza el cargo para el que se
postulaba . Especialmente durante la tramitación de leyes de carácter
laboral o ambiental y anti-corrupción o durante las investigaciones
sobre actos de corrupción protagonizados por empresas privadas y
que son efectuadas por comisiones parlamentarias, los congresistas que
han recibido el financiamiento de la empresa privada son más sensibles
al "lobby" con los resultados previstos: ninguna Comisión Parlamentaria
que ha investigado casos de corrupción en empresas privadas, por
ejemplo, ha llegado a resultado alguno en los 11 años de funcionamiento
del Congreso chileno tras su reapertura en Marzo de 1990...
Las empresas privadas, especialmente las transnacionales,
no cometen "delitos" cuando recurren a estas maniobras para asegurar el
éxito de sus inversiones, simplemente porque ninguno de los abusos
hasta aquí relatados son considerados "delitos" en Chile. Pueden,
entonces, efectuar impunemente operaciones de "lavado de dinero" proveniente
del narcotráfico aprovechando que el Parlamento chileno se ha negado,
en varias ocasiones, a aprobar leyes que permitan investigar las cuentas
bancarias sospechosas de recibir dineros del narcotráfico. El Banco
Central chileno (entidad autónoma del Estado) ha eliminado, además,
todas las barreras que existían para el ingreso de capitales financieros
al país.
La empresa privada encuentra un paraíso cuando
invierte en Chile. Capitalistas norteamericanos y europeos cuentan, en
nuestro país, con amplias garantías para operar en un medio
que tolera todas estas irregularidades. El Estado chileno no está
dispuesto a perder sus atractivos para el capital privado y es por ello
que en las conversaciones que este mantuvo con Estados Unidos para alcanzar
un Tratado de Libre Comercio, Chile insistió en NO INCORPORAR garantías
especiales de protección laboral y protección ambiental en
tal acuerdo comercial.
El Estado chileno sabe que su tolerancia a los abusos
es lo que atrae la inversión privada y, como veremos a continuación
en el caso que hemos elegido para demostrarlo, los empresarios europeos
y norteamericanos han aprovechado a plenitud esta permisividad. En este
artículo se describirá el caso de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDESA) que fue traspasada al área privada por la
Dictadura Militar, como ejemplo de todas las irregularidades y corrupción
que el Estado chileno es capaz de tolerar tanto en las gestiones financieras
de las empresas privadas como en los planes de desarrollo de estas mismas.
1.- El Caso ENDESA
La Venta de ENDESA-Chile a ENDESA- España
Según una reciente publicación de la
periodista chilena María Olivia Monckeberg ("El Saqueo Económico
al Estado Chileno", Ediciones LOM, Chile, 2.001) el Fisco chileno perdió
unos US$ 3.000 millones al traspasar empresas estatales al área
privada durante la Dictadura de Pinochet. En el proceso de privatizaciones
(bautizado por la Dictadura como "Capitalismo Popular") los funcionarios
que Pinochet colocó como "interventores" a cargo de empresas estatales
se quedaron con estas, pagando precios absurdos por enormes unidades productivas.
Una de estas empresas fue la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDESA) que quedó en manos del grupo de "interventores"
que encabezaba José Yuraszeck, un extremista de Derecha militante
del grupo neo-nazi "Patria y Libertad". A pesar de que sólo se posesionó
del 0,06% de las acciones "tipo B" de la empresa después de su privatización,
las irregularidades de todo el proceso de privatizaciones le permitió
al grupo de Yuraszeck mantener el control de ENDESA .
Durante los dos primeros Gobiernos de post-Dictadura,
el Grupo Yuraszeck fortaleció su poder económico y político,
especialmente durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle
(1994-1999) que entregó todo tipo de concesiones económicas
y encubrimiento a las acciones irregulares cometidas por Yuraszeck en la
ejecución de sus negocios, especialmente cuando en estas estaba
involucrado el grupo Sigdo-Koppers (SK), un holding de empresas del área
de la ingeniería donde unos de sus principales accionistas fue el
Presidente Frei .
Fue justamente bajo el Gobierno de Frei que se produjo
la venta de ENERSIS (un holding al que pertenecía ENDESA, la distribuidora
de electricidad CHILECTRA y la Empresa Constructura MANSO DE VELASCO, entre
otras empresas) a ENDESA - España, en Agosto de 1997 y en condiciones
tremendamente desventajosas para los accionistas tipo "A". En efecto, los
españoles cancelaron por cada acción tipo "A" la suma de
$ 220 a $ 260 (pesos chilenos) mientras que por cada acción tipo
"B", la suma pagada por los españoles fue de $ 185.000 (pesos chilenos).
Los ejecutivos encabezados por Yuraszeck poseían acciones tipo "B".
Esta transacción fue inmediatamente cuestionada por un grupo de
accionistas "A", los que representados por el abogado estadounidense Mark
Klugmann iniciaron las primeras acciones legales para anular la venta de
la empresa a su similar española.
El 23 de Octubre de 1997, la ex-esposa de Klugmann,
la chilena Marlene Martínez, fue secuestrada junto a su hijo de
6 años de edad y ambos fueron trasladados a un recinto desconocido
donde se le interrogó acerca de las actividades de Klugmann. El
secuestro se repitió en 1998, cuando la mujer fue retenida por desconocidos
y luego abandonada en un camino de acceso a Santiago. Los raptores introdujeron
en la boca de la mujer un recorte de prensa referido al caso ENDESA y su
venta a la transnacional española.
Los secuestros de Marlene Martínez fueron
investigados por el Fiscal Militar Juan Eduardo Troncoso, quien a pesar
de la evidencia y de haber recibido un informe de Carabineros donde se
acusaba a funcionarios del Ejército de Chile como responsables de
ambos secuestros , ordenó el cierre del caso tras declarar "mitómana"
a la mujer afectada, en Marzo de 1999. Días más tarde, un
Juez Civil ordenó la reapertura del caso, anulando lo dispuesto
por el Fiscal Militar ante la evidente participación de agentes
de la policía de Carabineros en ambos secuestros.
La participación de Carabineros en los secuestros
no sólo motivó la reapertura del caso, sino la presentación,
en Julio del año 2.000, de una demanda por "obstrucción a
la Justicia" en contra del General Director de Carabineros que, a juicio
del abogado de Marlene Martínez, había montado una operación
de inteligencia para encubrir a los policías secuestradores 8
9 .
En Marzo del 2.001, Marlene Martínez logró
reconocer al Carabinero Luis Leiva como uno de los secuestradores de 1997
y también reconoció al estacionamiento subterráneo
del edificio de la Dirección General de Carabineros (ubicado frente
al Palacio de Gobierno, en Santiago) como el recinto donde fue interrogada
acerca de las actividades de su ex-esposo.
También se logró establecer que el
Coronel de Carabineros Eloy González González, de la Dirección
de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), había informado al entonces
General Director de la institución policial, Fernando Cordero Rusque,
acerca de la participación de personal de Carabineros al menos en
el primer secuestro de Marlene Martínez. El ex-Director ha declarado
que el informe sobre esta situación lo había recibido HORAS
DESPUES de haber presentado su renuncia al cargo para asumir un escaño
parlamentario como Senador Designado, donde aún permanece. Ninguna
acción judicial se ha tomado para sancionar a este individuo y tampoco
el Congreso Nacional, donde la coalición gobernante tiene una representación
mayoritaria, ha iniciado un juicio político en contra de este ex-Director
de Carabineros, primo de un ex-Ministro del Interior del Gobierno del Presidente
Aylwin y ex- Presidente del Partido Demócrata-Cristiano, Enrique
Krauss Rusque.
El proceso por este caso de amedrentamiento a un
rival comercial de Yuraszeck permanece abierto después de 5 años
transcurridos desde el primer secuestro a Marlene Martínez, reflejando
la concomitancia entre los servicios de seguridad del Estado con los empresarios
privados, especialmente con aquellos que fueron estrechos colaboradores
de Pinochet.
Aunque José Yuraszeck debió renunciar
al directorio de ENERSIS (el holding propietario de ENDESA) y que recibió
varias sanciones por las irregularidades cometidas en esta transacción,
los Tribunales de Justicia han anulado, una tras otra, tales sanciones.
El abogado de Yuraszeck es Pablo Rodríguez Grez, fundador de "Patria
y Libertad" y que encabeza, además, el equipo jurídico que
defiende al ex-Dictador Augusto Pinochet en más de 200 juicio por
violaciones a los Derechos Humanos cometidos bajo su Dictadura. La venta
de ENDESA-Chile a su homónima española tampoco fue anulada
y los nuevos controladores españoles neutralizaron las eventuales
acciones de la propia Bolsa de Comercio de Santiago al contratar al presidente
de esta, Pablo Irarrázabal, como Gerente General de ENDESA 10
.
El poder político de ENDESA: los Gobiernos de Frei y Lagos
El Presidente Frei Ruiz –Tagle fue un constante
aliado de Yuraszeck en los diferentes proyectos de inversión que
emprendió ENDESA bajo el control del ex colaborador de la Dictadura
Militar. Desde su cargo de Jefe del Poder Ejecutivo, Frei designó
y removió a funcionarios públicos de acuerdo a las necesidades
e intereses de ENDESA, dictó decretos y generó leyes que
favorecieran a esta empresa y dio su personal respaldo a los más
cuestionados proyectos de este grupo empresarial. En la descripción
de la materialización de los proyectos hidroeléctricos Pangue
y Ralco detallaremos los procedimientos usados por el Presidente Frei (
y del Presidente Lagos) para favorecer a ENDESA.
Los detractores de ENDESA asignaban a la vinculación
de Frei con el holding Sigdo-Koppers (SK) su abierto favoritismo para con
ENDESA, dado que SK participó en varios proyectos vinculados a ENDESA
como ejecutor de obras. Sigdo-Koppers era un holding de tamaño mediano
al inicio del Gobierno de Frei. Al culminar este, se había convertido
en el 5º Grupo Económico más importante del país
11 .
Aunque Frei se había desprendido de su participación
accionaria en Sigdo Koppers en 1988, como consta en los registros de valores
respectivo, una investigación del periodista Cristián Opazo
reveló que tras vender sus acciones en SK, el Presidente Frei y
su esposa, Marta Larraechea, constituyeron la sociedad INVERSIONES SATURNO
S.A. en Octubre de 1988, cuyo fin comercial declarado era "la compra y
venta de toda clase de acciones, bienes raíces, inversiones en acciones,
derechos de toda clase de sociedades", etc. A través de esta sociedad,
Frei se mantuvo vinculado a ENDESA, pues SATURNO fue constituida por el
abogado Alberto Coddou, quien ya aparece como Director de SATURNO en 1998
y también como director de la Administradora de Fondos de Pensiones
PROVIDA , una de las principales empresas accionistas de ENDESA, con un
3,4% de participación accionaria , de acuerdo a la Memoria Anual
1999 de ENDESA 12 . En otras palabras, Frei Ruiz-Tagle estuvo
siempre vinculado al éxito económico de ENDESA, aunque no
a través de SK, sino de SATURNO S.A.. Según el reportaje
de Opazo, en Junio de 1998 una Junta Extraordinaria de accionistas de SATURNO
S.A. se celebró en el domicilio particular del Presidente de la
República.
No ha existido aún una investigación
profunda acerca de los beneficios económicos que Frei Ruiz-Tagle
obtuvo de su "alianza estratégica" con ENDESA bajo el control de
Yuraszeck, pero el mismo ex colaborador de Pinochet ha reconocido que ENDESA
hizo una donación de US$ 250.000 al Museo Interactivo Mirador (MIM)
que estaba dirigido por la esposa de Frei, la señora Marta Larraechea.
También Yuraszeck debió reconocer, en una entrevista concedida
al diario "El Mercurio" en Octubre de 1997, la contratación de un
yerno de Frei (cuando este era Presidente de la República) como
arquitecto en una obra de la Inmobiliaria Manso de Velasco, de propiedad
del holding ENERSIS, que estaba presidido por Yuraszeck 13 .
Probablemente Frei también recibió apoyo económico
de ENDESA para sus campañas políticas como Senador y luego
como Presidente de la República, pues aunque Yuraszeck se negó
a dar nombres en la entrevista citada, reconoció haber apoyado ("con
sus propios medios económicos") las campañas políticas
de varios candidatos a cargos de representación popular.
Las relaciones entre ENDESA y el actual Presidente
de la República, Ricardo Lagos, se remontan desde que este ocupaba
el cargo de Ministro de Obras Públicas(MOP) del Gobierno de Frei
Ruiz-Tagle. Desde ese cargo, Lagos apoyó las irregularidades cometidas
por Frei y altos funcionarios de su Gobierno para favorecer la construcción
del proyecto hidroeléctrico Ralco en el río Bío-Bío
y aunque la evidencia existente no logra establecer vínculos de
mutuo provecho económico con ENDESA cuando esta permanecía
bajo el control de Yuraszeck, estas relaciones aparecen con claridad cuando
ENDESA pasa a estar controlada por ENDESA-España.
En Marzo de 1999, los Diputados demócrata-cristianos
Ricardo Rincón y Jaime Jiménez presentaron un Proyecto de
Acuerdo (firmado, además, por otros 27 Diputados) para que una Comisión
Parlamentaria investigara un presunto "fraude al Fisco" en la venta de
aguas del Lago Laja a ENDESA en Julio de 1998 y que fue autorizada por
la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) organismo dependiente
del MOP encabezado, entonces, por Ricardo Lagos. De acuerdo a los Diputados
denunciantes, en la venta de las aguas del Lago Laja el Fisco chileno perdió
entre US$ 14 y US$ 60 millones 14 .
ENDESA había solicitado las aguas del Lago
Laja para evitar, según la empresa, un probable racionamiento eléctrico
derivado de los pronósticos de sequía que afectaría
al país en Julio del año 1998 por un descenso de las lluvias
a nivel nacional, pronósticos que fueron confirmados por la Comisión
Nacional de Energía (CNE). Según el propio Ricardo Lagos,
su autorización para entregar aguas a ENDESA en forma anticipada
se basó en los estudios de la CNE, mientras que el precio de la
transacción estuvo determinado tras un estudio que su Ministerio
encargó a la Universidad Católica de Chile por sugerencia
del entonces Presidente de la República, Eduardo Frei 15
.
Bajo el control de los españoles, ENDESA
tampoco ha estado ajena a la carrera política del actual Presidente
de la República. Según las organizaciones ecologistas e indianistas
que se oponen a la construcción de la represa Ralco en el río
Bío-Bío, Alfredo Llorente (ejecutivo español presidente
del holding ENERSIS propietario de ENDESA) fue el "agente recaudador de
fondos" que Lagos tuvo en Europa para financiar su campaña política
que le llevó a convertirse en Presidente de la República.
Las relaciones se profundizaron incluso antes de que Lagos jurara como
Primer Mandatario. Un mes antes, Alfredo Llorente se reunió con
el nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García,
para solicitarle que el nuevo Gobierno nombrara a Vivianne Blanlot como
Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE)
el organismo estatal encargado de planificar el desarrollo energético
de Chile 16 . La mujer solicitada por Llorente para dirigir
la CNE había ocupado la Dirección Ejecutiva de la Comisión
Nacional para el Medioambiente (CONAMA) durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle,
cometiendo toda clase de arbitrariedades e ilegalidades para poder entregarle
el permiso ambiental a ENDESA para la ejecución de su proyecto Ralco,
como se verá más adelante.
Una vez fuera de la CONAMA (y tras cumplir su objetivo
de autorizar la construcción de Ralco), Vivianne Blanlot se desempeñó
en el área privada como "consultora", teniendo entre sus clientes
a CHILECTRA, empresa de distribución eléctrica de propiedad
de ENERSIS. Al ocupar su nuevo cargo como Directora de la CNE (tal como
lo había solicitado Llorente), Vivianne Blanlot autorizó,
en Abril del 2.001, un alza en las tarifas eléctricas que había
solicitado CHILECTRA basándose en un estudio técnico que
LA PROPIA VIVIANNE BLANLOT HABÍA EJECUTADO PARA CHILECTRA CUANDO
SE DESEMPEÑO COMO "CONSULTORA" DE ESTA EMPRESA, según lo
denunció el Diputado Tomás Jocelyn-Holtz (DC). Con esta alza
de tarifas, CHILECTRA se aseguró una ganancia extra de US$ 40 millones
17 .
Las relaciones político-comerciales del Presidente
Lagos con ENDESA se han extendido hasta los juicios que el ex-Dictador
Augusto Pinochet debió enfrentar en España por crímenes
en contra de la Humanidad.
En Mayo del año 2.000, a sólo dos
meses de haber asumido el cargo de Presidente de la República, el
Presidente Lagos condecoró a Rodolfo Martin Villa, Presidente de
ENDESA-España (propietaria de ENERSIS) por sus "servicios distinguidos
a la Patria" como reconocimiento a la intervención del ejecutivo
español ante el Gobierno de España para obstaculizar el proceso
que el Juez de ese país, Baltasar Garzón, llevaba en contra
del ex Dictador Pinochet, particularmente por la obstrucción a las
solicitudes de extradición que Garzón enviaba a Inglaterra
donde Pinochet se encontraba detenido desde Octubre de 1998. Martin Villa
había ocupado varios cargos ministeriales en España durante
la Dictadura fascista del General Francisco Franco.
La Derecha política chilena no está
ajena al área de influencias de ENDESA. La principal figura de la
derecha, Joaquín Lavin (ex Candidato Presidencial que estuvo a punto
de ganar las elecciones Presidenciales de 1999) tiene entre sus colaboradores
más directos al economista Ernesto Silva Bafalluy, miembro del directorio
de ENDESA y Presidente del Directorio de la Inmobiliaria Manso de Velasco,
perteneciente al holding ENERSIS. Lavin y Silva son, además, socios
en la propiedad de la privada Universidad del Desarrollo 18
.
Los parlamentarios de Derecha son, también,
activos defensores de los intereses de ENDESA cuando el Poder Legislativo
impulsa investigaciones sobre operaciones comerciales irregulares donde
ENDESA es protagonista. En Mayo de 1999, la Cámara de Diputados
(donde la coalición gobernante tiene una amplia mayoría de
representantes) aprobó una ley que especificaba las sanciones económicas
(y sus montos) que deberían enfrentar las empresas que no cumplieran
con sus funciones de generación y/o distribución eléctrica,
tras registrarse numerosos cortes de energía eléctrica en
varias regiones del país entre Noviembre de 1998 y Mayo de 1999.
Sin embargo, una Comisión de la Cámara de Senadores (donde
la Derecha tenía una mayoría de representantes) decidió
disminuir en un 50% las sanciones a las empresas eléctricas por
deficiencias en su gestión, favoreciendo especialmente a ENDESA,
la principal responsable de los cortes de luz registrados durante casi
un año en Chile. Los parlamentarios derechistas que defendieron
así de los intereses de ENDESA fueron Evelyn Matthei (de la UDI),
Francisco Prat (UDI) , Sergio Diez (del partido aliado de la UDI, Renovación
Nacional) e Ignacio Pérez Walker (RN). Gracias a la intervención
de estos parlamentarios, las multas máximas a aplicar a las empresas
eléctricas cuyas deficiencias de gestión generaban los cortes
de luz, se redujeron de $ 3.000 millones (unos US$ 5 millones) a sólo
$ 1.500 millones 19 . A esta disminución a las sanciones
económicas se sumó la negativa de ENDESA a cancelar las indemnizaciones
que los Tribunales de Justicia determinaron en favor de los usuarios afectados
y que fluctuaban entre los $ 250 millones y los $ 500 millones 20
.
Las construcciones de las Represas Pangue y Ralco
Los proyectos más cuestionados de ENDESA
bajo el control de Yuraszeck fueron la construcción de las represas
Pangue y Ralco en las aguas del río Bío-Bío, aunque
para esta última el ex colaborador de Pinochet sólo alcanzó
a participar en las irregularidades que permitieron que ENDESA obtuviera
los permisos ambientales que el proyecto necesitaba.
Las represas citadas correspondían a un megaproyecto
hidroeléctrico diseñado por ENDESA en los años ’60
y que contemplaba la construcción de 6 embalses sobre las aguas
del río Bío-Bío, entre las VIII y IX regiones del
país y que sustenta la cultura mapuche-pewenche, casi exclusivamente
asentada en esta zona. En 1986, el proyecto de ENDESA (ya en manos de Yuraszeck,
como "interventor" designado por la Dictadura de Pinochet) fue denunciado
por la antropóloga estadounidense Catherine Bragg en el marco del
II Congreso de Antropología realizado en el país en plena
Dictadura. Las conclusiones de la antropóloga eran definitivas:
el complejo hidroeléctrico diseñado por ENDESA destruiría
un ecosistema único en el mundo y haría desaparecer la cultura
mapuche-pewenche. Unas 500 hectáreas de territorio pewenche de Callaqui,
Pitril y Quepuca-Ralco fueron inundadas para la construcción de
Pangue, la primera de las 6 represas planificadas.
La construcción de Pangue se inició
durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1993) quien fue advertido
de las consecuencias ambientales y étnicas de esta primera construcción
en una reunión con representantes pewenches de las comunidades afectadas,
de organizaciones ecologistas (en particular del Grupo de Acción
por el Bío-Bío, GABB) e incluso mediante la entrega de informes
elaborados por el Banco Mundial (uno de los financistas del proyecto Pangue)
y del propio Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) que
eran contrarios a los propósitos de ENDESA. A pesar de las evidencias,
el Presidente Aylwin optó por desentenderse del problema, declarando
que "el Gobierno no puede impedir la construcción de Pangue por
carecer de facultades legales para hacerlo" 21 . En aquella
reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno el 10 de Diciembre
de 1992, el Presidente Aylwin se escudaba en la inexistencia de las Leyes
Indígena y de Bases del Medioambiente que habrían regularizado
la construcción de tal represa, pero que, como mostraremos más
adelante, ya vigentes en Chile tampoco lograron impedir la materialización
de una segunda represa en territorio pewenche.
A pesar de su aparente neutralidad, el Gobierno
del Presidente Aylwin intervino inmediatamente en favor de los propósitos
de ENDESA. En Enero de 1993, es decir, sólo 5 semanas después
de haberse realizado la reunión de Aylwin con los representantes
pewenches y ecologistas, el periódico estatal "La Nación"
publicó un artículo donde se advertía a los chilenos
de una eventual alza de entre un 25 y un 50% de las tarifas eléctricas
si no se llegaba a construir Pangue. La "advertencia" se basaba en un estudio
técnico que la Comisión Nacional de Energía (CNE)
había encargado a una empresa consultora dirigida por un ex-funcionario
de la propia CNE: Juan Cembrano. El estudio, titulado "Efectos económicos
de una eventual postergación de los proyectos hidroeléctricos
del Río Bío-Bío" fue divulgado por el entonces Director
Ejecutivo de la CNE, Jaime Tohá, que luego tendría una abierta
participación en las irregularidades cometidas por el Gobierno de
Frei Ruiz-Tagle para la materialización de Ralco y que en el actual
Gobierno de Ricardo Lagos, desde su cargo de Intendente de la VIII Región
(que es atravesada por el Río Bío-Bío) dirige la represión
a las comunidades mapuches que reclaman derechos territoriales. El estudio
citado fue complementado por un informe de la propia CNE ("Principales
lineamientos de la política energética nacional") donde se
defendía LA CONSTRUCCION DE LAS 6 REPRESAS PROGRAMADAS POR ENDESA
EN EL RIO BIO-BIO. El artículo del diario "La Nación", donde
se difundían ambos informes favorables a ENDESA, concluía
con la siguiente expresión : "¿Se puede defender al Río
Bío-Bío frente a la racionalidad de estas cifras?" 22
.
Parte del financiamiento para la construcción
de Pangue lo había obtenido ENDESA a través de la Corporación
Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. En Octubre de 1993, ENDESA
y la IFC firmaron un Acuerdo de Inversión por un préstamo
de US$ 170 millones y la adquisición del 2,5% de la propiedad de
Pangue por otros US$ 4,7 millones. En este Acuerdo, la IFC, en atención
a las directrices propias del Banco Mundial sobre protección ambiental
y social para los proyectos que el organismo financiaba y los estudios
preliminares sobre Pangue realizados por la propia IFC, incluyó
la creación de la Fundación Pehuén (financiado con
parte de las ganancias obtenidas por Pangue) para programar y dirigir las
acciones tendientes a mitigar los impactos negativos de la Represa Pangue
sobre la cultura mapuche-pewenche. Sin embargo, esta Fundación siempre
estuvo en concordancia con los intereses de ENDESA por sobre los de los
pewenches y de la propia IFC: el Directorio de 7 miembros de la Fundación
Pehuén sólo tenía 3 representantes de las comunidades
indígenas afectadas. El Director de la Fundación, un no-indígena,
tenía derecho a un voto extra en las reuniones del directorio y
todo el Directorio estaba facultado, además, para remover a cualquiera
de sus miembros con el que presentaran "diferencias insalvables" .
Los resultados del trabajo de la Fundación
Pehuén fueron expuestos por un informe del antropólogo estadounidense
Theodore Downing sobre el funcionamiento de la fundación. En su
informe emitido en Mayo de 1996, el antropólogo (contratado por
la IFC para tales efectos) destacaba:
a) "...la Fundación Pehuén se ha insertado en
la sociedad pewenche sin una evaluación previa de su cultura y sin
consentimiento o participación indígena...";
b) "...la Fundación Pehuén no ha cumplido con
4 de los 5 objetivos para los que ha sido creada: no ha aportado beneficios
a largo plazo y con capacidad de sustentabilidad y desarrollo sostenible
a las familias pewenches afectadas por el proyecto Pangue; no ha entregado
capacitación a las comunidades pewenches para compensar los efectos
negativos de Pangue; no ha preservado la identidad cultural de los pewenches;
no ha, siquiera, extendido el beneficio de suministro eléctrico
a las comunidades...".
Más adelante, el informe de Downing desmiente
el "desarrollo de las comunidades pewenches gracias a la construcción
de Pangue" defendido por ENDESA. En el informe se dice: "...En 1992, la
totalidad de los habitantes de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco estaban
en el umbral de la pobreza nacional. Tras cuatro años de actividades
de la fundacion y con el 30% de las unidades familiares de callaqui, pitril
y quepuca-ralco empleadas temporalmente en las obras del proyecto, sólo
el 1% de ellos superó el umbral de la pobreza (...) En términos
estrictamente económicos, a esta altura la pérdida neta den
la economía de los pewenches SUPERA CON CRECES LOS BENEFICIOS QUE
APORTA LA FUNDACION A SUS COMUNIDADES..." 23 .
La conclusión del Informe Downing es categórica:
"...Lo que queda por ver es si este grupo pequeño y empobrecido
de pewenches se beneficiará con los frutos del proyecto o subsidiará
el desarrollo eléctrico de Chile a expensas de su economía,
recursos o cultura. Hasta ahora, a decir por la información recogida,
están subsidiando el proyecto..." (id cit.).
El informe Downing fue escondido ante las amenazas
de ENDESA de demandar al autor y a la propia IFC si este se daba a conocer.
La IFC, luego amenazó con querellas y con despido al propio Downing
si este publicaba su informe. Sin embargo, por iniciativa de su Presidente,
James Wolfensohn, el Banco Mundial contrató un segundo estudio de
evaluación con el ecólogo estadounidense Jay Hair ( Presidente
Honorario de la National Wildlife Federation of USA). Hair entregó
un informe en Abril de 1997, donde concluía que ENDESA no había
cumplido con el 80% de las medidas ambientales y sociales que estaban contempladas
en el acuerdo firmado con la IFC: "...como efecto de la construcción
de Pangue, se ha producido una severa e incontrolada deforestación
en el área"; además, detectó "...fallas en
el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y existen
antecedentes suficientes para concluir que el personal de la IFC era responsable
de engañar al Directorio de la IFC y a otros inversionistas sobre
los planes de ENDESA de construir una segunda central". ENDESA había
asegurado a los inversionistas que Pangue sería la única
central hidroeléctrica que construiría en el río Bío-Bío,
ocultando siempre (con la complicidad del Gobierno chileno) que Pangue
estaba ligada a una segunda central (Ralco) para asegurar el normal funcionamiento
de Pangue.
El informe Hair fue inmediatamente censurado por
el personal de la IFC y un tercio del documento (dedicado a denunciar el
impacto social de Pangue y las probables violaciones a los Derechos Humanos
cometidas por ENDESA en contra de las comunidades pewenches) fue eliminado.
El informe Downing sólo fue autorizado para
publicarse en Diciembre de 1997, 19 meses después de haber
sido emitido. El informe Hair nunca ha sido publicado. En Febrero
de 1997, la IFC decidió no realizar nuevos préstamos a ENDESA
y similar medida adoptaron otras agencias de financiamiento de los Gobiernos
de Suecia (BITS) y Noruega (NORA) que también habían participado
en el financiamiento de Pangue. Como "represalia", ENDESA adelantó
los pagos de los créditos solicitados a la IFC y el empresario chileno
Eliodoro Matte renunció al directorio de la entidad en solidaridad
con ENDESA (Grupo de Acción por el Bío-Bío, op.cit.).
En Mayo de 1997, científicos chilenos de
la Universidad de Concepción advirtieron que ENDESA no había
cumplido con la implementación de las medidas de mitigación
(reducción) del impacto ambiental producido por Pangue y que habían
sido sugeridas por el Centro Internacional de Formación e Investigación
en Ciencias Ambientales (EULA) tanto a ENDESA como a la CONAMA, tras una
investigación de 4 años sobre el río Bío-Bío
y que había sido financiada por el Consejo de Europa. Tales sugerencias
también habían sido entregadas al entonces Presidente Aylwin,
en Abril de 1993 24 .
En Abril de 1998, durante una visita oficial a Chile,
el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, reconoció la
mala evaluación que la institución que presidía hacía
respecto al proyecto Pangue: "...Las minorías étnicas
(los pewenches) fueron desalojadas de sus tierras y mi institución
ayudó a crear el problema..." (Grupo de Acción por el
Bío-Bío, op.cit.).
La construcción de Ralco
En la construcción de la represa RALCO las
irregularidades se han extendido desde el Gobierno de Frei Ruiz--Tagle
hasta la presente administración del Presidente Lagos. Sin la intervención
directa de ambos mandatarios ( y la de Lagos como Ministro de Obras Públicas
de Frei) ni Ralco ni Pangue hubieran sido posibles.
El nuevo proyecto de ENDESA (Ralco) debía
enfrentar dos cuerpos legales que no estaban vigentes en los años
en que se inició la construcción de Pangue: la Ley Indígena
y la Ley de Bases del Medioambiente ("Ley Ambiental"). En la primera de
ellas se creaba la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) y en la segunda, la Comisión Nacional para el Medioambiente
(CONAMA).
ENDESA debió presentar su proyecto tanto
a la CONAMA (para obtener los permisos ambientales para la construcción
de Ralco) y a la CONADI (para obtener la autorización de esta Corporación
para el uso de territorios indígenas). ENDESA no logró responder
a las exigencias planteadas en ambas leyes y sólo la intervención
política, la corrupción y el tráfico de influencias
a nivel del poder ejecutivo (que despidió de sus cargos a todos
los funcionarios públicos que, en el ámbito de sus respectivos
cargos, se mostraron contrarios al proyecto Ralco) y la represión
policial, permitieron a la empresa burlar las leyes del Estado chileno
para que Ralco obtuviera todos los permisos y concesiones que se necesitaban
para su construcción .
La CONADI y el proyecto Ralco
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) fue creada para asegurar los derechos territoriales y culturales
de los Pueblos Indígenas en Chile y supervisar el cumplimiento de
la Ley Indígena, que entre su articulado contiene la prohibición
de la venta de territorios indígenas a particulares no-indígenas,
sólo permitiendo una "permutación" (intercambio) de territorios
entre indígenas y no-indígenas que debe ser aprobada por
la CONADI, la que debe comprobar que estos territorios deben tener similar
valor comercial y entregar las mismas garantías de sustentación
para los indígenas.
La Comisión Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) cuenta con 14 Consejeros Nacionales y un Director Ejecutivo. Siete
de los Consejeros son designados por el Presidente de la República,
así como el Director Ejecutivo. Sólo 7 Consejeros Nacionales
son nombrados en sus cargos a través de una votación de los
miembros de cada una de las etnias presentes en el territorio de Chile.
Es decir, los representantes de los Pueblos Indígenas siempre
son minoría dentro del Consejo de la CONADI, quedando la Corporación
sometida a la voluntad del Presidente de la República, que puede
remover a los Consejeros y/o Director Ejecutivo de acuerdo a sus propios
intereses o, en este caso, a los intereses de ENDESA.
Desde el anuncio de ENDESA sobre su voluntad de
construir una segunda represa sobre las aguas del río Bío-Bío,
numerosos Consejeros de la CONADI expresaron su oposición a esta
obra que implicaba la desaparición de la cultura mapuche-pewenche
al inundarse unas 1.500 hectáreas de tierras habitadas por esta
cultura. En Abril de 1995, el Consejero de la CONADI Juan Huenupi (mapuche)
advirtió que la construcción de Ralco "...puede significar
la desaparición de los pewenches..." durante un Seminario organizado
por la CONAMA para dar a conocer las características del proyecto
Ralco a los habitantes de las comunidades pewenches 25.
Para cumplir con las exigencias de la Ley Indígena,
ENDESA presentó, en Marzo de 1996, un plan de relocalización
de 98 familias pewenches que debían permutar, voluntariamente y
tras firmar una solicitud respectiva, sus territorios (a inundar por la
represa Ralco) por tres propiedades adquiridas por ENDESA para este efecto.
En Marzo de 1997, la CONADI declaró "ilegal" el proyecto Ralco dado
que violaba la Ley Indígena en sus artículos 1 y 13 y amenazaba
con provocar una mayor deforestación en el área impactada
por la represa, además de implicar la inundación de cementerios
de los pewenches 26 .
La reacción del Presidente Frei fue inmediata:
tanto el Director Ejecutivo de la CONADI, Mauricio Huenchulaf (mapuche),
como dos Consejeros Nacionales nombrados por él mismo, fueron destituidos
de sus cargos. Todos ellos se habían mostrado contrarios al Proyecto
Ralco y para justificar sus despidos, Frei les acusó de irregularidades
financieras al interior de la CONADI 27 .
A fines de Abril, el Presidente Frei nombró
a Domingo Namuncura (de origen mapuche) como nuevo Director Ejecutivo en
la CONADI. Con el cambio de Director, sin embargo, la CONADI no modificó
su rol de fiscalizador del cumplimiento de la Ley Indígena: en Septiembre
de 1997, la CONADI informa que las 8 primeras solicitudes de "permutación
de tierras" presentadas por ENDESA eran rechazadas por ser "contrarias
a las disposiciones del artículo 13 de la Ley indígena, que
establece un similar valor comercial de las tierras a intercambiar". La
tasación de las tierras en estas primeras 8 solicitudes la había
hecho el ingeniero agrónomo Armando Illanes Oliva que había
integrado EL EQUIPO DE PROFESIONALES CONTRATADO POR ENDESA PARA LA ELABORACION
DEL EIA DE RALCO 28 . Varias de estas solicitudes presentadas
por ENDESA aparecían con la impresión de un dedo pulgar como
firma de los pewenches solicitantes.
Las irregularidades cometidas por ENDESA en la captación
de solicitudes de permuta de tierras entre los pewenches ya habían
sido denunciadas por estos en Agosto de 1996, cuando acusaron a funcionarios
de la Fundación Pehuen de recorrer las comunidades indígenas
asegurándoles que si no firmaban las solicitudes de permuta, sus
tierras iban a ser expropiadas por el Estado chileno sin entregarles otras
tierras a cambio. Entre los funcionarios denunciados, los pewenches identificaron
a Armando Illanes ( que más tarde aparecería como "tasador"
de las tierras a permutar) y Gonzalo Figueroa, hijo del Ministro del Interior
del Gobierno del Presidente Frei R.T., Carlos Figueroa 29 .
En Diciembre de 1997, la CONADI anuncia que de las
69 solicitudes de permutación de tierras presentadas por ENDESA
hasta esa fecha, sólo se habían aprobado en primera instancia
43 solicitudes 30 . En Enero de 1998, la CONADI rechazó
otras 8 solicitudes y en Febrero del mismo año, Namuncura entrega
su resolución definitiva sobre 41 solicitudes de permutación
de tierras presentadas por ENDESA: NINGUNA resulta aprobada por ser contrarias
a las disposiciones de la Ley Indígena 31 .
Además de esto, la CONADI cuestiona profundamente
la viabilidad de las tierras ofrecidas por ENDESA para la relocalización
de las 98 familias pewenches a desplazar. En Agosto de 1997, el Director
de CONADI no logra acceder a uno de los fundos ofrecidos por ENDESA para
los pewenches (Fundo "El Barco") dada la mala calidad de los caminos de
acceso y las intensas nevadas que afectan a la zona donde se ubica el fundo.
Según una declaración posterior de Namuncura "...las condiciones
climáticas del lugar ofrecido por la empresa para el traslado de
los pewenches son tremendamente agresivas para la vida, los animales y
las siembras de los pewenches..." 32 . Posteriormente, en
Febrero de 1999 El Consejero de la CONADI José Santos Millao (mapuche)
denuncia que una segunda propiedad ofrecida por ENDESA a los pewenches,
el Fundo "El Huachi", no tendría capacidad para sostener a las 30
familias pewenches que la empresa planeaba relocalizar allí, de
acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno
de Frei y que había sido ocultado a los pewenches y a la opinión
pública 33 . En Mayo de 1998, 14 propietarios pewenches
que habían firmado las solicitudes de permutación de tierras,
anuncian que se desistían de tal intercambio dado que habían
actuado bajo amenazas de funcionarios de la Fundación Pehuen 34
.
ENDESA no solo no contaba con las solicitudes de
permutación de tierras que requería su proyecto. Tampoco
contaba con un Consejo en la CONADI que fuera favorable a sus intereses:
en Junio de 1998, 4 Consejeros de la CONADI (entre ellos dos designados
por el Presidente Frei) manifiestan públicamente su oposición
a la construcción de Ralco. El Presidente Frei interviene destituyendo
a los dos Consejeros por él designados que manifiestan su oposición
a Ralco, Cristian Vives y Milene Valenzuela. También destituye,
el 5 de Agosto de 1998, al Director Ejecutivo de la CONADI, apenas horas
antes de que se reúna el Consejo Nacional de la CONADI para dar
su respuesta definitiva a las solicitudes de permutación de tierras
que había presentado ENDESA. Como ocurrió con su antecesor,
Namuncura fue acusado de "irregularidades financieras" para justificar
su despido. En la actualidad, Domingo Namuncura es el Asesor Presidencial
para Asuntos Indígenas del Presidente Ricardo Lagos, quien, desde
su cargo de Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Frei, había
apoyado la destitución de Namuncura como Director Ejecutivo de la
CONADI.
En reemplazo de Namuncura, Frei nombró a
un no-indígena a cargo de la CONADI. El nuevo Director Ejecutivo,
Rodrigo González (militante del Partido Socialista) organizó
una reunión del Consejo Nacional de la CONADI en Enero de 1999,
donde CON LA AUSENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS CONSEJEROS INDIGENAS, entregó
su aprobación a 54 solicitudes de permutación de tierras.
En la actualidad, sólo 9 familias pewenches
restan por entregar su consentimiento a la permutación de tierras.
Una de ellas, integrada por las hermanas Quintremán y sus familiares,
han demandado por "etnocidio" a ENDESA-España, recurriendo para
tal efecto a la propia Justicia Española. Las hermanas Quintremán
han sido amenazadas de muerte y han sido violentamente reprimidas por Carabineros
de Chile durante sus movilizaciones pacíficas en contra de la construcción
de Ralco. Ambas mujeres (mayores de 60 años de edad) han sido acusadas
de "maltrato y agresión a Carabineros" y enfrentan una demanda radicada
en una Fiscalía Militar.
La CONAMA y Ralco
El rol principal de la Comisión Nacional para
el Medioambiente (CONAMA) era la revisión del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) presentado por ENDESA para su proyecto Ralco. El estudio,
elaborado para ENDESA por la firma suiza Electrowatts Ingenieros, fue entregado
a CONAMA en Marzo de 1996. En su revisión participaron 23 servicios
del Estado y ninguno de ellos aprobó el estudio. En Junio
de 1996, la CONAMA anuncia que el estudio sólo contemplaba respuestas
para el 12% de los requerimientos ambientales y sociales que se le habían
solicitado a ENDESA. El informe de la CONAMA ("Informe Técnico de
Calificación al Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco") señalaba,
además, tres grandes insuficiencias en el EIA presentado por ENDESA:
una descripción incompleta del proyecto; una definición incorrecta
del área de influencia del proyecto y ausencia de un detallado plan
de relocalización de las familias pewenches del área impactada
por el proyecto. Sin embargo, CONAMA no rechaza el proyecto y sólo
lo objeta, entregándole a ENDESA un plazo de 180 días para
corregir el EIA de Ralco a través de una "addendum" (anexo) contemplado
en la Ley de Bases del Medioambiente para estos fines ("Ley Ambiental")
35 .
En Marzo de 1997, el "addendum" presentado por ENDESA
también resulta rechazado, pero la CONAMA, en una decisión
arbitraria, tampoco decreta el rechazo al proyecto Ralco. Por el contrario,
brinda a ENDESA la oportunidad de presentar un segundo addendum que no
estaba contemplado en la Ley Ambiental. La ilegal decisión tomada
por la CONAMA es denunciada por el Diputado Juan Pablo Letelier como "...un
procedimiento único que se ha hecho para ENDESA; la solicitud de
un segundo addendum no existe en la Ley de Bases del Medioambiente..."
36 .
En el mismo mes de Marzo, la CONADI había
declarado "ilegal" el proyecto Ralco, de modo tal que el rechazo de la
CONAMA al EIA de Ralco, primero, y al "addendum", después, significaba
la cancelación definitiva del proyecto de ENDESA. La intervención
directa del Presidente Frei y de sus funcionarios de confianza evitaron
que los intereses económicos de ENDESA (y del propio Frei) fueran
afectados por tal rechazo, iniciándose una serie de despidos de
funcionarios públicos contrarios a Ralco en ambos organismos estatales:
así como en la CONADI son despedidos el Director Ejecutivo y dos
Consejeros Nacionales que habían sido designados por el Presidente
Frei, en la CONAMA ya se había producido el despido del Fiscal de
la institución, Rigoberto Valdivia, que se había manifestado
contrario al proyecto Ralco. Según Valdivia, en su despido habría
intervenido el Vice-Ministro del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, Jorge Rosenblut, superior jerárquico de Vivianne
Blanlot. Rosenblut, en Enero del año 2.000, fue nombrado Presidente
del Directorio de la empresa de distribución eléctrica CHILECTRA,
perteneciente al holding ENERSIS, propietaria de ENDESA 37 .
La Cámara de Diputados del Parlamento chileno
solicitó una sesión especial para plantear sus dudas respecto
a los procedimientos usados por CONAMA en torno al caso Ralco. La reunión,
programada para mediados de Marzo de 1997 fue boicoteado por el Ministro
de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú,
bajo cuyo mandato se encuentra CONAMA, quien decidió no asistir
al Congreso para la fecha programada 38 . En otras dos ocasiones
el Ministro Villarzú suspendió su visita a la Cámara
de Diputados, la última de ellas en Junio de 1997 39
. Juan Villarzú, militante de la Democracia Cristiana, fue un colaborador
de la Dictadura de Pinochet durante los primeros años posteriores
al Golpe de Estado de 1973 y en la actualidad ocupa el cargo de Presidente
Ejecutivo de la Corporación del Cobre (CODELCO) tras designación
del Presidente Ricardo Lagos.
El segundo addendum para su proyecto Ralco fue presentado
por ENDESA el 17 de Mayo de 1997. El 6 de Junio de ése mismo año
la CONAMA otorga su aprobación a Ralco.
Las irregularidades cometidas por el Estado chileno
y ENDESA en contra de los derechos territoriales y culturales de los pewenches
del Alto Bío-Bío se han manifestado hasta hoy . Aún
sin contar con ninguna de las solicitudes de permutas de tierras aprobadas
por la CONADI, ni con las concesiones para aprovechar las aguas del Río
Bío-Bío ("derechos de aguas") ni las concesiones eléctricas
para construir las torres de transmisión eléctrica, ENDESA
ocupó territorio pewenche para iniciar la construcción de
Ralco a mediados del año 1998, cuando la CONAMA aún tramitaba
los permisos ambientales necesarios, generando la reacción de los
pewenches y de las organizaciones que les apoyan.
Con apoyo de ecologistas y estudiantes universitarios
sensibles al tema, los pewenches iniciaron acciones de resistencia pacífica
(tomas de caminos y de puentes) para impedir el acceso de los camiones
de la empresa constructora BESALCO encargada de ejecutar las obras de Ralco
40 . Durante todas estas movilizaciones, los pewenches fueron
permanentemente amenazados por el Ministro de Planificación Nacional
(MIDEPLAN) Germán Quintana, por el Intendente de la VIII Región,
Martin Zilic y por el Gobernador de la Provincia de Concepción,
Juan Carlos Coronata, todos ellos funcionarios nombrados por el Presidente
Frei. En Febrero de 1999, una toma de caminos realizada por pewenches y
ecologistas fue reprimida brutalmente por Carabineros, que para llegar
al sitio de la toma hizo uso de camiones de BESALCO, según denunció
un Diputado Chileno 41 .
En Febrero del 2.001, los pewenches instalan barricadas
alrededor del cementerio indígena de Quepuca-Ralco, para impedir
que los operarios de la constructora BESALCO siguieran destruyendo este
sitio sagrado. Según denunciaron los pewenches, BESALCO había
profanado 8 tumbas en Enero de este año, con el propósito
de "reubicar los cuerpos" como lo necesitaba la construcción de
Ralco 42 .
Los Tribunales de Justicia y la Contraloría
General de la República (que fiscaliza la constitucionalidad y legalidad
de los decretos emitidos por cada repartición pública, entre
otras funciones) han ido adoptando, sucesivamente, posiciones favorables
a los intereses de ENDESA. En 1997, las hermanas Quintremán habían
presentado una demanda por "daño ambiental" en contra de ENDESA
en el Sexto Juzgado Civil de Santiago, solicitando la paralización
de las obras de construcción de Ralco. Tras dos años de investigación,
el Juez Mario Carrozas de dicho Tribunal resolvió acoger la demanda
de las hermanas pewenches, ordenando la paralización de la construcción
de Ralco, en Septiembre de 1999. Quince días más tarde, tras
una apelación de ENDESA, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones
de Santiago revocó el fallo, permitiéndole a ENDESA continuar
con sus obras de construcción de Ralco 43 .
La ilegalidad de las acciones de ENDESA se manifiesta
claramente si se considera que en ése mismo mes la Contraloría
General de la República rechaza tanto las concesiones eléctricas
otorgadas por el Ministerio de Economía para la construcción
de Ralco y de los "derechos de agua" entregados a ENDESA por la Dirección
General de Aguas dadas las irregularidades cometidas por estas reparticiones
públicas en la tramitación de estos decretos 44
. Las presiones de ENDESA (entre ellas, la amenaza de despido de todos
los trabajadores involucrados en las obras de Ralco) y del propio Gobierno
de Frei sobre la Contraloría General de la República (encabezada
por Aruro Aylwin Azócar, hermano del ex-presidente Aylwin, que permitió
la construcción de Pangue) tuvieron por respuesta final la aceptación
de la Contraloría a nuevos decretos de concesiones eléctricas
y de derechos de agua en favor de ENDESA: el 10 de Marzo del 2.000. un
nuevo decreto de "concesión eléctrica" para la construcción
de Ralco emitido por el Ministerio de Economía es aceptado por la
Contraloría. Un día después, Ricardo Lagos asume como
Presidente de la República. Según organizaciones indigenistas
contrarias a Ralco, en este nuevo decreto el Ministro de Economía
(Jorge Leiva) viola abiertamente la Ley Indígena, lo que no es considerado
por la Contraloría.
Notas
1Consultas y sugerencias a : Héctor Kol, e-mail:
hector_kol@hotmail.com
2 En un informe enviado
por el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) al Senador Jorge
Lavanderos (DC) y fechado Octubre 17 de 1997, el funcionario reconocía
la falta de fiscalizadores conque cuenta el SII para regularizar la tributación
que hacen las empresas privadas. En el informe (Memorandum Nº 60),
el Director del SII, Javier Etcheverry, reconoce la falta de fiscalizadores
para regular la tributación de las empresas privadas y entrega una
Tabla Comparativa entre las plantas de funcionarios de los organismos fiscalizadores
del pago de Impuestos en otros países del mundo con la planta del
SII chileno. De acuerdo a esta Tabla, el SII chileno cuenta con una planta
de 146 funcionarios por cada punto del PIB (Producto Interno Bruto) recaudado,
mientras que en Estados Unidos esta planta es de 4.478, en Argentina 754,
en México 1.970 y en Francia 1.881. De todas las naciones americanas
incluidas en esta Tabla, Chile tenía la menor planta de funcionarios
por punto de PIB recaudado.
3 En Enero del 2.001,
el Director del SII declaró que dada la debilidad de las leyes que
regulan la tributación de las empresas privadas, el Estado pierde
unos US$ 20 millones mensuales a raíz del retraso en la aprobación
de una Ley de Lucha contra la Evasión Tributaria en el Senado de
la República. La Ley, impulsada por el Presidente Ricardo Lagos
ha sido boicoteada por las organizaciones empresariales y por parlamentarios
de la Democracia Cristiana y de la Oposición de Derecha. Unos US$
4.000 millones deja de recaudar el Fisco chileno cada año por la
evasión tributaria que hacen las empresas. (Diario "La Tercera",
Enero 17, 2.001)
4En Noviembre de 1999,
la Dirección del Trabajo (que regula el respeto a los derechos laborales)
dictó un decreto que obligaba a los supermercados a contratar a
los niños (menores de 18 años) que efectuaban labores de
empaque a cambio de propinas entregadas por los clientes. Tras una reunión
con los propietarios de los supermercados, la Dirección del Trabajo
suspendió el decreto en Diciembre del mismo año, apenas 15
días después de que este había sido emitido. Se calcula
en 5.000 los niños que trabajan en estos establecimientos, todos
carecen de contratos. En 1996, una encuesta ejecutada por el Gobierno estimó
que más del 17% de los trabajadores de las Grandes Empresas (incluyendo
os supermercados) eran niños menores de 18 años. En Chile
existirían unos 125.000 niños trabajadores; el 13% de ellos
tienen entre5 y 8 años de edad. Los supermercados en Chile tienen
fuerte presencia de capitales estadounidenses y europeos.
( Diario "Las Ultimas Noticias", Diciembre 8, 1999; Diario
"La Tercera", Diciembre 15, 1999 y Enero 7, 2.000).
5 Uno de los principales
financistas de la Campaña Presidencial del actual Presidente de
la República, Ricardo Lagos Escobar, fue el traficante en armas
Carlos Cardoen, sobre el que pesa una orden internacional de captura dictada
por el FBI estadounidense por el robo de circonio, elemento químico
usado para la fabricación de las mortíferas "bombas de racimo".
Según la publicación "La Delgada Línea Blanca" (aparecida
en el año 2.000) Cardoen está involucrado en operaciones
de tráfico de cocaína a Europa durante la Dictadura de Pinochet.
En un reportaje del diario "La Tercera", Cardoen reconoció que también
entregó dinero para financiar las campañas presidenciales
de los otros dos gobernantes pertenecientes a la Concertación de
Partidos por la Democracia: Patricio Aylwin (1990-1993) y Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994-1999), todos ellos de la Coalición política
Concertación de Partidos por la Democracia. (Diario "La Tercera",
Abril 25, 1999).
6 Diario "El Mercurio",
Octubre 19, 1997.
7 Diario "El Mercurio",
Octubre 26, 1997.
8 Diario "Las Ultimas
Noticias", Marzo 3, 1999
9 Diario "Las Ultimas
Noticias" , Marzo 13, 1999; Diario "La Tercera", Julio 25, 2.000.
10 Diario "La Tercera",
Junio 1, 1999
11 "El Gran Salto de
Chile", Ediciones ESTRATEGIA, 1994, Chile.
12 Cristian Opazo: "Los
Negocios secretos del Presidente Frei". Publicado en Diario "El Metropolitano",
Enero 12, 2.001
13 José Yuraszeck, para Diario "El
Mercurio", Octubre 26, 1997.
14 Ricardo Rincón,
Diputado (DC). Diario "La Tercera", Marzo 16, 1999.
15 Diario "El Mercurio", Mayo 9, 1999.
16 Diario "La Tercera", Febrero 3, 2.000
17 Tomás Jocelyn-Holtz,
Diputado (DC). Diario "Las Ultimas Noticias", Abril 17, 2.001.
18 "El Manager de Joaquin
Lavin". Reportaje del Diario "La Tercera", Abril 25, 1999.
19 Diario "La Tercera",
Mayo 8, 1999.
20 Diario "La Tercera",
Mayo 8, 1999.
21 Diario "La Tercera"
, Diciembre 11, 1992.
22 Diario "La Nación",
Enero 16, 1993.
23 Grupo de Acción
por el Bío-Bío (GABB): "Antecedentes para una demanda por
genocidio". 2.001, Chile.
24 Oscar Parra, Director
EULA (Universidad de Concepción, Chile). Para Diario "El Mercurio",
Mayo 31, 1997.
25 Juan Huenupi, Consejero
CONADI. Diario "Las Ultimas Noticias", Abril 16, 1995.
26 Mauricio Huenchulaf, Director Ejecutivo
CONADI. Diario "La Epoca", Marzo 23, 1997.
27 Diario "El Mercurio", Abril 30, 1997.
28 Victor Alonque, Subdirector CONADI. Diario
"La Tercera", Septiembre 9, 1997.
29 Cristian Opazo, Vice-Presidente (GABB).
Diario "La Tercera", Agosto 29, 1996.
30 Domingo Namuncura, Director Ejecutivo CONADI.
Diario "La Tercera", Diciembre 24, 1997
31 Domingo Namuncura. Diario "El Mercurio",
Febrero 3, 1998.
32 Domingo Namuncura. Diario "La Epoca", Agosto
7, 1997.
33 José Santos Millao, Consejero CONADI.
Diario "La Tercera", Febrero 3, 1999.
34 Diario "El Mercurio", Agosto 9, 1998.
35 Vivianne Blanlot,
Directora Ejecutiva de CONAMA. Diario "La Epoca", Agosto 25, 1996
36 Diputado Juan Pablo
Letelier (PS). Diario "La Epoca", Mayo 11, 1997.
37 Diario "El Mercurio",
Julio 14, 1996 y Diario "La Tercera", Enero 29, 2.000.
38 Diario "La Tercera",
Marzo 20, 1997.
39 Diputado Juan Pablo
Letelier (PS). Diario "La Tercera", Junio 5, 1997.
40 Diario "La Tercera",
Julio 9, 1998
41 Diputado Alejandro
Navarro (PS). Diario "El Mercurio" , Febrero 21, 1999 y Diario "La Tercera",
Marzo 2, 1999.
42 Diario "Las Ultimas
Noticias" Febrero 6, 2.001 y Diario "La Tercera", Febrero 26, 2.001.
43 Diario "El Mercurio",
Septiembre 29, 1999 y Octubre 3, 1999.
44 Diario "El Mercurio",
Febrero 22, 2.000.