Por: Angélica Gimpel Smith

    Chile se exhibe como un caso de exitosa aplicación del monetarismo y se promueve como el ejemplo a seguir por otros países. En este artículo se reseña su origen y se examina el significado de sus "éxitos".

    La dictadura convirtió a Chile en el laboratorio de experimentación social del fundamentalismo monetarista, enfoque económico de la ideología neoconservadora autoproclamada como "neoliberal". La propagación de esta doctrina se realizó a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) creados 1944 y de la Sociedad Mont Pélerin, fundada en 1947. Un papel decisivo en su imposición en Chile, jugaron quienes obtuvieron sus doctorados en la Universidad de Chicago -a cargo de Milton Friedman, uno de los fundadores de la Sociedad Mont Pélerin- haciendo uso del convenio firmado entre ésta y la Universidad Católica en 1955.
    De forma dogmática esta postura sostiene que los males de un país obedecen a la "interferencia" gubernamental en la actividad económica. En este contexto, Friedman afirma que la inflación es una enfermedad tan grave como el alcoholismo y que su única causa es la impresión de billetes para cubrir el déficit fiscal provocado por la acción gubernamental en su afán por alcanzar el pleno empleo. Afirma que debe eliminarse la inflación para que haya estabilidad, lo que permitirá que la economía funcione bien si se deja actuar libremente la oferta y la demanda. En el ámbito interno este libre juego corresponde a lo que se bautizó como "economía social de mercado" y en el externo al libre comercio.
    En consecuencia, el monetarismo sostiene que al gobierno sólo le compete lograr la primordial estabilidad de precios, para lo cual debe eliminar el déficit fiscal, y establecer una política monetaria que opere sobre la tasa de interés (precio del arriendo de dinero) en el ámbito interno y sobre el tipo de cambio (precio de las divisas) en su relación con el exterior.
    El ausentismo gubernamental propiciado, deja la producción y su distribución a merced de las megaempresas -nacionales o transnacionales-, que controlan la oferta y la demanda sin "interferencias".

    El monetarismo, vigente en Chile por más de un cuarto de siglo, se inscribe en esa ideología sin ética que se declara "neutral" -amparándose en en una pretendida posición técnica- y reñida con la política, aunque en los hechos responde a la insaciabilidad del sector concentrador del ingreso que ha impuesto el proceso de globalización en curso.
    Puesto que en ausencia de ética los seres humanos no interesan, la imposición del monetarismo y sus resultados se exhiben como un ejemplo a seguir. Tales éxitos consisten en la trayectoria seguida por algunas de las variables macroeconómicas resultantes -que no benefician sino que perjudican a la población-, mientras que se omite mencionar el rumbo seguido por las originarias que se han deteriorado dramáticamente.
    Los éxitos que ostentan son el control de la inflación, una alta tasa de crecimiento económico y una baja tasa de desempleo. Con excepción de los períodos recesivos, cada mes, la gente de gobierno se sigue vanagloriando de estas exitosas cifras y los periodistas televisivos informan celebrando con robóticas sonrisas estos "grandes triunfos".
    Sin embargo, el bienestar de la población es prioritario y no puede subordinarse a estos "éxitos", por lo demás cuestionables desde varios puntos de vista.

1.- El control de la inflación
    La imposición del control inflacionario como objetivo primordial, se hizo proclamando que a quienes más perjudica "esta enfermedad" es a las personas que viven de su trabajo, quienes son la mayoría de la población en edad de trabajar. Por lo tanto, este éxito debe enjuiciarse en relación a los medios utilizados para obtenerlo y su efecto en estos sectores sociales.
    La baja tasa inflacionaria se ha logrado básicamente con la acción gubernamental que impone una constante reducción del presupuesto fiscal, con la acción del Banco Central -transformado en ente autónomo- que mantiene altas tasas de interés para controlar la oferta monetaria y divisas subvaluadas para abaratar las importaciones, y con la persistente reducción del poder adquisitivo de los sueldos y salarios.
    Tanto el presupuesto fiscal como las remuneraciones se reajustan una vez al año y en una magnitud inferior a la inflación registrada en el período previo, dado que se les aplica el porcentaje de la inflación programada, siempre inferior a la ocurrida, por ser su control el objetivo prioritario de la política económica aún vigente.

1.1.- El presupuesto fiscal
    El presupuesto fiscal disminuye en concordancia con la reducción arancelaria inherente al libre comercio, mientras que la población aumenta. La tenue recuperación del gasto social ocurrida con los gobiernos concertacionistas se consiguió con un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de 15% a 18% y con préstamos del BM a los ministerios de salud y educación.
    La primera medida es concentradora del ingreso por tratarse de un impuesto indirecto que afecta a todos por igual, sin considerar su capacidad adquisitiva, agudizando la regresividad del sistema tributario heredado.
    La segunda, subordinó las respectivas políticas a los dictados del BM y concreta en esos sectores las "modernizaciones" anunciadas por Pinochet en setiembre de 1979. Se traduce en la adquisición de equipos a empresas externas especificadas y en el establecimiento de reformas diseñadas por el BM, lo que favorecerá a los receptores de este patrimonio estatal cuando se enajene o se de en concesión, porque el grado de jibarización presupuestaria no permitirá su funcionamiento. Por lo demás, las reformas persiguen "modernizar" la educación general tranformándola en mera instrucción -el monetarismo domina mejor sobre un pueblo creyente que sobre un pueblo pensante-, y en el nivel universitario dejando la investigación bajo el financiamiento y en favor de las megaempresas.
    Más crítica es la situación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), cuyo presupuesto se basa casi íntegramente en un crédito del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Esta entidad carece de atribuciones ejecutivas, por lo que la fiscalización y el cumplimiento de la precaria legislación ambiental existente son letra muerta. En cambio, ha preparado diversas evaluaciones, encargado numerosas consultorías y elaborado un anteproyecto de ley para la venta de permisos transables para intoxicar atmósfera, suelo y agua.
    Cuando no quede patrimonio comunitario que genere utilidades o pueda enajenarse para pagar éstos y los demás préstamos contraídos, lo más probable es que se recurrirá al aumento de los impuestos indirectos, ya que los directos, especialmente a las utilidades, no gozan de simpatía entre los monetaristas, bajo el pretexto de que "desalientan la inversión y, por lo tanto, se arriesga el empleo". Esta situación no la enfrentarán sus autores, sino la juventud e infancia actuales.
    De hecho, no se han reducido ni eliminado las exenciones tributarias, las bonificaciones, los subsidios y los créditos fiscales preferenciales al sector privador. Por ejemplo, la destrucción del bosque nativo, fue facilitada por el DL 701 que, entre 1976 y 1994, bonificó al sector forestal con 170 millones de dólares de 1991 y más del 60% de esta suma -que no se devuelve al Estado, como ocurre con el crédito fiscal univer-sitario- benefició a las mayores empresas forestales. Estos privilegios tributarios no excluyen a las empresas extranjeras, lo que significa un traspaso de recursos fiscales al exterior. Tampoco se ha escuchado que se haya eliminado el crédito fiscal preferencial a la actividad automotriz -pese a la fuerte contribución de su producto a la toxificación y ruido que deterioran gravemente la salud de la población santiaguina- ni el subsidio al Diesel usado en Isla de Pascua.

1.2.- Las remuneraciones
    En el caso de las remuneraciones, su reajuste incompleto -según la inflación programada- desvirtúa la consigna de que los trabajadores son los más perjudicados con la inflación, por el contrario, les favorece el aumento de la inflación, claro está, siempre y cuando se respete el mecanismo establecido cuando el nivel de precios que se produce con posterioridad al reajuste supera a la programado, como sucedió en el último período.
    Por otra parte, la constante reducción del poder adquisitivo de las remuneraciones corresponde a jornadas de trabajo más intensas y más prolongadas. Según la última información de la OIT, la duración de las jornadas de trabajo en Chile ocupa el tercer lugar, después de Japón y Estados Unidos, aunque muy por debajo de ellos en el nivel de remuneraciones. La disminución de los salarios reales reviste mayor gravedad ante la mercantilización de la salud y la educación, muchos de cuyos servicios antes eran proporcionados en forma gratuita porque ellos se financiaban con el presupuesto fiscal.
    Además del aporte tributario, una proporción importante de las menguadas remuneraciones de la fuerza laboral civil, debe transformarse en un ahorro obligatorio en favor del capital financiero, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y el déficit democrático impide que los afiliados forzosos participen en las decisiones que afectan a los fondos aportados por ellos.

1.3.- Las tasas de interés
    Su alto nivel privilegia al capital financiero en desmedro de productores y consumidores, hecho que se refuerza con la gran brecha existente entre las tasas que cobran y pagan las entidades del ramo, con el creativo cobro de administración y con el trabajo gratuito que deben realizar los clientes siguiendo las instrucciones de las máquinas -que no se incorporan para disminuir la jornada laboral, sino para disminuir trabajadores y aumentar sus utilidades-, acorde a sus "modernizaciones".
    Por otra parte, las altas de interés constituyen un magneto irresistible para los capitales golondrinas, los que conspiran en contra de la estabilidad que el monetarismo pretende garantizar, puesto que se esfuman ante el menor riesgo. Este hecho obliga a los países dependientes, como Chile, a ceder a las crecientes exigencias propias de la insaciabilidad de quienes controlan el capital financiero.
    El objetivo prioritario de reducir la inflación -apoyado incluso en la reducción de las remuneraciones y del presupuesto fiscal-, no rige para el capital financiero al que se garantiza un reajuste diario a través del alza cotidiana de las UF. De esta forma, el libre mercado no rige para el trabajo ni para el capital financiero, fijándose el precio del primero lo más bajo concebible y el del último lo más alto posible, en el contexto de flexibilidad laboral y rigidez financiera imperante.

1.4.- El tipo de cambio
    La mantención del tipo de cambio a un nivel subvaluado permite que las importaciones tengan menor precio y apoyen el control de la inflación. Este hecho junto a la disminución de los aranceles que se les aplicaba ha desindustrializado al país.
    El tipo de cambio subvaluado implica que se reciben menos pesos por las divisas correspondientes a igual monto de exportaciones, las que fueron decretadas "motor del crecimiento" . No obstante, esta desventaja es de sobra compensada por las exenciones tributarias que las favorecen y el aporte fiscal a ProChile, entidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores e inmune a la privatización.

2.- La alta tasa de crecimiento.
    En cuanto al exitoso crecimiento económico expresado en un aumento de 7% anual del producto en la última década según orgullosas declaraciones oficiales, también es indispensable esclarecer su significado.
2.1.- Significado
    El crecimiento económico es un concepto meramente cuantitativo que se mide a través del nivel y tasa de crecimiento del producto contabilizado.
    Para los monetaristas -que por carecer de ética no se interesan en la suerte de las variables macroeconómicas originarias, es decir, los seres humanos y la naturaleza-, el crecimiento del producto constituye el barómetro de la actividad económica y su centro de referencia, por lo que restringen su espectro analítico a las Cuentas Nacionales.
    El mecanicismo de esta posición y la falta de idoneidad del crecimiento del producto como indicador de bienestar, fueron destacados hace más de medio siglo, razón por la cual ya entonces fue descartado para tal propósito.
2.2.- Cálculo
    Aunque se utilicen técnicas muy refinadas, en última instancia la estimación del producto se basa en las transacciones registradas en determinado período. Se obtiene sumando todos los bienes y servicios finales que han sido objeto de compraventa, independientemente de sus beneficios o perjuicios para la población. En cambio, quedan excluidas las actividades económicas que no son materia de transacciones formales, tales como el trueque, las acciones altruistas y las actividades ilegales.
    En consecuencia, el festejado crecimiento económico simplemente significa un aumento de las transacciones registradas.
    Lo anterior implica que las actividades nocivas que son remuneradas se registran positivamente en la cuenta del producto. Es el caso del exterminio de los árboles en las ciudades -lo que disminuye la capacidad de desintoxicación del aire y de amortiguación del ruido con grave daño a la integridad psicosomática de la población- y de la avalancha de luminosos comerciales que constituyen una agresión visual y despilfarro de energía.
    Los efectos deletéreos que tales actividades ocasionan a sus habitantes requieren atención médica, exámenes de laboratorio y medicamentos, todo lo cual implica transacciones registradas formalmente y por lo tanto también constituyen un aporte al producto contabilizado, es decir, a mayor daño mayor crecimiento económico.
    La capital de Chile, cuyos habitantes subsisten agredidos por múltiples formas de estruendo entre la toxisfera y las aguas servidas en potencial desborde, proporciona una ilustración irrefutable sobre este tópico. En cambio, una reducción del producto puede resultar de una mejor calidad de vida si se atenúan las actividades nocivas y las consecuentes enfermedades y tratamientos médicos.
    Por el contrario, el envenenamiento de aire, agua y suelo y la disminución o exterminio de los recursos no renovables generados por numerosas actividades, no son descontados del producto.
    En consecuencia, y puesto que el producto contabilizado no discrimina entre los bienes y servicios benéficos y nocivos transados, es perfectamente posible que el crecimiento económico se base en el deterioro de las condiciones de vida de la población y la destrucción de la naturaleza. Chile también constituye un caso ilustrativo de esta destrucción .
2.3- Distribución del producto
    Las observaciones anteriores, aunque son suficientes para inhabilitar el crecimiento del producto como indicador de éxito, no agotan sus limitaciones. En efecto, los monetaristas sostienen que la importancia de dicho crecimiento radica en que si éste supera a la tasa de aumento demográfico, la población tiene más bienes y servicios a su disposición, por lo tanto hay que crecer para que se cumpla esta "teoría del chorreo".
    Esta suposición sólo implica un hipotético mejor "nivel" de vida, puesto que las observaciones anteriores refutan este dogma.
    No obstante, incluso suponiendo que sólo se debiera a actividades benéficas, el crecimiento del producto también puede perjudicar en vez de favorecer a la mayoría de la población, puesto que el acceso a los bienes y servicios de que éste consta depende de la proporción del ingreso nacional que las personas han recibido por elaborarlo, en otros términos, su acceso a los bienes y servicios contabilizados depende de la distribución social del ingreso.
    Chile, después de Brasil, es el segundo país con la mayor concentración del ingreso en América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 10% más rico se apropia del 46% del ingreso en Chile y del 47% en Brasil. El Banco Central estimó que en el decenio 1986/95 las utilidades aumentaron de un 38% a un 44% del Producto Interno Bruto, mientras que los salarios disminuyeron de un 34,8% a un 33,4% del Producto Interno Bruto, refutando la promesa de la "teoría del chorreo", ya que con remuneraciones en reducción, la productividad aumenta en favor de las utilidades.
    Chile, con más de un cuarto de siglo de monetarismo, ha sufrido un proceso de concentración del ingreso, no sólo por el ausentismo gubernamental en la actividad económica, sino también por los mecanismos concentradores del ingreso instaurados y la insaciabilidad del sector concentrador del ingreso. En efecto, los sistemas de AFPs e ISAPRES, la enajenación del patrimonio estatal, la estructura de la recaudación y asignación del presupuesto fiscal y el método de control de la inflación aún vigentes, constituyen férreos e invulnerables mecanismos de concentración del ingreso.
    Evidentemente, mientras estos mecanismos no sean modificados o eliminados y persista la insaciabilidad del sector concentrador del ingreso, la consigna de crecimiento con equidad es una falacia. Menos aún si estos artificios se aumentan, como es el caso del subsidio de cesantía recién instaurado en el mismo contexto de las AFPs. Aunque debe reconocerse que es coherente si por equidad sólo se entiende igualdad de oportunidades, porque ésta entre desiguales, acentúa la desigualdad.

3.- La baja tasa de desempleo abierto.-
    Este éxito consiste en haber logrado una baja tasa de desempleo abierto, que osciló en torno a un promedio de 5% en el país antes de la crisis. Sin embargo, la dependencia de la demanda externa y las medidas contractivas usadas para enfrentar esta crisis, hicieron que este porcentaje superara el 15% y se resucitaran los programas de empleo de emergencia impuestos durante el período dictatorial en 1975 y 1982, para enfrentar la crisis inducida por el gobierno con el tratamiento de shock y la transmitida desde el exterior, respectivamente.
    En relación a esta variable macroeconómica, también es indispensable considerar su significado antes de proceder a los aplausos.
3.1.- Estimación y significado
    Las cifras de empleo y desempleo se estiman a partir de la Encuesta Nacional del Empleo que realiza el INE y se refieren exclusivamente al desempleo abierto.
    Basta que las personas declaren que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia de la encuesta, en las categorías de empleador, empleado, por cuenta propia o al menos 15 horas como familiar no remunerado, para que sean registradas como empleadas.
    Son clasificadas como desocupadas las personas que estaban desempleadas durante la semana de referencia y habían estado buscando trabajo durante los dos meses previos a la entrevista. Por lo tanto, quienes necesitan y quieren trabajar, pero no buscaron un empleo por haber agotado sus esfuerzos para obtenerlo no se registran como desoupados, sino como población económicamente inactiva.
    En consecuencia, la baja tasa de desempleo que se exhibe con tanto orgullo, sólo se refiere al desempleo abierto, que encubre un monto considerable de subempleo o desempleo disfrazado, categoría que se ha generalizado por efecto de la flexibilidad laboral propia de la "modernización".
    Las últimas cifras publicadas por el INE que permiten intentar hacer una estimación del desempleo disfrazado o empleo precario, corresponden a 1994 y 1995, años en que la tasa de desempleo abierto fue de 5,96% y 5,41%, respectivamente. El subempleo visible -que incluye a quienes trabajaron menos de 35 horas semanales y querrían trabajar más- afectó a 86.458 personas en 1994 y a 92.288 en 1995 y, el empleo informal -que incluye a trabajadores familiares no remunerados, trabajadores por cuenta propia (exceptuando a profesionales y técnicos) y a quienes se desempeñan como empleadores o asalariados en empresas de menos de cinco personas- alcanzó un total de 1.782.847 en 1994 y de 1.756.973 en 1995.
    Tales cifras indican que por cada ocupado hay más de 7 personas afectas a desempleo disfrazado o empleo precario, que 44,4% y 43,0% de la población ocupada sólo tuvo empleo precario o integró el desempleo disfrazado en 1994 y 1995 respectivamente y, que si se suman al desempleo abierto se obtiene tasas de desempleo equivalente bruto de 41,8% y 43,0% en 1994 y 1995 respectivamente. Si a los totales de personas que carecían de empleo adecuado se les aplica el índice de dependientes, estimado en 2,1 para 1996/97 por INE en la V Encuesta de Presupuestos Familiares, se deduce que al menos desde la restringida perspectiva del empleo, más de 3.743.978.700 y de 3.689.643.300 personas vivieron en condiciones precarias en 1994 y 1995 respectivamente.
    Además, es indispensable esclarecer que todas las cifras mencionadas se refieren a la población económicamente activa, es decir a los ocupados y desempleados (cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez), que ha cumplido 15 o más años de edad. Por lo tanto, los numerosos menores de 15 años que se ven forzados a trabajar en condiciones precarias por su menguado ingreso familiar, no están incluidos en las cifras oficiales.
3.2.- La jornada de trabajo
    La duración de la jornada de trabajo ha aumentado en vez de disminuir, ya que se legalizaron horarios máximos semanales que habían sido superados en 1924 . INE no ha publicado cifras sobre el particular después de 1984, constatando en ese año que 40% de la población ocupada trabajaba más de 48 horas semanales, de esta proporción 54,2% trabajaba 60 y más horas por semana y un porcentaje no despreciable trabajaba 72 horas semanales entre fines de 1982 y 1984 . Cabe agregar que estas jornadas más prolongadas exigen un esfuerzo laboral de mayor intensidad, porque la reducción de personal de las "modernizaciones" hace que cada persona deba realizar el trabajo de más de una, contribuyendo a un agotamiento que impide el legítimo derecho al esparcimiento, la reflexión y el descanso.

    El monetarismo y sus "éxitos" han generado un enorme deterioro de las
condiciones de vida -nivel y calidad- de la población.
    En efecto, el control de la inflación, el crecimiento económico (aumento del producto y de la productividad contabilizados) y el bajo desempleo abierto (registrado) logrados, significan sobreexplotación y grave deterioro de las variables macroeconómicas originarias -recursos humanos y naturales- y creciente concentración del ingreso por parte de quienes controlan el capital financiero.
    La falta de ética exime de escrúpulos a los acólitos del monetarismo encandilados por sus falaces éxitos, ergo, se jactan: "la economía está sana".