Sergio Ramírez

    Shile es, indudablemente, una "copia feliz del Edén" para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad del período dictatorial. La participación de Cristián Labbé, alcalde de Providencia; de Jaime Krauss, Edecán de la Cámara de Diputados, y de Juan Emilio Cheyre, nuevo Comandante en Jefe del Ejército, son
ejemplos concretos de la impunidad reinante en el país.
    Un escrito anexado en el proceso "Tejas Verdes" detalla la declaración del ex agente de la DINA Samuel Enrique Fuenzalida. En ella -realizada en el marco del caso Chanfreau- dice que fue llamado al servicio militar en marzo de 1973, "siendo destinado al Regimiento Reforzado Motorizado número 15 de Calama. Allí me encontraba al momento de producirse el Golpe de Estado cuando aproximadamente en diciembre de ese año el comandante de la compañía, mayor Langer,
indicó que debido a mis méritos era asignado al Regimiento Número dos de Ingenieros de Tejas Verdes. "De allí fuimos trasladados a las Rocas de Santo Domingo" "En este lugar tuvimos una visita del coronel Manuel Contreras" El nos preguntó si conocíamos a qué veníamos" aclarándonos que la verdad era que a partir de ese momento pasábamos
a integrar la naciente DINA y debíamos estar orgullosos de ello, ya que se debía a nuestros méritos personales". Y, agrega: "La instrucción en este lugar duró un lapso relativamente corto". "Se nos enseñó educación física, combate cuerpo a cuerpo, guerrillas, contrainteligencia, inteligencia, por parte de profesores dentro de los cuales recuerdo a la funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Cristián Labbé, Gerardo Ernesto Ulrich, Manuel Andrés Carevic y otros".

    El ahora alcalde de Providencia Cristián Labbé ha reconocido su participación en la DINA entre 1973 y 1975. Ha declarado que "no es ninguna novedad que yo haya sido el principal encargado de la seguridad del general Augusto Pinochet y, justamente, esa función la tenía que desempeñar un miembro de la DINA". Sin embargo, se ha negado hablar de "cualquier otra misión" que como agente represor.
    Menos aún se ha referido a su rol de profesor de muchos agentes que fueron los más célebres y sanguinarios violadores a los DD.HH. En efecto, según el ex agente Fuenzalida, cerca de 600 efectivos, entre ellos miembros de las tres ramas de las FF.AA. además de Carabineros, fueron preparados en las nuevas tácticas y técnicas y distribuidos en la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y la Brigada de Inteligencia Provincial (BIA).
    Cristián Labbé, oficial en retiro, ex ministro secretario general de Gobierno de la dictadura de Pinochet en 1989, agente de la DINA, guardaespaldas del ex dictador, actual militante de la UDI y alcalde de Providencia, fue uno de los primeros en exigir una "solución política" a los juicios por violaciones a los DD.HH. Su inmoralidad y cinismo son abismantes. Afirmó: "Ya van rectificando... Porque mientras más continuemos mirando para atrás lo más seguro es que nos estrellemos". Y agregó que la única solución pasa por un acuerdo político que ponga punto final a todos los procesos por violaciones a los DD.HH.
Labbé tiene razones personales para impulsar la impunidad. El testimonio del ex agente de la DINA citado indica que participó como instructor del parte del contingente de asesinos y torturadores del nuevo organismo represivo (DINA), que se congregó en  Santo Domingo para recibir entrenamiento de su formación criminal. Además, su paso por la DINA dejó otra huella. Su nombre figura en cheques de la cuenta que ese organismo tenía en el Banco de Crédito e Inversiones y que se pagaron en 1975 por "servicios anexos", documentos que fueron incautados por el juez Adolfo Bañados cuando investigó el asesinato
de Orlando Letelier. Los servicios represivos prestados por Labbé son una incógnita hasta el presente. Y continúa como "honorable" alcalde.

    Desde Punta Peuco, Carlos Herrera Jiménez, uno de los condenados por el asesinato de Juan Alegría Mundaca, confesó su participación en los fusilamientos de Pisagua, donde recibía órdenes del hoy coronel Jaime Krauss Rusque. La entrevista de la periodista Mónica González con Herrera Jiménez tuvo lugar en el penal de Punta Peuco. En ella, "Bocaccio" (su nombre de batalla) hace un relato de hechos, que posteriormente repetiría ante los tribunales, develando retazos de las actividades criminales de los organismos de la dictadura.
    Las declaraciones Herrera Jiménez son directas. Al recordar a sus primeras víctimas, Herrera afirma que Jaime Krauss, que fuera edecán de la Cámara de Diputados, era su jefe directo en Pisagua, y que de él recibía las órdenes para fusilar prisioneros. No recuerda a quién asesinara. "Llegaban las órdenes, ni siquiera por escrito. Nos daban una lista de personas que uno tenía que sacar de la cárcel en la mañana, porque los fusilamientos se hacían al despuntar el alba o al caer la tarde, y allí se iniciaba todo un ritual que dirigía el coronel Ramón Larraín, que falleció, y un juez de Iquique, movilizado como fiscal militar: Mario Acuña Riquelme. Esos dos hombres tenían una personalidad muy complicada, sobre todo Acuña, un tipo muy
déspota. El daba una lista de gente que estaba allí detenida, y decía: "Teniente, ¡todas estas personas deben ser fusiladas!".
Además, agrega: "los sacábamos de a uno, a viva voz, y minutos después sonaban las descargas y ellos nunca más volvían... Por eso todos los presos se enteraban y sabían quién iba a ser fusilado y quién era la persona que los sacaba...."
Refiriéndose a su primer fusilamiento, declara: "No me acuerdo de los nombres, pero sí los hechos... Me acuerdo sí de un niño de apellido Márquez... De él sí me acuerdo... " (Se trata de Nelson Márquez, 29 años. Detenido y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua.
    Según la Comisión Rettig, el 18.01.74, encontrándose con sus facultades mentales perturbadas, intentó fugarse y fue ejecutado luego de ser recapturado). "Y si me va a preguntar si se les hacía Consejo de Guerra, no lo sé. ¡Jamás se me ocurrió preguntar!" Recibía las órdenes de Larraín, del fiscal Acuña, o de mi jefe directo en esa época, el capitán Jaime Krauss, bajo cuyo mando estaban los dos pelotones de fusilamientos, los que estaban a mi cargo y que integraban dos miembros del Ejército, dos de la Armada, dos de Carabineros y dos de Gendarmería. Otra era la unidad que los enterraba".
Ante el desmentido de Jaime Krauss Rusque, la periodista Mónica González respondió que cuando en 1998 recibió la primera parte del testimonio de Herrera Jiménez, tomó contacto telefónico con Krauss, llamándolo a la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Fijaron lo detalles de un encuentro. Este tuvo lugar el 18 de mayo, en el Palacio Ariztía, sede de la Cámara en Santiago. La periodista procedió entonces a leerle la parte relativa a los fusilamientos de Pisagua, sin mencionar la identidad del denunciante. Krauss reconoció los hechos. Al finalizar, la periodista le dijo que el testimonio de Herrera sería publicado y le solicitó su versión para adjuntarla.
    Días más tarde lo llamó para pedirle el testimonio que habían acordado incluir. Krauss respondió que había hablado de la situación con su superior jerárquico y que éste le había "ordenado" no entregar versión alguna sobre lo sucedido.
La Cámara de Diputados rechazó realizar una investigación sobre las acusaciones de Herrera Jiménez, que vinculaban al edecán de esa corporación, Jaime Krauss Rusque, hermano del diputado Enrique Krauss, con los fusilamientos de Pisagua. Los jefes de bancada decidieron no realizar ninguna investigación, por considerar que a Krauss sólo lo vincula con los hechos una entrevista realizada por alguien que está cumpliendo condena.

    Una mayor fortuna ha tenido el nuevo jefe del ejército. Dos llamadas telefónicas sellaron la buena suerte del general Juan Emilio Cheyre, el elegido por Lagos para suceder a Ricardo Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército. Un día después de haber recibido de manos de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, Lagos llamó a su ministro de Defensa para ordenarle que debían resolver, según la nómina de Izurieta, los ascensos a generales y los llamados a retiro. La medida era un gesto de deferencia hacia Izurieta. Pero no sería el único. Poco después, el teléfono de Fernández volvió a sonar. Era Lagos otra vez, para pedirle que citara para esa misma tarde a Cheyre e Izurieta. La duda estaba resuelta: Cheyre sería el
nuevo comandante en jefe del Ejército.
    ¿Por qué decidió Lagos nombrar a Cheyre? Los voceros del oficialismo dan razones que ocultan la realidad. Dicen que se trataba del miembro más capacitado de un grupo de generales, destacada formación intelectual y un carácter estrictamente profesional. Agregan que Cheyre fue uno de los precursores de las modernizaciones en salud y educación dentro del Ejército. Y, que al nombrarlo a él Lagos hacía gesto de gratitud hacia Izurieta. El propio Lagos enfatizó tales razones: "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le debe al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución
inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia".
    ¿Era o no Cheyre el hombre indicado? ¿Los argumentos citados son las razones reales de su nombramiento? Una respuesta a tales interrogantes requiere recordar algunos hechos, que sí explican tal determinación. Cheyre estuvo con Lagos en España. En efecto, el 30 de mayo de 1996, en Madrid, se dieron cita en el Hotel Victoria Palace de El Escorial un grupo de dirigentes del PS, asesores de Pinochet y oficiales de Ejército. Todos participaban en un seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset, denominado "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile". El embajador Alvaro Briones (PS) y el agregado militar en Madrid, Juan Emilio Cheyre, participaron en su organización. Ambos asistieron a los debates donde se encontraron personeros como el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, el asesor personal de Pinochet, Sergio Rillón, el ex embajador Hernán Felipe Errázuriz, el hombre de confianza de El Vaticano, Fernando Moreno, el senador PS Jaime Gazmuri y el ex ministro Enrique Correa (PS). Todos estaban ahí para "descongelar" relaciones. A los socialistas les interesaba generar puentes de entendimiento con los militares. Así, Escalona protagonizó una animada conversación con Cheyre y el entonces coronel Carlos Molina Johnson. También se conversaba en los pasillos del hotel con
el director de la Academia de Guerra, Jaime García, y el comandante del regimiento Maipo, coronel José Miguel Piuzzi. Esa cita fue considerada como un hito clave por los socialistas, que dieron por terminado el veto del Ejército a los políticos "socialistas". Quedaba pendiente retribuir a Cheyre por su contribución.
    Pero las andanzas de Cheyre no terminan ahí. Tuvo estrecha relación con el equipo político de la dictadura. En 1998, Pinochet lo nombró Intendente en la Tercera Región, antes del plebiscito. En esa época Cheyre dirá: "El triunfo del Sí debiera ser una constante en todos los sectores (...). (Una victoria del No) es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Pero, ése no es el único antecedente del nuevo favorito de Lagos. Pese a los esfuerzos del gobierno, los mandos militares y los tribunales de justicia para justificar los crímenes del período dictatorial, existen pruebas que revelan la fría criminalidad de los integrantes de la Caravana de la Muerte. Entre ellas, las proporcionadas por el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos, en declaración ante el magistrado Juan Guzmán (26.12.1999), que inculpan al nuevo Comandante en Jefe del Ejército.
En su testimonio, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio
Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena.
    En efecto, el arribo del helicóptero en el cual viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli, se produjo a principios de octubre de 1973. Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto
Lapostol Orrego y que "Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más
pesados". Se obedeció su orden. El fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga", entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos. "Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda". En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial. "Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra a varios de los oficiales que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos Juan Emilio Cheyre. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal viva.
    Desde el encuentro en El Escorial, Lagos y Cheyre continuaron con carreras paralelas, pero con un objetivo común: llegar a los más altos cargos en sus respectivos ámbitos. Lo han logrado. Una mutua colaboración ha facilitado sus realizaciones personales. Los favores se pagan con favores.