El Nuevo Servicio de Inteligencia
de Lagos:
La Globalización de la
Guerra Sucia
El
pasado 22 de agosto, cuando el Ministro del Interior José Miguel
Insulza, señaló que "servicios de seguridad como la ex CNI,
aún operaban en el país"(1),
detonó una polémica que se viene gestando hace largo tiempo
al interior del conglomerado oficialista.
Si bien, las declaraciones del jefe de gabinete
permitieron a la Concertación desmarcarse de algunos problemas coyunturales,
por los cuales atraviesa, como: las disputas en su interior por el pacto
PC-PS; la ley que permitió la reinscripción de los candidatos
DC; el alza objetiva de la derecha, refrendada por encuestas gobiernistas;
la derrota del Consejo de Defensa del Estado, en contra de Aero Continente;
la bajada de Sebastián Piñera, a quien La Moneda consideraba
un aliado táctico para frenar a Lavín; y, por sobre todo,
el clima de inestabilidad económico que vive la región, el
cual avizora un empeoramiento de la situación económica en
nuestro país. El recuerdo de la CNI permitió al gobierno
un cierto desahogo comunicacional, en un tema que se viene discutiendo
desde que el conglomerado llegó al poder el año '90; vale
decir, contar con un servicio de inteligencia, avalado jurídicamente,
para cumplir acciones operativas.
De La Oficina a la Dispi
En abril del '91, después
que un comando del FPMR diera muerte a uno de los ideólogos más
destacado del régimen militar, Jaime Guzmán; se creó
el Consejo de Seguridad Pública, encabezado por el socialista Marcelo
Schilling(2).
Dicho Consejo, conocido como La Oficina, nacía a la luz bajo un
claro precepto técnico, de análisis de información;
a la vez, de contar con un cuerpo legal que le permitiera, en definitiva
orientar su accionar hacia lo que a la postre se convirtió en operaciones
de "guerra sucia" durante los gobiernos de la Concertación, en contra
de los grupos insurgentes(3).
Las acciones que realizó La Oficina son de público conocimiento,
rebasando lejos el marco legal, por la cual había sido creada y
que prohibía que tuviera acciones operativas(4).
En marzo de 1993, se disuelve La Oficina, en su reemplazo se crea la Dirección
de Seguridad (La Oficina II), dirigida por el Abogado Radical Isidro Solís.
La Oficina II, continuará con las mismas prácticas de su
antecesora; incluso, seguirán colaborando en ella los mismos funcionarios
del PS, que fueron sus fundadores(5).
Los costos judiciales y de imagen que tuvo que afrontar
la administración de Frei, urgió un nuevo cambio de nombre
al aparato antisuversivo, esta vez pasó a llamarse: Dirección
de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), encabezado por Mario
Papi. La DISPI, nació para bajarle el perfil a sus antecesoras;
dentro de las funciones que se planteó fue la de "privilegiar el
análisis a partir de fuentes abiertas, enfocado en escenarios delictuales,
sindicales y económicos entre otros"(6).
Con el advenimiento del período laguista,
la DISPI quedó a cargo del abogado socialista Gustavo Villalobos
Sepúlveda(7);
esta Dirección de Inteligencia, se divide en 5 áreas: Coordinación
-que mantiene contacto con las policías, Jurídica, Informática,
Administrativa-Finanzas y Planificación. "Esta última, encargada
de recabar y procesar los datos que permiten producir inteligencia, es
dirigida actualmente por Luis Marcó, señalado como el principal
articulador de las operaciones que lleva a cabo la DISPI"(8).
El ámbito de sus funciones estaría reducido a "información
proveniente de los movimientos sindicales y otros frentes sociales que
suelen complicar al gobierno, como las organizaciones indígenas
e incluso las ecologistas"; así como "la DISPI mantiene una política
de seguimiento sobre los restos de ambas articulaciones -FPMR y Lautaro-.
Una fuente comenta que, por ejemplo, se actúa sobre quienes recién
han salido de prisión, obteniendo información acerca de sus
actividades, destinos y círculo de amistades"(9).
Para su funcionamiento, que realiza en la calle Zenteno 234, en el cuarto
piso, la DISPI cuenta con un presupuesto de más de 2 mil millones
de pesos. Según la ley de presupuestos del año 2001, los
fondos aprobados alcanzan a $ 2.030.418.000; de esa suma, $ 1.172.025.000
se destinan a gastos de personal, cuya planta está compuesta por
101 funcionarios contratados, a los que se exige título profesional,
los que en su mayoría procesan información abierta. Pero,
como sus antecesoras, concurren las llamadas fuentes cerradas, para las
que cuentan con dos ítenes presupuestarios. Por un lado, los convenios
con "personas naturales", a los que se destinan anualmente $ 163.447.000,
para mantener informantes colocados en distintos lugares del país.
Con un fin similar se utilizan, aunque no en su totalidad, los 336.908.000
rotulados como gastos reservados, sobre los cuales la DISPI sólo
tiene la obligación de rendir cuenta en forma global a la Controlaría
General de la República. En la Práctica, se informa cuanto
se gastó, pero no en qué.
El Proyecto SNI
Si bien la máquina comunicacional
del laguismo(10),
aconsejó al Ministro del Interior la necesidad de golpear a la UDI,
con la posible rearticulación de la CNI(11).
El proyecto fue encargado en octubre del año pasado, al Comité
Consultivo de Inteligencia, integrado por los directores de inteligencia
de las FF.AA, Investigaciones, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
el Ministro del Interior, el Director de la DISPI y los Subsecretarios
de Relaciones Exteriores y Defensa(12).
Después de 7 meses y más de 30 reuniones, nació a
la luz un anteproyecto de 46 páginas; en el cual se establece, como
forma prioritaria "coordinar las direcciones de inteligencia que ya existen.
Que éste deberá regular el intercambio de información
que éstas generan. Que asesorará directamente al jefe de
Estado respecto a los mecanismos de seguridad que debe tener el país
en materias políticas, económicas y militares, tanto dentro
como fuera del país"(13).
Ricardo Lagos y los Comandantes en jefe lo habrían
recibido a principios de agosto, de esta fecha en adelante, se habrían
producido una serie de reuniones con el fin de limar algunas diferencias
que mantiene el ejecutivo las FF.AA.
Existe consenso en la integración del poder
legislativo a la SNI. Se propone "una comisión bicameral, que podría
llamarse de Inteligencia o Comisión de Gobierno"(14).
Los legisladores involucrados "deberían asumir un compromiso de
estricto secreto frente a las actividades del nuevo órgano del Estado,
dado lo delicado de las materias que controlarán"(15).
Otro de los consensos que existe en torno al anteproyecto, es su carácter
operativo. En el Ministerio de Defensa indican "que todo 'ente' encargado
de hacer inteligencia debe realizar operaciones especiales o 'intrusivas'
durante los procesos de búsqueda de información"(16).
Esto pasa por interceptar teléfonos, seguimientos, instalación
de micrófonos, interferencia de correspondencia y grabaciones; para
el Ministerio de Defensa, "siempre se ha desarrollado este tipo de actividades
y que, por lo tanto, es preferible tener regulado el marco de acción
de la inteligencia".(17)
Si en los planos operativos y de competencia existe
acuerdo entre el Ejecutivo y las FF.AA, existen diferencias en torno a
la nominación y remoción del director de la entidad. Mientras
en La Moneda se plantea que debe ser un funcionario de exclusiva responsabilidad
del jefe de Estado (subsecretario). En las FF.AA, en cambio, "creen que
tanto el nombramiento como la permanencia del jefe del servicio deben ser
ratificados por el Congreso"(18),
para los jefes castrenses, "El cargo no debe ser político, como
lo es el director de la DISPI; por el contrario, quien dirija el organismo
no debe tener militancias ni simpatías partidistas"(19).
La Legalización de la
Guerra Sucia.
Como ha quedado demostrado en Chile
ha existido una inteligencia operativa e intrusiva, durante los 11 años
que ha gobernado la Concertación; también queda claro, que
las acciones de estos organismos han estado vinculado con las organizaciones
de izquierda principalmente y, últimamente con las organizaciones
mapuches. Por ende, no debiera llamar la atención, el hecho que
la Concertación quiera ponerle patente jurídica a un 'ente'
encargado de la guerra sucia.
Según una fuente del PS, que conversó
con Pretextoss, "a La Moneda le preocupa en particular lo que está
pasando en la novena región". En efecto, desde que comenzó
en diciembre del '97,(20)
lo que las autoridades han denominado "el problema indígena"; las
comunidades han estado constantemente asediadas por seguimientos, detenciones
arbitrarias... lo que incluso llevó a decir al Subsecretario del
Interior del de la época que "se estaban realizando acciones de
inteligencia en la zona".(21)
Por otro lado, según la misma fuente, "el gobierno ve con preocupación
el alto índice de jóvenes no inscritos en los registros electorales".(22)
Según datos que entregó nuestra fuente, después de
coaptado el PC hacía su tradición constitucional histórica,
el gobierno estaría preocupado por lo que denomina "izquierda emergente",
de la cual carece de información. Este hecho quedó demostrado
el sábado 17 de marzo del Pte. año, cuando la Coordinación
Contra el BID(23)
llamó a una manifestación en el mismo lugar donde se realizaría
una actividad del Ministerio de Educación; "sin duda, -plantea nuestra
fuente- allí hubo falta de información de inteligencia".
Por otra parte, según hemos averiguado, la
urgencia por formar un organismo de inteligencia es una exigencia que estaría
colocando el Departamento de Estado Norteamericano, para todos los países
que considera "aliados estratégicos"(24),
en pos de lo que consideran "la década más complicada para
América Latina en los últimos 50 años". La Agencia
de Inteligencia Americana, ya estaría adiestrando agentes locales
en técnicas conspirativas para interferir Internet y los correos
electrónicos de las organizaciones de izquierda emergentes en el
continente.
Sin duda, que la nueva CNI saldrá a la luz muy
pronto, en esto hay consenso entre la Derecha y la Concertación;
sólo faltan los cuoteos necesarios para ponerse de acuerdo. Esta
vez, la lógica del "enemigo interno", correrá por cuenta
de los gobiernos civiles, en lo que se considera la globalización
de la guerra sucia.
Darko
Tormo
Carlos Camacho
Notas.
1.- El Mercurio, 23 de agosto del
01
2.- Actualmente, Schilling es embajador
en Francia.
3.- Meses después de la
aparición de la Oficina, se dictó la Ley de Delación
Compensada" o de "Arrepentimiento Eficaz". Este cuerpo legal, cuya base
central se orientaba a estimular la delación y el soplonaje, fue
redactado, entre otros, por Juan Bustos Ramírez, actual vicepresidente
del PS y abogado personal de Schilling.
4.- El 23 de enero de 1992, La
Oficina, en concomitancia con la Policía de Investigaciones, en
su afán de mostrar logros públicos, realizan un traslado
de armas para "desarticular" al Destacamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA).
Al día siguiente, allana la casa de seguridad donde se encontraban
las armas. Fuera de este hecho, materia que fue sujeto a juicio, se logró
establecer, el pago de informantes, encubrimiento y amenazas en contra
de las personas que logró reclutar.
5.- El núcleo duro que fundó
La Oficina, estaba compuesto por:Oscar Carpenter, encargado de la red de
informantes, fue uno de los integrantes del Movimiento 5 de Abril, aparato
militar del PS, durante la dictadura. Antonio Ramos, con cursos de formación
en la ex Alemania Oriental, cumplió labores de análisis de
inteligencia. A ellos siempre se agregó Marcelo Schilling, quien
desde su privilegiado puesto de Subsecretario de Desarrollo Regional, continuó
vinculado a la Oficina II y a la DISPI, de Mario Papi.
6.- La Tercera, 2/08/001.
7.- 53 años, durante la
década del '70 participó en la creación del Comité
Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad. Luego de encabezar el
CONACE, en 1994 llegó al ministerio de interior: fue jefe de gabinete
de Germán Correa (PS) y de Carlos Figueroa (DC). Dirige la DISPI,
desde marzo del 2000.
8.- La Tercera, Op. Cit.
9.- La Tercera, Op. Cit.
10.- Se considera que los hombres
que asesoran en materias comunicacionales al presidente de la república,
en forma más directa, son: Ernesto Ottone (ex militante comunista),
Enrique Correa (PS, ex MAPU) y Eugenio Tironi (PPD).
11.- "según nuestros informes,
no se trata de una reorganización si no sólo de actividades"
(Nelson Mery, director de la Policía de Investigaciones; La Hora
de La Tarde, 23/08/001).
12.- Revista Qué Pasa, 23/04/001.
13.- Revista Qué Pasa, 1/08/001.
14.- Ibíd.
15.- Ibíd.
16.- Ibíd
17.- Ibíd.
18.- Ibíd.
19.- Ibíd.
20.- En diciembre de 1997, un grupo
de encapuchados incendió 3 camiones de Forestal Arauco, XIX Región.
21.- entrevista a Belisario Velasco.
La Tercera, 14/01/98.
22.- según datos del Registro
Electoral, el año '89 la población inscrita en el tramo de
18 a 24 años, llegaba a un 28%; en el año 2000, en el mismo
tramo, sólo alcanza al 5%. Según cifras del INJ, los no inscritos
alcanzarían a un millón quinientos mil jóvenes.
23.- Coordinadora contra el BID,
agrupación que llegó a convocar a cerca de 50 organizaciones
sociales, partidos y movimientos políticos, que actuó entre
los días 15 al 20 de marzo, en la reunión que realizó
el BID en Chile.
24.- En Brasil, se creó
el año '99 la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia). La
agencia tiene atribuciones civiles para labores de inteligencia, bajo la
tutela del Presidente de la República -Fernando Henrrique Cardoso,
amigo personal de Lagos-. A fines del año pasado debió dimitir
su director, el coronel Ariel de Cunto, luego de que fuera acusado de espiar
a diversas instituciones políticas, sindicales de la izquierda brasileña.
En Argentina existe desde 1994 el SIDE (Sistema Nacional de Informaciones
e Inteligencia), ente que agrupa organismo civiles y militares. El año
pasado el SIDE fue acusado de intervenir los celulares de los hijos del
presidente Fernando de la Rúa
