LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES: ¿LEGALIDAD V/S LEGITIMIDAD?.
(Los casos de Chile y España).

Por Myrna Villegas Díaz*

        Desde la brutal intromisión del imperialismo, primero inglés y luego norteamericano, en nuestro país, se ha transformado en una especie de costumbre el aceptar que "otros" indiquen cuál es la mejor forma de ejercer el Poder. Ya entrados en el segundo milenio, y desde antes, ha tocado su turno a las denominadas "democracias occidentales", específicamente las europeas, cuyos ideólogos han pretendido arribar al continente Latinoamericano mostrándonos la "superioridad" de sus economías y de sus regímenes. La cara oculta de esta supuesta superioridad son los costos que ella significa a nivel social, consecuencia a su vez de un sistema que se ve envuelto en una crisis estructural, que golpea particularmente fuerte en la clase obrera y en los sectores que se sitúan al margen de las reglas del juego democrático.
    No podía ser de otra manera. El denominado "Estado de Bienestar" o "Estado Asistencial" que se ha pretendido exportar a nuestros países, y su correlato jurídico el llamado "Estado Social y Democrático de Derecho", no son otra cosa que un simple retoque del Estado Liberal, inyectado con algunas tesis keynesianas del intervencionismo en los poderes públicos. La esencia, pues, del Estado de Bienestar, es ser un Estado Capitalista en el que las relaciones de producción se caracterizan por la apropiación privada de la plusvalía elaborada socialmente. Subsisten entonces las contradicciones entre asalariados y dueños del capital, por lo que la lucha de clases sigue plenamente vigente. Si los dueños del capital son los que determinan las condiciones para el desarrollo de la "democracia", y el sistema es incapaz de resolver sus propias contradicciones, consecuencia lógica es la criminalización de los movimientos sociales. Costo de la mantención del modelo neoliberal.
    Basados en argumentos engañosos como "seguridad del Estado", "estabilidad democrática", proliferan las denominadas legislaciones de excepción, para reprimir cualquier brote de disensión, violento o no. Tomemos el caso español: La presencia de un modelo que encubre una crisis latente, incapaz de satisfacer las demandas populares, ha llevado en los últimos años a una expansión de la legislación penal, en su función represora. Dos ejemplos recientes nos bastan para comprobarlo: el problema vasco y la inmigración.

El conflicto vasco: La represión que se extiende.

La lucha que lleva a cabo el pueblo vasco en pro de su independencia fue el primer detonante en este proceso de criminalización creciente. Sin entrar a valorar la naturaleza del nacionalismo vasco, la idea contraria a esa España grande y unitaria, ha sido defendida por quienes rechazan la violencia, y por quienes la emplean. Pero han sido precisamente estos últimos quienes han sido el "caballo de batalla" del Poder político, para implementar determinadas medidas represivas que afectan potencialmente a todas las personas. Mas tarde se sumarían los atentados de 11 de septiembre de 2001, a edificios emblemáticos de la economía y defensa norteamericanas.
    Las campañas antiterroristas desatadas por el gobierno del Partido Popular, a través de los medios de comunicación, pugnan por crear en la población verdaderos frentes de solidaridad ante lo que se estima como "enemigo común", identificado ya no solo con ETA, sino con todo aquel que directa o indirectamente comparte los postulados de la izquierda abertzale. La opinión pública, deformada, solicita al gobierno cada vez más la aplicación de medidas represivas para dar solución "al problema vasco". Y esto ha sido demostrado con creces a través de las sucesivas reformas legislativas, acarreando una verdadera hipertrofia legislativa atentatoria contra la seguridad jurídica.
    La legislación antiterrorista, incorporada en el Código Penal de 1995, en cinco años, ha sido reformada sustancialmente en dos ocasiones. En 1998 y ante las posibles carencias de dicho texto legal, fue modificada para considerar delito la convocatoria y celebración de reuniones o manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas por la autoridad, cuando con ellas se pretendiere "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", que son, por lo demás, las finalidades u objetivos que la ley califica como terroristas (arts. 571 y ss. CP). Se castiga con penas de prisión (seis meses a un año) y multa, a los "dirigentes" que desobedecen este imperativo.
    Finalizado el año 2000 esta legislación volvió a ser reformada, con el objeto de precisar la criminalización de conductas de una violencia distinta de la que ejerce ETA, específicamente aquellas que se refieren a los actos de la kale borroka (lucha callejera), lucha que, como se sabe, no solo se está llevando a cabo por parte de los jóvenes abertzales, sino que también puede considerarse dentro de ella a las huelgas obreras en demanda de sus reivindicaciones. El conflicto desatado por los astilleros de Xixón hace un año atrás, no fue precisamente pacífico.
    Claro es que los detentadores del poder no reconocen abiertamente que tanto el joven abertzale que lanza un cóctel molotov, como el obrero que hace lo mismo en el curso de una huelga, puedan ser sancionados de la misma manera. Bajo el manto del Estado social y democrático se encubre un verdadero proceso de fascistización del Estado, en el que las redes de la represión se extienden alcanzando límites imposibles de concebir en ese modelo que ellos plantean. Un Estado en donde supuestamente la tolerancia y la libertad se erigen como pilares fundamentales.
    Las operaciones dirigidas por el Sr. Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón han significado una merma progresiva a los derechos fundamentales de personas pertenecientes a diversos colectivos políticos, operaciones que se enmarcan dentro de la política de "exterminio" del terrorismo. De las detenciones de quienes integrados en ETA, cometen delitos, pasamos a las detenciones de quienes integrados en otras organizaciones (la mayoría de ellas legales), comparten directa o indirectamente sus postulados. Es decir, cualquier organización que pertenezca a la izquierda abertzale potencialmente se encuentra en peligro de ser acusada de colaborar con ETA. Y esto lo demuestran hechos concretos: los casos del encarcelamiento de los 23 dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (1996), las detenciones constantes a dirigentes y miembros de Jarrai (juventudes) que desafían al Estado Español a través de la lucha callejera (Kale borroka) (1); de integrantes de KAS, de Ekin y Xaki. Las redes represoras se extienden incluso a familiares, amigos e incluso a sus abogados defensores (2). La situación ha empeorado después de los atentados a las torres gemelas, muchas de estas organizaciones ya forman parte de la primera "lista de organizaciones terroristas " que elaboró la Unión Europea en diciembre de 2001.
    De lo que se trata, según el Ministerio del Interior, es de destruir la estructura responsable de los numerosos atentados, estructura a la que hacen extensible la kale borroka, a las que supuestamente sirven a la financiación de ETA, y a toda aquella que de una u otra manera aparezca vinculada a la defensa de quienes se encuentran privados de libertad. Con la nueva legislación el grito de "Gora ETA" ("Viva ETA") puede ser considerado como un delito de "exaltación del terrorismo". La sanción es de uno a dos años de privación de libertad. Si esto no es un desconocimiento a la libertad de expresión, que tanto pregona el Estado democrático, no sé qué pueda ser. Cualquier penalista que diga defender los criterios de un derecho penal mínimo y de garantías, sabe que la "apología" no puede ser considerada delictiva mientras no se esté incitando directamente a cometer un delito, criterio que por lo demás ha sido una constante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
    A esto se suma, la penalización de las "ofensas a las víctimas del terrorismo", castigadas también con uno a dos años. Ofender a una víctima del terrorismo podrá ser, en todo caso, un acto reprochable desde la moral, pero no es, en absoluto, un acto que justifique la reacción penal. A menos que se nos diga abiertamente que el Estado democrático retorna a los criterios del antiguo régimen, y ahora quiere fundamentar su potestad punitiva, en la moral.
    A ello se sigue la declaración de ilegalidad de organizaciones, en un país en el que, se dice garantizaer el derecho de asociación y de petición ante la autoridad. Es el caso de KAS (Komites Abertzales Socialistas) que, declarada ilegal en 1998, fue sucedida por EH (Euskal Herritarok), cuyos dirigentes y miembros también han sido víctimas de detenciones (3). Asimismo el caso de Ekin ("Hacer"), colectivo que se constituyó durante la tregua de 1998, cuyos dirigentes fueron puestos en libertad en abril de 2001, al mismo tiempo que la Audiencia Nacional declaró ilegal a tal entidad. Hacía unos meses atrás, tan solo, que se había hecho algo similar en relación a la asociación europea Xaki, el supuesto "Ministerio de Asuntos Exteriores de ETA". Sus dirigentes excarcelados en el 2001, pero Xaki fue declarada ilegal, aún cuando en la sentencia se reconoce que ella no persigue fines ilegales, y que lo que motivó la declaración de ilegalidad es la actuación particular de sus miembros. Se enmarcan también dentro de esta operación represiva las detenciones de miembros de la Fundación Zumalabe,AEK, Zabaltzen, 15 jóvenes de Haika, etc.
    Tengo la impresión de que la divinizada "libertad de expresión" existe solo formalmente en el Estado español. ¿Qué han sido si no el cierre del periódico "Egin" y de la emisora "Egin Irratia", portadores de la voz popular de los abertzales?. ¿Y la detención de Pepe Rei director de la revista de investigación y denuncia social "Ardi Beltza"(4)detenido ya varias veces antes, en su calidad de director de Egin?. Pepe Rey en el 2001 fue acusado ya directamente de colaboración con banda armada, por el simple hecho de haber dado a conocer, con nombres y apellidos, las oscuras relaciones entre el poder y los medios de comunicación.
    Las operaciones no tan solo se dirigen contra ETA y su denominado entorno. El PC reconstituido también ha sido víctima de esta represión. Ahí nos encontramos con las detenciones de Arenas (Manuel Pérez Martínez), Fernando Silva Sande y otros miembros de GRAPO, hecho ocurrido en París (noviembre 2000), dentro de esta verdadera política de exterminio que se lleva a cabo desde el poder. El entonces Ministro de Interior Mayor Oreja estimó que con ello se había desmantelado al "Comité Central y su comando operativo" (5). Este mismo personaje se presentó como candidato a lehendakari (presidente) en las elecciones del País Vasco (mayo 2001). Ni siquiera los anarquistas están a salvo de esta legislación antiterrorista, que crea mediante la incomunicación, espacios de impunidad que escapan a todo control. El mismo día en que se detuvo a la cúpula de GRAPO, fueron apresados los integrantes de una célula anarquista que operaba en Madrid, acusados de envío de paquetes bomba a los medios de comunicación.
    Paralelamente nos encontramos con que, a quienes violentan el mismo Estado de Derecho que dicen proteger, se les otorgan toda clase de privilegios. Conocido es el caso GAL, organización que nunca fue considerada legalmente como asociación ilícita terrorista, y cuyos miembros si bien han sido condenados por la Audiencia Nacional, gozan de todo tipo de garantías. Los señores Barrio Nuevo y Vera pudieron escoger la prisión a la cual irían, y fueron puestos en libertad un par de meses después. El 1 de Diciembre de 2000 el Gobierno español indultó a 11 agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y a tres miembros de la Guardia Civil que habían sido condenados por torturas (6). Este hecho fue ocultado por los mass media del Estado Español, según denunció el diario GARA, simplemente porque están dirigidos y censurados directamente desde el poder, como se ha demostrado en el caso de Telemadrid (7), y rechazan cualquier información que no oculte la "otra cara de la noticia", así como cualquiera otra que no alabe la actuación represiva del gobierno derechista español. Hemos llegado a tal punto que se condecora a título póstumo a los torturadores franquistas (Melitón Manzana).
    La situación se ha visto agravada tras los atentados a las torres gemelas. Estados Unidos nuevamente entra en escena imponiendo una legislación que pretende exterminar cualquier forma de disenso político. Encuentra su legitimación en una opinión pública, que presa de una verdadera histeria colectiva tras los atentados, e influida por las campañas antiterroristas de los medios de comunicación, exige mayor represión. La Comunidad Económica Europea, no ha dudado en tomar la mano a los norteamericanos implementándose en los hechos, un verdadero Frente Antiterrorista, que destina sus esfuerzos a la destrucción de las bases económicas y financieras del terrorismo. Los acuerdos adoptados en la CEE instan a los Estados a modificar las legislaciones nacionales incorporando aspectos de derecho sustantivo y procesal que se alejan del respeto a los derechos fundamentales, que las propias constituciones políticas reconocen.
    A este respecto, es digno de destacar que la Unión Europea en su reunión extraordinaria de 21 de septiembre de 2001, calificó al terrorismo como "un verdadero reto para el mundo y para Europa". Así las cosas, es objetivo prioritario la lucha contra el mismo, siendo "una necesidad urgente el ataque a las bases económicas y financieras de las organizaciones terroristas que operan en Europa". Así el reglamento aprobado en dicha reunión (8), se consideran, entre otros, el decomiso y confiscación de los bienes de las organizaciones sospechosas de estar vinculadas al terrorismo, y la congelación de capitales. Paralelamente se han aunado esfuerzos en torno a reforzar la cooperación judicial y policial. En el primer caso, nos encontramos con nuevas medidas tendentes a agilizar los procesos de extradición (extradiciones automáticas), el reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras abriendo el camino ancho a la extraterritorialidad en materia penal, la creación de una Unidad Judicial Antiterrorista (EuroJust), que tiene vinculación directa con Europol, que entró en vigor durante este mes de enero de 2002. En el segundo caso, cooperación policial, nos encontramos con nuevas medidas de vigilancia y control en aeropuertos, y en todos aquellos lugares considerados posibles objetivos del terrorismo, entre otros.
    Todos los esfuerzos apuntan a un aunamiento de criterios en torno a lo que deberá ser considerado terrorismo al interior de la Unión Europea, y en esto radica la importancia: Se pretende fijar un concepto común del mismo, que en alguna medida se contrapondría al señalado por los Estados Unidos. Distinción que, a mi juicio, carece de importancia práctica ya que en las famosas "listas de organizaciones terroristas" se incluye a cualquiera que de palabra o de facto, defienda ideas contrarias a las impuestas por las clases dominantes. Así por ejemplo, cabe destacar que, aprovechando la coyuntura de este verdadero "Frente Antiterrorista" que nace bajo la guerra con Afganistán (Enero 2002), muchas organizaciones políticas y sociales, que estaban "en la mira" del gobierno español, fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas que elaboró la Unión Europea (Diciembre 2001). No solo integran esta lista ETA y GRAPO, sino también lo que se conoce en la prensa como el "entorno de ETA": KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika, Segi, Gestoras Pro Amnistía. HB no pudo serlo como organización, pero sí lo fueron tres de sus miembros (9).
    Los movimientos antiglobalización, si bien no han sido incluidos en estas listas, son objeto del mas duro control social. Se me viene a la memoria un joven descamisado, unos ojos vacíos en medio de un charco de sangre. Carlo Giuliano, el "primer mártir antiglobalización", asesinado en Génova (junio 2001). Ellos también son víctimas de esta guerra sin cuartel, de esta verdadera esquizofrenia penal. Esquizofrenia porque por una parte, se cuenta con un aparato legislativo, calificado de moderno y garantista, plasmado en el código penal, pero por otra parte, se implementan legislaciones antiterroristas que se alejan cada vez mas de lo previsto en los códigos sustantivo y procesal.
    En el caso de la cooperación internacional en los países latinoamericanos está ocurriendo algo similar a los europeos. Hasta antes de los sucesos del 11 de Septiembre, mas allá de las condenas al terrorismo en todas y cada una de las cumbres iberoamericanas, cada país había optado por afrontar el problema a través de su propia legislación nacional, la que está en función del sistema político imperante en el momento de promulgarse la ley. Por esta razón, y en los países en los que se observan mayores niveles de violencia, como en Colombia o Perú, el debilitamiento de las garantías, que la "democracia" asegura respetar, aparece mas patente.
    A partir de la resolución N° 1.373 de 28 septiembre de 2001, dictada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cooperación internacional se incrementa con criterios similares a los europeos. Se trata de que los Estados complementen la cooperación internacional adoptando medidas para prevenir y reprimir en sus territorios, por todos los medios legales, la financiación y preparación de actos de terrorismo.
    Chile ha dispuesto mediante Decreto 488 de 13 noviembre 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dar cumplimiento a esta resolución, con lo que se haría inminente una reforma la ley 18.314 sobre conductas terroristas. Los medios de comunicación cumplen muy bien su papel en la defensa de los intereses de las clases dominantes, empleando toda la fuerza del simbolismo en este esfuerzo por "legitimar" futuras medidas represivas. ¿A qué responde si no el bullado caso de Lenin Gardia y López Candia?. ¿A qué responde si no, esta supuesta rearticulación del FPMR y el boom periodístico respecto de la detención de Mauricio Hernández Norambuena en Brasil?. Y estamos a las puertas de un ajuste al Nuevo Código Procesal Penal, en el que se pretende ampliar el plazo de detención para que una persona, acusada de haber cometido actos de terrorismo, sea puesta a disposición del juez de garantías (10).

La inmigración: un eslabón más en la cadena de explotación.

    En otro ámbito, y volviendo al caso español, la oleada de inmigrantes ilegales que día a día llegan a las costas españolas, con la esperanza de trabajar para sobrevivir, es atacada por los organismos del Estado, a través de la manipulación de la información. Lo que se nos muestra es que el inmigrante aumenta el problema de la cesantía, los índices de delincuencia, y ocasiona gastos sociales imposibles de asumir en su totalidad por parte del Estado. ¿Quiénes son estos inmigrantes?. No son más ni menos que trabajadores, pertenecientes a un tercer mundo acostumbrado a ser fustigado por el imperialismo, y que ante la explotación que sufren en sus países no vacilan en arriesgar sus vidas en frágiles pateras que sucumben a cada oleaje violento, en aviones, coches, camiones, y lo que haga falta para comer. Y el magrebí, el saharahuí, el africano en general, el ecuatoriano, el dominicano, el peruano, el colombiano, etc. alza la voz para exigir sus derechos, porque al fin y al cabo, morir de hambre a corto plazo al otro lado del estrecho de Gibraltar, o al otro lado del Atlántico, es lo mismo que morir ahogado, atropellado, o tener que vivir ilegal en un país extraño y perseguido por un Estado Policial.
    Con el objeto de "solucionar" el problema de la inmigración, entró en vigor, en enero de 2001, una nueva Ley de Extranjería, en la que se endurecen las condiciones para estos trabajadores. Se les llena de promesas y falsas esperanzas, pagando el billete de avión a cientos de inmigrantes para que vayan a sus países de origen a recoger sus papeles y regularizar su situación en España, mientras que a otros miles dejan sumidos en la absoluta desesperación. Mientras los aparatos burocráticos hostigan al extranjero solicitándoles papeles, ofertas de trabajo, y mil documentos para "regularizar su situación", este mismo extranjero se ve impedido legalmente de trabajar durante los meses que aquello tarda, y que no son pocos. En abril del año pasado se estaba dando "cita" para Octubre y Noviembre, solo para entregar los papeles y formularios, sin contar que el proceso tarda como mínimo seis meses (prometido por el ministro Mugica), los que con un poco de suerte se convierten en diez (11). Es decir, en lo que lleva corrido del 2002, prácticamente ningún inmigrante ha visto satisfechas sus expectativas.
    Si antes la política de entrada y de visado era restrictiva, ahora es peor. El derecho de reagrupación familiar solo se reconoce al "residente" no al familiar reagrupable, eliminándose la posibilidad de reagrupar por razones humanitarias. Atentado claro para un pueblo como el colombiano, que en masa llegan a España huyendo de la guerra civil que enfrenta su país. El inmigrante carece de derechos políticos, estableciéndose restricciones a los derechos de asociación, sindicación y manifestación, al mismo tiempo que con mucho boato se reconoce "la igualdad" con los españoles. La ley, de claro efecto criminógeno, potencia el tráfico de mano de obra, permitiendo que los inmigrantes se conviertan en verdaderos esclavos de los empresarios, y a la vez, restringe el derecho de circulación en el territorio español y fomenta la delación de los ilegales. Un taxista fue detenido por transportar a extranjeros de una ciudad a otra, sin saber que eran ilegales, porque con la nueva ley es su obligación solicitar la documentación a esta clase de personas antes de efectuar cualquier transporte.
    Se promueve, desde el poder, una política xenófoba, se obliga a un trabajador a denunciar a otro trabajador. Se pretende destruir, desunir racialmente a la clase obrera, para que la miseria y la explotación sigan globalizándose. ¿Quiénes son sino estos "indeseables" inmigrantes los que han producido la riqueza de las más de 200 empresas que existen en España?. Las políticas de inmigración no son sino un eslabón más en la cadena de la explotación, y como sucede en toda ella, al que osa reclamar sus derechos, es castigado. Para los extranjeros la palabra "prohibición" es parte del idioma que aquí se aprende. ¿Es que está todo prohibido salvo cruzarse de brazos y sentarse a esperar a que cualquier día llegue la policía y nos deporte?.
    Por último, en aproximadamente cinco años, las dotaciones de las fuerzas represivas han aumentado sus controles, amparándose en políticas de seguridad ciudadana de dudosa constitucionalidad. Ya no es posible pasear a las diez de la noche por las calles sin encontrarse a lo menos dos coches de policía haciendo rondas. Ya no es posible ir por una carretera de noche sin ser registrado el coche por la Guardia Civil, buscando algún dato que permita dar con el paradero de algún "terrorista". La solicitud de documentación, los allanamientos personales en búsqueda de estos datos, o simplemente de drogas, son pan de cada día en el Estado español.
    Nos encontramos pues, ante la manifestación mas exacerbada de la crisis estructural por la que atraviesa un sistema enfermo. Unos medios de comunicación que sirven a las directrices del Poder, haciendo gala cada día de los "atentados terroristas" y silenciando los testimonios y denuncias de quienes han sido detenidos, torturados. Con un Gobierno y una clase política que hace caso omiso de lo que pueda opinar Amnistía Internacional, Organismos dependientes de Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura) o de Organismos dependientes del Consejo de Europa (Comité Europeo para la Prevención de la tortura) que todos los años emiten sus informes en los que critican la legislación antiterrorista y a ese verdadero tribunal especial y político que es la Audiencia Nacional. Cuesta encontrar la lógica a quienes en Chile se unen al son de "Garzón, amigo, el pueblo está contigo".
    Y por si fuera poco, nos encontramos con que este mismo gobierno y clase política garantiza la impunidad de los tratos crueles e inhumanos en las cárceles, como uno de los instrumentos fundamentales en su estrategia de represión contra los "disidentes violentos". ¿Dónde están, pues, la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos como los principios que impulsan su política frente a las aspiraciones populares?. El Estado social y Democrático de derecho cava su propia tumba. Pienso que la "democracia" que nos esgrime como ejemplo y se exporta a Latinoamérica ya no puede ocultar su crisis de legitimidad.

Notas

*Myrna Villegas Díaz es abogada y doctora en derecho penal de la Universidad de Salamanca
1.- Solo en tres meses durante el 2002, seis jóvenes detenidos en Irún (El País, 7-01-2001), siete jóvenes en Vizcaya (El País, 7-03-2002),
2.- Es el caso por ejemplo de Txema matanzas, abogado de Gestoras Proamnistía, especializado en la defensa de presos de ETA, quien fue arrestado en Madrid a mediados de septiembre de 2000. Su detención impidió la celebración del juicio contra nueve presuntos miembros de los Comandos Basati, Itzadar y Araba. El País, 14-9-2000.
3.- Así por ejemplo, la detención de Ana Lizarralde, portavoz de Jarrai, Marta Pérez E. y Xabier Alegría, concejales de HB, y Jaime Iribarren, ex parlamentario foral hechos ocurridos en sept.2000.
4.- www.ardibeltza.com
5.- El País, 14 –11- 00.
6.- Etxera Nº 47. 7 –2- 01 (http://www.etxera.org.)
7.- El director de TeleMadrid fue dimitido en enero de 2001 tras la emision de un reportaje sobre el conflicto vasco. La causa era que en el reportaje "Los caminos de Euskadi" se aportaban, entre otras muchas opiniones y propuestas, las de portavoces de EH y Gestoras Pro Amnistia, organización de apoyo a los presos vascos. El reportaje puede encontrarse en www.ardibeltza.com
8.- Documento 501PC0521.
9.- El País, 21 diciembre 2001. Además, fueron incluidas "personas" en dicha lista, consideradas terroristas en la UE: Mikel Albisu (miembro de Gestoras), Ángel Alcalde, Cristina Goiricelaya y Kemen Uranga (miembros de HB), cuatro de Jarrai y cinco de KAS-Ekin, todas ellas precedidas de las palabras "activistas de ETA".
10.- La Semana Jurídica, N°70, semana del 11 al 17 marzo de 2002, pp.8 y 9. Publicación de la Editorial Cono Sur.
11.- El País, 5-4-01.

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