Por Myrna Villegas Díaz*
Desde la brutal intromisión
del imperialismo, primero inglés y luego norteamericano, en nuestro
país, se ha transformado en una especie de costumbre el aceptar
que "otros" indiquen cuál es la mejor forma de ejercer el Poder.
Ya entrados en el segundo milenio, y desde antes, ha tocado su turno a
las denominadas "democracias occidentales", específicamente las
europeas, cuyos ideólogos han pretendido arribar al continente Latinoamericano
mostrándonos la "superioridad" de sus economías y de sus
regímenes. La cara oculta de esta supuesta superioridad son los
costos que ella significa a nivel social, consecuencia a su vez de un sistema
que se ve envuelto en una crisis estructural, que golpea particularmente
fuerte en la clase obrera y en los sectores que se sitúan al margen
de las reglas del juego democrático.
No podía ser de otra manera. El denominado
"Estado de Bienestar" o "Estado Asistencial" que se ha pretendido exportar
a nuestros países, y su correlato jurídico el llamado "Estado
Social y Democrático de Derecho", no son otra cosa que un simple
retoque del Estado Liberal, inyectado con algunas tesis keynesianas del
intervencionismo en los poderes públicos. La esencia, pues, del
Estado de Bienestar, es ser un Estado Capitalista en el que las relaciones
de producción se caracterizan por la apropiación privada
de la plusvalía elaborada socialmente. Subsisten entonces las contradicciones
entre asalariados y dueños del capital, por lo que la lucha de clases
sigue plenamente vigente. Si los dueños del capital son los que
determinan las condiciones para el desarrollo de la "democracia", y el
sistema es incapaz de resolver sus propias contradicciones, consecuencia
lógica es la criminalización de los movimientos sociales.
Costo de la mantención del modelo neoliberal.
Basados en argumentos engañosos como "seguridad
del Estado", "estabilidad democrática", proliferan las denominadas
legislaciones de excepción, para reprimir cualquier brote de disensión,
violento o no. Tomemos el caso español: La presencia de un modelo
que encubre una crisis latente, incapaz de satisfacer las demandas populares,
ha llevado en los últimos años a una expansión de
la legislación penal, en su función represora. Dos ejemplos
recientes nos bastan para comprobarlo: el problema vasco y la inmigración.
El conflicto vasco: La represión que se extiende.
La lucha que lleva a cabo el pueblo vasco en pro de su independencia
fue el primer detonante en este proceso de criminalización creciente.
Sin entrar a valorar la naturaleza del nacionalismo vasco, la idea contraria
a esa España grande y unitaria, ha sido defendida por quienes rechazan
la violencia, y por quienes la emplean. Pero han sido precisamente estos
últimos quienes han sido el "caballo de batalla" del Poder político,
para implementar determinadas medidas represivas que afectan potencialmente
a todas las personas. Mas tarde se sumarían los atentados de 11
de septiembre de 2001, a edificios emblemáticos de la economía
y defensa norteamericanas.
Las campañas antiterroristas desatadas por
el gobierno del Partido Popular, a través de los medios de comunicación,
pugnan por crear en la población verdaderos frentes de solidaridad
ante lo que se estima como "enemigo común", identificado ya no solo
con ETA, sino con todo aquel que directa o indirectamente comparte los
postulados de la izquierda abertzale. La opinión pública,
deformada, solicita al gobierno cada vez más la aplicación
de medidas represivas para dar solución "al problema vasco". Y esto
ha sido demostrado con creces a través de las sucesivas reformas
legislativas, acarreando una verdadera hipertrofia legislativa atentatoria
contra la seguridad jurídica.
La legislación antiterrorista, incorporada
en el Código Penal de 1995, en cinco años, ha sido reformada
sustancialmente en dos ocasiones. En 1998 y ante las posibles carencias
de dicho texto legal, fue modificada para considerar delito la convocatoria
y celebración de reuniones o manifestaciones previamente suspendidas
o prohibidas por la autoridad, cuando con ellas se pretendiere "subvertir
el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", que
son, por lo demás, las finalidades u objetivos que la ley califica
como terroristas (arts. 571 y ss. CP). Se castiga con penas de prisión
(seis meses a un año) y multa, a los "dirigentes" que desobedecen
este imperativo.
Finalizado el año 2000 esta legislación
volvió a ser reformada, con el objeto de precisar la criminalización
de conductas de una violencia distinta de la que ejerce ETA, específicamente
aquellas que se refieren a los actos de la kale borroka (lucha callejera),
lucha que, como se sabe, no solo se está llevando a cabo por parte
de los jóvenes abertzales, sino que también puede
considerarse dentro de ella a las huelgas obreras en demanda de sus reivindicaciones.
El conflicto desatado por los astilleros de Xixón hace un año
atrás, no fue precisamente pacífico.
Claro es que los detentadores del poder no reconocen
abiertamente que tanto el joven abertzale que lanza un cóctel
molotov, como el obrero que hace lo mismo en el curso de una huelga, puedan
ser sancionados de la misma manera. Bajo el manto del Estado social y democrático
se encubre un verdadero proceso de fascistización del Estado, en
el que las redes de la represión se extienden alcanzando límites
imposibles de concebir en ese modelo que ellos plantean. Un Estado en donde
supuestamente la tolerancia y la libertad se erigen como pilares fundamentales.
Las operaciones dirigidas por el Sr. Juez de la
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón han significado una merma progresiva
a los derechos fundamentales de personas pertenecientes a diversos colectivos
políticos, operaciones que se enmarcan dentro de la política
de "exterminio" del terrorismo. De las detenciones de quienes integrados
en ETA, cometen delitos, pasamos a las detenciones de quienes integrados
en otras organizaciones (la mayoría de ellas legales), comparten
directa o indirectamente sus postulados. Es decir, cualquier organización
que pertenezca a la izquierda abertzale potencialmente se encuentra
en peligro de ser acusada de colaborar con ETA. Y esto lo demuestran hechos
concretos: los casos del encarcelamiento de los 23 dirigentes de la Mesa
Nacional de Herri Batasuna (1996), las detenciones constantes a dirigentes
y miembros de Jarrai (juventudes) que desafían al Estado
Español a través de la lucha callejera (Kale borroka)
(1);
de integrantes de KAS, de Ekin y Xaki. Las redes represoras
se extienden incluso a familiares, amigos e incluso a sus abogados defensores
(2). La situación ha empeorado después
de los atentados a las torres gemelas, muchas de estas organizaciones ya
forman parte de la primera "lista de organizaciones terroristas " que elaboró
la Unión Europea en diciembre de 2001.
De lo que se trata, según el Ministerio del
Interior, es de destruir la estructura responsable de los numerosos atentados,
estructura a la que hacen extensible la kale borroka, a las
que supuestamente sirven a la financiación de ETA, y a toda aquella
que de una u otra manera aparezca vinculada a la defensa de quienes se
encuentran privados de libertad. Con la nueva legislación el grito
de "Gora ETA" ("Viva ETA") puede ser considerado como un delito de "exaltación
del terrorismo". La sanción es de uno a dos años de privación
de libertad. Si esto no es un desconocimiento a la libertad de expresión,
que tanto pregona el Estado democrático, no sé qué
pueda ser. Cualquier penalista que diga defender los criterios de un derecho
penal mínimo y de garantías, sabe que la "apología"
no puede ser considerada delictiva mientras no se esté incitando
directamente a cometer un delito, criterio que por lo demás ha sido
una constante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
A esto se suma, la penalización de las "ofensas
a las víctimas del terrorismo", castigadas también con uno
a dos años. Ofender a una víctima del terrorismo podrá
ser, en todo caso, un acto reprochable desde la moral, pero no es, en absoluto,
un acto que justifique la reacción penal. A menos que se nos diga
abiertamente que el Estado democrático retorna a los criterios del
antiguo régimen, y ahora quiere fundamentar su potestad punitiva,
en la moral.
A ello se sigue la declaración de ilegalidad
de organizaciones, en un país en el que, se dice garantizaer el
derecho de asociación y de petición ante la autoridad. Es
el caso de KAS (Komites Abertzales Socialistas) que,
declarada ilegal en 1998, fue sucedida por EH (Euskal Herritarok),
cuyos dirigentes y miembros también han sido víctimas de
detenciones (3). Asimismo el caso de Ekin
("Hacer"),
colectivo que se constituyó durante la tregua de 1998, cuyos dirigentes
fueron puestos en libertad en abril de 2001, al mismo tiempo que la Audiencia
Nacional declaró ilegal a tal entidad. Hacía unos meses atrás,
tan solo, que se había hecho algo similar en relación a la
asociación europea Xaki, el supuesto "Ministerio de Asuntos
Exteriores de ETA". Sus dirigentes excarcelados en el 2001, pero Xaki
fue declarada ilegal, aún cuando en la sentencia se reconoce que
ella no persigue fines ilegales, y que lo que motivó la declaración
de ilegalidad es la actuación particular de sus miembros. Se enmarcan
también dentro de esta operación represiva las detenciones
de miembros de la Fundación Zumalabe,AEK, Zabaltzen,
15 jóvenes de Haika, etc.
Tengo la impresión de que la divinizada "libertad
de expresión" existe solo formalmente en el Estado español.
¿Qué han sido si no el cierre del periódico "Egin"
y de la emisora "Egin Irratia", portadores de la voz popular de
los abertzales?. ¿Y la detención de Pepe Rei director
de la revista de investigación y denuncia social "Ardi Beltza"(4)detenido
ya varias veces antes, en su calidad de director de Egin?. Pepe Rey en
el 2001 fue acusado ya directamente de colaboración con banda armada,
por el simple hecho de haber dado a conocer, con nombres y apellidos, las
oscuras relaciones entre el poder y los medios de comunicación.
Las operaciones no tan solo se dirigen contra ETA
y su denominado entorno. El PC reconstituido también ha sido víctima
de esta represión. Ahí nos encontramos con las detenciones
de Arenas (Manuel Pérez Martínez), Fernando Silva Sande y
otros miembros de GRAPO, hecho ocurrido en París (noviembre 2000),
dentro de esta verdadera política de exterminio que se lleva a cabo
desde el poder. El entonces Ministro de Interior Mayor Oreja estimó
que con ello se había desmantelado al "Comité Central y su
comando operativo" (5). Este mismo personaje
se presentó como candidato a lehendakari (presidente) en las elecciones
del País Vasco (mayo 2001). Ni siquiera los anarquistas están
a salvo de esta legislación antiterrorista, que crea mediante la
incomunicación, espacios de impunidad que escapan a todo control.
El mismo día en que se detuvo a la cúpula de GRAPO, fueron
apresados los integrantes de una célula anarquista que operaba en
Madrid, acusados de envío de paquetes bomba a los medios de comunicación.
Paralelamente nos encontramos con que, a quienes
violentan el mismo Estado de Derecho que dicen proteger, se les otorgan
toda clase de privilegios. Conocido es el caso GAL, organización
que nunca fue considerada legalmente como asociación ilícita
terrorista, y cuyos miembros si bien han sido condenados por la Audiencia
Nacional, gozan de todo tipo de garantías. Los señores Barrio
Nuevo y Vera pudieron escoger la prisión a la cual irían,
y fueron puestos en libertad un par de meses después. El 1 de Diciembre
de 2000 el Gobierno español indultó a 11 agentes del Cuerpo
Nacional de la Policía y a tres miembros de la Guardia Civil que
habían sido condenados por torturas (6).
Este hecho fue ocultado por los mass media del Estado Español, según
denunció el diario GARA, simplemente porque están dirigidos
y censurados directamente desde el poder, como se ha demostrado en el caso
de Telemadrid (7), y rechazan cualquier información
que no oculte la "otra cara de la noticia", así como cualquiera
otra que no alabe la actuación represiva del gobierno derechista
español. Hemos llegado a tal punto que se condecora a título
póstumo a los torturadores franquistas (Melitón Manzana).
La situación se ha visto agravada tras los
atentados a las torres gemelas. Estados Unidos nuevamente entra en escena
imponiendo una legislación que pretende exterminar cualquier forma
de disenso político. Encuentra su legitimación en una opinión
pública, que presa de una verdadera histeria colectiva tras los
atentados, e influida por las campañas antiterroristas de los medios
de comunicación, exige mayor represión. La Comunidad Económica
Europea, no ha dudado en tomar la mano a los norteamericanos implementándose
en los hechos, un verdadero Frente Antiterrorista, que destina sus esfuerzos
a la destrucción de las bases económicas y financieras del
terrorismo. Los acuerdos adoptados en la CEE instan a los Estados a modificar
las legislaciones nacionales incorporando aspectos de derecho sustantivo
y procesal que se alejan del respeto a los derechos fundamentales, que
las propias constituciones políticas reconocen.
A este respecto, es digno de destacar que la Unión
Europea en su reunión extraordinaria de 21 de septiembre de 2001,
calificó al terrorismo como "un verdadero reto para el mundo y para
Europa". Así las cosas, es objetivo prioritario la lucha contra
el mismo, siendo "una necesidad urgente el ataque a las bases económicas
y financieras de las organizaciones terroristas que operan en Europa".
Así el reglamento aprobado en dicha reunión (8),
se consideran, entre otros, el decomiso y confiscación de los bienes
de las organizaciones sospechosas de estar vinculadas al terrorismo, y
la congelación de capitales. Paralelamente se han aunado esfuerzos
en torno a reforzar la cooperación judicial y policial. En el primer
caso, nos encontramos con nuevas medidas tendentes a agilizar los procesos
de extradición (extradiciones automáticas), el reconocimiento
de sentencias judiciales extranjeras abriendo el camino ancho a la extraterritorialidad
en materia penal, la creación de una Unidad Judicial Antiterrorista
(EuroJust), que tiene vinculación directa con Europol, que entró
en vigor durante este mes de enero de 2002. En el segundo caso, cooperación
policial, nos encontramos con nuevas medidas de vigilancia y control en
aeropuertos, y en todos aquellos lugares considerados posibles objetivos
del terrorismo, entre otros.
Todos los esfuerzos apuntan a un aunamiento de criterios
en torno a lo que deberá ser considerado terrorismo al interior
de la Unión Europea, y en esto radica la importancia: Se pretende
fijar un concepto común del mismo, que en alguna medida se contrapondría
al señalado por los Estados Unidos. Distinción que, a mi
juicio, carece de importancia práctica ya que en las famosas "listas
de organizaciones terroristas" se incluye a cualquiera que de palabra
o de facto, defienda ideas contrarias a las impuestas por las clases
dominantes. Así por ejemplo, cabe destacar que, aprovechando la
coyuntura de este verdadero "Frente Antiterrorista" que nace bajo la guerra
con Afganistán (Enero 2002), muchas organizaciones políticas
y sociales, que estaban "en la mira" del gobierno español, fueron
incluidas en la lista de organizaciones terroristas que elaboró
la Unión Europea (Diciembre 2001). No solo integran esta lista ETA
y GRAPO, sino también lo que se conoce en la prensa como el "entorno
de ETA": KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika, Segi, Gestoras Pro Amnistía.
HB
no pudo serlo como organización, pero sí lo fueron tres
de sus miembros (9).
Los movimientos antiglobalización, si bien
no han sido incluidos en estas listas, son objeto del mas duro control
social. Se me viene a la memoria un joven descamisado, unos ojos vacíos
en medio de un charco de sangre. Carlo Giuliano, el "primer mártir
antiglobalización", asesinado en Génova (junio 2001). Ellos
también son víctimas de esta guerra sin cuartel, de esta
verdadera esquizofrenia penal. Esquizofrenia porque por una parte, se cuenta
con un aparato legislativo, calificado de moderno y garantista, plasmado
en el código penal, pero por otra parte, se implementan legislaciones
antiterroristas que se alejan cada vez mas de lo previsto en los códigos
sustantivo y procesal.
En el caso de la cooperación internacional
en los países latinoamericanos está ocurriendo algo similar
a los europeos. Hasta antes de los sucesos del 11 de Septiembre, mas allá
de las condenas al terrorismo en todas y cada una de las cumbres iberoamericanas,
cada país había optado por afrontar el problema a través
de su propia legislación nacional, la que está en función
del sistema político imperante en el momento de promulgarse la ley.
Por esta razón, y en los países en los que se observan mayores
niveles de violencia, como en Colombia o Perú, el debilitamiento
de las garantías, que la "democracia" asegura respetar, aparece
mas patente.
A partir de la resolución N° 1.373 de
28 septiembre de 2001, dictada por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la cooperación internacional se incrementa con criterios
similares a los europeos. Se trata de que los Estados complementen la cooperación
internacional adoptando medidas para prevenir y reprimir en sus territorios,
por todos los medios legales, la financiación y preparación
de actos de terrorismo.
Chile ha dispuesto mediante Decreto 488 de 13 noviembre
2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dar cumplimiento a esta
resolución, con lo que se haría inminente una reforma la
ley 18.314 sobre conductas terroristas. Los medios de comunicación
cumplen muy bien su papel en la defensa de los intereses de las clases
dominantes, empleando toda la fuerza del simbolismo en este esfuerzo por
"legitimar" futuras medidas represivas. ¿A qué responde si
no el bullado caso de Lenin Gardia y López Candia?. ¿A qué
responde si no, esta supuesta rearticulación del FPMR y el boom
periodístico respecto de la detención de Mauricio Hernández
Norambuena en Brasil?. Y estamos a las puertas de un ajuste al Nuevo Código
Procesal Penal, en el que se pretende ampliar el plazo de detención
para que una persona, acusada de haber cometido actos de terrorismo, sea
puesta a disposición del juez de garantías (10).
La inmigración: un eslabón más en la cadena de explotación.
En otro ámbito, y volviendo al caso español,
la oleada de inmigrantes ilegales que día a día llegan a
las costas españolas, con la esperanza de trabajar para sobrevivir,
es atacada por los organismos del Estado, a través de la manipulación
de la información. Lo que se nos muestra es que el inmigrante aumenta
el problema de la cesantía, los índices de delincuencia,
y ocasiona gastos sociales imposibles de asumir en su totalidad por parte
del Estado. ¿Quiénes son estos inmigrantes?. No son más
ni menos que trabajadores, pertenecientes a un tercer mundo acostumbrado
a ser fustigado por el imperialismo, y que ante la explotación que
sufren en sus países no vacilan en arriesgar sus vidas en frágiles
pateras que sucumben a cada oleaje violento, en aviones, coches, camiones,
y lo que haga falta para comer. Y el magrebí, el saharahuí,
el africano en general, el ecuatoriano, el dominicano, el peruano, el colombiano,
etc. alza la voz para exigir sus derechos, porque al fin y al cabo, morir
de hambre a corto plazo al otro lado del estrecho de Gibraltar, o al otro
lado del Atlántico, es lo mismo que morir ahogado, atropellado,
o tener que vivir ilegal en un país extraño y perseguido
por un Estado Policial.
Con el objeto de "solucionar" el problema de la
inmigración, entró en vigor, en enero de 2001, una nueva
Ley de Extranjería, en la que se endurecen las condiciones para
estos trabajadores. Se les llena de promesas y falsas esperanzas, pagando
el billete de avión a cientos de inmigrantes para que vayan a sus
países de origen a recoger sus papeles y regularizar su situación
en España, mientras que a otros miles dejan sumidos en la absoluta
desesperación. Mientras los aparatos burocráticos hostigan
al extranjero solicitándoles papeles, ofertas de trabajo, y mil
documentos para "regularizar su situación", este mismo extranjero
se ve impedido legalmente de trabajar durante los meses que aquello tarda,
y que no son pocos. En abril del año pasado se estaba dando "cita"
para Octubre y Noviembre, solo para entregar los papeles y formularios,
sin contar que el proceso tarda como mínimo seis meses (prometido
por el ministro Mugica), los que con un poco de suerte se convierten en
diez (11). Es decir, en lo que lleva corrido
del 2002, prácticamente ningún inmigrante ha visto satisfechas
sus expectativas.
Si antes la política de entrada y de visado
era restrictiva, ahora es peor. El derecho de reagrupación familiar
solo se reconoce al "residente" no al familiar reagrupable, eliminándose
la posibilidad de reagrupar por razones humanitarias. Atentado claro para
un pueblo como el colombiano, que en masa llegan a España huyendo
de la guerra civil que enfrenta su país. El inmigrante carece de
derechos políticos, estableciéndose restricciones a los derechos
de asociación, sindicación y manifestación, al mismo
tiempo que con mucho boato se reconoce "la igualdad" con los españoles.
La ley, de claro efecto criminógeno, potencia el tráfico
de mano de obra, permitiendo que los inmigrantes se conviertan en verdaderos
esclavos de los empresarios, y a la vez, restringe el derecho de circulación
en el territorio español y fomenta la delación de los ilegales.
Un taxista fue detenido por transportar a extranjeros de una ciudad a otra,
sin saber que eran ilegales, porque con la nueva ley es su obligación
solicitar la documentación a esta clase de personas antes de efectuar
cualquier transporte.
Se promueve, desde el poder, una política
xenófoba, se obliga a un trabajador a denunciar a otro trabajador.
Se pretende destruir, desunir racialmente a la clase obrera, para que la
miseria y la explotación sigan globalizándose. ¿Quiénes
son sino estos "indeseables" inmigrantes los que han producido la riqueza
de las más de 200 empresas que existen en España?. Las políticas
de inmigración no son sino un eslabón más en la cadena
de la explotación, y como sucede en toda ella, al que osa reclamar
sus derechos, es castigado. Para los extranjeros la palabra "prohibición"
es parte del idioma que aquí se aprende. ¿Es que está
todo prohibido salvo cruzarse de brazos y sentarse a esperar a que cualquier
día llegue la policía y nos deporte?.
Por último, en aproximadamente cinco años,
las dotaciones de las fuerzas represivas han aumentado sus controles, amparándose
en políticas de seguridad ciudadana de dudosa constitucionalidad.
Ya no es posible pasear a las diez de la noche por las calles sin encontrarse
a lo menos dos coches de policía haciendo rondas. Ya no es posible
ir por una carretera de noche sin ser registrado el coche por la Guardia
Civil, buscando algún dato que permita dar con el paradero de algún
"terrorista". La solicitud de documentación, los allanamientos personales
en búsqueda de estos datos, o simplemente de drogas, son pan de
cada día en el Estado español.
Nos encontramos pues, ante la manifestación
mas exacerbada de la crisis estructural por la que atraviesa un sistema
enfermo. Unos medios de comunicación que sirven a las directrices
del Poder, haciendo gala cada día de los "atentados terroristas"
y silenciando los testimonios y denuncias de quienes han sido detenidos,
torturados. Con un Gobierno y una clase política que hace caso omiso
de lo que pueda opinar Amnistía Internacional, Organismos dependientes
de Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos y el Comité
Contra la Tortura) o de Organismos dependientes del Consejo de Europa (Comité
Europeo para la Prevención de la tortura) que todos los años
emiten sus informes en los que critican la legislación antiterrorista
y a ese verdadero tribunal especial y político que es la Audiencia
Nacional. Cuesta encontrar la lógica a quienes en Chile se unen
al son de "Garzón, amigo, el pueblo está contigo".
Y por si fuera poco, nos encontramos con que este
mismo gobierno y clase política garantiza la impunidad de los tratos
crueles e inhumanos en las cárceles, como uno de los instrumentos
fundamentales en su estrategia de represión contra los "disidentes
violentos". ¿Dónde están, pues, la defensa de la paz,
la democracia y los derechos humanos como los principios que impulsan su
política frente a las aspiraciones populares?. El Estado social
y Democrático de derecho cava su propia tumba. Pienso que la "democracia"
que nos esgrime como ejemplo y se exporta a Latinoamérica ya no
puede ocultar su crisis de legitimidad.
Notas