Cuando Eduardo Zaplana era Presidente de la Comunidad Valenciana, el 21 de febrero de 2000 recibió en el Palau de la Generalitat al comandante guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, con honores dignos de un jefe de estado y las banderas de la Comunidad Valenciana, España y Colombia como fondo. En esta fecha Estados Unidos y la Unión Europea habían incluido ya al dirigente guerrillero en las listas de terroristas.

También en esta fecha, Eloy Velasco era Director de Justicia del Gobierno de la Generalitat, cargo de confianza y libre designación, inmediatamente inferior al de Conseller, en el que permaneció durante los gobiernos de Zaplana, entre 1995 y 2003,  hasta que fue destituido por el entonces Conseller de Justicia, Víctor Campos, por desavenencias con el que fuera secretario autonómico Fernando de Rosa.

El Gobierno de la Generalitat Valenciana, en el que Velasco ostentaba un cargo de primer nivel, recibió a una delegación clasificada como terrorista por los Estados Unidos, compuesta por los guerrilleros Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Iván Ríos, Simón Trinidad, Felipe Rincón y la portavoz internacional de las FARC, Olga Lucía Marín.

Como bien apunta Pascual Serrano, el Gobierno venezolano nunca ha recibido a "una delegación de ese nivel y tan numerosa"; sin embargo, Eloy Velasco se permite el desacierto de señalar al Estado venezolano como cooperador con ETA y las FARC, en base a unas pruebas obtenidas inválidamente, tanto en la legislación colombiana como española, testimonios de arrepentidos y lo más definitivo: la constancia de que un ciudadano venezolano de origen vasco, desterrado a Venezuela por Felipe González para facilitar un proceso de paz con ETA, ha sido funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Entonces, nos preguntamos:

¿Habría que acusar de colaboración con banda armada a Zaplana, por recibir a la guerrilla colombiana?

¿Tendría que ser procesado Eloy Velasco, por haberse producido ese encuentro con terroristas, cuando él era el máximo responsable de Justicia en la Generalitat Valenciana?

Tras la destitución de su cargo político Velasco volvió a la judicatura, actuando como titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, hasta que el Consejo General del Poder Judicial le designara para ocupar la plaza que había dejado vacante Juan Del Olmo en el Juzgado Central de Instrucción número 6; pero al parecer, desde este destino quiere continuar haciendo política, pues su lamentable auto es una intervención política: Sin levantar el secreto del sumario Velasco filtró el expediente a la prensa a sabiendas, suponemos, porque no dudamos de su inteligencia, de que iba a brindar a la jauría mediática la oportunidad de lanzar toda su artillería contra el Presidente Chávez, en su campaña internacional por derrocar al Gobierno Bolivariano, desde que éste decidiera que la soberanía nacional reside en el pueblo y no está sometida a los intereses neocoloniales.

¿Está sirviendo Velasco a los intereses de la Justicia? o simplemente, está sirviendo a los intereses políticos del Partido Popular en el nivel nacional y de la derecha más reaccionaria, en el nivel internacional.

La filtración a la prensa de un expediente donde no se imputa formalmente al Gobierno Bolivariano, sino que "se deja caer" su cooperación con ETA y las FARC ¿forma parte de una estrategia pactada para hacer ruido? y obligar a la Justicia venezolana a extraditar a una persona acogida legalmente y de la que no existen pruebas reales de que siga siendo miembro activo de ETA.

Nos perdonará el señor magistrado que dudemos, pero ante un auto indigno de un estudiante de Derecho y  su incursión de lleno en la guerra de cuarta generación, la confianza que le otorgó el gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, no podemos otorgársela los ciudadanos que consideramos a la Justicia como un instrumento para garantizar los derechos y las libertades públicas.

Fuentes: Elplural.com, Levante-EMV.com, pascualserrano.net, Blogderesiduos.