La aplicación progresiva de la Ley Resorte

En 2005, se sancionó en Venezuela la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), cuyo objeto fundamental es regular las emisiones de ambas categorías de medios masivos en función de valores asociados a los derechos humanos y organizar las franjas horarias de programación, de acuerdo al paradigma de protección del niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución y en la Convención de Derechos del Niño de la ONU. La aplicación de sus disposiciones ha sido progresiva, y sólo cinco años después, comienza a regular las emisiones de los canales que se emiten por las empresas de cable – llamadas cableras en Venezuela.

La noticia: aplicación de la normativa por parte de las cableras

La semana pasada, venció el plazo para que los canales que emiten por esa vía y que fueron calificados como servicios de producción nacional se adecuaran a las disposiciones de la ley – lo que significa entre otras cosas que deben registrarse como tales ante el organismo rector, y que durante sus emisiones, deben aplicar una serie de medidas, entre las cuales programar de acuerdo a los horarios regulados "todo usuario" y "supervisado"; especificar el tipo de producción emitida y de elementos que contiene; brindar herramientas de apoyo a usuarios y usuarias con discapacidad auditiva; limitar la transmisión de telenovelas a dos horas por franja, con adecuación de contenidos; transmitir el Himno Nacional a la medianoche, y transmitir mensajes y alocuciones oficiales (las denominadas cadenas nacionales).

El pasado sábado a la medianoche, las administradoras de los servicios por cable sacaron de sus parrillas a seis canales que no cumplieron con lo establecido en los plazos determinados por la normativa, y no podrán volver a ser emitidos hasta tanto no se adecuen a la legislación nacional. Uno de ellos es el archifamoso canal Radio Caracas Televisión (RCTV), que luego de que en 2007 se venciera su concesión de uso de espectro radioeléctrico, pasó a transmitir por cable.

Ante la aplicación de la normativa postergada, la directiva del canal argumenta que su programación es mayoritariamente internacional, por lo que no tiene obligación de plegarse a la Ley Resorte. Ya en 2007, al dar el paso al cable, se autodenominó “canal internacional” – a pesar de haber hecho mínimas modificaciones en su programación. Debido a que la norma se aplica en el marco de la Ley Resorte, cabe destacar que en los años previos a la extinción de su licencia para transmitir en abierto, RCTV acumuló numerosas denuncias por violación a la normativa, incluida una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que condenó a la empresa por transmitir pornografía. Desde entonces, su programación no ha sufrido mayores variaciones.

La cobertura en El País

Poco más de 24 horas después de la noticia, y cuando los diarios de oposición de Venezuela ocupan sus portadas en magnificar las protestas que ha generado la medida, el portal web ElPaís.com ha relegado la noticia a titular de segunda categoría de la sección de América Latina. De acuerdo a los acontecimientos, cabe esperar cambios en la decisión editorial de El País de restar importancia a lo que los operadores mediático políticos venezolanos de oposición están clamando como prioridad. No obstante, cabe conjeturar que en estos momentos se encuentran decepcionados y perplejos, ante la insensibilidad del diario madrileño con sus tribulaciones “en defensa de la democracia”.

Una interpretación posible para una decisión tan poco acorde con las aspiraciones de estos "sectores democráticos" venezolanos – y con la habitual saña con la que el diario de la transnacional Prisa suele cubrir los acontecimientos políticos en Venezuela – es la cautela de continuidad informativa. Como fue machacona, amarillística y ridículamente anunciado en su momento, y a lo largo del tiempo, ya "Hugo Chávez" “cerró” el canal RCTV hace tres años y medio. ¿Cómo explicar ahora al subconsciente programado de su audiencia habitual que – de nuevo – ha sido “cerrado”? ¿Qué fue, entonces, lo que pasó en mayo de 2007, clamaría sin duda el inconsciente del lector promedio?

A pesar de este sorprendente maltrato editorial, el diario no pierde ocasión de intervenir sobre la noticia, en sintonía con el tono de su cobertura sobre Venezuela. Como es habitual, el titular recoge con rigurosidad la nota al pie del libro de estilo del diario de titular cuanta noticia viene de Venezuela como responsabilidad única, directa e indeclinable del presidente venezolano – aunque cabe destacar que ahí concluye el rigor aplicado a la noticia:

Chávez corta la señal a un canal de televisión por no emitir sus discursos
El Gobierno venezolano ya prohibió la difusión en abierto del canal RCTVI en 2007

El titular principal simplifica hasta el absurdo la motivación legal que deriva en la salida condicionada del canal – al reducir a la negativa de emitir cadenas nacionales la amplia regulación de la ley que está siendo incumplida por los canales eliminados temporalmente de las parrillas de las cableras. Es como si se informara en titulares que un conductor que atropelló a viandantes mientras conducía borracho y por encima del límite de velocidad será juzgado por saltarse el semáforo.

La aplicación extendida del libro de estilo permite a su vez tensar al máximo la matriz subyacente a la táctica de endosar toda medida política del gobierno bolivariano a Hugo Chávez: el presidente en persona “cortó” la señal de RCTV porque no emitía “sus discursos”. Es decir, una medida derivada de la exigencia de cumplimiento con la legislación vigente, se convierte en una rebatiña de un presidente caprichoso – cuando el concepto en juego, sin duda sometible al debate, son las transmisiones de las cadenas nacionales.

Finalmente, el subtítulo de la noticia convierte la decisión de 2007 de no renovar una concesión de uso del espectro radioeléctrico caducada – por lo demás, de dudosa legitimidad – en una “prohibición” de emisiones en abierto. Si bien la medida de no renovación de la concesión derivó en la lógica prohibición de su uso, el gobierno no tomó ninguna decisión de “prohibir” las emisiones, sino que hizo uso de su potestad de administrar el espectro. La prohibición de emisión en abierto deriva de la legislación, que “prohíbe” invadir el espectro radioeléctrico a cualquier empresa comunicacional que no tenga una concesión para su uso – como sucede en la mayoría de países del mundo.

La cobertura en Público

Público.es, la web del otro diario madrileño autodenominado progresista, sigue de cerca los pasos de Prisa en materia de manipulación informativa (que no de opinión) de todo lo relativo al proceso bolivariano. Este otro diario, mucho más honesto en su cobertura de otros procesos latinoamericanos contemporáneos, tampoco cubre el asunto en la portada de su página web – y de hecho, recoge la noticia en su sección internacional, en un ejercicio de replicación de estrategia bastante habitual en ambas redacciones en relación con Venezuela.

En el caso de los de Servimedia, no aplica el "principio de cautela de continuidad informativa", pues el diario abrió sus papeles en 2008, casi un año después de que el gobierno venezolano decidiera la no renovación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico del canal golpista RCTV. Por ello, su equipo editorial no tuvo ocasión de informar de la noticia. Sin embargo, la lectura del titular secundario da pie a una interesante interpretación de la decisión editorial del joven diario: sus responsables parecen querer recuperar el tiempo perdido.

Hugo Chávez cierra la cadena privada de televisión RCTV
El Gobierno venezolano decide no renovar la licencia del canal por cable, que desaparece de la programación.

En primer lugar, Público informa de la noticia con un titular inaplicable a la noticia – se afirma que el canal ha sido “cerrado”, cuando lo que ha sucedido es que ha desaparecido de las parrillas de las cableras venezolanas, en tanto no cumpla con la ley aplicable a su condición de servicio de producción nacional. RCTV puede seguir emitiendo en cuanta cablera de otros países se interese por sus servicios – y con certeza, lo seguirá haciendo en cableras de Miami. En este aspecto, la intensidad de la manipulación decidida por el equipo editorial de Público supera la aplicada por el veterano El País, quien informa de “corte de señal”.

Asimismo, Público reitera cuidadosamente el ejercicio de utilizar en titulares a Hugo Chávez como el responsable directo y ejecutor de todo cuanto acontece en Venezuela – una práctica escrupulosamente seguida, al menos en la página web del diario, en su reciente cobertura de los acontecimientos en el país caribeño.

En segundo lugar, Público acompaña el titular con un subtítulo en el que mezcla la actualidad con el eco imperfecto de la noticia de 2007, al afirmar que el inexistente “cierre” al que hace referencia el titular se produjo por la presunta decisión de “no renovar la licencia” del canal por cable. Además, el diario convierte al gobierno en dueño de las cableras privadas de Venezuela – al ser éste quien aparentemente tomó la decisión de “no renovación”.

Si bien por su juventud Público no está en condiciones de pretender “actualizar” a su audiencia en relación con el tratamiento sobre la extinción de la concesión de uso del espectro de RCTV, y por ello no tiene necesidad de aplicar cautela sobre una matriz inoculada entonces, cabe conjeturar que el objeto de la mesa editorial del diario es la aplicación de un principio asociado, que podríamos denominar de “actualización compulsiva de programación análoga de su audiencia”. Dado que el diario no existía para cuando se dio la noticia original, ¿por qué no “renovarla” ahora? Al fin y al cabo, sus lectores de hoy se perdieron la cobertura de la noticia original en su nuevo diario.

Si se hubiera tratado de un titular retrospectivo, cabría reconocerle al equipo editorial su encomiable veracidad – pues lo que sucedió hace tres años fue exactamente lo que el subtítulo de la noticia refiere en relación con la licencia de uso del espectro radioeléctrico. No obstante, en aquella ocasión, la no renovación no la decidieron las cableras, sino el único administrador legítimo del uso del espectro radioeléctrico – el Estado venezolano y su gobierno democrático. El mismo que se tomó cinco años para reglamentar la Ley Resorte, y para poner a valer sus disposiciones en el ámbito de las cableras.