El editorial de ayer es un buen ejemplo de cómo no son los hechos sino una imagen prefabricada la que lleva a interpretar y falsear los hechos
Así construye "El País" la imagen de dictador de Chávez
Javier Adler, Rebelión. 13 de abril de 2009

 

El último editorial de El País (12/4/09) es un buen ejemplo de cómo no son los hechos los que llevan a la imagen de Chávez sino una imagen prefabricada la que lleva a interpretar y falsear los hechos. El principio básico es presentar como anormal y propio de una dictadura totalitaria lo que se consideraría normal y legítimo en cualquier otro país.

El editorial se titula “El rumbo de Chávez”, lo que ya muestra que la atención se centrará en Chávez, no en el gobierno, las instituciones o el pueblo, sino en una persona. Ésta es una premisa necesaria para construir su imagen de dictador, centrar cualquier acción de gobierno o judicial en su persona. A partir de aquí se concluye, fácil y circularmente, la típica acusación de que Chávez concentra todo el poder en sus manos.

El subtítulo del editorial dice “El régimen venezolano combina la existencia de elecciones con la persecución de opositores”. Régimen es un término reservado para los gobiernos autoritarios, por eso nunca leeremos “el régimen de Zapatero” o “el régimen de Obama”. Sobre la persecución de opositores, es una expresión típicamente utilizada por los propios opositores, que este medio de comunicación hace suya. Por ejemplo, en el caso de España es frecuente escuchar por parte del PP y medios afines que están siendo perseguidos por Zapatero. [1]

Entrando en el texto del editorial, leemos

“La detención del general Raúl Baduel es sólo el último episodio del progresivo acoso del presidente Hugo Chávez a la oposición política, ...”

Estaríamos, por tanto, no ante un hecho aislado sino ante una campaña sistemática de Chávez para eliminar la oposición, algo que nuevamente sólo cabe en una dictadura política, no en un estado de derecho. Además, el diario mezcla aquí otras cuestiones personales, ya que Baduel, tras abandonar el ejército, “críticó la deriva autoritaria del régimen venezolano” y así “dejó de ser el camarada que le había salvado de los golpistas y pasó a convertirse en traidor”. De modo que no estamos sólo ante un dictador que no puede tolerar una oposición sino ante un tirano rencoroso llevando a cabo una venganza personal.

Sólo en el segundo párrafo del editorial aparece el único dato contrastable, lo que debería dar la clave a cualquier lector crítico:

“Baduel se encuentra internado preventivamente en esta prisión, acusado de delitos supuestamente cometidos durante sus dos años como ministro de Defensa de Chávez”

Los delitos son concretamente de corrupción, “sustracción de gran cantidad de dinero” según las palabras del fiscal [2]. Este hecho, un proceso por corrupción, sería algo corriente en la mayoría de los países, pero que en el caso de Venezuela se reviste de una interpretación tan tendenciosa como carente de base empírica:

“Su encarcelamiento parece una artimaña jurídica, en la medida en que la justicia no ha logrado por el momento establecer los cargos concretos que se le imputan y la detención preventiva dictada contra él para evitar un improbable "riesgo de fuga" concede a la acusación 30 días, ampliables por otros 15, para hacerlo.”

Aquí el periódico se otorga la autoridad para juzgar y cuestionar un proceso judicial, pero sin dar el menor argumento. Así, no se explica por qué la sustracción de fondos no es un cargo lo bastante “concreto”, ni por qué se considera que la fuga es “improbable” [3] Sencillamente, son cosas que deben aceptarse para encajar con la imagen ilegítima del gobierno de Chávez. De otro modo, como dije antes, se convierte en un caso ordinario de corrupción.

En el mismo tono se describen otros procesos judiciales:

“El régimen venezolano no sólo hostiga al general Baduel, sino también a otros opositores: el ex candidato presidencial Manuel Rosales y los gobernadores de Miranda, Táchira o Carabobo. También al periodista Teodoro Petkoff, a quien se acusa de no haber pagado los impuestos de sucesiones en 1974.”

En el caso de Petkoff, es notable que se califique de hostigamiento un proceso de fraude fiscal, que tiene su origen en 1974, al morir la madre de Petkoff, pero se prolonga durante las décadas siguientes [4]. En cuanto a Rosales, uno de los firmantes “por error” del gobierno golpista de 2002 [5], y a pesar de ello candidato presidencial en 2006, lleva semanas desaparecido y ausentado de su alcaldía [6] . El editorial no comenta si aquí también considera “improbable” la fuga. Sobre los otros gobernadores, se trata de casos totalmente distintos entre sí [7] de los que El País no da la menor información [8], con lo que el lector difícilmente puede sacar una conclusión propia.

El editorial sigue desarrollando su teoría conspirativa,

“Chávez está poniendo poco a poco al servicio de su revolución bolivariana hay que contar las Fuerzas Armadas. En este caso no se trata sólo de someterlas, desactivando su eventual potencial de resistencia. El propósito de Chávez parece ir más lejos, sustituyéndolas por un cuerpo de voluntarios que cumplirían las funciones tradicionales del Ejército, aunque desde una fidelidad absoluta a su persona.”

Nada de esto es original, pues encontramos los mismos tópicos desde que Chávez subió al poder en febrero de 1999. He aquí algunos ejemplos antiguos de editoriales de El País:

“indisimulada ansia de poder” (3/2/99)

“parece querer hacer caso omiso de la separación de poderes para concentrarlos todos, o casi todos, en su persona” (26/6/99)

“De la mano del presidente Hugo Chávez, respaldado abrumadoramente por el electorado, desde el jueves ha quedado eliminado el poder judicial independiente propio de todo sistema democrático.” (21/8/99)

“Chávez ha barrido a los antiguos partidos y se ha quedado con todo el poder” (17/12/99)

Finalmente, se trazan los supuestos paralelismos entre el gobierno de Chávez y otros “perfectamente totalitarios”:

“Para alejar las acusaciones de dictador, Chávez alega sus victorias electorales y el respaldo mayoritario en los referendos que han abierto la puerta a algunas de sus medidas más autoritarias. El chavismo dice estar dispuesto a respetar las urnas, pero sólo después de emplear todos los medios del Estado para impedir que la oposición pueda vencer. Pero el argumento no vale: regímenes perfectamente totalitarios ha habido que han salido de las urnas y han ganado referendos.”

Aquí hay varios puntos a comentar. Primero está la contraposición entre dictadura y elecciones, que El País presenta como una “alegación” cuando se trata de algo fundamental. Sencillamente, una dictadura que periódicamente convoca elecciones libres y avaladas por los observadores internacionales, no es una dictadura. En el caso de Chávez, ha ganado una decena de elecciones desde las primeras en 1998, y también perdió una en el referéndum constitucional de 2007, lo que aceptó sin ningún problema.

Segundo están las supuestas medidas autoritarias, de las que el diario no da ningún detalle. Aquí lo que procedería sería explicar cuáles son y por qué se consideran autoritarias, pero por encima de eso importa si están ajustadas a la legalidad o no, esto es, a la Constitución que aprobó el pueblo en 1999. Por otra parte, si aun siendo legales a los venezolanos no les gustaran, siempre pueden apartar a Chávez del poder en las siguientes elecciones. Más aún, lo pueden hacer a mitad de mandato en un referéndum revocatorio, algo que sólo existe en Venezuela. Pues hubo un referéndum revocatorio en 2004 que ganó Chávez ampliamente y elecciones presidenciales en 2006 que ganó aún más ampliamente [9], y todo ello, hay que insistir, avalado siempre por los observadores internacionales. Así pues, a uno le puede gustar más o menos el gobierno de Chávez, pero no cabe dudar de su legitimidad democrática.

Tercero tenemos la acusación de que se utilizan “todos los medios del Estado para impedir que la oposición pueda vencer”. Esto es absurdo desde el momento en que los procesos electorales siempre han sido limpios y reconocidos internacionalmente. Además los medios de comunicación son mayoritariamente privados y contrarios a Chávez, e incluso en 2006 se permitió la candidatura de un golpista como Manuel Rosales. El País debería explicar de qué está hablando exactamente, si es que pretende un mínimo de seriedad.

Por último, el diario dice que el argumento no vale, porque “regímenes perfectamente totalitarios ha habido que han salido de las urnas y han ganado referendos”. Quisiera saber de qué regímenes está hablando. Si se refiere al nazi, su mejor resultado antes de tomar el poder fue de un 37% de los votos, y una vez en el poder ya no hubo elecciones libres. Si habla de otro, que sea el diario quien diga cuál y que explique sus contrasentidos.

Resumiendo, la imagen de Chávez como dictador no proviene de los hechos sino que es una premisa con la que se trabaja y en función de ésta se interpretan los hechos. En el caso que hemos discutido, los procesos judiciales se interpretan como estrategias para eliminar a los críticos y opositores. Pero para ello debe aceptarse previamente que la justicia está por completo en manos de Chávez y a su servicio. Y ahí es donde entra en juego un principio que enunció cierto miembro de un régimen perfectamente totalitario, y que muchos medios aplican al pie de la letra: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.