El que un guerrillero muera en combate en una selva, de un lado u otro de cualquier frontera es un riesgo calculado y de cierta manera un hecho tan natural como el que jóvenes de cualquier país se interesen e incluso se sumen a este tipo de lucha. Otra cosa es que se les ultime en nombre de exóticas doctrinas de seguridad como le ha ocurrido con un grupo de estudiantes mexicanos.

En relación con el reciente incidente ocurrido cuando las tropas colombianas violaron la frontera de Ecuador, el presidente de ese país fue claro y consecuente: "En Ecuador no existe la pena de muerte. Nadie, por ninguna razón puede ser ejecutado allí y quien lo haga comete un asesinato."

Eso fue exactamente lo que hicieron las tropas colombianas que además de bombardear e ingresar ilegalmente en territorio ecuatoriano, ultimaron a algunas personas, incluso inermes y con las manos levantadas. Que fueran o no guerrilleros, colombianos, mexicanos o de cualquier otra nacionalidad no disminuye la culpa de quienes los mataron.

Según preceptos proclamados desde la época en que se fundaron las doctrinas jurídicas de la Era Moderna, existe el derecho de rebelión, muchas veces invocado por los pueblos y sus vanguardias para combatir contra la injusticia y la opresión. Mandela y Fidel Castro fueron en su tiempo encarcelados por rebelarse contra la injusticia como Miguel Hidalgo fue ejecutado sin que la historia haya justificado a sus verdugos.

Las guerrillas en Colombia, como en su tiempo lo fue la resistencia en Europa ocupada o como ahora ocurre en Afganistán o Irak, son fuerzas irregulares, gente con razones suficientes para tomar las armas y arriesgar su vida por una causa en la que creen. Los guerrilleros de ayer, como los de hoy operan al margen de la ley porque cambiar un orden que estiman injusto es el cometido de su lucha. En su tiempo Pancho Villa y Sandino fueron acusados de cuatreros.

Si bien un movimiento guerrillero pudiera ser criticado por traspasar la frontera de su país o ocultarse en una selva extranjera, su culpa no puede ser equiparada a la de un Estado que ordena a su ejército violar la soberanía nacional de un país vecino y cruzar sus fronteras, mucho menos bombardear su territorio, hacer prisioneros o ajusticiar a personas, incluso después de haberse rendido.

No existe ningún retruécano jurídico ni ningún leguleyo puede explicar o justificar el ajusticiamiento de estudiantes mexicanos en suelo ecuatoriano por tropas colombianas, ni siquiera en el supuesto de que hubieran formado parte de las FARC o se hubieran sumado a las fuerzas que combaten al gobierno oligárquico de Álvaro Uribe.

Afortunadamente no se han impuesto todavía doctrinas jurídicas ni concepciones políticas que criminalicen el idealismo de los jóvenes ni hay manera de impedir que su interés por conocer la realidad de otros países los lleve a involucrarse en arriesgadas aventuras y en románticos esfuerzos de liberación nacional y social.

Resultaría en extremo difícil e impropio, excepto para rendirles homenaje o saludar su desprendimiento, hacer el inventario de los luchadores latinoamericanos que han combatido por la causa de otros pueblos. En cualesquiera de nuestros países, incluyendo a México, Colombia, Ecuador y Venezuela, para mencionar sólo a los involucrados en el contencioso actual, han luchado y caído curtidos combatientes y bisoños revolucionarios de otras naciones.

Al excusarse con el gobierno del Ecuador, las autoridades colombianas hicieron lo correcto y solucionaron un incidente diplomático, hecho que de ninguna manera los exime de su responsabilidad por los delitos cometidos en territorio de Ecuador, especialmente por la muerte de personas, entre ellos varios jóvenes mexicanos.

Se trata de un hecho de gravedad extrema que, para evitar que se convierta en precedente, debiera ser investigado juzgado por las autoridades y tribunales competentes, cosa que sin dilación y con toda legitimidad debiera reclamar el gobierno mexicano.

No es la primera vez que Colombia, imitando a los Estados Unidos e Israel, opera en territorio de otro país. Es preciso impedir que la doctrina de fuerza implantada por Estados Unidos que proclama su derecho de atacar lo que llama "rincones oscuros del mundo", se convierta en una regla de las relaciones entre los países latinoamericanos.

La discusión de si los jóvenes mexicanos o de otras nacionalidades muertos o apresados en Ecuador eran o no guerrilleros, a los efectos del respeto que merecen sus vidas, es irrelevante y su muerte es un crimen que debe ser inequívocamente condenado.