“Es un líder populista. Lo maneja Chávez. Viene del mundo sindical y cree todavía en la estatización de la economía. No entiende la importancia de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones… Bolivia va camino de convertirse en un Estado Petrolero. El Movimiento al Socialismo (MAS) utiliza los recursos del petróleo para mantenerse en el poder…”. Opiniones como ésta sirven a menudo para explicar los cambios sucedidos en Bolivia en los últimos años, pero ¿son verdad? La pregunta cobra actualidad en el marco del XIX Congreso Mundial del Petróleo, que se celebra en Madrid del 29 de junio al 3 de julio. Un espacio que reúne a los magnates del lobby petrolero, directivos de transnacionales que conocen de sobra los motivos de Evo Morales para nacionalizar.

Las reservas de gas natural de Bolivia alcanzan 54,9 trillones de pies cúbicos, las segundas mayores de la región. En la última década, se convirtió en exportador de gas natural a Argentina y Brasil. Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y gas licuado, derivados del petróleo que debe importar de sus vecinos. En 1996, Sánchez de Lozada privatizó Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPFB) y redujo la tributación del sector hasta niveles desconocidamente bajos en la región. Troceó y vendió la empresa pública a precio de gallina muerta con el argumento de incentivar a la inversión extranjera y dinamizar la economía del país.

Pero la privatización estuvo llena de trampas. Las petroleras extranjeras afloraron reservas multimillonarias de gas no computadas, evadieron el pago de impuestos, abandonaron la inversión en refino y se centraron en el área más rentable a corto plazo: la exportación de gas natural. El descenso de la renta petrolera (los ingresos recaudados por el fisco al sector de hidrocarburos) contribuyó a debilitar aún más al Estado, que perdió capacidad de control. ¿Cuál fue el resultado? La profundización del patrón primario-exportador de la economía y la institucionalización de la corrupción. Una historia repetida una y mil veces.

A principios del siglo XXI, la crisis económica disparó los índices de pobreza. El país se sumió en una oleada de conflictos sociales en torno a la tierra, la coca, el agua, los servicios básicos y los planes de libre comercio. Durante la crisis, las petroleras extranjeras no dejaron un día de rentabilizar sus inversiones. A costa de provocar graves impactos sociales y ambientales, que afectaron especialmente a los pueblos indígenas. Repsol, Petrobrás, Total, y el resto de petroleras, fueron objeto de una larga lista de denuncias: vertidos tóxicos, bombeo ilegal de agua, alteración de acuíferos, tala de cursos fluviales y explosión por venteo ilegal de gas. Se produjeron incluso accidentes mortales. La creciente presión motivó que las transnacionales tuvieran que pagar compensaciones por sus daños.

Una consigna se extendió entre los movimientos sociales: “No a la venta del gas”. Tras el expolio de la plata, el caucho o el estaño, el gas aparecía ahora como el último recurso, el último vagón de la historia para salir de la pobreza. El recuerdo de las nacionalizaciones de 1937 y 1969 se convirtió en referente de movilización. Un clamor popular se apoderó de las calles con miles de pintadas: “Nacionalización ¡Ya!”. Ajeno a la dimensión de la protesta, Sánchez de Lozada reprimió los bloqueos y marchas con violencia. Militarizó El Alto. En octubre de 2003, la denominada Guerra del Gas se cobró 65 muertes y más de 200 heridos. Los movimientos sociales no cedieron. “Sin gas no hay paz”. El gobernante tuvo que renunciar y huir del país en un vuelo de American Airlines.

En las elecciones de 2005, el MAS presentó un programa muy simple: nacionalización del gas y Asamblea Constituyente. Ganó con un 54% de los votos. El 1 de mayo de 2006 el Ejército ocupó simbólicamente el pozo de San Alberto, y Evo Morales decretó con megáfono la creación del Impuesto de Hidrocarburos (IDH), que elevaba la tributación del sector del 18% al 50%. La imagen dio la vuelta al mundo. El Gobierno boliviano explicó que su voluntad no era confiscar, sino dialogar y renegociar los contratos con las transnacionales: “Socios y no patrones”. Pese al endurecimiento fiscal, diez petroleras alcanzaron un acuerdo. No se fueron del país.

Los resultados económicos de la nacionalización han sido positivos. La renta petrolera se multiplicó por tres en dos años, al pasar de 539 millones de dólares en 2004 a 1.634 en 2006 (nada menos que del 6,1% al 14,7% del PIB). Y el país rompió su dependencia de la cooperación internacional. ¿Pero en qué se ha invertido la renta petrolera? En infraestructuras rurales, pensiones no contributivas, ampliación del seguro de salud… “El Bono Juancito Pinto viene de la Madre Tierra”. Con estas palabras pronunciadas en un colegio, Morales ligó el bono educativo para combatir la deserción escolar al cobro del IDH. Una ayuda de 25 dólares para todos los alumnos de primaria en escuelas públicas.

Los organizadores del Congreso Mundial del Petróleo eligieron un lema para reconciliarse con la opinión pública. Un mundo en transición: suministrando energía para un crecimiento sostenible. Además, incluyeron un espacio expositivo de Responsabilidad Social, una carpa donde se muestran proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el desarrollo comunitario… ¿pero es eso posible? ¿Pueden las petroleras responsabilizarse de la exclusión social y económica? Al menos en Bolivia, el negocio del petróleo, puesto en manos de las transnacionales, ha sido causante de pobreza y concentración de la riqueza. Los movimientos sociales han articulado un Encuentro Social Alternativo al Petróleo, con el fin de denunciar el laberinto de problemas sociales, políticos y ambientales que genera el lobby petrolero en el mundo.

www.NoMasSangrePorPetroleo.org

[*] Antonio Rodríguez-Carmona es miembro del Espacio Social Alternativo al Petróleo (ESAP)