Como una ecuación directamente proporcional, en Venezuela la oposición se desespera y apuesta a la tremenda en la misma medida en que ve alejarse sus posibilidades de cambiar el mapa político del país en las elecciones regionales del 23 de noviembre próximo y deja caer nuevamente las caretas de "demócratas" para enseñar su verdadero rostro: el de terroristas y golpistas.

Empeñados en recalentar el escenario nacional, la derecha venezolana se ha propuesto teñir a octubre de sangre con la implementación de planes magnicidas y desestabilizadores para frenar los comicios regionales en los cuales, según reiteradas encuestas, aparecen como favoritos los aspirantes por el Partido Unido de Venezuela (PSUV), quienes encabezan las preferencias del electorado en19 de las 22 gobernaciones en disputa. Cifras similares se repiten en la liza para los cargos de alcaldes y las legislaturas regional

Obnubilados por la pírrica victoria alcanzada en el referendo para la reforma constitucional de diciembre último, asumieron equivocadamente que el apretado resultado era consecuencia de un debilitamiento de la Revolución Bolivariana y se lanzaron sin medir fuerzas a pregonar un seguro triunfo con vistas a los comicios regionales hasta que algunos, en un pasajero y fugaz arranque de cordura, se percataron de que la pelea en las urnas no los favorecería y, rápidamente se dieron a la tarea de organizar un Plan B, cuya principal estrategia pasa por la aplicación del terrorismo en todas sus formas, desde las calificadas por ellos como las más blandas como las guarimbas (desmanes callejeros, desobediencia civil, etc), hasta los planes de magnicidio y el golpe de Estado.

Una vez más cuentan con su principal aliado local, los medios privados de comunicación, encargados del trabajo sucio de la manipulación y la fabricación de matrices de opinión que puedan caldear los ánimos de la opinión pública nacional e internacional y provoque la siempre anhelada intervención del poderoso vecino del Norte deseoso de acudir a "poner orden".

A poco más de un mes para las regionales y con un evidente incremento de la efervescencia revolucionaria en todo el país, el viejo dilema de la oposición burguesa venezolana de sumarse al juego electoral o utilizar sus siempre a mano cartas antidemocráticas parece haberse disipado a favor de esta última.

Las últimas revelaciones del involucramiento de un pequeño grupo de militares retirados y en activo pero sin mando de tropa en planes magnicidas con apoyo de Washington, dejó al descubierto " la condición consular, dependiente y digitalizada desde afuera" de la oposición venezolana, como la calificara el periodista José Vicente Rancel, quien ha recibido fuertes amenazas por su condición de ex presidente de la República y firme aliado del proceso revolucionario.

Fue Alberto Federico Ravell, presidente de la golpista televisora Globovisión, quien le pidió a Rangel que todas las noches al acostarse recordara a Danilo Anderson (el fiscal asesinado) en lo que no puede interpretarse de otro modo que como una amenaza de muerte contra el ex Vicepresidente.

El hecho se produjo durante una conversación telefónica hecha por Ravell a Rangel para discutir con éste una foto difundida durante su programa en la que el directivo de Globovisión aparece junto a los golpistas Pedro Carmona y el ex alcalde Mayor, Alfredo Peña.Elemento que junto a otras pruebas están en manos de la comisión de la Asamblea Nacional venezolana que investiga pormenores del referido Plan B de la contrarrevolución en el país.

El detonante de la investigación seguida por la referida comisión de la que está al frente el diputado Mario Isea, fueron las revelaciones hechas en el programa La Hojilla que trasmite el canal Venezolana de Televisión (VTV), donde se presentaron grabaciones en las que militares retirados hablan de la planificación no sólo de un golpe de Estado sino de un magnicidio.

Los militares grabados son el vicealmirante Carlos Alberto Millán Millán (ex inspector general de la Fuerza Armada Nacional), el general de la Guardia Nacional Wilfredo Barroso Herrera, ex jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional y el general de brigada de la aviación Eduardo Báez Torrealba, quien estuvo involucrado en el golpe de abril del 2002.

Según la fuente, a uno de los militares se le escucha decir: "Aquí el objetivo es uno solo: vamos a tomar el Palacio de Miraflores, las plantas televisoras (.) todo el esfuerzo hacia donde está el señor (se refieren a Chávez). Si está en Miraflores, hacia allá todo el esfuerzo".

En días recientes se revelaron vínculos internacionales con los planes golpistas y magnicidas en los que estarían involucrados paramilitares colombianos con el entusiasta apoyo, según esas revelaciones, del ministro de Defensa del vecino país, Juan Manuel Santos, quien ha devenido un vehemente crítico del presidente Hugo Chávez y del proceso que lidera.

Entre los nuevos implicados se encuentran el mencionado Ravell y el propietario del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, así como el empresario Nelson Mezerhane, y otros políticos agrupados en organizaciones que han sido desplazadas del poder por el voto mayoritario del pueblo.

Como integrantes o cómplices del Plan B fueron detenidos Hernán Rincón y Otto Conde, a quienes se les ocupó en el estado de Zulia,-gobernado por el opositor Manuel Rosales-, un cañón portátil Carl Gustav, proyectiles y pistolas, los que se presume serían utilizados en el intento de magnicidio. A Rincón se le ocupó, según fuentes de la comisión investigadora, un telefóno móvil en el que están registrados teléfonos de opositores, entre ellos el del gobernador Rosales.

Asimismo, fueron ocupados por efectivos de la Guardia Nacional en el estado de Falcón una subametralladora HK calibre 9 milímetros y dos fusiles automáticos M16 calibre 5,56 milímetros, así como una escopeta automática, dos teléfonos satelitales, un radio UHF y 250 cartuchos.

En Aragua, cuyo gobernador es el opositor Didalco Bolívar, igualmente fueron decomisados 1002 revólveres calibre 38, treinta subametralladoras HK, 389 pistolas Glock, parque que debió ser destruido por haber sido dado de baja en la policía regional y no lo fueron.

El propio Mario Isea declaró a la prensa que "estamos estudiando las conexiones del decomiso de armas en la policía de Aragua con los planes de magnicidio en los cuales están involucrados factores internacionales, militares activos y retirados, actores civiles entre los que hay políticos con doble agenda, dueños de medios y empresarios políticos".

En la misma dirección se cocinan planes en los que se presume estará involucrada la alta jerarquía de la Iglesia Católica y cuya tarea será la de difundir mensajes en misas, reuniones de colegios católicos y misiones en diversos lugares del país para incitar a la población a movilizarse contra el gobierno.

Las elecciones regionales del 23 de noviembre próximo serán sin duda un balón de ensayo de las presidenciales por venir y un termómetro para medir las fuerzas con que cuenta el proceso revolucionario y su disposición a profundizar el proceso.

Los días hasta entonces serán quizás los más difíciles y peligrosos porque a la oposición se le acaba el tiempo. Arrinconados por sus reiterados fracasos no se tocarán el corazón para provocar el caos y la muerte si fuera necesario, ya lo han hecho en otras ocasiones.

Por tradición, con excepción de las presidenciales, los comicios regionales no despiertan el compromiso del electorado de acudir a las urnas con la masividad necesaria. Toca a las fuerzas bolivarianas profundizar el trabajo hombre a hombre, elevar el nivel de conciencia política de las masas y construir aceleradamente la unidad tan necesaria en momentos definitorios como el que se les avecina.

Latinoamérica no espera menos de los herederos del Libertador que defender en las urnas la obra gigantesca levantada en estos casi nueve años de Revolución a favor de la inmensa mayoría del pueblo.