Fue aprobada la Ley que elimina la posibilidad de una nueva conspiración alimentaria. La lucha contra la especulación y el acaparamiento ha sido neutralizada. De esta manera se garantizan los derechos consagrados en la Constitución.

Organizar y ejecutar atentados contra la democracia venezolana ha sido cosa común y corriente en los últimos años. Esto aprovechando el respeto que la Revolución Bolivariana tiene por los derechos humanos y las libertades públicas.

Tal situación ha sido interpretada como debilidad del Gobierno por los líderes golpistas que instigados por Washington desatan todo tipo de conspiraciones. La más reciente fue el acaparamiento de alimentos de primera necesidad. Acción aplastada por el Gobierno Nacional con las armas del Derecho y la Justicia.

Atrás había quedado el golpe de Estado del 11-A; las masivas marchas subversivas disfrazadas de protesta, el sabotaje petrolero, los boicots aéreo, marítimo y terrestre, las guarimbas, la invasión de paramilitares colombianos, el alegado fraude en un transparente referéndum revocatorio, la abstención en los comicios parlamentarios, la campaña contra las elecciones presidenciales del 3-D en las que fue reelecto al presidente Hugo Chávez Frías.

Millonarios hacendados; dueños de mataderos, de frigoríficos, de supermercados y abastos, de flotas de vehículos transportistas de alimentos, se confabularon para dar inicio a una serie de actividades, con el propósito de acorralar por hambre al pueblo, a través de una acción conspirativa, cuyo objetivo era echarle la culpa de la escasez al Gobierno.

Desabastecimiento que, según sus cálculos, provocaría el descontento y la ira popular que estimaban desembocaría en protestas callejeras que culminarían con el derrocamiento de Hugo Chávez Frías.

Hace algunos meses, comenzaron lanzando un globo de ensayo. Desaparece el café de los anaqueles de los supermercados y abastos del país, y al observar cómo la medida arrojaba algunos resultados; apoyada, como todas sus acciones, por una campaña manipuladora y distorsionadora de la verdad, coordinada en complicidad con los dueños de algunos medios privados, se atrevieron a ampliarla.

Mediante una nueva ola de acaparamiento, prosigue la escasez ficticia de la leche, el azúcar, los huevos y otros productos de primera necesidad. Con ello se observa que está en marcha una nueva estrategia para desestabilizar a la Revolución Bolivariana.

Sin embargo, sólo la respuesta contundente dada por las autoridades a través de un gigantesco dispositivo de búsqueda por parte del Instituto Nacional de Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu), la Guardia Nacional y el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), permitió la solución parcial del problema.

Con el decomiso de toneladas de azúcar, leche en polvo y otros alimentos escondidos por los acaparadores en depósitos las autoridades colocaron, de inmediato, a la venta los alimentos en la red Mercados de Alimentos (Mercal) de todo el país.

La acción, lejos de desanimar a los golpistas, los hizo abrir un nuevo frente de su ofensiva conspirativa al desatar, primero, un abusivo aumento de los precios de la carne de res y otros productos de la dieta diaria, que alcanzaron un nivel tan alto que los hizo inaccesible al pueblo.

Cuando el Gobierno exigió respeto al control de los precios activaron la segunda etapa del plan: Desaparece” la carne de los abastos y supermercados y alegan que no obtienen con su venta los márgenes mínimos de ganancia requeridos.

Con paciencia y comprensión, los organismos competentes, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, para las Industrias Ligeras y Comercio, para la Agricultura y la Tierra y el Servicio de Administración Tributaria, entre otros, modificaron, nuevamente, la escala de precios de algunos alimentos.

Anuncio que no hizo más que aumentar la codicia de los productores, comerciantes y transportistas, quienes, haciendo caso omiso de la medida, continúan vendiendo los productos a los precios libremente fijados por ellos. Aducen, como siempre, que sufren pérdidas. Sin embargo, las autoridades han demostrado que las ganancias obtenidas por toda la cadena de comercialización es justa y razonable, sin llegar al extremo de la usura.

Pero, la conspiración no tenía marcha atrás. En un nuevo acto de arrogancia, soberbia e irrespeto a la Ley, algunos directivos de Fedecámaras, Cavidea, y de otras organizaciones privadas del país insistieron en su delictiva actitud. Declaran abiertamente su oposición a la regulación impuesta por el Gobierno Nacional.

Para ponerle fin a la situación y basándose en los poderes que le otorga la Ley Habilitante, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, respondió enérgicamente elaborando, con apoyo de los ministerios correspondientes, una Ley, aprobada esta semana por el Gabinete Ministerial, que acabará con todo el andamiaje de la conspiración alimentaria, restableciendo el orden sobre marasmo que habían establecido los golpistas con su confabulación, al adoptar ese instrumento jurídico, severas sanciones contra aquellos que la violen.

El anuncio lo hizo el jueves 15, al intervenir en su programa radiotelevisivo ¡Aló, Presidente!, cuya agenda ha sido ampliada y modificada, a fin de tener un mayor y directo contacto con el pueblo, evento en el que dio lectura a algunas cláusulas de la nueva ley, que penaliza con prisión y multas a los acaparadores y sus cómplices.

“A quien venda alimentos sometidos a control de precios en forma directa o a través de intermediarios a precios superiores a los fijados por las autoridades competentes”, -dijo Chávez al leer una de esas cláusulas- incurrirá en el delito de especulación y será sancionado con multas de hasta hasta 130 a 20.000 unidades tributarias, con prisión de 2 a 6 años”.

Asimismo, el novedoso instrumento jurídico ataca el contrabando de extracción y otros delitos que atenten contra la seguridad alimentaria del pueblo y otras acciones entre las que se incluye la inhabilitación de una persona natural o jurídica para ejercer el comercio.

De la misma manera y luego de explicar que este tipo de leyes están orientadas a crear bases hacia el Socialismo del Siglo XXI, reveló que el nuevo instrumento contempla otras penalizaciones: la intervención de establecimientos, el decomiso de los productos sometidos al control de precios y su cierre temporal por un máximo de 90 días, con la obligación por parte del patrono del pago del salario a los trabajadores y ordenar conductas necesarias para garantizar el abastecimiento.

Previamente, durante su alocución, el Jefe del Estado habló de las medidas de intervención que de acuerdo con la Ley, podrán aplicarse a algunos de esos elementos de la cadena de producción, distribución y comercialización y, al referirse a las declaraciones hechas horas antes por el Presidente de Cavidea, la organización que agrupan a los dueños de mataderos y frigoríficos del país, quien dijo que “Si no aumentan los precios habrá desabastecimiento, amenazando con cerrar sus propios establecimientos, como protesta por las medidas de regulación de precios.

¿Cerrar los mataderos?...¿Cerrar los frigoríficos?, preguntó el Mandatario nacional, para de inmediato expresar: Quien cierre un matadero o un frigorífico, cómo amenaza hacer ese señor, quien se cree que está más allá de la ley, yo se lo mando a tomar con el Ejército, la Guardia Nacional, la Aviación y la Armada, todas las instalaciones de Cavidea. No le quedará nada, a fin de asegurarle al pueblo los alimentos.

“En fin -manifestó luego de revelar otros aspectos importantes del instrumento jurídico cuyo borrador mostró- se harán algunos ajustes esta noche a la Ley, mañana Consejo de Ministros, aprobación de la Ley y su publicación en Gaceta Oficial.

Por eso, los analistas estiman que una vez más se equivocaron los conspiradores al ignorar a un pueblo que ha adquirido conciencia política y social. Consideran que se equivocaron igualmente al juzgar como débil a un proceso y a su líder, quien hace poco les había advertido sobre la inutilidad de sus acciones, al recordarles que, “El Chávez permisivo quedó atrás”, y que ahora ratifica con una Ley que elimina para siempre la posibilidad de una nueva conspiración alimentaria.