Cuando se cumplía el tercer día de la Operación Emmanuel, misión humanitaria que cuyo objetivo es rescatar a tres rehenes de las FARC: la que fuera candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista colombiana Consuelo González de Perdomo, la organización guerrillera comunicó al Presidente Chávez que no le era posible cumplir de inmediato con el compromiso de entregar a las personas retenidas, pues gobierno de Colombia había incrementado las operaciones militares en la zona, comprometiendo la seguridad de la operación.

Álvaro Uribe, presidente del gobierno de Colombia, aprovechó la suspensión de la operación para trasladarse a Villavicencio donde negó ante los medios la existencia "de combates en esa zona", y aseguró que la guerrilla no entregaba a los rehenes porque no tenía en su poder al niño, que estaría en Bogotá bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Operación Emmanuel acababa de ser abortada con un procedimiento propio de un telefolletín colombiano.

El anuncio bomba se hizo bajo la figura de hipótesis, pues no existían pruebas de la filiación de un niño que según Uribe habría sido llevado al ICBF por una familia, que a su vez lo habría recibido de unos indígenas; es decir, se aventuraba sin más pruebas que un niño albergado en una institución de beneficencia era el que se esperaba recibir de manos de la guerrilla, como si en Colombia sólo hubiese una o unas pocas personas bajo esas circunstancias. Tras soltar la bomba, anunció que se realizarían pruebas de ADN para corroborar dicha hipótesis

Las pruebas de ADN mitocondrial realizadas al niño albergado en Bogotá y a la madre de Clara Rojas, que entonces ya se encontraba en Caracas, pusieron de manifiesto que podría existir parentesco entre ambos; no obstante, conociendo los tortuosos procedimientos y la corrupción existentes en la administración colombiana, no se dio crédito al resultado de las pruebas hasta que las FARC confirmaron en un comunicado que Emmanuel y el niño albergado podrían ser la misma persona.

Pero las autoridades Colombianas no aclararon cómo llegó Emmanuel a dicho Instituto, ni por qué Uribe dejó que la operación se desplegara durante tres días, con la participación de observadores de los gobiernos de ocho países, además de los de Colombia y Venezuela, y la Cruz Roja Internacional, sin decir nada hasta el último día del año. Y no lo aclaró, porque ahora sabemos que la inteligencia militar colombiana conocía desde hacía bastantes meses que el niño no estaba con la guerrilla. Sería que al haberse iniciado el operativo el 28 de diciembre ¿quiso dar la inocentada al mundo?

En principio, en el comunicado hecho público en la web de ANNACOL, las FARC negaban las afirmaciones del presidente de Colombia, afirmando que no habían confiado ni confiarían la custodia de "un hijo suyo" al ICBF, porque desconocían a "todas las instituciones del Estado". Posteriormente, en el comunicado publicado el día 4 en la web de la Agencia Bolivariana de Prensa, el Secretariado del estado Mayor de las FARC denuncia que Emmanuel fue secuestrado por agentes del gobierno de Colombia; informa que el niño fue puesto "bajo el cuidado de personas honradas [en Bogotá] mientras se firmaba el acuerdo humanitario", para evitarle que estuviera en "medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva" y que el gobierno de Uribe lo habría sustraído a sus cuidadores, procedido con ellos de la misma forma que lo hizo con los correos humanitarios que en su día portaban las pruebas de vida de Ingrid Betancourt.

Para el Presidente Chávez, más allá de lo que pueda especularse sobre la forma y condiciones en las que fue hallado el niño “lo más importante es que Emmanuel está libre”, según lo expresó esto domingo en el programa Aló Presidente, donde además reiteró su disposición a continuar cooperando para conseguir la liberación del resto de las personas que las FARC mantienen en su poder. No obstante, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores emitió un comunicado pidiendo el esclarecimiento total de circunstancias en torno al caso.

Lo cierto es que hay suficientes evidencias para pensar que la campanada de Uribe, el último día del 2007, obedeció a un plan preconcebido entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos para abortar la operación de rescate y para cortocircuitar una vez más, la gestión humanitaria del Presidente Chávez, que estuvo siendo boicoteada desde el principio por el ejecutivo colombiano y estadounidense:

La red de radares instalada por Estados Unidos en Colombia y unos cuantos aviones espías del imperio del norte, estuvieron vigilando el espacio radieléctrico para determinar las coordenadas desde las que la guerrilla estaba emitiendo. Era ¿simple curiosidad? o ¿se preparaba un operativo militar sobre la zona? ¿Para cuando? Es de todos conocido, por operaciones anteriores, que gobierno colombiano prefiere a los rehenes muertos antes que liberados.

Paula Lugones, enviada especial a Villavicencio del Diario Clarín de Argentina,  afirma que desde el principio se desarrolló una estrategia de ruptura de la Operación Emmanuel: Primero quiso quebrar la cohesión de las delegaciones, separándolos físicamente en distintas fincas, para impedir se reunieran. Se sometió a los delegados a vigilancia constante, mediante la presencia militar "hasta en los lugares más privados" y el sobrevuelo permanente de la zona; en estancia donde se alojaba Kirchner, nos dice, "había micrófonos hasta debajo de la cama". El domingo por la noche el comisionado colombiano Luis Carlos Restrepo comunicó  a los delegados internacionales que no garantizaba su seguridad, especialmente la del ex Presidente argentino y la del comisionado brasileño Marco Aurelio García, amenaza que no quebrantó su unidad en cuanto a garantes de la operación, pero que levantó cierta alarma entre la población, sobre todo en Argentina.

Ciertamente, al gobierno de Colombia le molestan los testigos. Cuando son ciudadanos normales, o miembros de ONGs,  los persigue, secuestra, desaparece o asesina; cuando son delegados de otros estados o de organismos internacionales, impide el desarrollo de sus cometidos e intenta amedrentarlos.

Hernando López, del Semanario VOZ del Partido Comunista Colombiano, informa que el aborto de la operación fue fraguado en conversación telefónica mantenida entre Uribe Vélez y Bush, con el fin de evitar un nuevo triunfo del Presidente Chávez y de destruir las salidas políticas del conflicto.  Para este analista, el error de cálculo de las FARC, al no advertir de forma previa que el niño no estaba en la selva, sino en un sitio seguro alejado de los combates, juega a favor de Uribe que está mostrando a Emmanuel como un trofeo de guerra, ha tomado la iniciativa donde nunca la tuvo y le permite demostrar que sólo son viables los operativos militares de rescate, abortando de paso cualquier otra iniciativa humanitaria con acompañamiento internacional.

Ni Bogotá ni a Washington les interesa que el conflicto colombiano sea resuelto por medio de la negociación, pues todo proceso negociador implica la cesión de posiciones y ambos necesitan una victoria militar clara sobre las FARC para llevar adelante su acción depredadora contra el pueblo colombiano. Por supuesto, tampoco le interesa a ninguno de los dos que el Presidente Chávez reafirme su liderazgo, con una nueva victoria, entre los pueblos del mundo: el bolivarianismo hay que destruirlo, pues representa una amenaza real y muy peligrosa para quienes hoy controlan la economía, se apropian de las reservas energéticas y monopolizan la geopolítica internacionales.

La violación de los Derechos Humanos, el asesinato y el secuestro en Colombia, a manos de agentes del aparato de Estado y de los grupos paramilitares están a la orden del día, sobre personas civiles que reclaman sus derechos ciudadanos, sindicales o políticos; sobre quienes pretenden recuperar las tierras de las que fueron expulsados para ponerlas al servicio del narcotráfico y de los intereses de las transnacionales; sobre los molestos testigos de los desmanes de la oligarquía neogranadina y el imperialismo norteamericano. El secuestro se aplica también sobre los correos humanitarios, sobre las víctimas del conflicto y los propios rehenes de las FARC y sobre la Paz que, como afirma Soldepaz-Pachakuti, lleva cien años secuestrada en Colombia.