El escenario político actual ha sido ineludiblemente ocupado por el referendo revocatorio, al cual se han subordinado otros elementos primordiales de la política nacional como la aprobación de la nueva CPE, los procesos autonómicos e incluso gran parte de la gestión pública del gobierno central y las prefecturas. Los temas que definieron la vida pública del país y que permanecen irresueltos han sido condicionados a la dinámica preelectoral o de resistencia al referendo y se mantienen relativamente latentes mientras el revocatorio defina una posible reconfiguración de las fuerzas políticas en el país.

La aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular se dio en un contexto adverso para la derecha, pocos días después del referendo de estatutos autonómicos en Santa Cruz (4 de mayo), que contra las expectativas de sus organizadores no llegó a tener la contundencia que requería Costas y el Comité Cívico Pro-Santa Cruz para cohesionar bajo su dirección y del CONALDE a las diferentes fracciones de la derecha, consolidar una base social en diferentes regiones, legitimar sus acciones ilegales e imponer mayor fuerza a las acciones de desestabilización del régimen de Morales. Hasta ese momento la derecha había tenido una acción relativamente coherente, manteniendo una cohesión bajo la directiva de obstruir la Asamblea Constituyente, desestabilizar al gobierno y avanzar en su proyecto autonomísta.

Bajo las nuevas condiciones impuestas por el relativo fracaso del 4 de mayo, se preveía que el MAS concentre sus esfuerzos en la aprobación del referendo de la nueva CPE, pero la respuesta de la oposición no se dejó esperar, el 8 de mayo la Cámara de Senadores de mayoría opositora aprobó sin modificación alguna y a iniciativa de PODEMOS la Ley de Referendo Revocatorio. Las posteriores declaraciones de senadores y prefectos -de justificación por un lado y de condena por otro- dejan entrever tres motivos principales que explican la actuación de PODEMOS en la sesión del 8 de mayo: i) el MAS ya había definido utilizar todos sus recursos para aprobar una ley de convocatoria a referéndum para la aprobación de la nueva CPE, la única posibilidad segura y rápida de conjurar esta amenaza era adelantarse con otro referéndum, este ardid legal impedía convocar a un nuevo referéndum en el mismo periodo constitucional (año 2008), lo que a su vez impedía la posibilidad de reelección de Evo Morales como presidente, uno de los temas prioritarios para la oposición^[1]. ii) posteriormente el senador Guiteras de PODEMOS en respuesta a las críticas de los prefectos ha revelado otra de las motivaciones principales al mencionar que la aprobación del revocatorio se da porque ninguno de los temas planteados por los prefectos de la Media Luna ha tenido éxito^[2]. Los hechos del 4 de mayo ya habían permitido a PODEMOS pronosticar el fracaso de la estrategia del CONALDE, que consistía en continuar con los referendos programados para Beni, Pando y Tarija, tener respaldos sociales importantes en la votación e iniciar la instalación de los gobiernos departamentales y la elección de las respectivas Asambleas Legislativas, pero la realidad era distinta: el proceso autonomista se había debilitado, las acciones ilegales y forzosas de los prefectos tenían un gran rechazo nacional e internacional y no tenían la capacidad para sobreponerse a su propia ilegalidad, esto hacía imposible la aplicación práctica de los Estatutos Autonómicos, ante este fracaso el revocatorio sirvió a la vez como un recurso político de la derecha para sortear el grave conflicto interno que significaba la inviabilidad de las autonomías “de facto” prometidas por el CONALDE, trasladando toda la atención a un nuevo escenario electoral en el que el enemigo principal continua siendo el MAS. iii) finalmente la crisis y la ruptura de las relaciones entre los prefectos y PODEMOS revela el tercer motivo de importancia, expresado cabalmente por Manfred Reyes: “el jefe de Podemos instruyó a sus parlamentarios para aprobar una ley (…) para evitar su desplazamiento de la oposición por los prefectos”^[3]. La responsabilidad de PODEMOS en la aprobación de una ley que pone en riesgo el cargo de varios prefectos del CONALDE, y a la vez se separa temporalmente de la línea propuesta por la prefectura cruceña, implica una disputa por la dirección de la derecha boliviana, en la cual el partido opositor intenta retomar la iniciativa en el momento en que Costas y sus acólitos han fracasado. En este contexto se da la primera fractura importante de la derecha, que distancia a sus dos grandes organizaciones políticas: el CONALDE desconoce y define su alejamiento del partido de Quiroga y este a su vez rompe la débil relación orgánica que mantenía con los prefectos de su partido: Suárez y Fernández, además de desarticularse de todo el bloque opositor regional.

Una vez finalizada la serie de referendos ilegales sobre estatutos autonómicos, los prefectos adoptaron una posición oficial respecto al revocatorio. Según la información filtrada por la misma oposición^[4], el día 23 de junio la reunión del CONALDE contó con la participación de miembros de la Embajada de EE.UU. que dieron un informe a los prefectos sobre los datos arrojados por una encuesta encargada por la misma embajada, cuyas previsiones para la votación del 10 de agosto indicaban un incremento en el apoyo a Evo Morales que llegaría al 62,3% de votos y la revocatoria casi inminente de 4 de los nueves prefectos: Manfred Reyes Villa (rechazo: 57,8%), Mario Cossio (rechazo: 49,1%), Leopoldo Fernández (rechazo: 50,3%), José Luís Paredes (rechazo: 52,3%), el resto de los prefectos serían ratificados con diversos márgenes de apoyo. En base a este informe el CONALDE en pleno emitió una resolución en la que definía respaldar la decisión de los prefectos de no someterse al referendo revocatorio, anunciando además la aplicación de los estatutos autonómicos en los departamentos. Evidentemente la precaria situación de la estrategia autonomista se agravaba con la revocatoria de tres de sus promotores, los prefectos de Cochabamba, Tarija, Pando y suspendía indefinidamente la aplicación de hecho de los estatutos en Pando y Tarija.

El problema para ellos era que el referendo había sido promulgado por una ley de la república con la participación de la misma oposición, pero aun más grave era una medida completamente legítima a los ojos de la población ya que se le consultaría por primera vez sobre la gestión de sus representantes en el Estado. El rechazo de los prefectos evidenciaba una vez más su esencia antidemocrática y su actuación al margen de toda legalidad, pero además revelaba la fragilidad o ausencia de una dirección de la derecha a nivel nacional, varios prefectos no estaban dispuestos a subordinar sus intereses inmediatos y particulares –garantizados por su coyuntural control de las prefecturas- al proyecto conspirador de la derecha –en este caso- dirigida por Costas.

En esta caótica situación, nuevamente la Embajada de EE.UU. intervino con el fin de dar algún orden y cohesión a las acciones de prefectos y oposición. El 3 de julio –según información del Ministerio de Gobierno- funcionarios de la embajada se reunieron con el Prefecto Ernesto Suárez y otros altos políticos de la oposición, el propio ministro Alfredo Rada^[5] advirtió el mismo día sobre la posible tarea del embajador Goldberg para articular a la derecha. Un día después los prefectos aglutinados en el CONALDE –a excepción de Reyes Villa- declararon su disposición de someterse al Referendo Revocatorio. Queda claro que la Embajada instruyó –o por lo menos convenció- a los prefectos que en la situación dada solo les quedaba retroceder en su posición de desacato, si es que no querían empeorar su propia crisis. Esta era la única salida del CONALDE, mantener el desacato al Referendo significaba en la práctica primero movilizar a sus grupos de choque en las regiones para impedir el acto electoral, segundo desconocer al gobierno y al congreso y finalmente aplicar sus estatutos autonómicos instalando gobiernos de facto en las regiones, es decir precipitar el enfrentamiento a una escala superior con el Estado nacional. Para la Embajada de los EE.UU. ir a esta aventura en condiciones tan desfavorables para los autonomistas era simplemente un suicidio político, no se podía precipitar el enfrentamiento y se debía mantener la conspiración a baja escala y para esto salvar los espacios de poder que se pudiesen, aún sacrificando algunos elementos relativamente importantes como Manfred Reyes, Leopoldo Fernández e incluso Mario Cossío y aliados circunstanciales como José Luís Paredes. Esto es finalmente lo que hizo el CONALDE lo que a su vez provocó una segunda fractura en su interior; el mismo 4 de julio Manfred Reyes en contra de la nueva posición ratificó su rechazo a someter su cargo a la votación y se distanció del bloque de prefectos.

2. La guerra contra el revocatorio

Pero si bien la coyuntura política y sus propios errores obligaron a los prefectos a consentir públicamente el referendo, esto de ninguna manera significó abandonar el boicot, por el contrario la derecha concentró sus esfuerzos en un conjunto de acciones dirigidas al fracaso del revocatorio y -en caso de no poder evitarlo- a preparar la impugnación y desacato de sus resultados. A esta tarea se abocaron otros representantes de la derecha bajando el perfil de sus mayores cuadros como Costas, otros prefectos de la Media Luna y la cúpula de PODEMOS, evitando así comprometer más su imagen como promotores visibles del boicot.

El 9 de julio después de una agresiva campaña mediática tratando de mostrar al referendo como una medida antidemocrática y favorable a Morales -al establecer porcentajes de voto diferentes para la revocatoria de presidente y prefectos- el Senado en ausencia del MAS aprobó una ley de modificación de la ley 3850, estableciendo que la revocatoria se aplicaría cuando el número de votos a favor de la no continuidad de la autoridad fuera igual o superior al cincuenta por ciento más uno de los votos válidos en cualquiera de los casos. Como era previsible la iniciativa fracasó ya que la modificación requería ser aprobada por la Cámara de Diputados mayoritariamente oficialista, que no llegó siquiera a su tratamiento. Pero lo que si logró la propuesta es generar un debate en torno a la legitimidad de los porcentajes establecidos para la aplicación de la revocatoria, preparando peligrosamente el terreno en la opinión pública para la impugnación o resistencia de los prefectos a los resultados.

El mismo día las diputadas de PODEMOS Ninoska Lazarte y Lourdes Millares, presentaron una denuncia formal ante la CNE, sobre supuestas irregularidades en el proceso de carnetización, remitiendo como pruebas algunos casos de distintas personas con igual número de cédula de identidad, diferentes registros bajo el mismo nombre, etc. la misma Lazarte se presentaba como caso al haber duplicado su cedula de identidad con otro registro, en tanto funcionarios de la prefectura de Cochabamba cuestionaron el acelerado incremento del padrón electoral, que según ellos se daba en áreas rurales políticamente adeptas al MAS y Rubén Costas denunciaba la alteración del mismo padrón por el gobierno. Se trataba de inculpar al MAS en un supuesto fraude electoral del que serían participes la CNE, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional e incluso la Embajada de Venezuela al haber donado recursos para el Plan de Carnetización, obviamente los denunciantes exigían las suspensión del revocatorio. Las denuncias no prosperaron, no fue difícil demostrar que las pruebas presentadas por Lazarte no comprometían el padrón electoral y más bien se debían a fallas siempre comunes en el deficiente manejo del departamento de identificación, de igual forma el incremento del padrón electoral no era algo atípico ni “sospechoso” ya que el aumento del 8% en relación al año 2006 se debía básicamente a un crecimiento proporcional de la población en edad de votar y al proceso de carnetización, los datos del padrón refutaban las acusaciones del prefecto cochabambino, al demostrar que el crecimiento se daba de manera proporcional en todos los departamentos y que el mayor incremento estaba en las ciudades, pasando lo inverso en el área rural donde el porcentaje de inscritos para votar había disminuido respecto al año 2006. Es decir no había tal incremento en regiones supuestamente más afines al MAS.

Pero el golpe más duro a los que buscaban de una u otra forma inculpar al gobierno en la alteración del padrón vino desde fuera, cuando el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica CEELA por un lado y una misión de observadores de la OEA por otro -que habían sido invitados por la CNE para hacer una revisión del padrón electoral y del proceso de organización del referendo- después de una auditoria técnica se pronunciaron el 18 de julio y luego el 1 de agosto descartando toda posibilidad de alteración del Padrón Electoral y cualquier riesgo de fraude en el próximo referendo. Las declaraciones cerraban otro recurso más de la oposición.

Pero paralelamente se desplegaban otras acciones, esta vez en el ámbito jurídico. El 24 de junio el diputado de UN Arturo Murillo presentó ante la CNE un recurso indirecto incidental de inconstitucionalidad impugnando la constitucionalidad del referendo bajo el principal argumento de que la revocatoria de mandato no está expresamente considerada en la CPE. Mediante este recurso, Murillo tenía la expectativa de suspender el proceso electoral, en tanto el Tribunal Constitucional (TC) no se pronunciara sobre la impugnación. Tres días después el prefecto de Cochabamba siguió los pasos de Murillo. Ambos recursos siguieron similar procedimiento: la CNE los recibió, posteriormente a su análisis en Sala Plena los rechazó por “carecer de fundamento” y remitió los casos en consulta al TC como correspondía, el cual debería pronunciarse al respecto. Ya que el Tribunal no emitió resolución –por el motivo que fuese- respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Referendo Revocatorio o de su aplicación, la norma se mantiene y la CNE tiene toda la obligación y ningún impedimento para ejecutarla.

Cabe acá hacer un paréntesis aclaratorio sobre el proceso y las consecuencias de un recurso incidental de inconstitucionalidad como los presentados por Murillo y Reyes Villa. El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad “procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos”^[6], es decir se refiere a los procesos en los que se aplique una ley supuestamente inconstitucional y no a la ley en sí misma, es por eso que los recursos de Murillo y Reyes Villa impugnan el referendo revocatorio y no directamente a la ley 3850. Al impugnar el proceso, el recurso debe ser interpuesto ante la autoridad administrativa responsable del proceso, en este caso la CNE, que debe emitir una resolución de admisión o de rechazo si considera fundamentada la inconstitucionalidad o no respectivamente. En este caso la CNE resolvió el rechazo de los dos recursos al encontrarlos infundados. En su resolución la CNE se apoya en el Art. 4º de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce al referendo en tanto este normado por ley^[7], por lo que al ser el referendo revocatorio reconocido por la CPE y haber sido promulgado por una ley de la república no existe ningún vicio de inconstitucionalidad. Una vez emitida la resolución de rechazo por la CNE ésta debe remitirla en consulta a la Comisión de Admisión del TC^[8], la que tiene como atribuciones “absolver las consultas sobre rechazo del incidente de inconstitucionalidad”, admitir o rechazar las demandas, recursos y consultas y en caso de admitirlas pasarlas a tratamiento de los miembros del TC^[9]. Siguiendo el procedimiento la CNE remitió en consulta su resolución (sobre ambos casos) a la Comisión de Admisión, pero el trámite quedó suspendió en tanto el TC se mantiene acéfalo y no cuenta con el quórum necesario para emitir ninguna resolución, actualmente solo ha quedado una magistrada suplente, lo que implica: i) que la Comisión de Admisión no puede rechazar o admitir ningún recurso, ni pronunciarse respecto a ninguna consulta como la de la CNE, ya que esta comisión según la ley del TC debe estar conformada por tres magistrados^[10] miembros del TC; ii) el TC no puede resolver ninguna demanda, recurso, impugnación o consulta, ya que todas sus decisiones deben ser adoptadas por la mayoría de los miembros^[11] de su Sala Plena compuesta por cinco magistrados^[12]. Todo esto significa que ningún trámite jurídico en contra de la aplicación de la Ley de Referendo Revocatorio puede prosperar en el TC en tanto el Congreso no llene sus acefalías. Se debe aclarar a la vez que la sola presentación de un recurso incidental de inconstitucionalidad no suspende el proceso al que se refiere, ni siquiera la admisión en el TC afecta al proceso en tanto no se emita una sentencia como menciona la ley del TC: “La admisión del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional”^[13]. Debemos acotar a la vez que la CPE establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo^[14], por lo que las sentencias de inconstitucionalidad que pudiesen ser emitidas por el TC a futuro –es decir pasado el referendo revocatorio- no tendrán un efecto retroactivo, no pudiendo de ninguna forma entorpecer la destitución de las autoridades revocadas, dejando sin fundamento la amenaza de algunos opositores. En base a estas consideraciones podemos afirmar que Murillo y Reyes Villa no tienen ningún fundamento jurídico para exigir la suspensión del referendo revocatorio, ni tampoco desconocer sus resultados posteriormente.

3. La magistrada Salame en escena

Hasta acá todo se sujeta a un procedimiento legal sin mayores consecuencias, pero el problema adquirió dimensiones casi catastróficas, cuando el pasado 22 de julio la magistrada Silvia Salame (única vocal del TC) declaró a los medios que mediante un decreto emitido por ella “providenciaba” el memorial presentado por Murillo y sentaba “jurisprudencia” del TC “en consecuencia se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el TC se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” declaró textualmente Salame^[15]. El país atónito entendió poco o nada de lo que dijo, solo le quedó claro que Salame suspendía el referendo, minutos después el gobierno reaccionó desconociendo el decreto y amenazando con iniciar un proceso por prevaricato a la magistrada, después de horas de un inútil debate entre “expertos constitucionalistas” que solo confundieron a la población, el famoso decreto salió a la luz pública y reveló que todo era falso, que Salame había mentido sobre el contenido de su propio decreto y que los medios habían hecho el resto para agrandar el conflicto. El decreto no le decía de ninguna forma a la CNE que debía suspender el revocatorio, simplemente negaba una petición de Murillo para devolver a la CNE el recurso que había sido remitido al TC, nada más que eso^[16]. Cabe preguntarse entonces ¿Por qué Salame mintió tan descaradamente sobre el contenido de un documento que ella misma había firmado?, la respuesta no tiene que ver con las especulaciones jurídicas que se han dado, sino con un objetivo político claro: Salame tenía la intención de dar un argumento legal para sustentar días después la resistencia al referendo desde las cortes departamentales electorales (CDEs). Si bien la mentira se descubrió pocas horas después, la estrategia cumplió su objetivo de confundir a la población ¿Cuánto bolivianos pudieron informarse sobre el tema después de la gran cobertura dada a las declaraciones de Salame?, ¿Cuántos bolivianos conocen el texto del decreto?, seguramente muchos menos ya que los mismos medios se encargaron de omitir la verdad del asunto^[17]. Si bien al día siguiente Exeni a nombre de la Sala Plena de la CNE declaró –como correspondía- continuar con el referendo “porque el TC no había fallado ni a favor ni en contra del recurso incidental de Murillo”, esta estratagema dio pié a una nueva y muy peligrosa ofensiva en contra del referendo: el desacato de las CDEs.

4. La conspiración de las Cortes Departamentales Electorales

El 24 de julio la CDE de Chuquisaca solicitó a la CNE la suspensión del revocatorio y el acatamiento de las supuestas determinaciones del TC, mencionando que no existía el marco legal necesario para prevenir futuras impugnaciones al resultado del referendo, dos días después se sumó a la petición la CDE de Santa Cruz y el vocal de la CNE Jerónimo Pinheiro. Los hechos apuntaban a una estrategia contundente que anularía por completo el revocatorio, mediante el desacato de algunas CDEs y principalmente la renuncia del vocal Pinheiro, que de darse dejaría imposibilitada –por falta de quórum- a la CNE para continuar con la consulta. La conspiración se confirmó el 29 de julio, cuando a convocatoria del presidente de la corte cruceña Orlando Parada, se reunieron las cortes de Santa cruz, Tarija, Beni y Pando, para “analizar el decreto de Salame y adoptar una posición conjunta” según dijo la vocal de Pando. Finalizada la reunión y en medio de una manifestación de apoyo organizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un vocal de la corte cruceña declaró que las cuatro cortes resolvieron no asistir a la reunión oficial convocada por la CNE para el día siguiente y presentar un recurso en contra del revocatorio, todo lo cual sería expuesto en un pronunciamiento oficial. Pero la amenaza no llegó a cumplirse, al día siguiente todas las cortes^[18] reunidas en La Paz decidieron continuar con la consulta y el vocal Pinheiro negó el rumor de su renuncia. Horas después la corte cruceña decidió postergar el inicio de un recurso de inconstitucionalidad hasta no tener el respaldo de otras cortes y finalmente el 1º de agosto resignado Orlando Parada decidía continuar con el referendo y dejar toda impugnación jurídica.

No queda duda que en estos pocos días, las cortes reunidas en Santa Cruz y bajo el mandato de los prefectos de la Media Luna, intentaron anular el revocatorio, como no cabe duda de su alineación política al haber sido las mismas las que ilegalmente organizaron los referendos de estatutos autonómicos. Por lo que cabe preguntarnos sobre las causas de este abrupto cambio de posición.

La realización del desacato de las cortes tenía varias consecuencias para los presidentes y vocales, como sabemos todos las cortes electorales no tienen ninguna prerrogativa que les faculte negar, modificar o sancionar una ley, su función es estrictamente la ejecución de leyes que normen y establezcan procesos electorales, por lo que bajo ningún parámetro legal -a excepción de una decisión del Congreso o del TC- las cortes podían haber ido en contra de la Ley del Referendo Revocatorio y las ordenes administrativas de la CNE. Estamos de acuerdo en que a estas cortes poco o nada les importa la legalidad –lo hemos visto en los referendos de estatutos- pero para cometer un acto de ilegalidad de estas dimensiones es necesario un respaldo político mayor, cierta legitimidad social que minimice y justifique el hecho mismo, es con esto con lo que no contaban las CDEs rebeldes, la población ya estaba advertida de su complot y a estas alturas hastiada de tantos intentos frustrados en contra de la consulta, los diputados y senadores intentando cuidar su propia imagen política no se comprometieron públicamente a respaldar el boicot y el resto de las CDEs se mantenía firme en la organización del referendo, mientras el gobierno se encargaba de denunciar por todos los medios la estrategia. Cuando el 1º de agosto finalmente Parada consiente el revocatorio, sus escuetas declaraciones pidiendo dejar de “presionar a la corte departamental” dejan entrever que la resistencia de las cortes a las directivas de Exeni no se daban de buena gana sino por una exigencia de los prefectos que ya era insostenible y a la cual el mismo Parada ya no estaba dispuesto a responder. Los presidentes de las cortes rebeldes sabían que continuar en esas condiciones significaba su propia muerte política y la cercana posibilidad de enfrentar solos un conjunto de procesos y juicios de responsabilidades.

Pero hay un elemento aún más importante que revela la obediencia de las CDEs a la CNE, y que además tiene graves consecuencias para el revocatorio. El 31 de julio los vocales de la CNE y los presidentes de las departamentales –a excepción de Oruro que se retiró rechazando la medida- emitieron una resolución que “modifica” la ley 3850 estableciendo que la revocatoria de los prefectos se daría en caso de que los votos por el NO superen el 50 %, manteniendo para el presidente y vicepresidente el 53,740% o los 1.544.374 establecidos en la Ley del Referendo. Según Exeni la resolución de la CNE no vulnera la ley 3850, ya que se trataría solo de “la aplicación de un criterio técnico”. Si recordamos días antes la CNE había solicitado al Congreso una “ley interpretativa” que “aclare” la aplicación de los resultados del revocatorio, al no haberse dado ninguna respuesta de parte del legislativo, lo que se aplica son los artículos específicos de la ley que establecen el porcentaje y número de votos para la revocatoria de cada uno de los prefectos. Pero lo que hace la corte a nombre de “un criterio técnico” es modificar la ley misma, usurpando una atribución exclusiva del Congreso. Esta por demás decir que la resolución solo favorece a los prefectos y de ser aplicada cambiaría por completo las expectativas sobre el revocatorio convirtiéndolo en un acto sin ninguna trascendencia para el país, ya que hace muy improbable que algún prefecto pierda su cargo, dejando así intacta la configuración de fuerzas con las que llegamos a este revocatorio y que según todos sus promotores es la causa principal de la consulta: “resolver” lo que García Linera llama “empate catastrófico”. En una última declaración de Exeni se advierte la determinación de mantener el tema sin aclarar, hasta después de la consulta: "La ley (3850) declara claramente, que los prefectos serán revocados con un porcentaje superior a los votos conseguido el 2005 (…) pero la ley no establece cuál es ese mínimo para revocar a los prefectos (…) por lo que la CNE con apego a principios constitucionales de igualdad ha determinado que ese mínimo es del 50 por ciento”^[19].

A pesar de la importancia y gravedad del asunto, solo se plantearon posiciones ambiguas de parte del gobierno: al tiempo que el vicepresidente desestimaba la resolución de la CNE considerándola una “sugerencia” y ratificando el cumplimiento de la ley 3850, el Presidente mencionaba la posibilidad de aceptar algunos cambios en las reglas del revocatorio, peor aún Edmundo Novillo presidente de la Cámara de Diputados indicaba que “los cambios establecidos por la corte no contradecían a la ley”^[20]. Lo primero que salta a la vista, es que en la reunión de la CNE del 31 de julio, Pinheiro y las CDEs negociaron la organización del referendo, por el cambio en los porcentajes del revocatorio para favorecer a sus prefectos, lo que no es poca cosa. Lo segundo es que aparentemente Exeni se ha prestado al juego en la perspectiva de garantizar el acto electoral como un fin en si mismo, sin el menor reparo sobre sus consecuencias políticas y legales. Por otro lado la reacción del MAS y del Ejecutivo, en el sentido de prestarle poca atención al hecho, nos hace pensar que también ha optado por garantizar el acto de consulta y postergar a futuro el serio conflicto que implica la interpretación de los resultados.

Cabe remarcar que la resolución de la CNE, no tiene ninguna validez para ser aplicada, a no ser que el Congreso la asuma modificando la Ley 3850, cosa que a estas alturas parece imposible. Lo que si parece más cercano es que una vez arrojados los resultados del referendo los prefectos revocados con un porcentaje menor al 50% tendrán en la resolución una importante arma para aferrarse a sus cargos y que deberá ser el Congreso el que asuma la aplicación de los resultados con una ley interpretativa.

5. ¿Quién pierde en el revocatorio?

Según una última encuesta realizada por Captura Consulting el presidente tendría un apoyo del 54 % para ser ratificado, las encuestas de la consultora Ipsos superan esta cifra otorgándole un 59% de apoyo en las principales ciudades del país. Según los resultados de Captura Consulting -publicados el 4 de agosto en el diario La Prensa- Morales tiene un alto grado de apoyo en los departamentos de La Paz (77%), Oruro (75%), Potosí (67%), Cochabamba (54%) y Pando (51%), ocurriendo lo contrario en parte del oriente, donde la votación por el NO a la continuidad de Morales crece: Santa Cruz (70%) Chuquisaca (59%) Tarija (61%) y Beni (57%). En el caso de los prefectos la encuesta los clasifica en tres: los que serán ratificados: Rubén Costas (74% apoyo), Ernesto Suárez (64% apoyo), Cossio (58% apoyo); los que se encuentran en peligro de ser revocados: Manfred Reyes Villa (48% apoyo/48% rechazo), Luís Aguilar (48% apoyo/48% rechazo) y Mario Virreira (46% apoyo/42% rechazo); finalmente los que serían revocados: José Luís Paredes (53% rechazo) y Leopoldo Fernández (49% rechazo).

Si bien en Bolivia sabemos que las encuestas son de cuidado, y su veracidad esta sujeta a los intereses de quien las encarga, cuyo principal objetivo es incidir en el voto de la población, sus datos pueden brindar una somera aproximación a las tendencias generales de la intención de voto. Así las cifras que mencionamos nos pueden ayudar a ubicar un posible panorama en el revocatorio.

El gobierno no solo ha mantenido su popularidad, sino que ésta se ha incrementado, se encuentra en una posición muy cómoda respecto al electorado y nadie duda de su ratificación, a pesar de no haber podido en las últimas semanas frenar un conjunto de protestas populares principalmente la referida a la demanda de aprobación del proyecto de Ley de Pensiones de la COB y a las peticiones de otros sectores, aparentemente estos conflictos no han afectado en gran medida su respaldo social. Lo que si resulta preocupante son los niveles de apoyo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, efectivamente una mayoritaria votación por el NO a Morales en la Media Luna será un poderoso instrumento para la oligarquía de esa región para avanzar en su plan de desconocimiento del gobierno. Rubén Costas a mediados de julio declaraba: “como el señor Evo Morales será revocado en Santa Cruz, no vamos a decir que no venga nunca más, que venga pero de paseo porque aquí no va a gobernar”^[21], haciendo explicita la estrategia separatista de los prefectos para profundizar aun más la ausencia del Estado en la región. Cabe ser muy claros respecto a la declaración de Costas, la autoridad del ejecutivo tiene alcance nacional –a diferencia de los prefectos cuya administración tiene jurisdicción departamental- por lo que a pesar de las intenciones de suprimir el poder del gobierno central en Santa Cruz, de ninguna forma una votación desfavorable a Morales en algún departamento implica su perdida de mandato en el mísmo. Morales ha sido elegido por una votación nacional y su revocatoria solo puede basarse en los resultados nacionales, lo contrario es ir en contra de los principios constitucionales que definen la forma de gobierno y de toda normativa legal.

En el caso de los prefectos lo más probable es que Costas y Suárez sean ratificados sin problemas, lo que será utilizado para legitimar la frustrada aprobación de sus estatutos autonómicos en los pasados referendos ilegales y retomar su estrategia de aplicación de facto de las autonomías. En situación opuesta están Paredes y Fernández que deberán irse, acá el caso de Pando resulta muy interesante ya que el repudio mayoritario a su actual prefecto expresa a la vez un quiebre en la hegemonía de la oligarquía del oriente y su separación del proyecto autonomísta, al ser acompañada de un ascenso muy rápido de la popularidad del MAS y la rearticulación de las organizaciones indígenas y campesinas.

En una situación intermedia están el resto de los prefectos, pero con la diferencia de que la revocatoria de Virreira y Aguilar no provocará un conflicto mayor al haber asumido orgánicamente la línea del MAS respecto al revocatorio; por otra parte su revocatoria no supone en los hechos una modificación sustancial de la correlación de fuerzas en el país, ya que al haberse consolidado la hegemonía del gobierno en Oruro y Potosí, el MAS podrá mantener su control sobre estas prefecturas ya sea mediante nuevas elecciones^[22] o conciliando con las organizaciones de cada departamento una autoridad afín. En cambio todo se complica en los casos de Cossío y Reyes Villa, los datos de diferentes encuestas no permiten identificar una clara tendencia mayoritaria por el SI o el NO, por lo que la ratificación o la revocatoria tendrían una estrecha diferencia. Es en estos casos en los que existe una mayor probabilidad de generarse un conflicto de interpretación. Para revocar a Reyes Villa es necesario el 47,6% de los votos y el 45,6% en el caso de Cossío, en la situación actual es posible llegar a esta cantidad, pero poco probable superar el 50%, al no hacerlo los prefectos recurrirán a la resolución del 31 de julio de la CNE que establece el 50% mas uno para la revocatoria, para quedarse en sus cargos. Es inevitable que la batalla se concentre en la disputa de las prefecturas de Cochabamba y Tarija, por su importancia estratégica en la pugna entre el gobierno y las oligarquías, además de ser dos prefecturas con una gran capacidad de recursos, Tarija es parte fundamental del eje autonomista y la perdida de Cossío afectaría inevitablemente el avance del proyecto autonomísta, por otra parte la prefectura de Cochabamba tiene prioridad para la derecha al actuar siendo parte del CONALDE como la quinta columna en el objetivo de quebrar la hegemonía del MAS e introducir a la región al proyecto autonomísta. Al respecto Reyes Villa ha sido el más claro al definir su completo desacato a los resultados del revocatorio sean cuales fuesen sus resultados.

6. ¿Y después del revocatorio?

En base a lo mencionado podemos imaginar que la reconfiguración política podría darse de la siguiente forma: por el importante respaldo de la población paceña al gobierno y la salida inminente de Paredes es lógico que sea el MAS o su aliado el Movimiento Sin Miedo los que ocupen posteriormente esta prefectura; las prefecturas de Oruro y Potosí indiferentemente a los resultados continuarían bajo el control del MAS; la CONALDE perdería Pando y aunque hay un creciente apoyo al MAS es poco probable que la oligarquía pandina le ceda la prefectura, las campañas iniciadas por el MNR en la región nos hacen pensar que la derecha ya tiene su candidato y que buscará imponerlo. Suárez y Costas se fortalecerán internamente, aunque su estrategia nacional saldrá quebrada con la perdida de algunos aliados. Coyunturalmente después del revocatorio el escenario político tendrá como objetivo la disputa por la prefectura de Cochabamba y posiblemente Tarija (a no ser que se den contundentes votaciones, que no dejen lugar sino a la resignación de prefectos o gobierno).

7. La conspiración de la derecha se mantiene

Dadas así las cosas el revocatorio no parece ser el hecho político trascendental que termine resolviendo la dualidad de dos poderes con proyectos distintos, sus consecuencias son de menor alcance, es cierto que la derecha tendrá algunas bajas a causa del proceso, pero de ninguna forma queda anulada su capacidad de conspiración. Mantiene su control en el Senado, en el aparato judicial y en varias prefecturas, pero fundamentalmente su poder económico –base de su poder ideológico y represivo- se mantiene intacto.

La previsión más catastrófica para el futuro –y que esperamos no ocurra- es que pasado el 10 de agosto el país sea sumido por completo en la interpretación de los resultados del revocatorio y seamos asfixiados por un sin fin de recursos políticos y jurídicos similares a los de los últimos dos meses, mientras la derecha prepara y ejecuta su nueva ofensiva. La amenaza está sobre el tapete, el CONALDE ha definido movilizarse por la restitución del IDH y por la capitalía plena, dos demandas completamente políticas cuyo objetivo es continuar el acoso al gobierno, para lo cual cualquier consigna que movilice a algunos sectores le es útil.

Como hemos mencionado en la primera parte, la oligarquía no está en condiciones para ejecutar su proyecto autonomista e ir al enfrentamiento directo con el Estado, por lo que solo le queda mantener la tensión contra el gobierno hasta lograr rearticularse y recuperar una base social, mientras mantiene su acoso permanente al ejecutivo con el fin de desgastar su gestión e impedir la aprobación de la nueva CPE. En este sentido y a pesar de la real dispersión de la derecha, los prefectos y la oposición tienen ya un conjunto de acciones previstas para continuar la conspiración. i) Suárez y Costas apoyados en los resultados del revocatorio promoverán el desacato al ejecutivo, declarando que Morales ya no gobierna en sus departamentos e intentando repetir lo que ya ocurre en Sucre, donde el presidente está vetado de llegar; ii) se manejará el resultado del revocatorio en Santa Cruz y Beni como la legitimación de los referendos ilegales de mayo y junio demandando al gobierno el pleno reconocimiento de los estatutos autonómicos; iii) se mantendrá mediante diversas demandas la tensión en contra del gobierno, principalmente por el IDH y la capitalía plena, sobre la cual hace tiempo ya se intenta llevar adelante un referendo, de llegar a introducir la oposición un nuevo referendo en el Congreso para el año 2008, definitivamente ya se habrán perdido las posibilidades de una nueva CPE.

Queda claro que la conspiración va a mantenerse y que el gobierno no puede continuar jugando en las condiciones impuestas por la derecha, no puede mantenerse impedido de gobernar y acabando su gestión en respuestas coyunturales a las arremetidas de los opositores. Lo primero que deberá hacer inmediatamente acabado el revocatorio es recurrir a su único poder real: “el apoyo popular” para zanjar rápidamente la aplicación de la ley 3850 obligando a los prefectos revocados a irse y obligando al Congreso a promulgar la ley de referendo de aprobación de la nueva CPE. A partir de ello es necesario un giro de timón a la errada política conciliadora del gobierno, para retomar una gestión dirigida a atender las demandas y necesidades de los sectores populares, que se han visto excluidos del programa de gobierno en los últimos meses, lo que significa entre otras cosas terminar el proceso de saneamiento y redistribución de la tierra, aprobar una Ley de Pensiones Universal, avanzar en la reactivación del aparato productivo, implementar políticas restrictivas al libre mercado para garantizar la soberanía alimentaria del país, etc.

Comentarios respecto a este artículo puede dirigirlos a: opinioncritica1@cedib.org

Documentos Relacionados:

Vargas, Teresa. En la encrucijada [7-8-2008]
Guerra Cabrera, Ángel. Washington a todo tren contra Evo [7-8-2008]
Cardona Ricardo, Ángel. Después de agosto 10 prosigue el cambio [2008-08-07]
Ramos Andrade, Edgar. Reyes Villa, niño mimado de Bánzer, Goni y EEUU (IV) [2008-08-06]

[*] Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, Cochabamba.